Por el fin de la apología

Por Ezequiel Nieva

Dos proyectos de ley que ingresaron en la Legislatura, un proyecto de resolución en el Concejo Municipal y un encendido artículo del jefe de Gabinete Aníbal Fernández marcan un viraje en la posición del Estado –en todos sus niveles– respecto de la libertad con la que los medios publicitan los “servicios personales” –un eufemismo que debe leerse como prostitución– y los falsos clasificados de empleo mediante los cuales las redes de trata de personas captan mujeres.

En medio de un debate creciente por la responsabilidad social de las empresas periodísticas, el Estado aparece ahora más decidido a intervenir para frenar una práctica muy arraigada: la publicidad de actividades que están penadas por ley y que, además, atentan contra la dignidad y la libertad de hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños.

NO MÁS PAUTA. La diputada Alicia Gutiérrez, acompañada por Lucrecia Aranda, Mónica Peralta y Oscar Urruty, presentó un proyecto por el que busca establecer un nuevo criterio para el reparto de la pauta oficial; de sancionarse, el Estado ya no podrá contratar espacios en los medios que publiciten “mensajes e imágenes que promuevan la explotación sexual o fomenten el consumo de prostitución”.

De ese modo –siendo que la pauta oficial siempre es más jugosa que los avisos de “servicios personales” y los clasificados en los que se solicitan “chicas para whiskerías”– Gutiérrez y sus pares pretenden ponerle coto a la expansión del negocio de la prostitución y la trata de personas, que se vale de la publicación de avisos “con evidentes fines de reclutar a menores o personas socialmente vulnerables”, según argumentó la autora del proyecto.

Estadísticas recientes señalan que en América Latina el 61% de las mujeres captadas por redes de trata son menores de edad. En la provincia, sólo durante 2008, se recibieron 1.189 denuncias por menores desaparecidas. A ese trasfondo, la autora del proyecto le sumó un concepto del Foro de Periodismo Argentino, entidad que observó como contradictoria la conducta de los medios de comunicación que, en su definición editorial y en su construcción noticiosa colaboran con la denuncia de estas formas modernas de esclavitud pero, al mismo tiempo, favorecen desde sus páginas de publicidad la expansión del negocio de la prostitución y la trata. “Un dato adicional es la creciente naturalización de estos avisos entre las ofertas comerciales de automotores, viviendas, electro-domésticos y búsqueda de personal, como si fueran parte de una oferta lícita”, señaló Gutiérrez.

Algunos medios en forma unilateral decidieron eliminar ese tipo de publicidad de sus páginas: La Arena de La Pampa, La Mañana de Neuquén y La República de Corrientes. Pero, acuciados por urgencias económicas o en su afán de mejorar la recaudación, la mayoría de los medios impresos sigue ofreciendo generosos espacios para los “servicios personales”. “Esta simbiosis entre medios y proxenetismo interpela a la ética de los dueños de los medios, pero también a los poderes públicos que se sirven de esos mismos medios para su publicidad institucional”, explicó Gutiérrez. “Es fundamental entender que en el tema trata de personas, donde se ponen en juego los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y mujeres, los medios de comunicación y las políticas públicas desempeñan uno de los roles más importantes en la prevención y sensibilización contra este flagelo”, agregó.

LA PUBLICIDAD DE UN DELITO ES DELITO. Los diputados Antonio Riestra y Santiago Marcheroni –acompañados por el presidente del cuerpo, Eduardo Di Pollina– presentaron un proyecto similar al de Gutiérrez pero más amplio en sus alcances. Además de prohibir la publicidad oficial en medios que publiciten o difundan avisos en los que se promueva la explotación sexual, el proxenetismo o el reclutamiento de personas para la prostitución, también persigue introducir una modificación en el Código de Faltas de la provincia.

De sancionarse la iniciativa, se incorporará en el artículo 80 del Capítulo III –que versa sobre los delitos contra la fe pública– un nuevo inciso: “El que difunda avisos de publicidad por medios gráficos, radiales, audiovisuales o de internet, que de manera directa o indirecta promuevan la explotación sexual de hombres o mujeres, el proxenetismo y/o el reclutamiento y mantenimiento de personas para la prostitución, será reprimido con multa de hasta 10 jus por cada día de publicación”. En nuestra ciudad, la unidad jus –que se actualiza en forma periódica– fue fijada a mediados de año en 150 pesos.

Con el proyecto de ley, explicaron, buscan que el Estado intervenga en forma directa en el problema de la trata. Por un lado, castigando a quienes promueven un delito: medios que publicitan servicios sexuales o que ofrecen dudosos trabajos para mujeres que, en la gran mayoría de los casos, son en localidades alejadas del lugar de publicación, lo que genera una deuda inicial de la supuesta beneficiada con el empleo a favor de su empleador. Por el otro, dirigiendo la pauta oficial sólo a los medios que no promueven delitos.

Riestra calculó que cada fin de semana, en los principales diarios de la provincia, se publican alrededor de 500 anuncios de explotación sexual. “La proliferación de este tipo de anuncios ha generado la preocupación de organizaciones, especialistas y funcionarios que trabajan sobre la problemática de la trata de personas con fines de explotación sexual”, señaló el diputado, a la vez que hizo un fuerte llamado a la Justicia a “actuar de oficio” cada vez que se observen elementos que permitan concluir que detrás de la publicación de un aviso clasificado se encubre un delito: la captación para la trata.

EN LA CIUDAD. Desde el Concejo Municipal propusieron regular los clasificados como forma de combatir la trata. Carlos Suarez y Jorge Henn presentaron un proyecto de resolución por el cual solicitan convocar a representantes de los medios masivos, especialmente gráficos, para regular la publicación de los ofrecimientos laborales remunerados destinados a mujeres para desempeñarse como bailarinas o acompañantes en whiskerías o cabarets, “claros señuelos de la capta de personas para la trata”.

Se prevé que el municipio suscriba convenios de colaboración con los medios tendientes a regular la publicación o publicidad de ofertas laborales, requiriendo datos que permitan una identificación del oferente. Los concejales quieren que se estudie además la prohibición de los avisos clasificados con ofertas laborales, publicados en la ciudad, pero destinados a cubrir la demanda de otras localidades.

Publicado en Pausa #63