Desempolvando notas sobre el campo de 2008...

Qué pueblo, qué conflicto

Por Juan Pascual

Fuera de todos sus relatos biográficos, la razón última del famoso voto del vicepresidente se expresa en una sola frase, que no le pertenece. “Esta ley no soluciona el conflicto”, dijo Julio Cobos en esa madrugada; toda la semana previa Mario Llambías, líder de las Confederaciones Rurales, había usado los mismos vocablos. Incluso pocas horas antes de la votación, en el acto del monumento a los españoles, repitió la consigna: “una cosa son los votos y otra cosa es la solución del conflicto. Pongan huevos señores senadores”.

El enunciado no significa poco: el “conflicto” no es algo que se da por obra de las fuerzas de la naturaleza, como un terremoto o un huracán. Y una “solución” no tiene por qué significar solamente la imposición del propio reclamo. Dentro de esa misma naturalización, en el mismo escenario, con la concisión que caracteriza a quienes están acostumbrados al mando, Luciano Miguens, de la Sociedad Rural, pudo decir que “ganemos o perdamos mañana, esta medida no va a poder continuar”.

Miguens y Llambías sencillamente daban cuenta de lo que las entidades (ellos mismos) iban a promover en las rutas. Si el conflicto existe naturalmente, naturalmente la medida no va a poder continuar porque, naturalmente, florecerán los cortes de ruta. Entonces, es lógico que el propio Miguens acabara de inmediato el asunto en el fin de semana: “El conflicto terminó”, anunció a los medios (y al resto de sus aliados). Fin y principio del conflicto, por ende causas y motivos, estuvieron trazados por los ruralistas. Cobos no hizo más que agregarle una línea a ese texto.

¿Qué hubiera pasado si el vicepresidente hubiera ratificado la resolución 125, modificada en la cámara baja? ¿Cobos le hizo bien a la república porque propuso el tratamiento legislativo del tema, porque participó en su debate o porque votó en su contra? ¿Hubiera sido, de todos modos, el adalid de la democracia y del pueblo si votaba en línea con el poder ejecutivo, del que es parte? ¿El hecho democrático radica en el tratamiento parlamentario o en el resultado de tal tratamiento? Para estas preguntas es preciso recordar la tarde previa a los discursos del senado. Frente a 300.000 personas De Ángeli dijo que “a los señores gobernadores que se pusieron del lado del campo, a los legisladores nacionales y a los intendentes: se van a poder pasear tranquilamente por su pueblo que el pueblo los va a agasajar y les va a reconocer. A los otros... ¡los otros perdieron la libertad!”.

El “pueblo” tampoco es una entidad natural. No preexiste a cómo se articule su sentido, cosa que tampoco es neutral. ¿Adónde empezaba y terminaba el pueblo argentino en 1800? ¿Y en 1809, 1811 o 1817? ¿Eran parte del pueblo argentino los bonaerenses, durante los tiempos de Urquiza? ¿Son argentinos los muertos que se festejan en una efigie y en un paisaje plasmados en el billete de 100 pesos?

Cual sea la definición de “pueblo”, quién la produzca, cuáles sean sus alcances y, sobre todo, quién queda afuera de ese planteo son cuestiones fundamentales para entender la racionalidad de un orden político, sus límites y sus fuerzas inmanentes. Bajo el “pueblo” se encuentra un colectivo superpuesto con el objeto de la acción del Estado, los habitantes en sus relaciones sociales. Y es el nombre de “pueblo” el que legitima las cisuras que el Estado produce en la sociedad, los abismos que surcan como rayos al cuerpo de la población.

El resultado de esta primera escaramuza por la renta agraria -cuyo campo de combate tuvo tres trincheras: la pantalla (del cable y de la cadena nacional), las rutas tomadas y las góndolas vacías o remarcadas- se cifra en el significado de “pueblo” y en la ubicación del “conflicto”. En las tres trincheras el gobierno equivocó todos los modos y modales (véase Pausa #1). La extemporánea actuación de la Gendarmería (que marcó el paso de la resolución al Congreso) y la (al menos) inerme posición frente a los oligopolios de producción y distribución alimentaria, de Quickfood a Molinos o Coto, en pos de controlar la inflación (acelerada por el desabastecimiento) sólo quedan por debajo de la alelada indiferencia frente al lenguaje de la videopolítica (que, guste o no, es una realidad ineluctable).

