El mapa del abandono

Diversos tipos de medidas se vienen implementando para dotar al Estado de un mayor conocimiento respecto del área de la seguridad. Bases de datos, renovaciones en comisarías, acercamiento a los vecinos son elementos que necesitan, según se ha diagnosticado, de una inversión social inclusiva en materia de infraestructura.

La provincia pretende aprovechar la información que surge de la propia Policía para dar respuestas sociales y evitar estigmatizar la pobreza y la desigualdad. Cada caso policial que se judicializa es información que el gobierno santafesino luego aprovecharía para perfeccionar la política criminal. Es así que, después de una denuncia y de la intervención de la Justicia, el Ministerio de Seguridad recoge la información y determina las formas de actuar en las diversas zonas donde se producen los delitos. No siempre la respuesta es poner más efectivos policiales en la calle; también participan psicólogos y funcionarios de las municipalidades, entre otros actores. Algunas experiencias mejoraron la confianza de los vecinos y la relación entre el Estado y la sociedad.

Santa Fe capital es la tercera ciudad de Latinoamérica con mayor número de homicidios por habitante: mientras el promedio es de siete asesinatos cada 100 mil habitantes, en la Cuna de la Constitución el dato frío marca que hay 25 muertes cada 100 mil habitantes. Según dijeron innumerables veces el gobernador Hermes Binner y el intendente Mario Barletta, además de los problemas sociales que provocaron las inundaciones y los factores macroeconómicos, lo que demuestra la alta tasa de criminalidad es la ausencia del Estado.

Entonces, según ese diagnóstico la solución al espiral de violencia y venganzas en muchos de los barrios de Santa Fe no pasa por una sola receta, sino que las respuestas se adecuan a cada situación. Así lo manifestó a Pausa el secretario de Seguridad de la provincia, Carlos Iparraguirre, quien recalcó la necesidad de contar con la mayor información posible sobre la tipología y las circunstancias de los delitos para actuar en el territorio con los recursos humanos y materiales más apropiados a las necesidades de la población. Esos datos constituyen el denominado Mapa del Delito.

Por ejemplo, el director provincial de Planificación y Evaluación del Ministerio de Seguridad, Alberto Borrachia, explicó de qué manera se pudo trabajar en Alto Verde a partir de contar con elementos precisos de los problemas de seguridad que la Policía y la Justicia tenían a disposición. Ese distrito fue, el año pasado, el barrio con mayor número de homicidios en la ciudad (nueve en total) y por eso Seguridad Comunitaria está interactuando con los vecinos para bajar ese “récord”.

“Alto Verde es uno de los lugares más complicados: ya había marchas por seguridad. Empezamos a acercarnos a los vecinos, a trabajar con ellos en conjunto con lo que había en el barrio, no llevamos nada más. ¿Qué hicimos? El psicólogo del Centro de Salud comenzó a atender las problemáticas de las familias que habían sufrido la muerte de alguno de sus integrantes, con la idea de terminar con las venganzas y los odios. Se cambió el comisario, se puso un comisario joven con muchas ganas de trabajar; cambiamos un grupo de policías, también jóvenes, que hicieron varios operativos. Y recién ahí la gente empezó a tomar confianza en nosotros”, recordó Borrachia a Pausa.

El funcionario explicó que los resultados fueron casi inmediatos: se mejoró el nivel de convivencia ciudadana. En primer lugar, en lo que va del año bajó a dos el número de homicidios, pero también, a partir de la denuncia de varios vecinos, algo que con anterioridad no ocurría, se logró apresar a “seis o siete evadidos de la Justicia que estaban prófugos y escondidos en Alto Verde”.

“En este proceso de acercamiento de la sociedad con el Estado y la Policía implementamos un 0800 para que se canalicen las denuncias que muchas veces la gente no se anima a realizar en las comisarías y, la verdad, los resultados son buenos, porque se aportaron datos muy precisos de la comisión de delitos, de la venta de drogas y de los lugares en donde se esconden armas”, añadió el director provincial de Planificación y Evaluación del Ministerio de Seguridad.

