Quiere volver a casa

¿Es o se hace? Eso deberá resolver la Junta de Salud Mental de la provincia. Víctor Hermes Brusa, condenado a 21 años de prisión en cárcel común por delitos de lesa humanidad, movió sus fichas para lograr que la Justicia le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria. La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia pidió informes a la Justicia Federal por la autorización que recibió el ex juez federal para realizar un tratamiento psiquiátrico en el mismo ámbito en que reciben atención las víctimas y los denunciantes de las causas por derechos humanos.A Brusa lo vieron llegar a la Dirección de Salud Mental de la provincia –que funciona en el Hospital Italiano– el viernes 15 de abril, con custodia pero sin esposas. Por ello, la secretaria de Derechos Humanos Rosa Acosta y el responsable del Programa de Protección de Testigos y Querellantes Daniel Bóccoli pidieron aclaraciones al Tribunal Oral Federal de Santa Fe sobre la situación del reo, que permanece preso en Las Flores luego de haber sido condenado a 21 años de prisión.Según publicó Notife, el ex juez federal logró a través del defensor oficial Fabio Procajlo –quien lo patrocinó durante el juicio oral de 2009– el beneficio de una evaluación psiquiátrica como paso previo al pedido de prisión domiciliaria. La realización del examen recayó en la Junta de Salud Mental, el mismo organismo que responde a los requerimientos judiciales en causas por delitos de lesa humanidad y al que asisten denunciantes y víctimas. El defensor oficial pidió se determine el grado de “crisis subjetiva” de Brusa.En la nota que Acosta y Bóccoli remitieron a la Justicia Federal expresaron su preocupación por el hecho de que hayan enviado a Brusa al mismo hospital que frecuentan los denunciantes adheridos al Programa de Protección a Testigos: “Es necesario restringir al máximo las posibilidades de organización y coordinación entre los imputados y/o condenados y entre éstos y otros agentes de fuerzas de seguridad que participaron de hechos similares (durante la dictadura). Se recomienda la determinación de medidas tendientes a controlar sus acciones y restringir las posibilidades de su accionar y su posible contacto con testigos y/o familiares”.“Peticionamos la adopción de medidas que impliquen no acercarse a los domicilios y/o lugares donde los testigos habitualmente desarrollan actividades laborales o de atención médica o psicológica, sedes de organismos de derechos humanos y la Secretaría de Derechos Humanos”, añadieron Acosta y Bóccoli. La aparición del represor sin esposas en plena calle encendió la alarma de testigos y querellantes, quienes nunca dejaron de señalar los privilegios que detentan los imputados –y condenados– en causas por delitos cometidos en el marco de la represión ilegal. Desde el Servicio Penitenciario afirmaron que en el traslado se cumplieron las medidas de seguridad habituales.Brusa fue condenado el 22 de diciembre de 2009 por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe como “autor penalmente responsable” de los delitos de apremios ilegales en ocho hechos y en concurso real mientras se desempeñaba como secretario de Juzgado. La sentencia incluyó inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. Fue el primer funcionario judicial condenado por delitos de lesa humanidad en todo el país. En el mismo juicio condenaron a cinco ex policías a penas de entre 19 y 23 años.La práctica habitual de Brusa durante la dictadura, denunciada por víctimas y querellantes, era visitar a los detenidos políticos en comisarías, cuarteles y chupaderos. El ex funcionario judicial –ascendido a juez federal en democracia– obligaba a los detenidos a autoincriminarse en declaraciones de culpabilidad por “acciones subversivas”. Para ello amenazaba, golpeaba –con un cinturón, con movimientos de karate– o quemaba con colillas de cigarrillos. Publicado en Pausa #73