La democratización de la palabra

Desbocados, rabiosos, los oligopolios de “la realidad” hoy responden con la destrucción del oficio de informar.

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de Medios, de Medios K, de Control de Medios o El Cepo fueron algunas de las etiquetas (oficial y no oficiales) que recibió la nueva norma que rige el funcionamiento de los medios audiovisuales de comunicación –radio y televisión– argentinos desde principios de octubre.

Santa Fe fue sede de dos audiencias públicas convocadas por el Senado y, antes, a fines de mayo, había albergado también uno de los debates en que se discutió el anteproyecto presentado en marzo. En los distintos encuentros, los actores más preocupados e involucrados en la tarea de comunicar debatieron y enriquecieron las perspectivas hacia una nueva norma. Candidatos a diputados, legisladores en pleno mandato, sindicalistas, trabajadores de la comunicación, empresarios, ciudadanos en su mayoría se pronunciaron por el reemplazo de la vieja Ley 22.285.

El gobierno nacional impulsó la idea de un amplio colectivo social para cambiar la ley que rige el funcionamiento de los medios. La ley de SCA abre el juego a más emisores y fija nuevos límites a las empresas, que pasarán de un máximo de 24 licencias de servicios abiertos de radio y TV a 10. Los operadores de cable no podrán ofrecer su servicio en más de 24 localidades ni a más del 35% de los abonados del país. Su objetivo principal es terminar con el oligopolio y se basa en los cinco años de trabajo de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Conformada por más de 300 ONG, la Coalición elaboró un documento con 21 puntos básicos para redefinir el marco legal de la comunicación audiovisual en el país. De movida, se la define como una “actividad cultural” y no como un mero negocio.

“No todos tenemos la posibilidad de llegar a un micrófono, o de editar un periódico, pero debemos tener la posibilidad de hacerlo y de informarnos a través del medio que elijamos. El Estado debe intervenir lo menos posible, pero sí debe asegurar la libre competencia entre los medios, evitar los monopolios y asegurar el acceso de toda la población”, dijo el abogado Domingo Rondina.

“Se puede afirmar que hoy el trabajador de prensa tiene un salario malo y esto va en contra de la libertad de expresión y la calidad de la información. La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura, no un simple negocio comercial. El papel del Estado es fundamental para definir una comunicación democrática”, opinó Aldo Quiroz, periodista de FM Chalet.

“La comunicación es un derecho humano y social que no puede asimilarse a un simple producto que se compra y vende, ni mucho menos que esté sometido a las reglas de la publicidad (privada o pública). Todos hablan de medios y ninguno discute cómo garantizar nuestro derecho humano y ciudadano a la comunicación”, escribió Alejandro Ramírez, profesor de Políticas de la Comunicación de la carrera de Comunicación la UNER.

El presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Daniel Fossaroli, sostuvo en la audiencia que se desarrolló en Santa Fe: “Se trata de discutir qué modelo de comunicación queremos para nuestro país. Creemos que todos nosotros debemos ser garantes de que la comunicación se democratice, no podemos librarla al mercado”.

El relator y periodista Victor Hugo Morales fue muy vehemente y reflexionó: “Conozco muy bien a quienes usan la libertad de prensa para lanzarse a todos los negocios. Los conozco del fútbol, los conozco por el robo que durante quince años hicieron del fútbol, una estafa... que no solamente iba contra el fútbol, sino que era otra estafa que tenía que ver con millones de personas que quedaban afuera de la posibilidad de ver el fútbol; por supuesto, la gente más modesta. Era una doble estafa. Yo veía solamente la que cometían contra el fútbol; ahora comienzo a ver, cuando se leen los ratings de televisión, la estafa que se cometía contra millones de personas que no tenían la posibilidad de ver lo que más aman, el fútbol”.

Otra de las personalidades que opinó fue Danilo Martínez, desde la FM Del Pueblo, la radio comunitaria de Desvío Arijón: “La ley creo que significa respetar los 21 puntos de la coalición, algo que se empezó a trabajar desde el foro Argentino de Radios Comunitarias con una tarea inclaudicabe de Néstor Busso. Cuando se presentaron los 21 puntos a la presidenta, teníamos muchas dudas por la presión que podían ejercer los grandes medios. Pero recibimos con una sorpresa gratísima: la propuesta de la Presidenta sobre la discusión en Audiencias Públicas para elevar el resultado final a las cámaras legislativas”.

Discutida luego en el Congreso, modificada en lo sustantivo por la centroizquierda, la discusión de la ley de SCA fue un ejemplo de debate democrático.