La muerte y la política

Por Ezequiel Nieva

La penúltima inundación (río Salado, 29 de abril de 2003) dejó un saldo de 23 muertos, según los datos del gobierno. Los organismos de derechos humanos hicieron su propio contrainforme y denunciaron que la cifra real trepaba a 156 si se incluía a quienes perdieron sus vidas a partir de las consecuencias indirectas de la “catástrofe hídrica”.
El gobierno de Jorge Obeid fue más inteligente (léase: más hábil a fuerza de más cínico) que el de Carlos Reutemann. A escasas dos semanas del inicio del “fenómeno pluvial”, el ministro de Gobierno Roberto Rosúa descartó toda responsabilidad política del Estado provincial en los casos fatales registrados en la ciudad de Santa Fe.
El 16 de abril de 2007, el diario El Litoral publicó una entrevista con Rosúa que quedará en los anales de las “lavadas de manos” de la historia reciente: consultado sobre las muertes registradas durante la crisis, Rosúa aseguró: “No se advierten situaciones generadoras de responsabilidad para (el gobierno de) la provincia”.

En la ciudad se produjeron, al menos, cuatro casos fatales: Ana María Mauro, Ariel Galván –un chico de 16 años, de barrio Barranquitas, que murió de leptospirosis–, un hombre mayor hallado en un zanjón detrás del Parque Garay, nunca identificado, y Jorge Carnevale, de 51años, vecino del barrio San Lorenzo.
Carnevale apareció ahogado; Rosúa emitió una sentencia brutal: “Era alcohólico y se ahogó en 50 centímetros de agua”. En un documento, las organizaciones de inundados le respondieron al entonces ministro de Gobierno: “Para su mente
retorcida, el ciudadano Carnevale es un alcohólico que se ahogó, como si los 50 centímetros de agua los hubiera puesto la víctima para ahogarse”.

Columna de opinión de la nota "Balbarrey, el protegido de Bassó", sobre las inundaciones 2007, en Pausa #71 ‎(que podés encontrar en los kioscos de SF, claro).