SANTA FE, CIUDAD DE CONTRASTES

El repunte económico de 2001 a la fecha transformó la dinámica local: éramos un pueblito quebrado, somos una incipiente ciudad. Martes de restoranes llenos, edificios con mareas de estudiantes de toda la provincia, eventos que explotan, suburbios campestres de estilo norteamericano –algunos montados en la valorización de la isla rodeada de terraplenes– y nuevos barrios ricos, como Candioti supersur.

Desde el cantero del bulevar Gálvez se ve la nueva fisonomía: hay que contar las torres pre y post derrumbe. Por el costado, los domingos repta una infinita serpiente de metal y humo. En los cinco últimos años Santa Fe aumentó su parque automotor en un 42%, a final de año llegaremos a los 145.000 coches. Cierta estabilidad y mejora en los ingresos de las clases medias bajas para arriba –y al aumento del consumo de alimentos vía AUH– ponen el combustible de este diversificado furor ladrillero-rotisero-tuerca. No tanta, pero hay más guita para gastar en el mercadito.

En la escena, una fuente financiera dura (las pasmosas cifras de la renta agraria, combo de los precios internacionales y el tipo de cambio) y una implacable política de edificación vertical. Así nació en nuestra comarca un poder fáctico de dimensiones antes desconocidas: el poder inmobiliario.

El nuevo poder inmobiliario no bajó ni un centavo los precios de venta y alquiler durante la crisis de 2009, cuando proliferaban los tarritos de lavandina arriba de los autos, mientras la mayoría de los medios profetizaban hecatombes. Es más: los aumentó. Venía del record de construcción de 2007, 34 edificios. En 2008 fueron 32, 27 en 2009. En lo que va de este año ya se llegó al número de 2007. Correa financiera entre el gasto de los habitantes de la ciudad, los de siempre y los nuevos, y el dinero de la superrentabilidad sojera, el nuevo poder inmobiliario tiene una potencia que, realizada, gestiona la vida humana.

SITUACIÓN. 250 familias viven en los barrios Bajo Judiciales y Playa Norte, en la zona demarcada por el ex terraplén French, Pascual Echagüe, la continuación de Riobamba y, al norte, el nuevo terraplén. Un anillo alto que parte el humedal de la Setúbal. En ese pozo de entre dos y tres metros de hondo, y en sus bordes y altos, se levantan las viviendas. Ranchos de chapa, cartón y basura, muchas viejas casitas de material con varias habitaciones, animales, zonas de basura. Y vidas. Todas se encuentran bajo la línea de pobreza, cuando no son indigentes. No son dueñas de las tierras –propiedad de los sucesores de la familia Funes y de Alberto Acuña, entre otros– pese a que muchos están allí desde hace más de 20 y 30 años. El predio no está legalmente subdividido en lotes; el pago de impuestos –imperativo para la usucapión– fue siempre imposible. En 2009 la Justicia falló a favor de Acuña en una demanda por usurpación contra 28 de las 250 familias. El fallo también exigía al Municipio una reubicación digna para los pobres.

Al problema dominial y la pobreza se suma el agua. En el verano pasado, las lluvias y la Setúbal hicieron estragos. Con piquetes parando al transporte público y demandas a la Municipalidad, los pobladores lograron la instalación, demorada demasiado, de bombas de desagote. Junto a ellas vino una doble promesa: el traslado a un nuevo predio, alto y con viviendas, y la recuperación del lugar como reservorio de aguas, “el principal objetivo”, según declaró el 26 de enero a El Litoral el secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad, Alejandro Boscarol.

El 8 de abril de 2010 el Concejo aprobó por unanimidad la resolución 13.365, con los requisitos mínimos del nuevo emplazamiento, en terrenos al oeste de las vías del Belgrano y sobre el Callejón Funes, a 1500 metros de los barrios. Del GADA para el oeste, como al 10.000 de Necochea, quizá. Además de las indicaciones sobre alumbrado, barrido, limpieza, calles, transporte, gas, agua y cloacas, la norma ordenaba que el traslado incluyera la construcción de un destacamento de Policía, un dispensario y un comedor comunitario. Y establecía que las viviendas debían contar con “condiciones de habitabilidad y dignidad que establezca una ordenanza especial a sancionarse”.

