El sano juicio

A más de 30 años de los hechos que se juzgarán, a más de 25 de la reinstauración democrática, a 10 del inicio del proceso, está todo listo para que comience en Santa Fe el primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Siete imputados, 14 víctimas –de las cuales nueve son querellantes– y más de 100 testigos; tres meses y medio de audiencias y la posibilidad de que la provincia comience a saldar sus deudas con el pasado le agregan un condimento especial a la previa del juicio, cuyo inicio está previsto para el 1º de septiembre y cuya denominación popular es todo un símbolo: Causa Brusa.

Los imputados son Víctor Hermes Brusa, Héctor Colombini, Eduardo Ramos, Juan Calixto Perizzotti, María Eva Aebi, Mario Facino y Domingo Manuel Marcellini. El tribunal que los juzgará está integrado por un juez subrogante, Roberto Manuel López Arango (del Tribunal Oral de Paraná), y los conjueces santafesinos Carlos Renna y Andrea Alberto de Creus. El secretario es César Eduardo Toledo. La querella estima que, de transcurrir los debates sin mayores cambios respecto de la etapa de instrucción, las penas que recibirán los imputados serán altas: pueden llegar a los 25 años de prisión e incluso a cadena perpetua, en el caso de Marcellini.

Claro que eso variará según el acusado y las imputaciones concretas por los que se los procesó. A Colombini se lo juzgará por seis hechos, en los que se le atribuyen haber participado en calidad de co-autor: el delito, privación ilegal de la libertad “agravada por concurrir las circunstancias previstas en el artículo 142 inciso 1” del artículo 144 bis, según la ley 23.077. En cambio, al ex jefe comunal de Rincón, Mario Facino, se lo procesó por un solo caso de torturas –en perjuicio de una de las querellantes, Patricia Isasa– y por tres casos de secuestros.

Perizzotti deberá responder ante el tribunal por cinco acusaciones de tormentos, figura prevista en el artículo 144 del Código Penal según la ley 14.616, y por cinco hechos en los que se le atribuye haber sido co-autor del delito de de privación ilegal de la libertad. María Eva Aebi está acusada por cinco casos de tortura y por seis secuestros. El prontuario de Marcellini es más frondoso: 11 hechos en los que se le atribuye haber sido “partícipe necesario, subsumiéndose la calificación legal de los mismos, en el tipo penal de tormentos, previsto y penado en el artículo 144 del Código Penal” y otras tantas acusaciones por secuestros.

Eduardo Ramos, apodado “El Curro”, deberá comparecer ante el tribunal por seis casos de tortura y cinco de privación ilegal de la libertad agravada. Y el ex juez federal Víctor Brusa –secretario de Juzgado en los años de la dictadura, ascendido en democracia y destituido tras un jury en el que se lo indagó por haber atropellado con su lancha a un nadador en la Setúbal– se sentará en el banquillo de los acusados imputado de haber participado en ocho casos de apremios ilegales en calidad de autor.

LAS PAUTAS. El camino que culmina en el juicio por la Causa Brusa tuvo sus marchas y contramarchas; en el plano judicial, los imputados apelaron a cuanto recurso ofrece el código para dilatar el proceso o mejorar sus propias posiciones; ese trajín tuvo como complemento una persistente campaña de intimidación dirigida en particular a querellantes y testigos, aunque el repudio que merecieron fue cada vez más amplio y, en la actualidad, casi no hay sector político o social que no condene públicamente esos métodos.

Quizá por eso, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe fijó pautas rígidas para quienes quieran seguir las audiencias, que –está previsto– se extenderán hasta diciembre. Con la acordada 12/09, del 8 de julio, los miembros del tribunal dejaron pautados el lugar de audiencia –la Sala de Audiencias de Primera Junta 2687– y una serie de características particulares: el juicio será grabado en forma íntegra, decisión que se basa en “la trascendencia pública” que despierta “un proceso en el que se investigan presuntas violaciones a los derechos humanos”.

Las audiencias serán trasmitidas en vivo, por circuito cerrado, en otra sala que estará destinada a los medios de prensa y al público en general que acreditó para seguir el caso. Las grabaciones estarán a disposición de las partes, de las víctimas y de los interesados que las quieran solicitar. Por una cuestión de protección, la querella decidió no difundir con antelación los nombres del centenar de testigos que declararán ante los jueces. En total, se prevé que habrá 40 audiencias: se realizarán los lunes y martes de todas las semanas, y los miércoles semana de por medio.

Las primeras jornadas estarán destinadas a la lectura del requerimiento fiscal y del auto de elevación a juicio, a las cuestiones preliminares que se puedan plantear y a la declaración de los imputados. Luego, desde el 14 de septiembre y hasta el 30 de noviembre, serán las audiencias testimoniales y se llevarán a cabo las seis inspecciones judiciales dispuestas en la causa. El 1º de diciembre, estiman desde el tribunal, comenzarán los alegatos, que prologarán por varias jornadas. Para mediados de ese mes concluiría el juicio, con el dictado de la sentencia.

NUEVAS CAUSAS. El proceso previo al juicio que comienza el 1º de septiembre incluye un largo trabajo de víctimas sobrevivientes, familiares de desaparecidos y organismos de derechos humanos, labor que se extendió una década. El hito que lo corona es que por primera vez en el país un funcionario del Poder Judicial –Víctor Hermes Brusa– será juzgado por su participación en los delitos de la dictadura. La otra causa cuyo juicio estaba previsto para 2009 está demorada por los sucesivos planteos de la defensa. En ella está acusado Horacio Américo Barcos, un ex agente de inteligencia del Ejército que utilizaba como pantalla para actuar la obra social de la Uocra, donde era empleado. Está acusado de secuestrar y torturar a una pareja en 1978.

Mientras tanto, la Justicia Federal abrió 15 nuevas causas para establecer el destino de 32 desaparecidos, luego del aporte de pruebas –documentos del Registro Civil, de los hospitales y de los cementerios, archivos policiales, fotos y entrevistas con familiares, testigos, sobrevivientes y militantes– de un grupo de investigación compuesto por el Equipo Argentino de Antropología Forense, familiares y la agrupación Hijos. El objetivo fue concretar las denuncias de todos los casos que aún no habían sido denunciados en sede judicial y que ocurrieron en jurisdicción de la ciudad de Santa Fe. En total, entre asesinados y desaparecidos, la abogada de Hijos Lucila Puyol estima hay más de 70 casos.

La Fiscalía Federal requirió la instrucción, que se elevó al Juzgado, y en la actualidad las actuaciones están acumuladas en dos grandes causas: la 16/08 y 05/09. La estrategia es unificar los procesos para que los testigos y los sobrevivientes no tengan que declarar, una y otra vez, lo que saben o lo que recuerdan acerca de los hechos investigados; no solo se busca evitar las consecuencias psicológicas inherentes a procesos tan traumáticos: también su mera exposición pública. El recuerdo de Jorge Julio López es inevitable.

En estos casos –a diferencia de la Causa Brusa, donde los imputados están procesados por torturas y secuestros– se indaga también la presunta comisión de otros delitos: homicidios, desaparición forzada de personas, ocultamiento de cadáveres, sustitución de identidad, falsedad de documento público y apropiación de menores. Uno de los casos incluidos como prueba es el de María Carolina Guallane; su historia, hacia 1998, conmovió al país: fue la primera hija de desaparecidos que decidió, por cuenta propia y con el apoyo de su familia adoptiva, rastrear su origen. Se hizo un estudio de ADN y supo que había nacido con el nombre de Paula, hija de Enrique Cortassa y Blanca Zapata, desparecidos en febrero de 1977, cuando ella tenía un año.

EL OTRO PROCESO. La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó la semana pasada el procesamiento con prisión preventiva de Víctor Brusa y los otros seis imputados por ser parte de una asociación ilícita, destinada a la comisión de delitos de lesa humanidad durante el último gobierno militar. Se trata de una imputación vinculada a los hechos que se juzgarán desde septiembre: Brusa habría formado parte de una asociación con la finalidad de organizar los planes delictivos junto a los otros seis acusados, al ex coronel Juan Orlando Rolón (jefe de la represión en Santa Fe, hoy con prisión domiciliaria por su estado de salud) y al fallecido suboficial del Ejército Nicolás Correa.