En el caso de Alto Verde, el trabajo con la Municipalidad de Santa Fe también sirvió para dar respuestas concretas a mejoras en los espacios públicos, lo cual posibilitó “que la gente vuelva a ganar la calle” y se “restablezca cierta tranquilidad con mayor patrullaje, iluminación y desmalezamiento”.

–Alto Verde, como otras zonas de la ciudad, está estigmatizada por el alto nivel de criminalidad. ¿Eso se puede revertir?

–Bueno, esto se ha mejorado mucho, porque se decía que ir a Alto Verde era algo así como ir a Sarajevo. Lo que sí, nosotros partimos absolutamente de la realidad, vamos a cada lugar, hacemos un diagnóstico y aplicamos las políticas con lo que tenemos en la realidad. El proceso no es fácil porque sabemos que la respuesta estrictamente policial no soluciona los problemas del delito ni de la violencia; es una cuestión social que estamos trabajando entre distintas áreas. Santa Fe es la tercera ciudad más violenta de Latinoamérica. Sin embargo, es más segura que Rosario.

–¿Qué significa eso?

–Que tenés menos robos, que la gente anda mucho más tranquila. Vos ves en la Peatonal a las mujeres con la cartera colgada, en verano la gente con sillones en la puerta de sus casas y los chicos jugando. En Rosario no pasa eso.

LA PRESENCIA DEL ESTADO. El Mapa del Delito es, para las autoridades del Ministerio de Seguridad, una herramienta indispensable para tratar de dar respuestas concretas a los problemas multicausales de la violencia urbana. El objetivo es mejorar la base de datos para llegar antes a la resolución de los conflictos y, de esa forma, evitar que la ciudadanía resuelva sus diferencias unilateralmente, sin la presencia del Estado y con todo lo que eso conlleva para la vida en derecho.

“Dentro de las estrategias o acciones que el gobierno tiene planteadas en materia de seguridad pública, está mejorar sustancialmente toda la base de información. Es decir: no se puede administrar o no se puede actuar sobre lo que no se conoce. Entonces, hay que determinar qué hechos ocurren, dónde ocurren, a qué hora ocurren, de qué manera se producen. Es un elemento central a la hora de definir acciones en materia de política criminal, fundamentalmente para prevenir”, dijo Carlos Iparraguirre.

Al respecto, el secretario de Seguridad de la provincia sostuvo: “Cuando se habla del mapa del delito, ¿qué es? El método más avanzado es georeferenciar en el mapa, en el plano de determinada ciudad, dónde y a qué hora ocurren los hechos. Todo lo que sobre esto se pueda incorporar es una herramienta esencial a la hora de la prevención”.

“Uno puede ver”, continuó el funcionario “cómo en estos seis meses en los que estamos trabajando con la información se van corriendo determinadas modalidades delictivas en función de las acciones policiales que se hagan en el lugar. Entonces, estamos trabajando mucho en perfeccionar esta base de datos, porque cuanto más rápida se tenga la información, más efectiva es”.

–¿Cómo llega la información?

–Llega a través de los partes policiales de aquellos hechos que se judicializan. La idea es que ese mismo parte vuelva de la Justicia con la mayor cantidad de información, para volcarla en un área específica del Estado y, así, actuar. Esto, proyectado a toda la provincia, porque cada regional tiene su información, es un trámite muy lento todavía, que queremos optimizar lo más pronto posible. Se ha mejorado bastante, pero falta.

Iparraguirre manifestó luego que la pretensión de máxima es lograr “identificar un hecho con un número y que ese mismo número sirva para identificar ese hecho en el sistema policial, en el sistema de salud y en el sistema judicial, de forma tal que haya una base de datos única, que vos puedas seguir un hecho y los efectos de ese hecho, para ver cómo termina el proceso judicial que se inició, cuánto tiempo estuvo internada una persona, cómo terminó su problema de salud, cómo siguió su vida”. Con esa informatización, según el funcionario, “el Estado podrá hacer análisis estadístico mucho más preciso de los que hoy tiene”.