El proceso se había conversado previamente con los vecinos. El 23 de marzo, por intermedio de la Asociación Civil Manzanas Solidarias, se reunieron con Boscarol, el jefe de Distrito Jorge Rico, los concejales Luciano Leiva (FPV), Jorge Henn y Vanesa Oddi (FPCyS), funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y representantes de la sociedad civil de Guadalupe. No era una peña: se juntaron a hablar del tema. Según el acta acuerdo del encuentro, el objetivo era “conocer el estado actual del proyecto de traslado”, ya que sobre el nuevo lugar como sostén jurídico sólo había (y hay) un decreto provincial (el 104 del 4 de febrero de 2010) autorizando nada más que “al uso temporario de los terrenos”, no a una titulación definitiva.

En esa ocasión –y en otra reunión posterior, el 19 de junio– los vecinos se quejaron de las nuevas viviendas, ya usadas en la remoción de las 55 familias de Villa Corpiño, desde Wal Mart a Alto Verde. Sobre los “módulos habitacionales” los vecinos indicaron que “no les entra nada”, que “son inseguras por donde se las mire: peligrosas para incendiarse y fáciles de robar”. En la reunión de junio, los concejales presentes –Leiva, Carlos Suárez (FPCyS)– señalaron que si bien estaba aprobada la ordenanza solicitando la expropiación a la Legislatura, calculaban “dos años hasta que se pueda hacer efectiva” y que “luego se deben realizar muchos trámites y negociaciones con los dueños”. Por usurpación, el dueño de los terrenos a expropiar ya había presentado una denuncia en abril contra la Municipalidad: el 13 de ese mes habían comenzado los trabajos municipales para construir los módulos.

La erradicación de las familias comenzó el lunes 18 de octubre. Ninguno de los requisitos de la 13.365 estaban cumplidos, ninguna de las promesas de propiedad y vivienda concretadas.

DECLARACIONES. Hugo Kofman, de Proyecto Sur, y el concejal Leiva (FPV) levantaron las quejas más encendidas. Kofman señaló que los pobladores “son arriados en forma inhumana hacia supuestas viviendas, que no reúnen las mínimas condiciones de habitabilidad”, Leiva calificó la acción municipal como un “traslado compulsivo” a “viviendas de un nivel de precarización increíble y de dimensiones absolutamente insuficientes para las familias destinatarias”, según reza El Litoral del 21 de octubre. En la sesión, el concejal kirchnerista presentó un proyecto de resolución solicitando la suspensión de los traslados.

Referencia ineludible de la región en materia de vivienda social, Canoa Hábitat Popular emitió un comunicado cuyo primer párrafo indica que los traslados “siempre tienen un alto costo social, que se profundizan cuando se relocalizan asentamientos y/o poblaciones que, como es el caso de las familias de Bajo Judiciales, llevan años habitando y construyendo su vida en ese espacio”.

El 23 de marzo, el día de la reunión grande, la presidenta de Manzanas Solidarias, Liliana Berraz, había indicado que “lo que correspondería hacer es urbanizar los dos barrios y dejar a sus vecinos que lo habiten”. En el encuentro del 19 de junio ofreció una razón económica plausible: “pensando en un uso ético de los fondos del Estado, se deberían expropiar los terrenos de Playa Norte y Bajo Judiciales, muy desvalorizados por ser bajos e inundables”. En comparación, “son mucho más baratos que los aledaños al callejón Funes”.

También el 21 de octubre el concejal Héctor Acuña (Santafesino 100%) rescató la unanimidad con la que se votó el traslado y exigió que se respete la 13.365. La concejala Adriana Molina (FPCyS) confió en que se había tomado “una muy buena decisión política y pensando en la gente” y aclaró que “acá no hubo ningún traslado compulsivo y si eso hubiese sido así es necesario que nos digan nombre y apellido para hacer la denuncia que corresponde”.

CHARANGO. Luis Romero tiene 17 años y era un habitante de Bajo Judiciales. Charango, así le dicen, vivía solo en una casa de material porque su madre se había ido. Como es menor, no le pudieron adjudicar un “módulo habitacional”. Su vivienda fue demolida, de todos modos. Hoy hace rancho con otra familia en uno de los módulos.

