La Justicia tiene la última palabra

La causa inundación es una herida abierta para los que sufrieron la peor tragedia que vivió la ciudad. Transcurridos ocho años, la Justicia no ha dado respuestas suficientes que logren saldar parte del daño ocasionado como consecuencia del desborde del río Salado. Pero, además, esa Justicia que no llega a veces confunde.

Estos últimos días algunas novedades volvieron a instalar el tema en la escena pública. El feriado por la Revolución de Mayo trajo a los medios, de repente, a actores sociales que parecían olvidados. La noticia: la Corte Suprema de Justicia de la provincia desestimó un recurso extraordinario presentado por el gobierno santafesino para frenar el reclamo de los inundados por daños y perjuicios. La provincia ahora tendrá que pagar a los afectados y hacer frente al reclamo de cerca de seis mil juicios civiles por la inundación de 2003, que afectó en forma directa a 130 mil personas.

A esta altura, viene bien la aclaración: hay dos causas que se tramitan en la Justicia. Una es civil y la otra penal. Una busca un resarcimiento económico para los damnificados en función de las pérdidas generadas; la otra, dar con los responsables políticos de la tragedia considerada evitable. Las dos causas, reconocen los abogados, tienen puntos de contacto porque se inician a partir de un mismo hecho –dato que no es menor– pero los trámites a partir de ahora se harán de forma independiente.

En la presentación que realizó, el gobierno de la provincia argumentó que se debía esperar la resolución del proceso penal para resolver la demanda civil. La causa penal no tiene sentencia y tiene sólo tres ex funcionarios procesados por “estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas”. Ellos son Marcelo Alvarez, ex intendente de la ciudad; Edgardo Berli, ex ministro de Obras Públicas; y Ricardo Fratti, ex director de Hidraúlica de la provincia.

La Corte consideró que el plazo de espera ya “no es razonable” y ordenó que la causa inundación avance en el fuero civil, aún cuando no haya condena penal. El reclamo resarcitorio es por una suma aproximada de 50 mil pesos, más los intereses. A partir del fallo del máximo tribunal, la provincia es condenada a indemnizar por los daños materiales y morales a los seis mil demandantes (130 mil fueron los afectados pero sólo seis mil accionaron). Se estima que la sumatoria representaría un total de 300 a 400 millones de pesos.

La resolución para que avance la causa civil fue votada por unanimidad por los seis ministros de la Corte: Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Mario Netri, María Angélica Gastaldi y Daniel Erbetta. A través de un comunicado, la Corte afirma que “entendió razonable que las causas donde la pretensión resarcitoria está fundada en la responsabilidad de la provincia, con fundamento en el artículo 1.112 del Código Civil, prosigan sin necesidad de esperar que se resuelvan previamente las cuestiones penales planteadas como consecuencia de la catástrofe”. El fundamento de la decisión se basa en el tiempo transcurrido desde el hecho al que se le atribuye ser la causa de los daños que se reclaman. La resolución “implica activar las causas civiles sin prescindir de lo que pudiera resolver la Justicia penal, con la posibilidad de que la provincia pueda eventualmente ejercer la acción de repetición contra los funcionarios responsables”.

Tras el fallo, Oscar Radquievich, abogado que tramita el caso en representación de Rodolfo Langhi (damnificado), e Iván Cullen, representante de un grupo de afectados que también presentaron una demanda contra el Estado provincial, hablaron con diferentes medios locales. En diálogo con Rosario/12, Radquievich evaluó como “muy importante” la sentencia y sostuvo que reafirma lo que habían planteado en primera y segunda instancia. El abogado además admitió que el Código Civil establece que, cuando hay dos juicios paralelos, hay que esperar el resultado del juicio penal antes de resolver el juicio civil: lo que se conoce como prejudicialidad. Pero Radquievich recordó que el año pasado un fallo favorable para su cliente en la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe consideró que el plazo del juicio civil debe ser “razonable”, de tres o cuatro años, porque cuando los tiempos se estiran, como en este caso (el proceso penal lleva ocho años) deja de ser razonable para convertirse en denegación de justicia. Esta resolución se ampara en una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se toma como caso testigo para evitar una lluvia de juicios que hagan colapsar la Justicia. De ese modo, la apelación ante la Corte que realizó el fiscal de Estado de la provincia, Jorge Barraguirre, fue desestimada por el máximo tribunal, que estableció que el juicio civil debe seguir su curso, prescindiendo del juicio penal.

