Las palabras de 2010: POBRES

Por Sergio Ferreyra

El domingo 19 abrió la primera ala de la Fábrica Cultural Molino Franchino, en la intersección de bulevar y República de Siria, en plena Recoleta santafesina. Se trata de uno de las decenas de espacios públicos abandonados que fueron recuperados, restaurados y devueltos a los santafesinos.

Hace algunos días, en ocasión del centenario del puerto, también se presentó en sociedad la intervención en el ex Molino Marconetti, restaurado como la Estación Belgrano y el Mercado Norte. Más adelante, se inaugurarán los espacios de La Redonda y el Parque Federal. Todas estas intervenciones están caracterizadas por la injerencia del Estado provincial o municipal en la recuperación de los lugares.

Estos hechos pueden calificarse como una porción del avance para recobrar y rescatar ambientes públicos librados a su suerte durante décadas para ponerlos a disposición de los habitantes de la ciudad.

Sin embargo, con la mirada desde otro prisma, el espacio también se transformó en una prioridad entre los asuntos a atender del ejecutivo (municipal) cuando se decidió intervenir para desalojar de Bajo Judiciales a más de 120 familias (450 personas) que allí vivían en algunos casos hace más de 30 años.

Hoy, esa medida encuentra argumento porque rige en la ciudad hace algunos días el Plan de Ordenamiento Territorial. La norma marca el paso del uso, la ocupación y la subdivisión del suelo, la provisión de infraestructura, los volúmenes edificables y el tejido urbano; algo que la ciudad viene tratando de planificar hace mucho tiempo pero sin éxito hasta ahora. Dicho plan encontró aprobación dos años después de la asunción del intendente Mario Barletta, pero sin los votos del PJ. “Ahora Santa Fe tiene una hoja de ruta”, dijo sobre el particular el presidente del Concejo Municipal, José Corral, pero también dijo que “la ciudad está lejos de la situación dramática de Capital Federal”, en referencia a los incidentes de Villa Soldati.

A la hora de la puesta en común de todas las iniciativas (ganar espacios públicos y desalojar otros lugares) el único hilo conductor que se puede encontrar es la preocupación y la intervención del Estado en el espacio. La primera propicia y alienta la toma de lugares para devolverlos a la esfera de lo público. Pero la segunda se debate entre “desalojar para proteger un lugar” (versión oficial) o desalojar para facilitar un negocio turístico e inmobiliario (versión sostenida desde la oposición del Concejo Municipal y desmentida por el oficialismo).

Uno de los principales focos de conflictos entre los ediles santafesinos al discutir el mensaje que contenía el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial fue el concepto de “Plusvalía Urbana”. Se refiere al aumento de valor que experimenta el suelo producto del proceso de urbanización. Esas plusvalías resultan en general de acciones ajenas al propietario y derivan de la inversión social, tanto pública como privada, que se produce permanentemente en la ciudad, sea a través de inversiones en infraestructura, de procesos de calificación urbana o de decisiones de regulación del uso del suelo urbano. También se prevé un mecanismo de recuperación de esta renta diferencial. “Basamos esta iniciativa en un principio fundamental que es la utilidad y función social del suelo como fin último”, dijo Vanesa Oddi (concejala Socialista) y recordó que esta situación está prevista y establecida en las Constitución Nacional y en la Provincial, como en distintos tratados internacionales.

Desde diferentes notas, este periódico hizo hincapié en que la intervención del Estado municipal en Bajo Judiciales se trató de un difuso proyecto turístico-inmobiliario que puso de relieve una característica notoria de la ciudad: la división social. En Playa Norte, de un lado de calle Riobamba, los vecinos temen perder sus casas; enfrente se levantan mansiones. Viven en la villa y subsisten cirujeando en Guadalupe.

Las ONG y los vecinos de Bajos Judiciales también hablaron y sostuvieron: “en la zona en cuestión se quiere llevar adelante un proyecto que no es compatible con la existencia del barrio pobre” , dijo Liliana Berraz desde Manzanas Solidarias.

“Antes no teníamos problemas, hasta hace tres años, cuando compraron los terrenos de Riobamba al 8600. Los que compraron dicen que la gente de enfrente somos negros de mierda, por eso nos quieren sacar a nosotros. Acá la gente vive en chapas, en barro, y recién ahora la Municipalidad vino a prometer que vamos a tener una casa de material. Pero eso no existe”, dijo Horacio, un ayudante de albañil de 36 años. Los últimos 32 años los pasó en el barrio.

La ciudad sigue expandiéndose hacia la costa y hacia el norte; mezclada entre espacios públicos y privados, donde interactúan habitantes que en algunos casos festejan su recuperación y devolución a la comunidad y en otros siguen resistiendo desalojos y pelean por recuperar su lugar.