Los 100 días de conflicto por el lock out campero trajeron situaciones impensadas para las finanzas de la provincia, y ni hablar para los bolsillos de los ciudadanos. En el medio de un crecimiento sostenido de la recaudación fiscal y de las actividades económicas, el paro patronal, el de los transportistas y la intransigencia del Poder Ejecutivo Nacional confluyeron en un combo nocivo.
La primera situación, ya confirmada por el ministro de Economía de Santa Fe, Ángel Sciara, es que durante mayo la provincia recaudó 40 millones de pesos menos de lo que estaba estipulado en el Presupuesto 2008 para dicho período.
En tal sentido, Pausa averiguó que esa menor recaudación no fue producto de una caída de los tributos provinciales (principalmente Ingresos Brutos, que mide la actividad económica) sino de los recursos coparticipables federales. Es decir, lo que se redujo de manera sustancial fue el cobro de impuestos nacionales.
Las autoridades ministeriales informaron que durante mayo los efectos de la crisis no habían influido en los niveles de recupero de los impuestos provinciales, en gran medida porque la inflación también contribuye en el mantenimiento de los flujos de recaudación. Pero las mismas fuentes ya aclararon que, si bien junio aún no cerró, en el presente mes sí habrá un impacto negativo que todavía es difícil de cuantificar.
La realidad también indica que ese efecto golpea de lleno a todos los santafesinos. En una provincia eminentemente agrícologanadera, la parálisis de la comercialización de productos primarios inmediatamente resiente o rompe las cadenas de pago, además de afectar a los sectores de los servicios y el comercio.
En Santa Fe esa situación se manifiesta de forma clara porque la actividad primaria e industrial están exentas de pagar Ingresos Brutos, cosa que sí deben hacer los servicios y el comercio, gravados por ese tributo. Es así que las actividades mercantiles en las localidades más ligadas a la producción de oleaginosas, de lácteos, de carnes y de maquinarias agrícolas están atravesando un fenomenal enfriamiento de la economía, una especie de recesión estacional.
Según Hermes Binner, los 40 millones de pesos menos resultan de la diferencia entre lo efectivamente ingresado a la provincia respecto de lo estimado para el mes pasado en el presupuesto 2008. Incluso el gobernador dejó de lado su estilo moderado de hablar y recordó que ese dinero “es equivalente a un hospital”.
Por otra parte, algunos economistas sostienen que los millones de pesos que la provincia no percibió durante mayo se deberían, en realidad, a que el presupuesto nacional 2008 se confeccionó a partir de variables macroeconómicas subestimadas, tanto en lo referente a la inflación como al crecimiento de la actividad.
Los ingresos por coparticipación federal por todo concepto crecieron 21%, comparando mayo de 2007 y mayo de 2008, pero esa suba está por debajo de lo presupuestado. Asimismo, el mes pasado la Nación remitió a Santa Fe 609 millones de pesos, 106 millones más que un año atrás.
La recaudación provincial en mayo alcanzó los 188 millones de pesos, un 46,8 por ciento de aumento interanual y 13% por encima de abril último. Obviamente, la inflación explica el incremento de los ingresos.
PROCESO INFLACIONARIO. Al proceso inflacionario se le sumaron, como era de esperar, las reacciones especulativas de una economía histérica y de una sociedad que cíclicamente queda presa de la voluntad de las concentradas cadenas de producción y comercialización. A modo de ejemplo, en Rafaela se llegó a pagar el litro de nafta a seis pesos.
Algo similar ocurrió con el aceite –que desde hace más de un año se paga a precio dólar–, las harinas, el azúcar y el arroz, entre otras cosas. Las góndolas muchas veces devolvieron precios que no estaban afectados por los incrementos en procesos de producción, materias primas y/o fletes, sino por las avivadas que se sustentan en la capacidad de fijación de precios que poseen sectores productivos concentrados. Técnicamente, eso suele ser conocido bajo el título de reglas básicas de las economías de mercado capitalista: la ley de la oferta y la demanda. Cuanto más se necesita un producto y más es difícil de conseguirlo, más se eleva su cotización.
Otro síntoma de la crisis fue el desabastecimiento de alimentos, de combustibles y de insumos médicos. Eso también posibilitó el escenario especulativo e inflacionario. En toda la provincia hubo que hacer interminables colas para poder cargar naftas y gasoil (en la ciudad capital se conseguía a 2,60 el litro), en el caso de las pocas estaciones que tenían, mientras que aquellas que no pertenecen a petroleras atraviesan momentos de mucha incertidumbre. Ya el sindicato de trabajadores de estaciones de servicios anunció que, en caso de no mejorar la provisión de combustibles, corren peligro las fuentes de trabajo.
