Bienvenidos a la era de la fumigación

En la provincia, la superficie cultivable llegó al límite, según reconoció en la semana el ministro de la Producción Juan José Bertero. El debate por el modelo agropecuario se acentúa a medida que se acerca el tratamiento, en la Legislatura, de la nueva ley que regulará el uso de productos químicos. Bertero ya marcó la cancha: dijo que es necesario “aumentar el uso del suelo y la productividad” ya que no hay más tierras disponibles. En paralelo, siguen las opiniones sobre cómo debe concebirse la norma que regulará el uso de agroquímicos en la provincia. El proyecto que votó la Cámara de Diputados establece un límite de 500 metros, desde la línea agronómica, para las fumigaciones terrestres y de 1.000 metros para las aéreas. El cambio generó rechazo en las entidades de productores: dicen, afectará sus ganancias. Tampoco conforma a los ambientalistas, que lo consideran permisivo respecto del fallo de San Jorge, que fija 800 y 1.500 metros respectivamente. El Senado aún no trató el proyecto, pero sus integrantes ya conversaron con profesionales y productores y prometieron estudiar cambios para suavizar –a favor de los rindes y a costa del ambiente– los efectos de la nueva ley.

EL PROYECTO Y EL CASO SAN JORGE. Bertero le puso reparos al proyecto para modificar la actual ley de agroquímicos al señalar que no se debería legislar sobre un producto puntual sino sobre la práctica en general: “Hoy hablamos de glifosato y mañana quizás hablemos de otra cosa, como ayer hablábamos de otros productos. A mí me parece que no hay que trabajar con un producto y que hay que escuchar las opiniones de quienes habilitan este proceso, como el caso de Senasa, que es la autoridad de aplicación”.

El ministro apelará a los trabajos de ese organismo nacional para cumplir con una de las disposiciones del fallo de la Justicia de San Jorge, que pidió al gobierno y a la UNL estudios nuevos sobre la toxicidad del glifosato. “El plazo no terminó; Fiscalía de Estado está trabajando en el tema para ver cuál es la respuesta final”. Bertero se quejó: “Primero, se nos convoca a nosotros y no se le da participación a Senasa. Y segundo, hay estudios realizados por universidades, encargados por la Nación, que no se han mencionado. Nosotros creemos que hay que tenerlos en cuenta”.

Según el funcionario, las conclusiones de esos estudios “no son tan categóricas sobre los efectos negativos” de los agroquímicos. Bertero volvió a pedir responsabilidad a las comunas y ciudades del interior que aún no definieron su línea agronómica –el final del ejido urbano–, elemento clave para aplicar la norma que, finalmente, termine sancionando la Legislatura. “Partimos de la base de que son productos tóxicos”, siguió el ministro.

“La aplicación tiene que ir de la mano de una receta extendida por un profesional y el aplicador tiene que estar habilitado, pero en muchos casos estas cosas no ocurren. Lo mismo con los envases. Si no hay una toma de conciencia de que un envase tiene un producto tóxico y que hay llevarlo al lugar determinado donde se le pueda dar un destino final, vamos a tener problemas porque se dejan los envases depositados en cualquier parte”.

MÁS SUPERFICIE, MÁS SOJA. En una jornada convocada por profesionales agrónomos para estudiar el proceso de la soja, Bertero advirtió: “En los últimos 30 años la superficie dedicada a la agricultura en la provincia aumentó un 30 por ciento, llevándonos al límite de la superficie apta para cultivo en función de la tecnología y los procesos que hoy tenemos. En el mismo período, la superficie destinada a soja aumentó un 320 por ciento. Por lo tanto, ante el escenario de oportunidades que nos da un mundo que demanda alimentos, estar a la altura de ese proceso será posible si trabajamos sobre tres variables: aumentar la superficie, intensificar el uso del recurso e incrementar la productividad. De esas tres, una –la superficie– está al límite. Entonces, si queremos aprovechar el contexto, debemos trabajar en aumentar el uso de ese recurso para incrementar la productividad”.

El ministro de la Producción recordó que la reforma de la Constitución Nacional, en 1994, “puso en mano de los gobiernos provinciales el cuidado de los recursos. En consecuencia, el recurso suelo es un bien público que todo debemos cuidar. A tal fin, el gobierno trabaja junto a varias instituciones en cuatro líneas: ordenamiento territorial o zonificación agroecológica, sustentabilidad de los nuevos procesos, contención social con inclusión social y empleo rural, y rentabilidad de las actividades agropecuarias. Esa red debe ser el primer engranaje de transmisión de las políticas agropecuarias: qué vamos a hacer con el suelo y con las aplicaciones que haremos sobre ese suelo. En ese marco, los profesionales son nuestra vía de transmisión de conciencia social”, les dijo Bertero a los agrónomos.

