El juicio del año, o el año del juicio

Seis represores santafesinos juzgados por delitos de lesa humanidad: un hecho que marca una bisagra histórica.

Por años, casi por tres décadas, pensaron que nunca se sentarían en el banquillo. Pero un día les llegó el día: fue el 1º de septiembre, cuando comenzó la etapa de audiencias de la llamada Causa Brusa, por la que se juzgan delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura en la ciudad de Santa Fe. Víctor Brusa pasó a la historia como el primer funcionario de la Justicia que debe enfrentar un tribunal en una causa por derechos humanos; a su lado, cinco ex agentes de la Policía provincial acusados por secuestros y torturas también debieron enfrentar a sus víctimas, pero ahora con otra relación de fuerzas, como definió uno de los querellantes.

Ellos son el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada Juan Calixto Perizzotti, su secretaria y mano derecha María Eva Aebi, el ex jefe de la Comisaría 4ª Mario Facino, el ex agente de Inteligencia Eduardo Ramos y su colega Héctor Romeo Colombini; sobre estos últimos dos, además de los otros cargos, pesan denuncias por violaciones contra mujeres detenidas; una de las abogadas de la querella pidió que el tribunal considere por separado esos delitos antes de dictar sentencia.

La presencia de los ex policías revela una ausencia evidente –la de los militares que encabezaron la represión ilegal– y otra más difusa pero no por ello menos importante: la de los responsables civiles en el sostenimiento por más de siete años –entre marzo de 1976 y diciembre de 1983– de un régimen sustentado a fuerza de muertes, torturas y una larga lista de ilícitos cuyo objetivo de fondo –más allá de la eliminación lisa y llana de personas– fue instaurar un nuevo régimen económico y social de miseria popular y riqueza rentística de las elites.

El proceso que decantó en el juicio oral y semipúblico que se desarrolló en los últimos tres meses y medio comenzó una década atrás, cuando algunos de los querellantes llevaron sus denuncias ante el juez español Baltazar Garzón. Estaban vigentes aún las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, por lo tanto en los tribunales argentinos las vías de acción permanecían clausuradas.

Los pedidos de extradición tramitados por Garzón fueron rechazados por el gobierno de Fernando De la Rúa; ya bajo el mandato de Néstor Kirchner las leyes de impunidad fueron derogadas por el Congreso y la Justicia Federal pudo reabrir procesos por derechos humanos. En ese contexto se inició la parte previa del histórico juicio. El juez Reinaldo Rodríguez llevó a cabo la instrucción; luego debió apartarse de la causa, pero antes de que se vencieran los plazos legales Leandro Corti la elevó a juicio.

Allí empezó un trabajoso proceso, cuya parte más dificultosa fue la constitución del tribunal. Una treintena de abogados sorteados para el cargo de conjuez desistieron –cuando no fueron recusados– por sus vínculos con Brusa, que desde su ascenso a juez federal –en 1992, bajo la presidencia de Menem y con Reutemann en el gobierno de la provincia– tejió una compleja red de complicidades en el interior de la justicia federal.

Esa red no se desarmó con el jury que acabó con la carrera judicial de Brusa, pero el trabajo de querellantes, organismos de derechos humanos y víctimas permitió que la causa no se cayera. Finalmente, el tribunal quedó constituido por un juez subrogante, Roberto Manuel López Arango –del Tribunal Oral de Paraná–, y por dos conjueces santafesinos: Carlos Renna y Andrea Alberto de Creus.

En la etapa de audiencias hubo 98 declaraciones testimoniales y seis inspecciones oculares en lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención. Los relatos de las víctimas fueron por momentos estremecedores. No sólo comprendieron los hechos investigados, sino que de ellos resultó la reconstrucción de la historia –en fragmentos– de cómo operó la represión en la ciudad y cómo se configuró, en torno a ella, una vasta red de complicidades e impunidad que salpica a casi todas las instituciones.

También se recordaron otros hechos, acaecidos ya en democracia, como el reciclaje de represores: Nicolás Correa –muerto en 2007– como funcionario de Obeid en Seguridad; Ramos como personal de planta de la Municipalidad; Colombini ascendido a subjefe de Drogas Peligrosas, también bajo el mandato de Obeid. A tal punto llegaron las revelaciones que el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos pidió la investigación de 20 hechos que fueron ventilados durante las audiencias y que aún no fueron judicializados.

Al cierre de esta edición habían terminado los alegatos de las partes y el tribunal se disponía a preparar el fallo. Las querellas pidieron penas de entre 20 años y perpetua para los seis acusados, aunque la más viable –se estima– es que reciban 25 años de cárcel efectiva y común como pena máxima, puesto que los hechos no están encuadrados bajo la figura de genocidio. Previsiblemente, la defensa de los imputados planteó una batería de recursos: desde la nulidad del proceso entero hasta la absolución de los acusados.

Sea cual fuere la sentencia –que se conocerá, según fuentes del Juzgado, la semana del 21 de diciembre– lo cierto es que el juicio por la Causa Brusa es apenas el puntapié inicial de un proceso mucho más largo, cuyo objetivo de fondo no es otro que empezar a saldar las deudas que nuestra ciudad tiene con su pasado más inmediato.

Bonus track post edición: la noticia de la sentencia