El intento para mejorar los datos con los que se cuenta en materia delictiva a veces choca contra “los celos en el manejo de la información de la propia Policía”. Para evitar eso se está pensando en auditar el momento en que se reciben las denuncias en las dependencias de las fuerzas de seguridad. Pero muchas veces ocurre, en la práctica, que son los propios agentes policiales quienes creen que el hecho de que haya más denuncias en sus dependencias puede ir en contra de su trabajo. “En realidad es al revés, porque quien más recibe atiende mejor a la comunidad”, dijo Iparraguirre.

–¿Con los mapas no se corre con el riesgo de estigmatizar a la gente que vive donde se detectan los mayores casos de violencia?

–Los datos sólo sirven para política criminal. Yo creo que la información de la estadística, la información de las cantidades de hechos, está bien que se dé a conocer. Ahora bien, el tema de los mapas del delito, su ubicación... A esas cosas hay que manejarlas con la mayor reserva, porque ese es un insumo que tiene que servir para el desarrollo de políticas. Ahí sí se puede correr el riesgo de estigmatizar determinada zona o sector.

INDICADORES COMPLEMENTARIOS. Los esfuerzos por contar con información precisa para tomar decisiones adecuadas son compartidos por la Municipalidad de Santa Fe que, en los últimos días de mayo, firmó un convenio con la Universidad Nacional del Litoral para hacer una Encuesta de Victimización en 2.800 hogares de la ciudad capital. Los datos sólo pueden cuantificar cierta cantidad de delitos que no fueron denunciados ante la Policía y la Justicia por diferentes motivos. Es decir: siempre arrojan como conclusión la evidente falta de confianza en el Estado. A nivel internacional, generalmente, las Encuestas de Victimización no son utilizadas como elementos de análisis técnico (como sí ocurre con los mapas de delitos) sino como información conexa.

De todas maneras, es un tipo de estudio que produce información acerca del estado de la seguridad ciudadana en los conglomerados urbanos. Dichos datos permiten complementar los indicadores que nacen de las estadísticas oficiales construidas por la institución policial y que poseen como límite el llamado “problema de la cifra negra”. Esto es: no se registra una importante cantidad de hechos delictivos, que no llegan al conocimiento de la Policía porque no son denunciados.

El rol de la Policía y el año en que la cosa se salió de cauce.
A poco de asumir su cargo, el ministro de Seguridad Daniel Cuenca declaró: “Ningún país resolvió el tema inseguridad sólo con la Policía”. Fue a principios de febrero, cuando aún se especulaba con los cambios que iba a introducir el nuevo gobierno en las cúpulas policiales: cambios que finalmente no serían tantos (al menos en nombres). Aquella definición fue un claro llamado del funcionario hacia los distintos sectores de la sociedad para que se involucren en el combate contra las causas que originan los delitos antes que en la búsqueda de soluciones posteriores. En esa oportunidad, el ministro había aprovechado para marcar la cancha en lo que refiere a las funciones de la Policía: “El marco político de la seguridad se lo vamos a bajar a cualquier jefe. El jefe de la Policía no va a decidir (los planes de) seguridad de la provincia”. Por esos días, el ministro de Gobierno Antonio Bonfatti también había hecho un llamado a todos los sectores de la sociedad civil: “La sociedad también tiene su responsabilidad. Mínima, si se quiere, pero todo ciudadano debe acompañarnos en la cultura de comenzar a ganar la calle. Si el ciudadano se esconde detrás de una reja, obviamente que la inseguridad va a seguir creciendo. Si las instituciones de la sociedad ganan el espacio público, disminuye la inseguridad. Y si todos los vecinos lo hacen, disminuye la inseguridad. Esto es lo que hay que construir, porque una sociedad con miedo, que se aísla, es caldo de cultivo para lo peor”. En esa ocasión, Bonfatti hizo un diagnóstico que se relaciona claramente con los efectos de la reforma del Estado y la Convertibilidad: “Desde el año '94 hubo un quiebre en la tasa de criminalidad (en Santa Fe). La saturación policial, está comprobado, no sirve para nada si no hay por detrás una solución de los problemas sociales. No hay cambio en el tema seguridad sin inclusión, trabajo, salud, educación e infraestructura: agua y vivienda”.

