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Son 150 familias y carecen de los servicios básicos. Sienten desprotección de parte del Estado. Los concejales que investigan al ex intendente descubrieron más anomalías. Según documentos de la Sindicatura municipal, hay pagos exorbitantes por dos CIC (Centros de Integración Comunitaria), ubicados en el norte de la ciudad, aún no finalizados.
La reparación no les llega, no asoma. Y, por si fuera poco, las oportunidades que existen para llevarla adelante se dejan pasar en forma obscena. A partir del 29 de abril de 2003 pasaron a ser inundados; después los confinaron en el norte de la ciudad, en un lugar que no aparece en los registros de los mapas.
El barrio 29 de Abril III tiene, por ahora, siete manzanas habitadas por aproximadamente 150 familias: todas inundadas.
Una forma rápida de llegar es accediendo por Av. Aristóbulo del Valle hasta llegar al Callejón Roca, y desde allí hacia el este.
La postergación de los inundados sigue de manifiesto. La comisión investigadora de la Gestión Balbarrey hizo públicos documentos de la Sindicatura Municipal sobre pagos exorbitantes por obras públicas no terminadas. Se trata de dos Centros de Integración Comunitaria que no están concluidos; el atraso es de 414 días respecto del plazo original. Los vecinos de 29 de Abril III reclaman no sólo la concreción de la obra, sino también la atención del barrio en sus aspectos básicos
En ese barrio se dice: “La situación es desastrosa, aquí es urgente solucionar el problema de la basura, también del cableado porque cuando hay viento los cables se descuelgan, con el peligro de que hay criaturas todo el tiempo, los días de lluvia no se puede circular”. El que habla es Roberto, un vecino que acredita haber trabajado 300 horas construyendo su casa después de haber perdido lo suyo hace cinco años.
“Hay muchas conexiones precarias; cuando inauguraron el barrio nos dijeron que el cableado estaba completo, pero sólo alcanza a una manzana. Algunos vecinos llevan energía a su casa con alambres, otros con cables finos, cuando hay tormenta se cortan y cuando pasa eso nos tenemos que arreglar entre los vecinos, lo mismo cuando hay problemas en el transformador”, cuenta Lula por su lado.
“Después de la inundación de 2003 nos mandaron a este lugar, en esta situación, se olvidaron de nosotros”, dice Roberto con una rara tranquilidad, como enmascarando un grito de bronca.
Lula agrega: “Uno como inundado la pelea todos los días, pero de parte del Estado nos sentimos bastantes desprotegidos. Entre los vecinos estamos haciendo la placita para los chicos, pero no tenemos respuesta para que nos donen los juegos”.
Roberto dice lo suyo, parado en la esquina de República de Siria y Callejón Roca, mientras una veintena de niños y adolescentes dejan la vida en el picado de la tarde y el sol abandona su turno de a poco. Ahí, además de la cancha, debería haber un Centro de Integración Comunitaria (CIC), donde funcione el dispensario y los médicos atiendan a los pacientes del barrio. La obra está allí, tan inconclusa como demandada: rara simetría. “Nunca se terminó. La obra comenzó y quedó como está (a medio terminar), le falta de todo, quedó destruida, ahora tenemos un dispensario precario. Cuando hay que poner una inyección nos mandan al centro de Salud de Altos del Valle, la ambulancia directamente no entra, la podés llamar durante todo el día y toda la noche que no viene”. De esta forma, Roberto da cuenta del modo de vida que llevan estos habitantes de la ciudad.
Respecto de la seguridad del barrio, Lula reflexiona: “Es todo, tener buenas conexiones, recolección de basura, acceso a la salud”.
Los vecinos tardaron 300 horas en construir sus casas y acceder al techo. Para contar con el CIC en el barrio también debían prestar su mano de obra. Roberto fue justamente uno de los que dejó su trabajo allí, hasta que pudo.
LISTO... NO TANTO. La Nación (a través de un área del Ministerio de Desarrollo Social) envió al municipio entre febrero de 2005 y mayo de 2006 un monto aproximado de 982.240 pesos, a los fines de construir dos CIC: el primero de ellos en Facundo Zuviría y Azcuénaga, y el otro en Callejón Roca y República de Siria. La Gestión de Martín Balbarrey (por ese entonces intendente de la ciudad) debía distribuir ese dinero entre diez cooperativas de trabajo formadas a tal fin. En cada CIC desempeñarían tareas cinco de estas formaciones. A cada cooperativa se le entregó un monto cercano a los 68 mil pesos, lo cual fue abonado en tres partes: anticipo de obra (33.450 pesos), media obra (22.400 pesos) y final de la misma (11.900 pesos). La suerte fue dispar para las construcciones ya que el primero de los CIC mencionados tuvo un avance mayor que el otro que ni siquiera está a la mitad. “Todos los fondos fueron entregados a todas las cooperativas, incluidas las que estuvieron trabajando en Callejón Roca, según las informaciones que tenemos provenientes del Tribunal de Cuentas”, dijo la concejala Adriana Molina (FPCyS), integrante de la comisión oficial que investiga el ejercicio de Martín Balbarrey entre 2003 y 2007, ahora abocada al análisis de los números de estos subsidios llegados cuando promediaba la primera parte de la era K.
