Bolsillos generosos

Los informes presentados ante la Justicia Electoral permiten conocer de qué modo se financiaron, en la provincia, las campañas de las distintas fuerzas.

Tal como exige la ley 26.215, los partidos y frentes políticos que participaron de los comicios del 28 de junio presentaron los informes sobre los gastos y el origen de los fondos utilizados en la campaña ante la Cámara Nacional Electoral. De esos datos se desprende, en primera instancia, que el Frente Santa Fe Federal –encabezado por Carlos Reutemann– tuvo un importante apoyo empresario-indus-trial, mientras que el Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) financió su campaña con los fondos otorgados por el Ministerio del Interior junto con el aporte de dos empresas y de personas físicas. La tercera fuerza en la provincia, el Frente para la Victoria (FPV), recibió aportes fundamentalmente de legisladores nacionales y provinciales de la coalición, de seis empresas y también de particulares.

El informe preliminar que deberá ser detallado en los próximos meses ya despertó indignación en algunos dirigentes. Los números muestran que los gastos de Santa Fe Federal superan ampliamente los del FPCyS y casi duplican los del FPV. La polémica por los fondos y el financiamiento de las campañas no se generó sólo en Santa Fe; también en la provincia de Buenos Aires, donde el empresario Francisco de Narváez declaró que Unión Pro gastó 14.430.000 de pesos y el FPV, con Néstor Kirchner como candidato, 15.011.258 pesos. Montos que aparecen como exagerados siendo una campaña legislativa. Claro que hubo también otros casos, como el de Nuevo Encuentro, partido liderado por Martín Sabbatella, que gastó 483.002 pesos.

En la ciudad de Buenos Aires la coalición Unión Pro, que llevó a Gabriela Michetti como primera candidata, declaró gastos por 3.646.893 pesos. El FPV, con Carlos Heller a la cabeza, destinó 999.915,78 pesos, mientras que Fernando “Pino” Solanas, de Proyecto Sur, valuó su campaña en apenas 176.790 pesos.

Sabbatella había denunciado durante la campaña la desigualdad entre los recursos destinados a las actividades proselitistas y cómo eso hacía difícil la difusión de las propuestas y plataformas electorales de los nuevos frentes políticos. Fueron esas fuerzas, las que menos recursos usaron, las que en sus páginas web detallaron con mayor rigor el modo en que financiaron sus campañas (un caso, el de Nuevo Encuentro: en su sitio se publicó un listado con los aportes que recibieron de particulares).

LA CAMPAÑA EN SANTA FE. En la página del Poder Judicial de la Nación (www.pjn.gov.ar) se informa que, de acuerdo a la presentación realizada por cada fuerza política, Santa Fe Federal fue la fuerza que –lejos– más gastó en la campaña: 2.211.000 pesos

La rendición de cuentas de las listas encabezada por Reutemann y Daniel Germano especifica las “contribuciones o donaciones de personas físicas”: Fabián Bianchetti, Carlos Capisano (dirigente de la Federación de Industrial de Santa Fe), Carlos Carlozzi (candidato a concejal en Santa Fe y asesor de la Presidencia), Darío Crespi, Carlos Galán (empresario y ex candidato a vicegobernador), José Rindisbacher, Bibiana Ronchi, Marcelo Ruiz y Martín Sánchez Zinny. Cada uno aportó 10.000 pesos, mientras que Mónica Casebene contribuyó con 7.000.

La nómina incluye a cuatro ciudadanos de Buenos Aires, a los que también les interesó apoyar la lista de Reutemann: Hernán Ferraro (60.000 pesos), Sergio Guerra (68.000), Alicia Rendano (70.000) y César Solari (70.000).

Respecto de las empresas o “personas jurídicas” que aportaron fondos para la campaña del ex gobernador, la lista incluye a ABC S.A., Banco Patagonia, Basso S.A., Cámara Española, Centro Diagnóstico Molecular, Dalai S.A., Fortín Quieto S.A., Fundación Salud, Limansky S.A., Key Factor S.A., London Supply S.A., Maquinarias Agrícolas Ombú S.A., Microsules Argentina S.A., Open Mall S.A., Process S.R.L., Sadesa S.A., Sociedad Anónima La Sibila, Williner S.A., Terminal 6 S.A., Vassalli Fabril S.A. y Vicentín S.A. Cada una de ellas aportó 10.000 pesos. El grupo Cencosud donó 20.000, igual que Depor Jean y Sancor. Impresora Pompeya S.A., Print S.A. y Kollor Press aportaron 35.000 cada una y el Sanatorio Santa Fe 24.000.

