Flujos

Desde 2008, 1015 mujeres y niñas han desaparecido en México, según su Procuraduría General. De ellas, 490 pudieron ser encontradas y devueltas a sus familias, 525 no. La cifra es mucho menor que la calculada por el Departamento de Estado yanqui: marcan que 20.000 personas son secuestradas cada año en México por la trata. Los estados que se encuentran cercanos a la frontera con Estados Unidos son los más afectados. Sólo en Apodaca, un municipio de casi 400.000 habitantes cercano a Monterrey, estado de Nuevo León –cuyo límite norte es Texas– desaparecieron 105 mujeres en los últimos dos años. Territorio dominado por Los Zetas, la Procuraduría de Justicia de Nuevo León considera que es el centro de las redes de trata. “Polizetas”, les dicen a los oficiales de la fuerzas de seguridad pública. Coimas, drogas, mujeres, migrantes baratos, armas: el gobierno político, policial y económico del norte de México se encuentra en manos de cárteles como el de Sinaloa, de Tijuana, de Juárez, del Golfo, o por organizaciones como Los Zetas. O quizá no exactamente.

Expandidos en el noreste y parte de la costa occidental, presentes también en Guatemala, Los Zetas están estructuralmente conformados por desertores de un cuerpo de elite del Ejército mexicano: los Gafes (Grupos Aeromóviles y Anfibios de Fuerzas Especiales). Esa tropa fue creada para combatir el alzamiento zapatista en Chiapas, en 1994. Se entrenaron con asesoramiento de la CIA y otros organismos de inteligencia: combate urbano, en selva y desierto; manejo de armas y comunicaciones de sofisticación; contrainsurgencia. Al menos 40 formaron parte del nacimiento de Los Zetas; para 2004, 1382 de esos comandos habían desertado. El entonces secretario de Defensa Nacional, el general

Clemente Vega, admitió que la mayoría de Los Zetas fueron alguna vez Gafes.

Ese nuevo poder de ese gobierno tiene traducción monetaria. El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos señaló que en los últimos dos años y medio el comercio de drogas y armas en la frontera aumentó un 31% y 64%, respectivamente, en comparación a igual período anterior. Vender drogas al mayor consumidor, comprar fierros a los eternos cowboys.

Wayne LaPierre, vicepresidente de la Asociación Nacional del Rifle (el mayor lobby norteamericano a favor de la tenencia irrestricta de armas), es un cruzado mediático hoy a la defensa de una demanda judicial de la ANR para frenar una reglamentación elemental: la de ser registrado por el Bureau de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos si uno compra varias armas largas en una armería cercana a la frontera. Dicho de otro modo: el tráfico de AK-47, el arma favorita de los cárteles, comienza con una compra en un mostrador.

Después de todo, de ese comercio también puede encargarse el mismo Bureau mismo. El 5 de julio agentes del organismo reconocieron en una audiencia al Congreso que en una operación llamada “Rápido y Furioso”, iniciada en 2009, dejaron en manos de los cárteles unas 2000 armas, para luego rastrearlas y a sus dueños. La DEA también participó en el asunto. Al final, 122 fueron encontradas en escenas de crimen, en México. Fueron usadas y los ejecutores jamás fueron rastreados. Luego, el Departamento de Justicia estadounidense señaló que, sencillamente, no habían seguido el rastro de la reventa y que no saben qué fue de más de la mitad de los fierros.

En Texas, Nuevo México, Arizona y California los mexicanos por sí mismos, más allá del resto de la migración latina, suman no menos del 26% de la población, llegando en varios condados al 85%. Para ellos Jan Brewer, la gobernadora de Arizona, en 2010 impulsó la Ley SB 1070 “Apoye nuestras fuerzas de orden público y los vecindarios seguros”, suspendida hoy parcial y temporalmente: no sólo criminaliza a los migrantes sino que además endurece las medidas de persecución y vuelve al estatus migratorio un agravante de otros delitos. De allí a que los rednecks con plateadas estrellas de seis puntas salgan a cazar chaparritos no hay mediación: cruzando la frontera el valor de un mexicano es parecido. Utah, Florida, Ohio, Tennesse, Iowa, Georgia, Alabama, Indiana y Carolina del Sur impulsaron leyes similares. Los indocumentados son rutinariamente mandados a prisión preventiva, mientras Aduana y Migraciones hacen el papeleo y deciden la suerte de los detenidos. Los juzgados están saturados de causas: el proceso, en algunos casos, ha llegado a tomar dos años. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Interior paga de 50 a 200 dólares diarios por migrante detenido sin sentencia. En 2006 había 14 mil, hoy son 100 mil. El 60% está detenido en cárceles privatizadas de la Corporación de Correccionales de América, con 200 prisiones en todo Estados Unidos, 150 mil camas en total e ingresos de 5 mil millones de dólares al año.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas clavó un record de deportaciones en 2010: 392 mil migrantes; 71% mexicanos. En el camino entre la expulsión o la puesta de nuevo en la calle está la CCA, la mayor empresa en el rubro cárceles. Forma parte, junto a doce “industrias penitenciarias” más del grupo de lobby legislativo ALEC (American Legislative Exchange Council), con sede en Washington. