Un antes y un después

Mientras las empresas concentradas de medios cambian su estrategia y pasan a mostrarse como llorosas víctimas (con lecturas aberrantes de la ley), el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual va encontrando consenso. De la libertad de prensa a la libertad de expresión: una ley que garantiza la pluralidad.

En las últimas semanas el debate en torno al proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) tuvo como epicentro el impacto que sufrirán las grandes empresas que deberán desprenderse de parte de sus activos. Y, pese a lo significativo de los cambios que se avecinan, poco se ha dicho respecto de cómo afectará en la vida de millones de argentinos el nuevo marco legal que regulará la actividad de la radio y la televisión. No hay secretos: aquello de lo que hablamos está delimitado por los medios, que imponen a su interés los temas de la agenda pública.

Allí lo principal: la ley de SCA abre el juego a más emisores y fija nuevos límites a las empresas, que pasarán de un máximo de 24 licencias de servicios abiertos de radio y televisión a 10. Los operadores de TV por cable no podrán ofrecer el servicio en más de 24 localidades ni a más del 35% de los abonados de todo el país. Hoy, el Grupo Clarín controla 244 licencias de radio y TV, es dueño de Cablevisión y Multicanal –por ejemplo, en nuestra ciudad no compiten; se dividen el territorio y fijan el abono– y participa en Cablevisión Digital, Teledigital Cable y Supercanal.

Clarín es uno de los holdings de medios que deberá redefinir su estructura; también el Grupo Uno, que opera cable y TV abierta en paralelo –algo prohibido por la nueva ley– y que, además, excede el número de licencias de radio: tiene 19, entre ellas La Red. En similar situación están Cadena 3, Telefónica y el grupo de capitales españoles Prisa, que controla Radio Continental, entre otros medios. El listado es largo; los “mapas de medios” que circulan por la web ayudan –y mucho– a entender cómo la concentración de emisoras atenta contra el derecho a recibir información veraz y confiable.

EL ESPÍRITU. El objetivo principal, está claro, es terminar con el oligopolio. Por eso los nuevos límites y las prohibiciones. Pero la ley no acaba allí. O, para ser más precisos, no parte de allí, sino que se basa en los cinco años de trabajo de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Conformada por más de 300 ONGs, la Coalición elaboró un documento con 21 puntos básicos para redefinir el marco legal de la comunicación audiovisual en el país. De movida, se la define como una “actividad cultural” y no como un mero negocio.

El antecedente principal es la lucha de las radios comunitarias, que desde la reinstauración democrática bregan por modificar la Ley de Radiodifusión firmada por Jorge Rafael Videla en 1980. El presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Daniel Fossaroli, dijo en la audiencia pública que se desarrolló en Santa Fe a fines de mayo: “Se trata de discutir qué modelo de comunicación queremos para nuestro país y de observar a quiénes no les conviene que se sancione esta ley. Creemos que todos nosotros debemos ser garantes de que la comunicación se democratice, no podemos librarla al mercado”.

Por eso está previsto que un tercio del espacio radioeléctrico quede en manos de entidades sociales y por eso la nueva norma prevé tres modelos posibles de gestión: el privado comercial, el privado sin fines de lucro y el estatal. Cuando rija la ley de SCA, universidades, gremios, ONGs y otras entidades de la sociedad civil podrán acceder a sus propias licencias. Así queda garantizado otro de los presupuestos del proyecto: la pluralidad de los mensajes y discursos que circularán en el espacio público, hoy digitados por unas pocas empresas.

Un mayor impulso a la difusión del cine nacional y la obligación para todas las señales de producir y emitir contendidos locales aparece como otra garantía de una mayor pluralidad. Permitirá, a la vez, la creación de más fuentes de trabajo en el campo de la comunicación (la concentración de medios, como en cualquier otro rama, precariza empleos y deprime salarios).

MÁS VOCES, MÁS IDEAS. Andrea Caldararo, licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA) y directora de Producción de Contenidos para Medios del Estado, elaboró un texto titulado “Una ley para que hablemos todos”, en el que incluyó a modo de epígrafe o cita una frase atribuida a Napoleón Bonaparte: “Le temo más a tres periódicos que a mil fusiles”. Caldararo trabajó en la anterior gestión Kirchner y continúa como funcionaria del gobierno actual, con el que los grandes medios se han ensañado –con más o menos motivo, (Indec, mineras y glaciares mediante) pero violando con obstinación reglas elementales del oficio– de una forma sólo comparable con el final de Fernando De la Rúa o la gestión de Arturo Illia.

La misma lógica consignada sobre la división territorial de empresas de cable socias o acerca del impacto de la concentración en el empleo se aplica a otro punto: a menor oferta de discursos, mayor posibilidad de que apunten en forma unidireccional a un fin particular. En clave política: allí donde los monopolios denuncian una intervención exagerada del Estado apenas si asoma una ley de neto corte liberal antimonopólica, que garantiza una competencia regulada políticamente (desde la tutela estatal) en lo referente a las dimensiones de las organizaciones mediáticas.

Luis Lázaro, coordinador general del Comfer –que será reemplazado por un sistema de control plural–, habló en la audiencia pública realizada en Santa Fe de los obstáculos que debió superar el proceso del “pasaje de una ley de la dictadura militar, potenciada por la dictadura del mercado, a un proyecto de comunicación democrático”. Destacó además los aportes que modificaron y mejoraron el anteproyecto, provenientes de “ciudadanos de distintos sectores de la sociedad: gremiales, empresarios, religiosos y militares, entre otros”.

COMPARACIONES. Son tan profundas las diferencias entre la ley vigente y el proyecto aprobado en Diputados –y que por estos días debate el Senado–, que apenas pueden referirse en un resumen incompleto. En primer lugar, se redefine el concepto de “libertad de expresión”, que según la dictadura está subordinada a la “seguridad” –la ley 22.285 está enmarcada en la Doctrina de la Seguridad Nacional que fundamentó el golpe de Estado de 1976–. El proyecto garantiza el derecho humano universal a la información y a la libertad de expresión –ONU, 1948– tal como lo prevé la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La ley 22.285 exige requisitos personales basados en la riqueza: preferencia aspectos patrimoniales de quienes están interesados en obtener una licencia; la nueva ley pone el acento en la idoneidad y el arraigo en la actividad. Además, el proyecto aclara: “Se excluirá a quienes hayan sido funcionarios jerárquicos de gobiernos de facto”.

Sobre de los contenidos de interés público, la normativa actual permite la codificación de las transmisiones deportivas, impidiendo el acceso abierto a la mayoría de la población. La nueva ley prevé que los partidos de fútbol relevantes puedan ser transmitidos por la televisión abierta. El primer paso fue la rescisión del contrato que ligaba a la AFA con Torneos y Competencias.

La ley firmada por Videla y ratificada por todos los gobiernos democráticos también prohibía la participación de cooperativas en el sistema de medios; el nuevo proyecto abre el espectro de prestadores y las incluye. La base de la ley de SCA es la libertad de expresión, que trasciende la libertad de prensa. Implica que el Estado intervendrá para garantizarla con una concepción bidireccional: el derecho corresponde no sólo a la posibilidad de decir, sino también a la oportunidad de recibir.

EXTRA, EXTRA!!!
Ley de medios: las posiciones de los 19 diputados nacionales santafesinos y de las principales figuras políticas

A favor

LOS SANTAFESINOS
Socialistas: Silvia Augsburger; Miguel Barrios; Mónica Fein; Elda Gerez; María Elena Martín; Pablo Zancada. Frente para la Victoria (FPV): Ana Berraute; Paulina Fiol; Gustavo Marconato; Agustín Rossi; Alejandro Rossi; Juan Héctor Sylvestre Begnis. Solidaridad e Igualdad (SI): Verónica Benas.
El socialismo y el FPV aportaron la misma cantidad de votos positivos. El SI es un viejo desprendimiento de uno –de los tantos– partidos de Elisa Carrió.

LAS FIGURAS
- Agustín Rossi. El extraño caso de un político que perdió la interna a gobernador en 2007 del PJ, obtuvo en la última elección menos del 10% de los votos y, sin embargo, resalta cada vez más como un engranaje indispensable –a fuerza de pulso negociador y de un alineamiento rígido– en la construcción política del gobierno, constituyéndose en una figura de alcance nacional.
- Silvia Augsburger. Como presidenta del bloque socialista, tuvo que enfrentar el acoso mediático por el apoyo global del PS al proyecto. Diferenciándose de la UCR, en tanto partido con poder territorial (el gobierno de Santa Fe), presencia en el Senado (Rubén Giustiniani) y discurso republicano-institucionalista, aportó con su presión –y su coherencia respecto de sus posiciones históricas– a las modificaciones del texto, sobre todo en lo referente a la pauta oficial y a la autoridad de aplicación.
- Claudio Lozano y Pino Solanas. Tras haber absorbido prácticamente todos los votos de la centroizquierda de la ciudad de Buenos Aires, con el Proyecto Sur, la posición del legislador y del cineasta y diputado electo le otorgan la “garantía por izquierda” al texto. Por otro lado, demostraron que pueden asumir posiciones de diálogo sin perder su postura opositora. Su presión fue fundamental respecto de la modificación relativa a las telefónicas.
- Margarita Stolbizer. De cuño radical, la líder del GEN –aliada de Elisa Carrió en Buenos Aires e integrante del Acuerdo Cívico y Social; bisagra negociadora con el vicepresidente Julio Cobos– no dudó en sostener la legalidad y legitimidad del actual Congreso para la discusión del proyecto.

LOS ORADORES
Fuera de los indicados, cuyas exposiciones cobran peso por su posición en el arco nacional, tuvieron intervenciones destacadas Ariel Basteiro, de Encuentro Popular y Social, Eduardo Macaluse, de Solidaridad e Igualdad y, sobre todo, Carlos Raimundi, también del SI, y la encendida intervención de María Carolina Moisés, del FPV. El cierre a cargo de Agustín Rossi incluyó el reconocimiento explícito hacia los verdaderos motores del proyecto: las organizaciones que conformaron la Coalición por una Radiodifusión Democrática.

APOSTILLAS
Poniendo la cara. El antiguo conductor de Cablín y de TVR, Claudio Morgado, de Forja, circuló por diversos canales de aire y de cable –cuando le dieron espacio– defendiendo el proyecto y afrontando situaciones que hubieran sido graciosas de no ser por su gravedad. Apelando a la letra del articulado, al análisis semiótico de la pantalla y al manejo de la dinámica periodística, supo sostenerse en los embates.
Bloques provinciales y de centroizquierda. Plantearon sus diferencias en el fondo y en las formas. Fuera de los ya mencionados están la Concertación (radicales K), el Proyecto Progresista de Tierra del Fuego, el Frente Cívico por Santiago, el Partido Nuevo Contra la Corrupción de Córdoba, Dignidad Peronista de Misiones, Peronismo Jujeño, Guardia Peronista de Buenos Aires, Renovador de Salta y el diputado Eduardo Lorenzo Borocotó.
La emoción; el diálogo. Tras la votación, festejaron en los palcos las organizaciones sociales. Inmediatamente irrumpió la marcha peronista, coreada por la bancada del FPV. Y luego, tras algunos intentos de composición por el presidente de la Cámara, Silvia Vázquez, de Forja, dijo: “Después de 26 años, la emoción de venir a cumplir con una promesa hecha al pueblo argentino es muy grande. Lo que les quiero pedir –como nosotros, los que tenemos origen radical que quedamos en las bancas, somos poquitos– es que me acompañen con un ‘Alfonsín, Alfonsín’.” Toda la asistencia coreó y vivó el apellido del ex presidente –que en su momento trató de impulsar una nueva Ley de Medios y no pudo ante la resistencia corporativa–, mientras la diputada fue reconocida por sus pares.

En contra por ausencia

LOS SANTAFESINOS
Santa Fe Federal: Walter Agosto; Ariel Dalla Fontana; Jorge Alberto Obeid. UCR: Pedro Juan Morini. Coalición Cívica (CC): Fabián Peralta; Susana García.
El reutemannismo y los viejos nombres de la UCR se alinearon con las posturas impulsadas a nivel nacional por la CC, la UCR y Unión-Pro, fogoneadas sin mucho éxito desde los multimedios.

LAS FIGURAS
- Oscar Aguad. El jefe de la bancada de la UCR puso el énfasis –fue su principal argumento en el recinto– en cuestiones de procedimiento formal que no fueron tenidas en cuenta, por ejemplo, cuando se sustanció el debate por la 125. En TN declaró, frente a Agustín Rossi, que su apoyo a la ley dependía de la modificación del artículo que implica su aplicación. Su propuesta era extender la situación actual durante 10 años, para luego sí poner en acción la ley.
- Francisco De Narváez. El dirigente que actualmente compite por el dominio de Unión-Pro con Mauricio Macri y Felipe Solá se vio opacado por los repetidos señalamientos en relación con su doble condición de diputado y participante propietario del multimedios América, junto a Daniel Vila y José Luis Manzano (Grupo Uno). Construyó su posición junto Jorge Sarghini, Federico Pinedo, el reutemannismo y sus proximidades entrerrianas.
- Acuerdo Cívico y Social. Las fisuras al interior del sector liderado por Elisa Carrió recorrieron de diferentes modos al grupo. Hubo diputados que querían quedarse y votar en contra (en lugar de ausentarse), mientras que Stolbizer repetidamente avaló tanto el debate como el espíritu del proyecto. Y el socialismo, con la excepción de una legisladora cordobesa, votó a favor (cuestión que también provocó tensiones al interior del Frente Progresista en Santa Fe).
- Fernando Iglesias, Silvana Giudici. El dirigente del ARI porteño y la diputada de la UCR, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, se dedicaron a repetir las reflexiones, posturas e interpretaciones –la letra, para ser más concretos– proveniente de los multimedios, cubriendo una cuota de pantalla, un centimetraje de papel y una condescendencia completamente inusitados.
- Norma Morandini. La periodista, representante de los cordobeses, patinó varias veces en medios y espacios institucionales repitiendo que el proceso de discusión social de la ley, previo a la presentación en el parlamento –en Santa Fe asistieron 200 personas al foro, que se realizó el 29 de mayo en el auditorio de ATE y que reflejamos (casi en soledad mediática) en el número 38 de Pausa–, se trató de un falso debate, un “simulacro”.

LA RETIRADA
La última vez que se dio un gesto de vaciamiento de este calibre fue durante la Convención Constituyente de 1994, con la retirada del Frepaso de Chacho Álvarez y Pino Solanas al momento de la votación del Núcleo de Coincidencias Básicas. En ese entonces, lo central de la reforma de la Constitución –reelección quería Menem; tercer senador por provincia Alfonsín– no sólo había sido discutido en privado entre los dos dirigentes (Pacto de Olivos) sino que, además, se presentó por ley a paquete cerrado.Desde un provocado desconocimiento de la letra del proyecto (que es de dominio público desde marzo, cuando se presentó el anteproyecto, o desde 2004, cuando se comenzaron a discutir los 21 puntos), una negación completa a negociar reformas al articulado (cosa que sí realizó, con gran éxito, la centroizquierda; el PS comunicó que las seis modificaciones centrales que propusieron se volvieron letra) y una impugnación –justificada; para nada suficiente– del proceso formal, la UCR, la CC, Unión-Pro y el cobismo mantuvieron una posición que, lógicamente, se mantuvo y reprodujo en base a los fantasmas: “ley chavista”, “fascismo”, “ley mordaza” y “chequera”, entre tantos otros descalificativos.