La comisión accedió a un informe de la Sindicatura sobre auditorías realizadas por el Tribunal de Cuentas en el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), en cuanto a la construcción de los CIC. Dichos informes llamativamente no están registrados como expedientes en la Mesa de Entradas Única.
El escrito menciona que el 29 de agosto de 2008 integrantes de la Sindicatura realizaron una observación a los lugares de construcción de los CIC. Respecto del que está ubicado en Facundo Zuviría, requiere para ser habitado algunas reparaciones: se registra humedad y faltan detalles de terminación de obra. En cuanto al de Callejón Roca, la obra se encuentra paralizada e inconclusa, no se encontró a ninguna persona encargada de su custodia, ni barreras físicas que impidieran en ingreso a la misma. Los ambientes no se encuentran techados en su totalidad, las paredes están revocadas en forma parcial, al igual que la colocación del piso. Faltan todas las aberturas, cielorrasos, sanitarios, mesadas, accesorios y terminaciones finales.
“El que comandaba la obra era el señor (Director del IMV en la Gestión Balbarrey, Alfredo) Migone, pero nunca lo vi, nunca vino a dar la cara, nunca lo escuché decir nada; las pocas veces que llegó acá vino a prometer cosas que nunca cumplió”, asegura Roberto, en referencia al tiempo que pasó trabajando en la obra.
ROPA SUCIA. “Nos dijeron que nos iban a dar la ropa (de trabajo) pero no ocurrió nunca. La Municipalidad dijo que nos iba a pagar un sueldo, pero tampoco fue así. Después, presionando, logramos que aunque sea nos dieran un bolsón de mercadería para poder subsistir, porque no teníamos nada. A la hora de reclamar nunca aparecía nadie; íbamos a la Municipalidad a golpear las puertas y siempre nos la cerraban en todos lados, nos mandaban de acá para allá y así hasta que pasaban horas y nos teníamos que retirar”, se despachó el vecino.
Hay una cifra que el concejal Héctor Acuña (del bloque Santa Fe es el Centro, integrante también de la comisión) calificó como “hecho anecdótico”. El edil dio cuenta de facturas presentadas a la Nación por 24 mil pesos en conceptos de refrigerios en el marco de la “construcción” de los CIC. “Por un lado es difícil gastarlos y por otro lado puede ser la única excusa que pueden tener los responsables para argumentar que no terminaron la obra, pero estas facturas no fueron convalidadas por el Ministerio de Desarrollo Social. Esto merece cuanto menos un repudio unánime de la comunidad, lo gastado es una exorbitancia hoy y en ese momento”, dijo.
En cuanto al subsidio por herramientas y ropa de trabajo, se financió la compra de diez partes iguales, a 6.913 pesos cada una, lo cual totalizaba un gasto de 69.138 pesos. Según las actas, las herramientas y ropa de trabajo fueron entregadas el 23 de septiembre de 2005 en ambos obradores. Pero los vecinos desconocen el destino que estos elementos tuvieron.
La conclusión de la Sindicatura, reflejada por la Comisión Investigadora, es que los contratos de obra fueron pagados en sus tres etapas, pero las obras no fueron ejecutadas en su totalidad.
“Hablar con los vecinos y escuchar de propia voz de ellos ‘si no nos sacaron las chapas (del techo de la construcción del CIC), si nos saquearon, si nos destruyeron, si no usurparon esta construcción precaria, es porque lo defendimos nosotros’. De esta manera entendemos la importancia que tiene para ellos: esta es la otra mirada; es de destacar la espontaneidad”, dijo también Acuña.
RELOJ ATRASADO. “En primer lugar hay que tener en claro que se trataba de un contrato de 180 días, pero al momento del cese de la obra ya se llevaban 594 y la misma estaba sin concluir”: un atraso de 414 días respecto del plazo legal.
El dato fue uno de los tantos que Acuña y los otros ediles revelaron en una conferencia de prensa realizada esta semana. Desde el IMV no se suministraron actas ni se acreditaron presentaciones por escrito por parte de las cooperativas a fin de justificar demoras por suspensiones o retrasos en la ejecución de la obra.
