Veneno hasta en la milanesa

Una patria de soja transgénica sin estómago ni testículos: rounduplandia resiste los informes de los científicos.

El fallo judicial que ratificó el recurso de amparo de los vecinos de San Jorge, por el que se disponen nuevos límites a las fumigaciones aéreas y terrestres, fue celebrado por los grupos ecologistas que vienen trabajando sobre la cuestión y por los sectores políticos que acompañan sus reclamos. La Justicia fijó en 800 metros, respecto de las poblaciones, la distancia obligatoria que se deberá respetar para la aplicación de agroquímicos vía terrestre –con los llamados “mosquitos”– y en 1.500 metros el límite para las fumigaciones aéreas. El fallo de la Cámara de Apelaciones N° 2 de Santa Fe, fechado el 9 de diciembre, ratificó lo decidido en primera instancia por el juez Tristán Martínez ante un recurso presentado por vecinos de San Jorge –departamento San Martín– en abril; en la sentencia se establece que hay evidencias sobre las “consecuencias severas para la salud” de los afectados directos y de sus hijos.

La aparición de enfermedades desconocidas, el aumento de casos de cáncer y abortos, la multiplicación de enfermedades respiratorias constituyen un escenario nuevo, visible en los últimos años. Desde la introducción de la soja RR –resistente al Round Up– en 1996, la producción, la venta y la aplicación de agroquímicos creció de un modo previsible si se atienden las distintas variables: por un lado, la expansión de la superficie cultivada con soja, hoy estimada en 19 millones de hectáreas en todo el país; por el otro, la modificación de los hábitos de uso. En 1989 se vendieron unos 30 millones de litros de plaguicidas; en 2006, 236 millones. En 1989 se aplicaban dos litros por hectárea al año; en 2006, tres litros y medio. El preferido, Roundup: un plaguicida a base de glifosato el más vendido en el país.

“Tras diez años de expansión, el lado más oscuro del boom sojero se está haciendo notar”, señalaron tras el fallo la diputada kirchnerista Claudia Saldaña y los ambientalistas del Cepronat (Centro de Protección a la Naturaleza). El Cepronat acompañó la medida judicial de San Jorge y organizó en paralelo la campaña “Paren de fumigar”, con la que recorrieron la provincia promoviendo el activismo –y en particular la vía judicial– contra las fumigaciones indiscriminadas. Los fundamentos del fallo de Cámara incluyen citas de casos puntuales registrados en los pueblos fumigados y hace hincapié en los daños colaterales de un modelo que se aplica en una amplia región del país y que tiene epicentro en la provincia de Santa Fe. Una provincia en la que los casos de cáncer gástricos y de testículos triplican la media nacional.

Recientes ensayos de laboratorio realizados en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demostraron la toxicidad del glifosato en organismos acuáticos. Los investigadores probaron que puede afectar la fecundidad de microcrustáceos que componen la base de la cadena trófica. El herbicida no afecta su sobrevivencia, pero sí el recambio generacional.

Otra investigación, del grupo de Medio Ambiente del Intec (UNL-Conicet), detectó restos de glifosato en milanesas de soja e incluso residuos de endosulfán en aceites. “Se encontró glifosato en las milanesas secas, aunque no en cantidades altas, pero significa que luego de los procesos industriales se siguen hallando residuos. También se trabajó en aceites y allí había residuos de endosulfán”, dijeron los investigadores, que lograron demostrar que las sustancias permanecen en los granos maduros y verdes, y aún en alimentos ya procesados, aunque en cantidades permitidas. Además, en el suelo usado para la siembra, lo que contamina las capas freáticas.

El equipo también realizó pruebas en alimentos a base de soja para ver si los tóxicos permanecían después de toda la elaboración. Analizaron tofu –una especie de queso–, leche de soja y milanesas húmedos y secos. Encontraron residuos de glifosato en las milanesas secas que se venden en supermercados y despensas.

A principios de año, un estudio del investigador del Conicet Andrés Carrasco había encendido la mecha. El Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet comprobó que con dosis hasta 1.500 veces inferiores a las utilizadas en las fumigaciones sojeras se producen trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. Esa investigación sirvió como fundamento para que la Asociación de Abogados Ambientalistas lleve el tema a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde pidieron la suspensión de la venta y de la aplicación de glifosato en todo el país.

El pedido no prosperó, pero a lo largo del año se sucedieron las investigaciones científicas.