El abogado Radquievich asumió que el caso será considerado como antecedente para los seis mil juicios en marcha por la inundación de 2003 y estimó: “Para tramitar estos seis mil juicios, los tribunales podrían demorar hasta 20 años. Aquí la solución tiene que ser política, si es necesario dictar dos o tres sentencias de lo que podríamos llamar un caso líder y después buscar un camino político. Porque, de lo contrario, vamos a arrastrar este problema por 10 o 20 años más y eso no es correcto ni justo”. Según el abogado, debería plantearse por parte del Estado un procedimiento para evitar la dilación en la Justicia.

Ante el nuevo escenario, y en sintonía con lo expresado por Radquievich, Iván Cullen recordó que el gobierno expresó su voluntad de llegar a una solución antes del final de la gestión. De ese modo, los afectados por la inundación de 2003 recibirían su pago en los primeros meses de 2012. Pero, para ello, se deberá arribar a una solución extrajudicial de los litigios vigentes contra el Estado: esa fue la condición que el gobierno de Hermes Binner planteó en abril de 2009, cuando se presentó lo que llamaron “una respuesta reparadora colectiva” para los inundados, elaborada por la Fiscalía de Estado de la provincia.

Por LT10, Cullen dijo: “Una comisión de expertos determinaría la responsabilidad de la provincia en un plazo de 90 días”. Y agregó que se buscará “tarifar el daño” para acotar los tiempos. Según Cullen, esa comisión tendrá como trabajo establecer lo que cada uno cobraría de acuerdo a la responsabilidad que se le asigne a la provincia. Se estima que una vez calculado el daño el pago se haría en bonos. Pero antes, la Legislatura deberá avalar el procedimiento.

Tres denuncias penales se realizaron días después del fatídico 29 de abril de 2003 y sólo una prosperó. Los cargos: estrago culposo, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El juez de instrucción Diego de la Torre fue el primero que intervino en la causa. Citó a declarar a una decena de funcionarios municipales y provinciales. Después, la causa pasó a manos del juez Jorge Patrizzi, que en abril de 2006 procesó a tres ex funcionarios por el presunto delito de estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas y desestimó las acusaciones que pesaban sobre los otros funcionarios investigados.

Luego de una serie de artilugios desplegados por la defensa, la causa quedó en manos del juez de sentencia de la 6º nominación, Dardo Rosciani. Jorge Castro, actor civil en la causa, le dijo a Pausa: “La causa está en un momento en que o se le pone una losa de impunidad o bien tendremos la posibilidad de escuchar las declaraciones de los verdaderos responsables, sean escritas o ante el juez”. Castro agregó que esta etapa va a terminar para la querella el 14 de junio y luego será el turno de la presentación de pruebas por parte de los defensores de los ex funcionarios.

“Volveremos con todas las pruebas que nos rechazó Patrizzi, más nuevas pruebas. Y vamos a pedir que declaren todos”, agregó Castro en referencia a los funcionarios de los gabinetes de Carlos Reutemann y de Jorge Obeid, y a los que participaron de la reunión celebrada el mediodía del 29 de abril de 2003, cuando el agua ya había ingresado por el cordón oeste de la ciudad y avanzaba como un río furioso por la circunvalación. “Lo importante, ahora, a diferencia de la instancia de instrucción, es que Patrizzi nos negó seis veces las pruebas contra Reutemann pero nunca argumentó por qué las rechazó. Ahora se puede llamar a declarar a todos los que no lo hicieron en la instancia anterior, pero éstos pueden negarse a hacerlo. Además, a diferencia del período de instrucción, si nos deniega la prueba el juez necesariamente tiene que fundamentar las razones que lo llevaron a eso”.

Consultado por las novedades surgidas en torno a la causa civil, Castro consideró que “no llegan a los responsables, mientras que la causa penal abarca todo”. Sobre la posibilidad de asistir a la Justicia internacional, en función del tiempo transcurrido, concluyó: “Depende de lo que haga la Justicia de Santa Fe; si continúa por este camino, indudablemente va a dejar abierta la instancia internacional, que hasta ahora parece haber sido la estrategia: conducirnos a una lucha de largo aliento. Es un desgaste mucho mayor que nos exige una perseverancia inclaudicable, porque hay que llegar a una instancia de máximo nivel, como es la internacional, porque no conseguís justicia siendo ciudadano de tu propio país”.

• 130 mil afectados.

• 23 víctimas fatales reconocidas por el Estado.

• 158 víctimas relevadas por la Casa de Derechos Humanos.

• Durante el gobierno de Reutemann se entregaron tres “ayudas” básicas no reintegrables (una de 1.200, otra de 800 y la última de 2 mil pesos) a 29.500 inundados. Luego, con el Ente de la Reconstrucción, creado en 2004 bajo el gobierno de Obeid, los inundados recibieron entre 4 mil y 6 mil pesos.

• Ahora, los seis mil inundados que demandaron al Estado por daños materiales y morales cobrarían 50 mil pesos cada uno, más intereses.