–¿Vino la topadora?

–Una retroexcavadora. ¿Cuál es la consigna? “Si se van, antes de irse tienen que demoler la casa”, para que no vuelvan. Es inhumano, con lo que les cuesta la construcción a los pobres. Yo los veía demoler sus propias casas para salvar cosas…

Quien responde es Liliana Berraz. Cuando llegamos a ser pobres casi el 57% de los argentinos, en el paso del 2001 al 2002, y en el marco de la Asamblea Barrial Guadalupe, surgió “Manzanas Solidarias”: cada manzana de Guadalupe solidariamente aportaba comida, luego entregada a las familias de Playa Norte o Bajo Judiciales. Con el tiempo ese programa se constituyó como Asociación Civil: capacitación, contención de los más chicos, apoyo escolar, computación, una huerta, viajes, una murga y más. Son la legítima referencia social de los dos barrios pobres.

–Les dicen que “no les llevés el apunte a la gente que les dice que no se muevan, porque están haciendo política”. Están acostumbrados a que los usen en las campañas: les dicen que sacamos un “rédito”, una “tajada”. También que “si no aprovechan, los negros de Playa Norte le van a sacar las casitas”. Hay conflicto entre los dos barrios, el político ducho sabe aprovechar eso. En todas partes dicen “el traslado no fue compulsivo”. Claro, no los agarraron con cadenas, pero si te dicen “aprovechá ahora o te quedás en la lona, o te lo van a sacar otros, o mirá que te están usando”…

–¿En cuántos casos la vivienda nueva es mejor?

–En dos casos de 30. Quedaron lejos del cirujeo, del agua, lejos los chicos de su escuela, no pueden llevar los animales de su granja. El dispensario queda lejísimos, no tienen asistencia de salud. A lo sumo una bicicleta por familia. Además, los techos se degradan, los materiales se humedecen, están hacinados, corren el riesgo de un incendio. Dijeron que iban a poner un matafuego en cada rancho… La gente vive con fuego, para calentarse y para cocinar, si no tienen plata para el gas se hacen la fogatita. Lo mismo con el frío. Las otras 28 familias tienen en Bajo Judiciales casitas de material, con mucha sombra, con canillas en cada casa, con muchísimo espacio, lugar para los animales.

–¿Cuántos módulos ya hay?

–Hay como 20. En una está la Municipalidad como oficina, para sostener la organización. Le dan a la gente cinta de embalar para cerrar las juntas de los durlocks, porque se separan…

Consensuar implica la posibilidad de decir “no”. ¿Qué pasa cuando la opción negativa es igual a una serie de amenazas, la de efectivizar el fallo judicial en primer orden, así no se cumpla con la parte donde se insta al Estado a mediar en pos de una vivienda digna, máquina de demolición prendida mediante?

El 26 de octubre se les entregó a los vecinos una “Constancia de ocupación”, con firma del intendente Mario Barletta, respaldada en el decreto que sólo permite la ocupación temporaria. ¿Qué validez tiene un consenso sin papeles cuyo resultado es esa vivienda peor y esa situación dominial casi equivalente?

PARA NO VER. El censo de 1991 señaló que el 86% de los argentinos vivían en ciudades. Si hay mucha o poca pobreza, como sea que se mida, siempre estará cerca: en nuestra ciudad, en nuestro espacio, en nuestra comunidad.

Entre 2003 y 2010 las clases más populares de la ciudad sufrieron en su carne el precio de la tierra. Porque si la tierra tiene precio, los pobres han de vivir y concentrarse en los lugares más baratos de la ciudad: el norte casi rural o el oeste inundable. Un muchacho pobre de 18 años tuvo 11 en la inundación del Salado, 15 en la de 2007 y 17 con las últimas inundaciones pluviales. Tres veces pudo haber perdido su poco todo por ser un ciudadano que no tiene el dinero para pagar el derecho a vivir bien en otro lugar.