La resolución ratifica que lo imputados “conformarían una asociación ilícita, en razón de la coordinación de tareas que se advierte en cada uno de los hechos, la reiteración de conductas extendidas en el tiempo, con características similares, la diferenciación de tareas cumplidas por los imputados, que, aunque no participaran todos en la totalidad de hechos, siempre se advierte la intervención de alguno de los integrantes de la afirmada asociación con similar desarrollo comisivo y utilización de la infraestructura predispuesta para el fin ilícito señalado, siendo que la selección de la víctima resultaba de haber sido la misma indicada de algún modo como perteneciente a determinada ideología, todo lo cual demuestra la existencia del acuerdo criminal atribuido y la indeterminación del propósito delictivo, aunque siempre comprendido dentro del mismo plan delictivo, unificado en el objetivo de luchar contra la subversión”.

YA HAY 50 CONDENADOS; LA TENDENCIA, EN ALZA. Hasta el momento, en todo el país hay 588 personas procesadas por crímenes contra la humanidad cometidos durante la última dictadura. Otras 50 ya han sido condenadas, según indicó la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado en un relevamiento que tuvo en cuenta la totalidad de las causas en trámite. En el documento, conocido el último fin de semana, la Unidad Fiscal destacó el hecho de que durante el primer semestre de 2009 se sumaron 65 procesados a los 533 que existían hasta diciembre de 2008 (diez de los cuales han dejado de estarlo por haber sido condenados, por haber fallecido o por haber sido desprocesados). En cuanto a la cantidad de condenados, la Unidad Fiscal que dirige Jorge Auat y coordina Pablo Parenti bajo la órbita del Ministerio Público, tras la anulación de las normas que impedían el juzgamiento y la sanción penal de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado (Punto Final y Obediencia Debida), la Justicia condenó a 50 imputados: 14 este año, que se suman a las 36 que habían sido condenadas hasta diciembre de 2008.

OTROS 14 PROCESOS LLEGARON A JUICIO ESTE AÑO. Durante el 2009 se realizaron cinco juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar, se están sustanciado tres y son siete los que tienen fecha de inicio fijada. En total son hasta ahora 15 los juicios que se realizarán este año, cifra que duplica el número de procesos celebrados durante el 2008, cuando concluyeron siete procesos. Este año se realizaron los juicios por el secuestro de Carlos Labolita, en Mar del Plata; por el homicidio de Floreal Avellaneda, en San Martín; el que condenó a los ex oficiales penitenciarios José María Cuenca y Rubén Alberto Gómez, en Misiones, y el que sentenció al ex comandante Víctor Rei, en Capital. En Santa Fe son dos las causas que este año llegan a la instancia del debate oral y público. Una es la de Brusa y la otra es que la se llevará cabo en Rosario desde el 31 de este mes. Allí comenzará, ante el Tribunal Oral Federal Nº 1, el juicio oral por la causa denominada “Guerrieri” y que concentra otros expedientes conocidos como la Quinta de Funes y de la (ex) Fábrica Militar de Armas Portátiles Domingo Matheu (causa también conocida como “Jordana Testoni”). Serán juzgados cinco imputados: Jorge Alberto Fariña, ex mayor del Ejército; Eduardo Rodolfo Constanzo, ex personal civil de Inteligencia; Pascual Oscar Guerrieri, ex teniente coronel; Juan Daniel Amelong, ex teniente, y Walter Dionisio Salvador Pagano. Por el primer expediente se ventilan los crímenes sufridos por Fernando Dussex, Eduardo Toniolli, la actual diputada Alicia Gutiérrez, Sebastián Alvarez y María Cecilia Nazábal. Guerrieri, ex agente del Batallón de Inteligencia 601 y jefe del centro clandestino de detención conocido como “Quinta de Funes”, fue uno de los principales lugartenientes de Guillermo Suárez Mason, ex jefe del Primer Cuerpo de Ejército. Por el segundo los ex miembros del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército están imputados por los homicidios de Ariel Morandi y Susana Miranda y otros casos que tiene como víctimas a Adriana Arce, Ramón Verón, Juan Riveros, Olga Moyano e Hilda Cardozo.