Los integrantes de las cooperativas de trabajo son los que debían llevar adelante la construcción de los CIC. Sin embargo, desde la Comisión Investigadora se descubrió contratos de locación de servicios para efectuar tareas de albañilería, instalación sanitaria e instalación eléctrica en las obras de Callejón Roca, lo cual denota una superposición de funciones con las tareas que debían realizar los integrantes de las cooperativas. De la misma forma se contrató una persona destinada a tareas administrativas, pero no se detallaron cuáles.
Desde la comisión adelantaron que van a citar a los responsables de las cooperativas, al ex secretario de Hacienda Fernando Giusti para que “explique qué pasó con el dinero”, al ex titular del IMV, a los ocho responsables técnicos (contadores, arquitectos, maestros mayores de obra, que estuvieron contratados casi dos años, de lo cual todavía no se cuenta con la suma que costó al municipio).
El concejal Suárez (FPCyS) dejó en claro que “la citación a las personas que hemos nombrado tiene que ver con la posibilidad que ellos tienen de defenderse, esto ayudará a completar nuestro informe”.
CAPACITACIÓN... AUSENTE. Según los convenios firmados entre el municipio y la Nación, los integrantes de las cooperativas debieron recibir capacitación para desarrollar su trabajo. “Hay rendición de cuentas por esto; decir que no la hubo es mentir. Lo que está claro, y esto no es una imputación al organismo encargado de brindarla, es que los empleados que pudimos contactar dicen que no la recibieron. Nuestros dichos tienen un sustento concreto que es la documentación remitida por el gobierno nacional y obrante en el municipio, además está claro que desde el Ministerio de Desarrollo Social establecieron contacto con el ex secretario de Gobierno (Pablo Abraham) y el ex subsecretario de Gobierno (Darío Giménez)”, sostuvo Acuña.
“Pudo haber capacitación, pero hablando con los vecinos surge a las claras que el total de ellos no la recibió. En cuanto a la ropa, con los vecinos que nos encontramos nunca recibieron indumentaria”, dijeron desde la comisión.
Respecto al subsidio recibido por capacitación en obra, el monto fue de 82.224 pesos (8.224 por cooperativa) a distribuirse de la siguiente manera: 2.000 para viáticos, 2.400 para gastos de refrigerio, 224 para gastos de material didáctico, 3.600 para honorarios del docente capacitador (15 pesos por hora). Los comprobantes de caja se encuentran aprobados, a excepción de algunos cuya totalidad asciende a 48.198 pesos.
PAGO... POR LAS DUDAS. “Vemos que se pagó el total de la obra, y además se abonaron conceptos de demasía, de los cuales, según el informe del Tribunal de Cuentas, en el caso del CIC de Callejón Roca faltan rendir... 12.500 pesos. Es decir que se tomaron en cuenta posibles reajustes”, aseguró Acuña. Sin embargo, tampoco se suministraron certificaciones de avances de obra.
Molina avala a su par y brinda cifras: “Llega otro subsidio por demasía de obra por 76.618 pesos para las cooperativas que estaban desempeñando tareas en el CIC de Facundo Zuviría y 76.660 para el de Callejón Roca. Estos montos no fueron repartidos entre diez cooperativas, sino entre menos, pero se ignora el motivo”.
EL QUE ABANDONA NO PIERDE. De las diez cooperativas con las que se firmaron los convenios, hay una en especial con la cual se detectó una irregularidad más en este rosario de sospechas: Consar Ltda. desarrolló sus tareas hasta el día 7 de octubre de 2005 haciendo abandono de la obra. El 17 de noviembre de 2006 se rescindió el contrato entre esta y la Municipalidad. Sin embargo, surgen comprobantes correspondientes a la entrega de materiales de fecha posterior a la de abandono de la obra.
“Esto lo tenemos documentado, también podemos advertir que hubo una serie de irregularidades en relación de determinadas cooperativas, una de ellas es por la rescisión del contrato por no cumplir con sus tareas pero durante seis meses siguió recibiendo dinero. Otra irregularidad es la inclusión en los convenios de una cooperativa que no estaba registrada como tal”, anunció Molina.
HACIA DÓNDE VAN... Los compromisos se van descubriendo con el transcurso del tiempo. Al respecto Adriana Molina dijo: “Habría que ver los grados de responsabilidad, pero incumplimiento de deberes de funcionario público o malversación de fondos, creo que se configura (como delito) cuando uno piensa en el incumplimiento inmediatamente se representa la negligencia, imprudencia o impericia, por lo menos”.
Por su parte, Acuña concluyó: “No vamos a decir ninguna cosa que pueda entorpecer o que haga que la comisión pueda ser sospechada de falta de objetividad”.