Uno puede pasarse tranquilo el día sin cruzar un territorio de pobres. Generalmente, rodeando esos espacios hay una gran y efectiva barrera urbana. Así se puede no ver. Vías ferroviarias y avenidas, cuando no murallas o cercos, hacen casi imposible que uno transite un barrio pobre, excepto que se tenga la explícita decisión de hacerlo. También se pueden valuar las cotizaciones de acuerdo a las distancias y barreras trazadas respecto de la pobreza: por estar lejos de los pobres se paga más.

Si en los 90 comenzaron a crecer, a Bajo Judiciales y Playa Norte se les suman, además, los inundados desplazados del 2003 y 2007. Quedó armado así un gran piletón, lleno de pobres, de aproximadamente 25 hectáreas.

¿Cuánto vale un metro cuadrado inundable con pobres? ¿Cuánto vale un metro cuadrado no inundable, sin pobres y cerca de la playa? Un estimado, ridículo para la zona, de 100 dólares el metro cuadrado alteado resulta en 100 millones de pesos, sólo en tierra.

–¿Qué es lo que buscan los vecinos? Buscan, de una vez por todas, no vivir en la picota –explicó Liliana Berraz–. No creas que esta historia empieza ahora. Todas las gestiones de todos los partidos amenazaron con sacarlos, con diferentes tipos de proyectos urbanísticos. Con (el ex intendente Martín) Balbarrey era la prolongación de la Costanera. De Riobamba para la izquierda era zona verde: no veían que había un barrio pobre. La pobreza en ese lugar molesta.

¿RESERVORIO O MIAMI? La hipótesis del traslado para preservar el espacio como reservorio se diluye por razones materiales. Está el terraplén norte dividiendo el humedal, lugar de desborde aguas arriba de la Setúbal, degradado por un basural irregular donde Mallozzi descarga sus contenedores. Y está el nuevo Plan de Ordenamiento Urbano.

El 30 de marzo de 2009, el diario Uno anunció los trazos de este Plan. El secretario de Planeamiento, arquitecto Eduardo Navarro, afirmó entonces que “la idea es sacar la arena y con ella refular (rellenar) la zona habitable”: el bajo de Playa Norte y Bajo Judiciales. El objetivo: propiciar la construcción de viviendas, hoteles, clubes, restoranes y comercios. Para la zona del humedal, construcción de caletas náuticas. Antes que a los habitantes pobres del lugar, Navarro precisó que el proyecto fue presentado a los propietarios de las tierras. Y que se les sugirió el desarrollo de un fideicomiso inmobiliario.

En la web de Santa Fe Ciudad, con el título “El intendente se reunió con empresarios de la construcción” el 12 de abril de 2009 se publicó un encuentro entre el ingeniero Mario Barletta, el secretario de Obras Públicas Roberto Porta y miembros de la Cámara Argentina de la Construcción, para analizar las “nuevas posibilidades de inversión público-privadas”. La correspondiente a Guadalupe Noreste, “propuesta urbanística de viviendas en relación con la costa” también fue presentada previamente en un desayuno con la Asociación de Dirigentes de Empresas.

El 11 de noviembre de 2009, antes de la última inundación de Bajo Judiciales y Playa Norte, El Litoral anunció el inicio del alteo de terrenos para la construcción de caletas. Con vergonzante semántica, se indicó que “Los principales escollos son conseguir fuentes de financiamiento y reubicar a unas 150 familias que viven en una villa cercana”. El diario revela la extraordinaria dimensión del proyecto: “se iniciaron algunas gestiones a nivel nacional, al menos para poder realizar el estudio de impacto ambiental, lo primero que solicitan las fuentes de financiamiento internacional, a las que habría que recurrir en el futuro”. Para ese proyecto se habla de endeudar internacionalmente al Estado.

Finalmente, el 28 de abril de 2010 El Litoral anunció el arribo al Concejo, dentro del nuevo Plan de Ordenamiento Urbano. Una vez producido los traslados y el endeudamiento para pagar el refulado de French al terraplén (donde se suponía había un reservorio que preservar), “sólo podrán construirse viviendas de mediana densidad, es decir planta baja y primer piso; pero desde Riobamba hacia la laguna, sí se habilita la construcción de torres”. Casitas doble piso, una costanera de edificios con vista a la Setúbal y las caletas. “No habría problemas de construir en altura”, señaló Navarro, para luego dar cuenta de la relación entre dinero y servicios urbanos, a través de la sustitución del ciudadano por el cliente: “estamos garantizando la llegada de los servicios porque a las empresas de luz, gas, agua y cloacas les resultará más rentable extenderlos si a futuro tendrán más clientes”.

