Los gremios de la comunicación, unidos, lograron revertir los despidos de Rosario; ¿lo conseguirán en Santa Fe?

LA FUERZA DE LA LEY. Una marcha masiva le torció el brazo al Grupo Uno. Pero los conflictos se multiplican. Las amenazas en El Litoral, el rol de “los traidores” y una radio por la ley de medios.

La aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada el año pasado por amplia mayoría, sigue trabada por un peculiar fallo de la Justicia de Mendoza: un mamarracho formal que, precisamente, apunta a cuestiones de forma en el procedimiento de la sanción. Movilizaciones en todo el país –coronadas el jueves con una multitudinaria, en Buenos Aires– dejaron al descubierto las maniobras de los principales multimedios nacionales: impulsar presentaciones judiciales y castigar a los sectores que acompañaron la ley que motorizó la Coalición por una Radiodifusión Democrática.
A tal punto quedaron en evidencia las empresas concentradas de medios que acabaron generando una reacción popular pocas veces vista: autoconvocados a través de las redes sociales de Internet organizan cada semana manifestaciones para exigir la inmediata aplicación de la nueva ley. En Santa Fe ya hubo dos: la primera en la plaza Pueyrredón y la segunda en la plaza del Soldado. La estrategia de frenar en la Justicia la puesta en marcha de la ley aparece como débil y, envalentonados, quienes simpatizan con la premisa de un sistema de medios más plural se largaron a exigir respeto al Congreso.

EL CASO LA CAPITAL. El poder de las organizaciones sociales quedó de manifiesto en el conflicto del multimedios La Capital, controlado por el Grupo Uno de Daniel Vila y José Luis Manzano. El holding de medios –con diario propio en nuestra ciudad– despidió el mes pasado a 26 trabajadores de las radios LT3 y LT8 de Rosario, de su propiedad. La justificación que filtró la empresa fue la fusión de las dos emisoras, ya que la nueva ley prohíbe a un mismo dueño explotar dos licencias de AM en la misma ciudad. Con la intención de convertirlas en una sola radio, enviaron los telegramas de despido.
La reacción gremial fue tan apabullante que el Grupo Uno acabó dando marcha atrás. Encabezados por el Sindicato de Prensa de Rosario, todos los gremios vinculados a la comunicación hicieron causa común con los despedidos. Y de allí alumbró un hecho con pocos precedentes: los trabajadores del diario La Capital pararon el matutino –el más antiguo del país– durante 10 días, algo que había ocurrido por última vez en 1974. Una marcha masiva a la sede del diario –entre 4.000 y 7.000 personas según distintas fuentes– y la intervención de los ministerios de Trabajo de la provincia y de la Nación torcieron a la patronal.
El multimedios reincorporó a los 26 empleados echados cuando la CGT y la CTA preparaban una marcha conjunta desde Buenos Aires hasta Rosario. El vacío político en torno al Grupo Uno fue casi absoluto. En la marcha del sábado 3, el secretario general del Sindicato de Prensa Edgardo Carmona hizo un reclamo concreto: que el Estado –desde el gobierno central al Concejo municipal– suspenda la pauta oficial a todos los medios del holding hasta que se reincorpore a los trabajadores despedidos. Presente en ese acto, el diputado Agustín Rossi se comprometió a gestionar ese pedido ante la Nación.
Jaqueados, Vila y Manzano retrocedieron una casilla y, la semana pasada, los 26 empleados reingresaron en las radios. Una vez que se ponga en marcha la ley, el multimedios tendrá un año para desprenderse de una de las licencias. El sindicato –que contra la “explicación” de la fusión denunció que los despidos fueron una represalia por el abierto apoyo a la nueva ley de medios– ya avisó que la responsabilidad de la empresa es garantizar la continuidad de las fuentes laborales.

EL CASO EL LITORAL. El otro diario tradicional de la provincia, El Litoral, también está en crisis y no por la nueva ley de medios sino por las continuas deficiencias en la gestión empresarial. Sus trabajadores junto a los de Cable y Diario están en asamblea desde principios de año. El martes resolvieron por unanimidad rechazar “las continuas violaciones a la ley que comete la empresa”, tal como explicaron desde la Asociación de Prensa de Santa Fe.
La firma que edita el vespertino y controla la señal de cable viene pagando sueldos y aguinaldos en cuotas, no cumple con los aumentos ya acordados y desconoce derechos básicos vinculados a las condiciones de trabajo. “Todo esto con el agravante de querer intentar avanzar con una reestructuración del diario y el canal, que significaría un 20% de despidos sobre el personal, suspensiones, reducción de la jornada laboral, recategorizaciones y multifuncionalidad”, denunció el gremio local.
En la asamblea del martes –en la que estuvieron acompañados por dirigentes de gráficos y de televisión– los trabajadores de El Litoral concluyeron que el fracaso de las negociaciones que se vienen llevando a cabo en el Ministerio de Trabajo de la provincia “es exclusiva responsabilidad de la patronal” y decidieron poner en marcha acciones para garantizar la continuidad de sus empleos, la defensa de sus salarios y el cumplimiento de las leyes y los convenios vigentes.
La crisis en El Litoral se agudizó tras la millonaria inversión concretada el año pasado en sociedad con Clarín, cuando ambas empresas pusieron en marcha la planta impresora AGL en el Parque Industrial de Sauce Viejo. “El Litoral amenaza con una batería de medidas contra los trabajadores pretendiendo con esto obligar a su personal a financiar su sociedad con el Grupo Clarín en AGL, la que significó hasta el momento para la empresa una inversión de al menos 10 millones de pesos. Mientras pretende reducir salarios y echar trabajadores, esta semana aportará una capitalización cercana a los 500.000 dólares en AGL”, afirmaron desde la Asociación de Prensa.
“El conflicto es claramente una consecuencia directa del millonario emprendimiento de ambos grupos empresarios, inversión que, fruto de la propia impericia empresaria, el grupo Víttori-Caputto (dueños de El Litoral) ahora no puede afrontar y recurre a presionar a sus trabajadores para financiar los créditos que tomó a tal efecto”, comunica el gremio. “Las dificultades de hacer frente a los créditos bancarios ya significaron el pago en cuotas de los aguinaldos y sueldos, sin los aumentos acordados, el no cumplimiento de numerosas obligaciones laborales”. Se suma a eso la presentación de un Proceso Preventivo de Crisis, con “la intención de reducir en un 20% el personal (actualmente son 240 empleados), bajar salarios y producir suspensiones”.

LOS “TRAIDORES”. Mientras duró el paro en La Capital, el diario siguió saliendo a la calle. ¿Cómo? La empresa logró editar una versión muy desmejorada, impresa unos días en Buenos Aires, otros en Paraná –donde el Grupo Uno tiene una planta– y el resto en Mendoza, ciudad cabecera del holding de Vila y Manzano. Esas ediciones –llamadas “off shore” en Rosario– se armaron desde Santa Fe y alcanzaron a circular en algunos kioscos de la ciudad del sur de la provincia. En la mayoría, los propios canillitas se negaron a venderla en solidaridad con los trabajadores que estaban de paro.
El director periodístico del diario Uno de Santa Fe –Juan Raúl Santos “Pilo” Monzón– y sus secretarios de redacción –Mauro Bacca y Maximiliano Marano– se encargaron de confeccionar el matutino rosarino. La indignación de los gremios de prensa derivó en un escrache en la puerta del diario, en el que los manifestantes pintaron leyendas contra los tres periodistas. El Sindicato de Prensa de Rosario emitió un comunicado titulado “Tres tristes traidores (a la causa de los trabajadores)”. Ahí se puede leer: “Pilo Monzón, tal como se hace llamar, es un periodista de una triste historia en la ciudad de Santa Fe. Son conocidas sus actitudes de verdugueo hacia el interior del diario que dirige”. Para el gremio, el director del Uno es el “comisario político de Vila y Manzano”.
El comunicado agrega: “Pueden dar fe los trabajadores de prensa que se desempeñaron en ese diario, y los que aún hoy siguen allí, de las trapisondas que estos tres tristes tigres han hecho a sus propios compañeros, como capangas de la empresa, para abortar cualquier intento de mejora en las condiciones laborales (...) A instancias de Pilo Monzón, Mauro Bacca y Maximiliano Marano se hicieron cargo de carnerear el histórico paro de los trabajadores del multimedios La Capital (...) redactando la edición fantasma que la empresa pretendió editar en Rosario”.

RADIO ABIERTA. Como contracara de los conflictos y las traiciones, las organizaciones sociales continuaron impulsando la entrada en vigencia de la nueva ley de medios. En la Peatonal San Martín, la semana pasada, la Coalición por una Radiodifusión Democrática organizó una radio abierta para exigir la inmediata aplicación de la ley y allí se acercaron a dar su apoyo una veintena de dirigentes políticos, sociales y gremiales de la ciudad. El objetivo fue difundir ante la sociedad las trabas que vienen frenando la puesta en marcha de la ley. Se aprovechó para juntar firmas en planillas que ayer llevaron a Buenos Aires.
Hubo un programa especial que se transmitió por la red de Farco (Federación Argentina de Radios Comunitarias), por Radio Nacional Santa Fe y por Radio General Urquiza de Paraná, emisoras ambas que forman parte del sistema de medios públicos, bajo la consigna “Por la efectiva e inmediata aplicación de la ley 26.522”. Ninguno de los que opinaron dejó de señalar lo sospechoso que resulta que el fallo que mantiene frenada la ley provenga de Mendoza, lugar de origen del Grupo Uno. Hablaron el delegado del Comfer Leandro Busatto, el diputado Antonio Riestra, el secretario de Comunicación Social del gobierno provincial Rubén Galassi, el intendente de Santo Tomé Fabián Palo Oliver, los concejales Luciano Leiva y Adriana Molina, el secretario general de Sadop Pedro Bayúgar, la delegada del Inadi Stella Vallejos y la presidenta de la Federación de Vecinales Mónica Ledesma, además de productores audiovisuales independientes, funcionarios municipales como Marta Fassino, los responsables de la radio comunitaria de Santa Rosa de Lima y dirigentes de los distintos sindicatos de la comunicación.