El FPCyS informó que gastó 787.703 pesos en la campaña, de los cuales 637.700 provinieron del Ministerio del Interior, por el financiamiento que reciben los partidos de acuerdo con los votos obtenidos en contiendas anteriores (el Partido Justicialista resignó esa posibilidad al no consensuar una lista propia e ir dividido en la provincia). Entre los contribuyentes más importantes destacan a la diputada electa Alicia Ciciliani (10.000 pesos), a Moisés Limansky (10.000) y al senador Juan Carlos Zabalza (5.000). Sólo dos empresas apoyaron la lista del Frente Progresista: Café La Virginia y Talleres Metalúrgicos Bambi, ambas con 10.000 pesos.

A esto se debe sumar, según aparece en el informe, el aporte directo de otras empresas pero sólo al Partido Socialista (que forma parte del FPCyS junto a otros partidos) por un total de 105.000 pesos. Entre esas empresas se encuentran Industrias Juan Secco S.A. (35.000 pesos) y, con 10.000 cada una, Beta S.A., La Sibila S.A., Instituto Gamma S.A., Solans S.A., Enrique Bertini y Verónica SAICIAFEI.

Por su parte, el FPV declaró un gasto proyectado en 1.181.947 pesos, del que explicaron sólo la mitad al momento de cumplir con el pedido de la Justicia Electoral, con el compromiso de ampliar en el futuro esa información. Entre las personas físicas que aportaron 10.000 pesos para la campaña aparecen Natalia Cámpora, Fabio Gentili, el ex ministro Alberto Joaquín, la candidata a concejala rosarina Norma López, José Maccerolla y Daniel Zárate. Roberto Zuckerman aportó 15.000 pesos y Marcelo Viola 12.000. Los diputados Gerardo Rico, Claudia Saldaña, Oscar Urruty, Enrique Marín y Marcelo Brignoni (electo en 2007 por el FPCyS) contribuyeron con 35.000 pesos cada uno, al igual que el concejal de Rosario Arturo Gandolla, Martín Labbe y el diputado nacional Alejandro Rossi.

El informe incluye aportes del dirigente (y ex ministro de Carlos Reutemann) Esteban Borgonovo (20.000), del concejal santafesino Luciano Leiva (30.000), del propio Agustín Rossi, que encabezó la lista de candidatos a diputados y logró retener su banca, y del diputado provincial Luis Rubeo: 40.000 pesos cada uno. Las empresas que cooperaron para la campaña de ese frente fueron: Alta Plástica Centro S.A., Coinplast S.R.L., Lazzaro Ribotta S.A. y Rosario Logística S.R.L. con 3.000 pesos cada una. Grupo Simpa S.A. sumó 6.000 más y Liliana S.R.L. 16.000.

CUENTAS CLARAS. El financiamiento de las campañas políticas genera siempre chispazos entre los candidatos de los distintos partidos y sospechas entre los electores. La principal discordia fue, casi siempre, el uso de fondos públicos para actividades proselitistas. Por eso algunas organizaciones, como Ejercicio Ciudadano, buscan lograr más transparencia en las campañas y el acceso a la información sobre cómo se financian los gastos, algo que sigue generando más dudas que certezas.

La ONG rosarina sostiene: “Bajo un sistema de democracia representativa como el nuestro, es imprescindible que el proceso electoral se desarrolle en condiciones de máxima confianza y responsabilidad, para lo cual es necesario que cada actor involucrado conozca sus obligaciones, además de sus derechos, y tenga la voluntad de practicarlos y defenderlos”. Sin embargo, reconocen que es este el punto que más resistencia genera en los candidatos cuando responden el cuestionario para los bancos de datos de la organización.

Por eso hacen foco en la exigencia de rendición de cuentas que cada frente debe realizar ante el tribunal electoral.