Las plazas televisadas no resisten la tragedia interna del PJ en la parafernalia de sus carteles; promueven una imagen de formas homogéneas y espectaculares. Más allá de sus orientaciones, la cacerola, la represión y las asambleas de 2001 (circunstancialmente, también los piquetes), las velas y el rostro de Blumberg, las banderas argentinas en 2008 comparten este lenguaje. Es que todo lenguaje es a la vez un límite y (por ello) una posibilidad. Justamente, eso quiere decir que no por gritar más alto un grupo de eslovacos van a comprender el castellano.

Por TV, el “pueblo” del gobierno quedó reducido a la figura del negro (véase Pausa #4) arriado al acto por un choripán y su “conflicto” se significó como un delirio setentista que poco tenía que ver con la así llamada situación de los pequeños y medianos productores. “Crispación” fue el término elegido para aunar los dos términos. Bastante interés mostró el gobierno en dejarse ubicar y en ubicarse en esa posición.

Y así, punto por punto, el “pueblo” y el “conflicto” del ruralismo ganaron el espacio de la conciencia cívica, del saber técnico, de la mesura fraternal. El tipo de significados que construyeron sí respetaban y se nutrían de los marcos del TV, del proceso de la protesta rutera y del horror de los consumidores urbanos por volver a 1989. La forma de naturalizar los sentidos de “pueblo” y de “conflicto” explica tanto la posibilidad de las citas referidas más arriba como el sonriente respeto reverencial de Joaquín Morales Solá, que rompiendo una regla elemental del oficio, como la repregunta, aceptó como dato cierto un aumento del 400% en el glifosato (al momento, la revista del sector consignaba un 68,2%. Y el herbicida compone cerca del 4% del costo total).

En el reverso de las dos articulaciones también estaban las consignas de la mesa de enlace: suspender la resolución 125 (causa única del “conflicto”) porque, en un muy lejano segundo lugar, podía afectar negativamente a los pequeños chacareros (núcleo de identificación del “pueblo”). Sobre estos dos puntos se articularon desde el históricamente devastador mito de la argentina granero del mundo hasta la nueva figura de una especie de tecnogaucho de gorrita, súperarado y siembra directa bajo el dictado de un paquete tecnológico transnacional (véase Pausa #9).

Ya empiezan a retirarse los cadáveres del campo de batalla (De Urquiza y Fernández fueron los primeros) y se inicia el trazado de las nuevas fronteras. Es el momento en que de las justificaciones a través de la opinión del “pueblo” y de los análisis producto de la naturaleza del “conflicto” se pasa a las regulaciones sobre la vida de la población. Es el momento en donde afloran los distintos límites internos concretos y en donde surgen algunas incógnitas.

Hoy, todos los productores pagan el 35%. Alegan preferir eso a la burocracia de las compensaciones. De todos modos, así se impone más aún el más eficiente (el más grande), perdurando el modelo sojero de Duhalde y Kirchner. En un futuro, en lo que surja de la negociación de una nueva curva de la alícuota, el beneficio para los pequeños y el ajuste para los grandes ¿será mayor, menor o igual a lo pautado en la 125 (fuera de todas las mejoras técnicas), o bien se considerará “mediano” a quien venda 3000 toneladas anuales? Alguien que con una sola cosecha tiene ingresos por $3.300.000, ¿no es un grande? ¿Qué representa la Federación Agraria? ¿Cuál es el precio a pagar por sentarse a la mesa con La Rural?

O más exactamente: ¿cuánto tiempo pasará antes de que implote el “pueblo” que supo construir esa mesa?

Publicado en Pausa #11, viernes 25 de julio de 2008