RECHAZO I. “El gobernador (Hermes) Binner y el Senado tienen la palabra”, señaló la Junta Promotora provincial de Proyecto Sur. En un comunicado firmado por Hugo Kofman (Santa Fe) y Silvia Bianchi (Rosario), pusieron en duda que el gobierno quiera resolver la nueva ley de fitosanitarios desde una perspectiva ambiental. Y atacaron la posición de la Sociedad Rural, entidad que al igual que la Federación Agraria criticó los cambios que introdujo la Cámara de Diputados a la norma vigente.

“La media sanción de la modificación de la ley de fitosanitarios establece una distancia mínima de 500 metros de las poblaciones para la fumigación terrestre con glifosato. Escasa protección y menor a la de 800 metros que estableció un fallo judicial en San Jorge y ratificó la Cámara de Apelaciones. A pesar de ello, la Sociedad Rural de nuestra provincia ha iniciado una fuerte campaña para que el Senado ni siquiera apruebe esta distancia y pretende reducirla a 200 metros”.

Los dirigentes de Proyecto Sur recordaron que las fumigaciones en la localidad de San Jorge tuvieron “efectos nocivos” para sus habitantes. “Pero no lo vemos al gobernador Binner acercarse a esa población para interiorizarse de la situación y buscar soluciones. Nos parece una falta de consideración que se niegue a recibir a las organizaciones ambientalistas, lo cual contrasta con su presencia en la Jornada de Soja para Profesionales”. Según Kofman y Bianchi, el gobernador “sostiene una posición afín a la de la Sociedad Rural”.

RECHAZO II. En el seno de la Federación Agraria tampoco gustó el proyecto votado en la Cámara de Diputados. Por eso los referentes de la entidad fueron al Senado y se reunieron con Griselda Tessio y con representantes de los dos bloques. Antes, los profesionales habían expresado sus objeciones ante los mismos interlocutores.

Los dirigentes de Federación Agraria manifestaron su desacuerdo con algunos puntos del proyecto y sostuvieron que su intención es que se logre una ley consensuada que priorice la salud de la población y no perjudique la producción. Pretenden, según anunciaron en la reunión, “llegar a una ley superadora que se base en controles efectivos, educación y manipulación responsable de los agroquímicos”.

Desde la entidad aseguraron que, de aprobarse el proyecto tal como lo votaron los diputados, se perderían muchas tierras productivas. El senador Juan Carlos Mercier puso como ejemplo la localidad de Avellaneda, del departamento General Obligado: afirmó que con la nueva ley se verían afectadas el 40% de sus tierras, volviéndose improductivas. Federación Agraria propuso que la ordenanza vigente en la localidad de Godoy (departamento Constitución) sea tomada como base para la redacción de la norma definitiva para el uso de agroquímicos en la provincia.

En el distrito Godoy, la ordenanza que rige desde 2003 y que fue modificada en 2008, se elaboró tomando como base a la ley 11.273 de fitosanitarios, que es justamente la que se pretende actualizar. Godoy y los pueblos cercanos (Oratorio Morante, Campo La Victoria) dependen de la producción de granos. Allí, por consenso comunitario, no se aplican productos de las denominadas bandan amarilla y roja –los más perjudiciales para la salud y el ambiente–, como endosulfán, 2,4 D, paracuat, metamidofos, clorpirifos y adherentes a base de nonilfenoles. Glifosato se puede usar, pero respetando la distancia mínima respecto de la línea agronómica.

INGENIEROS VS. AMBIENTALISTAS. Gerardo Severín, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia, opinó: “El proyecto que se aprobó en Diputados es muy distinto al que sugerimos nosotros. El nuestro es muy superador al que se aprobó. En la norma que recibió media sanción se fijan pautas que no son convenientes ni para la producción, ni para la sociedad”. El dirigente atacó a los ecologistas que vienen reclamando cambios a la ley vigente: “Muchos ambientalistas se equivocan porque tienen un profundo desconocimiento”.

“Nosotros tenemos nuestra visión técnica del problema. La legislatura puede determinar la cantidad de metros que le parezca para fumigar, pero si el producto se aplica mal, podemos perjudicar a la población. El tema no pasa exclusivamente por los metros que se establezcan como pulmón, sino por la aplicación. En el caso de las pulverizaciones periurbanas, las condiciones deberían garantizarse con un ingeniero agrónomo. Esta es la única manera de asegurar que el producto no llegue a la población”, añadió Severín.

El referente de los profesionales definió: “Nosotros defendemos el medio ambiente. Creemos que todos los sectores tenemos que juntarnos para luchar por un ambiente armónico que asegure la producción que necesitamos para darle de comer a la gente. Hay ambientalistas que se equivocan; tienen un profundo desconocimiento del tema”.

En la semana, Binner y Bertero compartieron tres actividades con productores y agrónomos: toda una señal sobre lo que se viene.

Publicado en Pausa #62