QUÉ DICE LA LEY 26.215. En su artículo 54, la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos establece que 10 días antes de la elección, el presidente y tesorero del partido y los responsables económico y político de la campaña deberán presentar un detalle de los aportes públicos y privados recibidos, con indicación de origen y monto, así como de los gastos incurridos con motivo de la campaña, con indicación de los ingresos y egresos que estén previstos hasta la finalización de la misma. El informe final se debe presentar 90 días después de la elección.

Una vez cumplidos estos plazos, la Justicia Federal Electoral y la Cámara Nacional Electoral a través del Cuerpo de Auditores Contadores tendrán un máximo de 180 días para realizar la auditoría de los informes finales de campaña y 30 días para la elaboración y notificación a los partidos del dictamen correspondiente.

El artículo 62 dice que aquellos que no cumplan con lo establecido serán sancionados con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno a cuatro años, y los fondos para financiamiento público de las campañas electorales por una a dos elecciones.

El 8 de junio, la Cámara Nacional Electoral emitió la resolución N° 10, que fijó los límites de gastos de campañas electorales. Sobre el padrón definitivo hasta el 31 de diciembre de 2008 para la elección legislativa del 28 de junio, se estableció como monto máximo para la provincia de Sana Fe 3.569.486 pesos y, como límite de aportes privados que pueden recibir 71.390 pesos de personas físicas y 35.695 de personas jurídicas.

POLÉMICA EN LA CIUDAD POR LA VEDA. A raíz de la expansión de la Gripe A, el Ejecutivo santafesino propuso modificar el cronograma electoral y, así, el 2 de julio la Legislatura aprobó la ley 12.982, que establece la Emergencia Sanitaria por 90 días en toda la provincia y que estipula también que los comicios primarios se realizarán el 2 de agosto y los generales el 27 de septiembre. La norma dispone además, en su artículo 4, la suspensión de toda publicidad electoral e institucional previa a las elecciones primarias, incluidas las inauguraciones oficiales, excepto aquellas relacionadas a las campañas vinculadas a las políticas de prevención en salud.

En Santa Fe, donde se renovará la composición del Concejo, los precandidatos presentaron varios pedidos ante el Tribunal Electoral para que especifique los alcances de lo establecido en el artículo 4 de la ley. Jorge Henn y Noelia Chiementín, precandidatos de la lista Encuentro para Santa Fe, presentaron una acción mere declarativa de certeza ante el Tribunal Electoral para que se expida sobre los alcances de la ley Nº 12.982.

Henn argumentó que hay “zonas oscuras" en la letra de la ley, por ejemplo lo referido a la actividad pública del intendente y sus inauguraciones. “La gente no quiere que haya una utilización política de estos actos de gobierno para fines electorales”, señaló el concejal, enfrentado en una disputa interna con el espacio que lidera Mario Barletta, aunque agregó: “No estamos diciendo que el intendente no pueda inaugurar obras que sirven a la gente, pero no que se hagan anuncios”.

También el candidato de Proyecto Sur, Hugo Kofman, difundió una carta en la que denunció la continuación de la campaña de José Corral, actual secretario de Gobierno y precandidato a concejal, en actos públicos, quien “aparece con todas las ventajas de tener una presencia mediática cotidiana”. Kofman expresó: “Estamos observando infinidad de entrevistas pagas, publicidad institucional, reposición de cartelería por empresas publicitarias... Y esto incluye también a otras expresiones políticas, tanto del Frente Cívico y Social, como del PJ y de 100% Santafesino”.

El último martes el Tribunal Electoral respondió los planteos y ratificó el carácter restrictivo de la ley sancionada por la Legislatura, que además de modificar el cronograma electoral dispuso la suspensión de la actividad proselitista desde la fecha original (3 de julio) hasta la realización de las internas abiertas y obligatorias del 2 de agosto.

La resolución autoriza la entrega domiciliaria de boletas, pero se mantiene el criterio de prohibir toda publicidad, incluida la institucional, tanto gráfica, radial o televisiva, con las excepciones referidas a la difusión de los programas sanitarios y de prevención de la Gripe A.

El intendente Barletta reaccionó con disgusto: “Pareciera que más que ponernos un barbijo por la Gripe A, se pretende poner una mordaza. Esto de no permitir que los candidatos expresen ideas y pensamientos en los medios no parece estar acorde con lo que está escrito en la ley”.