De Saer al encierro: una mirada crítica respecto del mapa del riesgo delictivo
El investigador y profesor de diferentes carreras de la Universidad Nacional del Litoral, Oscar Vallejos, presentó el 14 de marzo un escrito titulado “Contra el mapa del riesgo delictivo de Santa Fe: el debate sobre el conocimiento que necesitamos para resolver el problema de la seguridad”.
En primer lugar, hace una crítica al trabajo de producción del “mapa del riesgo delictivo” realizado por investigadores de la Universidad Católica de Santa Fe (y del CONICET) y a las declaraciones sobre la utilidad social que para estos investigadores presenta el mapa. Luego reflexiona sobre el tipo de conocimiento o información que se necesita para resolver la inseguridad en la ciudad capital.
“Juan José Saer termina uno de sus ensayos con una frase memorable: «Todos los narradores viven en la misma patria: la espesa selva de lo real». (...) En la espesa selva se movilizan también sentimientos: el temor, el desamparo, la agresividad, ¿el odio? La información de que dispongamos está muy vinculada a los sentimientos que podamos tener en ese espacio”, manifiesta el investigador.
“Si la información nos dice que estamos en un lugar de mucho riesgo es muy posible que se movilice en nosotros el sentimiento de temor o de agresividad. La información produce, en general, el sentimiento ajustado a la situación. Esta relación entre información y conducta (o sentimiento) es advertida por los investigadores que hicieron el mapa y lo presentaron en sociedad; en una nota del diario El Litoral indican: «A la población no hay que negarle la información general sobre las zonas de riesgo. Con estos datos, la gente sabría qué medidas tomar en cada área de la ciudad, dónde cuidar con mayor atención el bolso, o colocar rejas en las ventanas, o ser precavidos al estacionar el auto».
“También los investigadores”, continúa Vallejos “hacen una distinción entre la población y la Policía y los políticos: «La Policía y los políticos deben reservarse los datos útiles para tomar medidas de inteligencia y seguridad, pues son ellos los que toman las decisiones». Los investigadores advierten la utilidad potencial de la información pero no advierten que la información es incompleta, que sólo recurren a un único tipo de información relevante: el informe de la Policía, y que el flujo de movimiento de la población en la ciudad es un dato escaso”.
“No cuestionamos que exista información, como pudimos despejar: necesitamos información. Lo que cuestionamos es la información provista por el mapa del riesgo delictivo y que esa información permita a los políticos y a los ciudadanos tomar decisiones para el diseño de una política pública de seguridad”.
“(...) Cuando los investigadores comienzan a hacer el mapa a pedido de la Subsecretaría de Seguridad Pública de la provincia durante la gestión anterior, realizan estas operaciones básicas de situar, identificar y delimitar el fenómeno del delito, de allí que puedan informar que el delito se encuentra localizado en tal o cual lugar. La información usada para delimitar el delito es la aportada por la Policía, pero estos investigadores no presentan cómo realizaron la operación de identificar el delito. Esta es la operación intelectual más importante para producir conocimiento confiable sobre la espesa selva de lo real. Parece que estos investigadores identificaron delito con lo que les ofrecía la policía y este es el problema más grave de su producto: ofrece más espesa selva en lugar de un conocimiento de esa selva; la única diferencia es que la selva que ofrecen los investigadores está virtualizada en un software de información geográfica”, añadió Oscar Vallejos.
Por último, el investigador de la UNL concluye: “Necesitamos una base de sentimientos nobles sobre los que apoyar la posición activa de los ciudadanos: la compasión y la solidaridad son sentimientos fundamentales. Como dice Martha Nussbaum, vamos a la política con la idea de vulnerabilidad humana no tratando de ocultarla. Pero el reconocimiento de que somos vulnerables hace que seamos humanos con nuestros conciudadanos que están justamente en esa condición. El mapa del riesgo delictivo en lugar de acercarnos a una comprensión de la espesa selva de lo real, nos aleja y corremos más riesgo del que pensamos: porque atrincherarnos (poner rejas, agarrar mejor el bolso) es la peor respuesta que pueda fomentarse desde una política pública al problema de la seguridad o del delito que podamos dar”.

Publicado en Pausa #7, 27 de junio de 2008.

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