Las palabras de 2010: ABORTO

Durante el último mes comenzó en serio un debate en las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación sobre la polémica y resistida ley que despenaliza el aborto. 2011 se perfila como un año netamente electoral y todo indica que la discusión se orientará por otros carriles, más teniendo en cuenta que a la hora de los comicios pesan todas las opiniones, incluida la de la jerarquía eclesiástica.

Dos meses atrás, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación había intentado convocar al debate sobre tres proyectos de ley sobre interrupción del embarazo –referidos a lo que prevé el Código Penal en el artículo 86– que se conoce como “abortos no punibles”. En uno de esos proyectos, la extensión de considerar el “peligro para la salud o la vida de la madre” permitiría que la interrupción del embarazo fuera prácticamente aplicable a todos los casos.

Sin embargo, el debate sobre el aborto no se dio en la Cámara alta y todo parecía indicar que esta iniciativa, necesaria para evitar miles de muertes maternas anuales, iba nuevamente a dormir el sueño de los justos.

No obstante, luego de las diferentes actividades que se realizaron para conmemorar el Día de la No Violencia hacia las Mujeres el pasado 25 de noviembre, el debate volvió a instalarse en el Congreso, con la convocatoria –el pasado 30 de noviembre– a la reunión de la Comisión de Legislación Penal.

Con esta novedad, el proyecto de ley por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito cumplió cinco años de dura militancia. Presentado al Congreso de la Nación, el mismo establece claramente en qué casos el aborto es no punible y en cuáles sí, regulando situaciones que hasta ahora son clandestinas.

Pero la historia se remonta a comienzos de los 80, cuando un gran número de argentinas eligieron entre quedarse en los partidos políticos o saltar al vacío y crear el movimiento de mujeres. Así se dio un paso fundamental al crear organizaciones políticas sólo de mujeres, separandas de las instituciones patriarcales y constituidas en personas políticas, en un movimiento de masas, silencioso e invisible, que ha crecido y se ha expandido desde entonces.

De este modo, año a año los encuentros de mujeres fueron congregando a más participantes, llegando a las 30 mil que se reunieron en Paraná en octubre pasado para lo que definen como “un ritual de rebelión y afirmación colectiva de identidad, de intensa reflexión y de construcción estratégica de agenda, planes de lucha y articulaciones locales y regionales”.

Así, este ritual de política feminista cumplió un cuarto de siglo del movimiento de mujeres argentinas expresado en los consensos, rupturas y tensiones de la reunión anual. Las participantes provenían sueltas o de colectivos feministas y de lesbianas, fábricas recuperadas y sindicatos, partidos políticos, ONGs, movimientos sociales y autoconvocadas, donde predominaban las jóvenes.

La Comisión Organizadora, hegemonizada por el Partido Comunista Revolucionario, funcionó en la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Paraná, de orientación peronista, lo que generó consignas más bien conservadoras. Como ejemplo, vale recordar que la Comisión no se expidió sobre el derecho al aborto, lo que constituye una contradicción ya que la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito forma parte de un reclamo transversal a todo el movimiento. De todos modos, las numerosas columnas del encuentro se unificaron en la agenda central del movimiento: el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”, fue la consigna, relacionada de modo directo con la justicia social y la redistribución de la riqueza porque, como siempre, son las mujeres pobres las que mueren por abortos inseguros.

Respecto de los derechos sexuales y reproductivos, Agustina Ramón Michel, abogada e investigadora becada del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, opinó que “además del derecho a decidir libremente si ser madre o no, debemos tener las condiciones habilitantes para ejercer esos derechos. Es decir, una persona que tiene hambre no puede ir a buscar un anticonceptivo; una mujer que no sabe cuáles son sus derechos difícilmente pueda acceder a una atención de calidad”.

La síntesis indica que políticamente y en su sistema jurídico, Argentina aún no está en claro progreso con la igualdad.

Según datos oficiales, una mujer muere cada dos días en nuestro país producto del aborto clandestino. En el 2009, 60.000 mujeres, de entre 10 y 24 años, fueron hospitalizadas producto de abortos mal realizados, con secuelas irreversibles en muchas de ellas. Entre 450 mil y 700 mil mujeres se practican abortos clandestinos todos los años.

En esta circunstancia, la criminalización del aborto empuja a las mujeres de los sectores más vulnerables a recurrir a métodos precarios para interrumpir un embarazo no deseado.

En este sentido, las exigencias del movimiento de mujeres se centran en el cumplimiento efectivo de la Ley Nacional de Ligadura de Trompas y Vasectomía; la plena vigencia y aplicación de la Ley Nacional 26.150 de Educación Sexual Integral y de sus Programas de Salud Sexual y Procreación Responsable con presupuestos adecuados para garantizar su cumplimiento; además, se demanda la producción pública y venta libre de misoprostol.