PARAR LA PELOTA. “Lo viable depende de una decisión política”, explicó Liliana Berraz. “La política de urbanismo en el mundo es que a la gente no se la saque de su lugar, excepto que haya un volcán, radioactividad o un peligro que obligue a salvarles la vida. Si no, se trata de mejorar la infraestructura, que haya una mejor relación, una integración con los barrios que tienen alrededor. La gente de Playa o del Bajo son cirujas, albañiles, saben mucho de animales y oficios. Es cuestión de urbanizar y de facilitar la inserción: bolsas de trabajo, capacitación… El proyecto VIP, las caletas y demás ¡se podrían igual hacer! Se puede urbanizar, con casitas dignas, e integrar la gente a un proyecto turístico. Si está la decisión política, el cómo después se encuentra”.

La reacción de los ediles los llevó a visitar el lugar donde están instalados los “módulos habitacionales”; prometieron detenido tratamiento en la sesión del 4 de noviembre (producida tras el cierre de este número). La cuestión, todavía en sus inicios, ya tiene un estado público de jerarquía. Las historias de la violencia vivida por 250 familias pobres esperan por un gesto político que, todavía, está a tiempo de producirse.

Son quinchos cuyos techos de paja se incendian y duran tres años.

Tienen paredes de durlock, 1,5 cm., clavadas a unos bastidores de madera blanda. En Santa Fe tenemos, como mínimo, una amplitud térmica de 40º. Al frente, un agujerazo que va del borde del durlock al techo a dos aguas del quincho: viento, mosquitos, lluvia. Los postes que sostienen al quincho están amocosados. El piso tuvo un mejoradito de cemento que ya se quebró. El quincho cubre en total poco más de 29 m2. El área habitable, casi 26 m2. Hay una galería al frente y el baño está fuera del lugar para vivir, al lado de la galería: da al frente del “módulo”; cero pudor o privacidad. El lugar para vivir mide 17 m2. Reduzca su casa a poco más de 4 metros por 4. Meta ahí todos los muebles imprescindibles. Y su familia.

Los módulos violan demasiados puntos del Reglamento de Edificaciones de la Municipalidad. Esa construcción nunca sería autorizada por el Municipio si un particular quisiera hacerlo. El baño tiene que tener piso de material no absorbente y estar directamente techado. Como, además, no tienen agua (hay una canilla cada 10 viviendas) y ya el sistema de desagüe séptico no funciona en algunos casos, el sanitario se unta de suciedad. En todos los casos, y entre otros aspectos, se solicita para la madera que “se pinten con dos manos de pintura bituminosa o de eficacia equivalente” y que su “cubierta sea incombustible”. Los tabiques divisorios no tienen el aislamiento acústico necesario. Hacinados (se escucha cerca todo). El reglamento obliga también a que una vivienda tenga al menos 12 m2 por persona.

Absolutamente inútiles como inicio de una vivienda consolidada, según el Documento de Trabajo de noviembre de 2009 “Módulo Habitacional Básico Evolutivo” de las Secretarías de Desarrollo Social y de Planeamiento Urbano, cada “módulo” le cuesta al Municipio unos $10.000. Y está planificado replicarlos 64 veces.

El contraste con los proyectos que ya se concretaron o que están avanzando en Guadalupe no puede ser mayor. En mayo fue inaugurado el condominio “La Rambla”, lujoso emprendimiento conjunto de las firmas locales CAM, Benuzzi y De la Vera Cruz.

El empresario inmobiliario Publio Benuzzi tiene otras iniciativas en marcha, todas ellas charladas con el intendente Barletta. Se trata del “Paseo Italia” y del “Paseo Javier de la Rosa”, enmarcados en el Plan Urbano de la ciudad y que significarán según Barletta “una operación de apertura y ordenamiento territorial para Guadalupe noreste”.