PUBLICIDAD. Las palabras de 2010. Pausa # 69

¿Es lícito lucrar a través de un delito, ganar dinero colaborando con la comisión de un delito? La respuesta más obvia es no. Sin embargo, en la Argentina y en Santa Fe es cosa de todos los días. Y aunque hay una cruzada iniciada por sectores sociales y políticos para terminar con esa práctica, todo sigue igual: todos los días los diarios publican avisos en los que se oferta sexo y/o se ofrece trabajo en alguna whiskería.

En los últimos meses se presentaron dos proyectos en la Legislatura santafesina para exigir un viraje en la posición del Estado respecto de la libertad con la que los medios publicitan los “servicios personales” –un eufemismo que debe leerse como prostitución– y los falsos clasificados de empleo mediante los cuales las redes de trata de personas captan mujeres.

Si bien hay un incipiente debate acerca de la responsabilidad social de las empresas, las del rubro periodístico siguen lejos de actuar por sus propios medios –a excepción de unos pocos diarios– para colaborar con la erradicación de la trata. Por ello, los proyectos apuntan a que el Estado intervenga con más decisión para detener –o al menos ponerle trabas– a la publicidad de actividades que están penadas por ley –como el proxenitismo, ya que la prostitución no es falta– y que, además, atentan contra la dignidad y la libertad de mujeres y niñas.

Uno de los proyectos lo firman las diputadas oficialistas Alicia Gutiérrez, Lucrecia Aranda y Mónica Peralta y el kirchnerista Oscar Urruty. Allí se busca establecer un nuevo criterio para el reparto de la pauta oficial; de sancionarse, el Estado ya no podrá contratar espacios en los medios que publiciten “mensajes e imágenes estereotipados que de manera directa o indirecta promuevan la explotación sexual o fomenten el consumo de prostitución”.

De ese modo –siendo que la pauta oficial siempre es más jugosa que los avisos de “servicios personales” y los clasificados en los que se solicitan “chicas para whiskerías”– Gutiérrez y sus pares pretenden ponerle coto a la expansión del negocio de la prostitución y la trata de personas, que se vale de la publicación de avisos “con evidentes fines de reclutar a menores o personas socialmente vulnerables”, según argumentó la autora del proyecto.

Las estadísticas más recientes señalan que en América Latina el 61% de las mujeres captadas por redes de trata son menores de edad. A ese trasfondo, el proyecto suma un concepto del Foro de Periodismo Argentino, entidad que observó como contradictoria la conducta de los medios de comunicación que, en su definición editorial y en su construcción noticiosa, colaboran con la denuncia de estas formas modernas de sometimiento pero, al mismo tiempo, favorecen desde sus páginas de publicidad la expansión del negocio de la prostitución y la trata de personas. “Otro dato es la creciente naturalización de estos avisos entre las ofertas de automotores, viviendas, electrodomésticos y búsqueda de personal, como si fueran parte de una oferta lícita”, señaló Gutiérrez.

La diputada reconoció que “algunos medios”, en forma unilateral, decidieron eliminar ese tipo de publicidad de sus páginas. Pero, acuciados por urgencias económicas o simplemente en su afán de ganar más, la mayoría de la prensa ofrece generosos espacios a los servicios personales. “Esta simbiosis entre medios de comunicación y proxenetismo interpela a la ética de los dueños de los medios y también a los poderes públicos, que se sirven de esos mismos medios para contratar su publicidad institucional”.

La otra iniciativa es de los diputados Antonio Riestra y Santiago Marcheroni. Es un proyecto similar al de Gutiérrez pero más amplio en sus alcances. Además de prohibir la publicidad oficial en medios que publiciten o difundan avisos de sexo también persigue introducir una modificación en el Código de Faltas de la provincia.

De sancionarse, se incorporará en el artículo 80 del Capítulo III –delitos contra la fe pública– un nuevo inciso: “El que difunda avisos de publicidad por medios gráficos, radiales, audiovisuales o de internet, que de manera directa o indirecta promuevan la explotación sexual de hombres o mujeres, el proxenitismo y/o el reclutamiento y mantenimiento de personas para la prostitución, será reprimido con multa de hasta 10 jus por cada día de publicación”.

Con el proyecto sus autores buscan que el Estado intervenga en forma directa en el problema de la trata. Por un lado, castigando a quienes promueven un delito: tal el caso de los medio que publicitan servicios sexuales o que ofrecen trabajos remunerados para mujeres, que en la gran mayoría de los casos son en localidades alejadas del lugar de publicación, lo que genera una deuda inicial de la supuesta beneficiada con el empleo a favor de su empleador. Y por el otro, dirigiendo la pauta oficial sólo a los medios que no promueven delitos.

“La proliferación de este tipo de anuncios generó preocupación en organizaciones, especialistas y funcionarios que trabajan sobre la problemática de la trata de personas con fines de explotación sexual”, señaló el diputado Riestra.

Los dos proyectos serán parte del temario del próximo período legislativo. La gran prensa de la provincia, po ahora, no modificó su política de publicación.