La recuperación de empresas por sus trabajadores se muestra cada vez más como la mejor salida productiva.
La crisis mundial también dejó su huella en Santa Fe. En marzo, 11 mil trabajadores estaban afectados en sus fuentes laborales, 79 empresas habían iniciado expedientes preventivos de crisis y otras 105 tenían pedidos de auxilio económico para poder pagar los salarios. La estadística oficial más reciente que ubica a Santa Fe como capital de la desocupación con 13%, muy por encima de la media nacional que está en 9,1%.
Desde el Ministerio de Trabajo de la Provincia y la Nación se abogó por conservar las fuentes laborales, antes de empeorar la situación con despidos. Desde la provincia, Carlos Rodríguez decía por entonces: “en general se pudo controlar la situación, salvo los despidos que se produjeron en el comercio, pero presumimos que hubo otros despidos en el sector no estructurado de la economía: trabajadores que estaban en negro o eventuales”. La situación descripta se repetía en gran parte de la provincia, sobre todo en el sur y el sector metalúrgico. Mientras tanto, la capital santafesina era una rara excepción debido a su numeroso empleo público.
La cartera laboral no era la única que se ocupaba de preservar fuentes laborales genuinas, sino que en la Legislatura se tomaba nota de un caso muy particular: la expropiación de la Textil San Justo, una fábrica tomada por sus propios empleados. El 28 de mayo la Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto del senador por San Justo, Rodrigo Borla, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación a las maquinarias, herramientas y otros bienes de la firma San Justo S.A. a fin de entregar con las seguridades que otorga la ley los medios de trabajo para la Cooperativa 15 de Febrero Limitada. La cesión definitiva de la llave de la fábrica ocurrió el 5 de octubre. Ese día, el juez civil y comercial de la 10ª nominación, Dr. Eduardo Sodero, que tenía a su cargo el proceso de quiebra de la industria, resolvió entregar la propiedad a sus 150 empleados. La fábrica textil está ubicada en la Ruta Nacional n° 11 en uno de los ingresos de la ciudad del norte santafesino. La empresa, al momento de sancionarse el proyecto, se encontraba parada hacía dos años; antes de su cierre tenía 120 empleados. El proceso de recuperación fue posible gracias al esfuerzo conjunto de las organizaciones sociales de San Justo.
Hasta su cierre en 2007, la fábrica textil significaba uno de los principales motores económicos de la ciudad. El intendente sanjustino, Marcelo Mauro, dijo al momento de la expropiación que la textil estaba “en un buen momento”. Sin embargo, muchos recordaron que la planta en su mejor época llegó a tener 300 empleados. Se radicó en la ciudad en 1974, se dedicaba a procesar el algodón de tercera fibra y lo transformaba en tela estampada, teñida o cruda. En su tipo, son muy pocas las existentes en el país.
En 2007 fue el año del gran caos: la firma quedó absolutamente paralizada tras no tener energía y despedir a más de 100 empleados después de adeudarle varios meses de sus salarios. Allí comenzó el peregrinar de los empleados que protestaban para conservar su fuente de trabajo.
En simultáneo con las movilizaciones que llevaban a cabo, en 2008, los trabajadores alquilaron un galpón para seguir produciendo y así la estructura se montó en un nuevo lugar de casi 750 metros cuadrados. Los empleados nunca dejaron de trabajar y en el inmueble alquilado se ajustaron los detalles de 20 telares planos.
La historia contada es el caso inverso a lo ocurrido en la ex Terrabusi, actual Kraft, en la cual se nota el molde de las actitudes de las empresas transnacionales que despidieron a una numerosa cantidad de trabajadores, sin importar las políticas sociales para evitar los grandes cimbronazos que provocan los ceses laborales. En el caso de la empresa radicada en Buenos Aires es posible citar las interminables protestas de los trabajadores, las largas negociaciones entre la firma multinacional, el sindicato y el estado nacional, que devino en la reincorporación de la mayoría de los cesanteados y el cambio de signo político en la comisión interna de la fábrica.