ONGs de la ciudad y un concejal opositor cuestionaron al Municipio por “la ausencia de políticas integrales” dirigidas a los niños de los sectores más vulnerables. Desde el oficialismo dicen que no hay que focalizar. Hay un profundo malestar en las ONGs de la ciudad por las políticas oficiales de infancia. “De las actividades que desarrolla el municipio surge claramente la ausencia de políticas integrales y abarcativas que tiendan a modificar la situación existente y que generen una esperanza de cambio para los chicos”, se quejaron en un documento difundido la semana pasada, que lleva la firma de una veintena de asociaciones entre las que se cuentan Caritas, la CGT, la CTA y la Federación de Vecinales. Todo empezó en febrero, cuando se aprobó en el Concejo Municipal el presupuesto 2010. A pedido de Luciano Leiva, inicialmente se incluyó una partida de seis millones de pesos para proyectos del Consejo Municipal de la Niñez y la Adolescencia, órgano creado por el intendente Mario Barletta e integrado por representantes del Estado municipal y de las ONGs de la ciudad. Leiva se había ilusionado: “El Consejo de la Niñez podrá plasmaren realidades algunas ideas y proyectos que fueron debatidas en estos últimos años sin la suerte, hasta ahora, de poder concretarlos por la falta de fondos correspondientes, que habían sido negados sistemáticamente”. La idea del concejal: trabajar sobre los chicos en situación de riesgo social, apuntando a salud, educación y otras áreas de desarrollo. “El Estado se tiene que hacer cargo de ayudarlos a salir de una situación de la cual, en caso contrario, no podrán hacerlo”. Pero Barletta vetó ese artículo –el número 40 de la ordenanza de presupuesto–y Leiva no ocultó su malestar:“El veto del intendente nos obliga a replantear el lugar que la niñez ocupa en las prioridades del gobierno municipal”. El monto que se había dispuesto originalmente equivale a menos del 1% del presupuesto municipal. “En abril de 2008 se sancionó la ordenanza que declaró la emergencia social y humanitaria en la ciudad, dados los altos índices de pobreza e indigencia que presentan niños y adolescentes”, argumentó el concejal opositor. “Esa ordenanza recreó un Consejo (el de Niñez y Adolescencia) para trabajar sobre políticas en ese sentido y se convocó a distintas instituciones públicas y sociales. Ese Consejo está presidido por usted, señor intendente”, le dijo Leiva a Barletta en una carta remitida en ese momento. El concejal recordó que el artículo13 se asignó el 2% del presupuesto municipal “para el desarrollo de los programas contemplados en esta norma” y que en el artículo 6 se estableció que una de las funciones del Consejo es “disponer de los recursos previstos en esta ordenanza”. “Más allá de la norma, aprobada con el voto de todos los integrantes del Concejo, hay razones más profundas, de índole política y moral, que obligan a atender las prioridades sociales, contando para ello con la participación de la sociedad, tal como lo dijo el oficialismo en innumerables oportunidades. Oficialismo que además tiene el deber de cumplir con la palabra empeñada, al momento de anunciar públicamente la puesta en vigencia de la ordenanza 11.470 de emergencia social y humanitaria en el año 2008”, agregó. “Decisiones de esta naturaleza, en una ciudad fuertemente marcada por la desigualdad y la falta de oportunidades para miles de niños y adolescentes, generan perplejidad, preocupación e indignación. Es hora de plasmar en hechos concretos aquello que se manifiesta desde el discurso. De poco sirve ensayar respuestas y brindar explicaciones que, bajo la forma de tecnicismos, pretenden ocultar las verdaderas prioridades del gobierno municipal”, concluyó el concejal Leiva. DESCARGO OFICIAL. Los representantes de la Municipalidad –en la voz del secretario de Desarrollo Social, Alejandro Boscarol– contestaron las quejas de las ONGs. Argumentaron que el municipio destina 98 millones de pesos para la infancia distribuidos en rubros como defensas contra inundaciones, obras de iluminación, instalación de cámaras en las calles, programas sociales, de infraestructura y de medioambiente. De un total de 257.434.354 pesos, 98.454.107 se asignan a niñez y adolescencia, según les explicó Boscarol a los referentes de las organizaciones sociales. La idea oficial es que toda obra desarrollada en la ciudad directa o indirectamente afecta a los niños, por lo tanto debe ser considerada para la infancia al menos en un porcentaje. Los funcionarios reconocieron que no creen en políticas focalizadas y que por ello vetaron el Fondo de Infancia. “La proporción de la población de entre 0 a 17 años es del 34%; en forma directa, el 34% del presupuesto general –98 millones sobre 257 millones– le llega a la niñez”, indicaron en un documento que entregaron a las ONGs. En el documento que emitieron Caritas, el Consejo de Pastores Evangélicos, la Red de Mujeres por Santa Fe, la Federación de Vecinales, el Foro del Oeste, la CGT, la CTA, el Foro de la Infancia, la RedProAme, la ONG Manzanas Solidarias, la Asociación de Protección a la Infancia, la ONG Juanito Laguna y la Asamblea Permanente Contra el Abuso se puede leer: “En relación con la ausencia de políticas y programas para la infancia en barrios pobres de la ciudad, se aludió a los límites presupuestarios que existen y a la diferente mirada que sobre el tema tiene el Ejecutivo”. UNA OPORTUNIDAD PERDIDA. Tras el veto de Barletta, las instituciones que firmaron el documento se reunieron dos veces. A la primera no concurrieron miembros del Ejecutivo municipal, a la segunda sí. “Se abrió un debate sobre las ideas que, luego de dos años, tenemos sobre las políticas y en particular sobre el Consejo de la Niñez y la Adolescencia”, explicaron. Durante estas reuniones, y particularmente en la segunda, que fue presidida por Boscarol en representación del intendente Barletta, se plantearon las siguientes cuestiones: -La negativa del gobierno municipal a articular un trabajo de participación del Consejo en la definición de los programas para la infancia, unos de los objetivos centrales de la convocatoria que se hizo desde la intendencia en esto dos años. -El reclamo sobre la prioridad que se establece en la ordenanza 11.470 respecto de la inversión en políticas sociales para la infancia y que, a juzgar por lo analizado y por el veto al fondo, no se cumple. -La ausencia de políticas integrales que tiendan a modificar la situación y que generen una esperanza de cambio para los chicos. Las entidades que participaron de esos encuentros llegaron a conclusiones poco alentadoras: “Nunca se han tenido en cuenta las propuestas y el trabajo desarrollado en las distintas comisiones del Consejo de la Niñez. No hay ninguna intención por parte del gobierno municipal y de su intendente por mantener un espacio de verdadera participación de la sociedad civil en este tema. No hay una decisión seria de establecer como prioritarias las políticas de infancia en situación de pobreza”. “Se pierde una oportunidad de utilizar una instancia de trabajo conjunto y de movilización entre Estado y sociedad civil en temas de alto contenido humano y social. Se frustra la expectativa de quienes durante dos años concurrieron a reuniones y creyeron en esa posibilidad. Y supone una preocupante definición pública respecto del presente y del futuro de los chicos en situación de pobreza e indigencia, lo que además plantea serias dudas sobre el futuro y la viabilidad de la ciudad en su conjunto y la continuidad de una deuda moral lejos de saldar”, concluyeron.Publicado en Pausa #54
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