Por falta de ese tipo de insumos los colectivos urbanos, de media y de larga distancia circulan con restricciones desde hace un mes. En el feriado del lunes 16 de junio (por el Día de la Bandera) ni siquiera hubo servicio en Santa Fe. Aun así, si bien las naftas y el gasoil llegaron en cuentagotas, algo siempre hubo, a diferencia de otras localidades. Ocurre que hasta el puerto santafesino llegaron barcazas de las petroleras del sur santafesino y las reservas se aprovecharon para abastecer a la mayor cantidad de vehículos posibles, aunque sea mediante la venta por cupos. Un dato no menor es que los taxis y remises, en general, no pararon en ningún momento de trabajar, más allá de las colas que tuvieron que hacer para cargar GNC o gasoil.
De todas maneras, saliendo de Santa Fe la situación es grave. En Recreo hubo dos días en los que la ambulancia no pudo ser utilizada; en Avellaneda y Reconquista, se acotaron los servicios de los minibuses; en general, en los departamentos 9 de Julio, Vera, San Cristóbal, Las Colonias, San Justo, San Javier, General Obligado y Garay conseguir combustible fue casi imposible, salvo algunos pocos litros, muy caros, en las ciudades cabeceras o en las grandes estaciones.
DE CARNE SOMOS. Más allá del tema de la soja, los empresarios y las entidades rurales manifestaron hasta el hartazgo que la ganadería necesita una vuelta de tuerca.
Unos 5.000 trabajadores frigoríficos vieron afectados sus puestos laborales durante los 100 días conflicto. Se redujo la carga horaria de los operarios y, en muchos casos, la Nación tuvo que pagar subsidios para afrontar la falta de faena, también provocada por la suspensión de las exportaciones.
A tal punto llegó la situación de angustia empresarial que la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe (Cafrisa) anunció que la inactividad por la falta de hacienda en plantas de la provincia significaría que muchas de las firmas deban “bajar las persianas” y “suspender a miles de trabajadores”. Algo que no sucedió, pero la amenaza sigue latente. Además, hasta el 30 de junio la Argentina tiene tiempo para cumplir con la Cuota Hilton (exportación de carnes) y, en caso de no hacerlo, Brasil ya tiene preparada una batería de propuestas a los mercados internacionales.
CAMIONEROS Y MÁQUINAS AGRÍCOLAS. Otro efecto del lock out agropecuario fue el reclamo de los transportistas de cereales. Con sus piquetes se afectó a todo el transporte de cargas en general (fuera de la libre circulación de productos y de ciudadanos en general). Cada camión de hacienda parado tiene un saldo negativo de unos cinco mil pesos mensuales de gastos fijos, según las entidades que nuclean al sector, y no menos nociva es la realidad de los otros camioneros. Más de tres meses sin trabajar hacen mella en cualquier actividad y mucho más en aquellas donde se compran equipos a créditos.
La fabricación y venta de maquinarias agrícolas son fiel muestra del enfriamiento económico. Es evidente que el tipo de cambio contribuyó enormemente al repunte de la agroindustria, pero la inmovilidad económica generó una caída de contratos de compra y eso arrastró los niveles de empleo en varias localidades del interior, como Las Parejas, Armstrong, Las Rosas y San Jorge.
Tranqueras adentro, la cosecha y el acopio siguieron adelante. Las exportadoras vendieron 893 mil toneladas más de granos al exterior que en igual período del 2007. De soja, un 18% más.
COBRARON. Dos políticos santafesinos del justicialismo sufrieron en carne propia el malestar que provocaron las retenciones móviles que instauró el Gobierno. El 11 de mayo el presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria –y uno de los principales referentes kirchneristas–, Agustín Rossi, fue escrachado en su domicilio por integrantes de la Sociedad Rural de Rosario. El legislador recibió insultos y agravios por parte de los dirigentes agropecuarios en la puerta de su casa, mientras su familia estaba dentro viendo lo que sucedía. El tema no se judicializó.
El lunes 16 de junio el senador reutemanista del departamento Belgrano, Alberto Crosetti, concurrió a un acto en la localidad de Armstrong junto a su familia. El justicialista desde un primer momento apoyó la posición del campo, pero en el piquete le recordaron que los “peronistas son todos iguales” y un grupo de unas 25 personas lo agredieron, verbal y físicamente. Algunos golpes recibió, pero peor la pasó el agente de policía que trató de parar a los empresarios y transportistas autoconvocados. Caído en el suelo, el policía soportó piñas y patadas, ante la mirada de unos 300 manifestantes y de las cámaras de televisión que estaban en el lugar. Hay un sumario policial hecho y, al cierre de esta edición, el legislador estudiaba la posibilidad de hacer una denuncia penal.
Publicado en Pausa #6, 20 de junio de 2008.
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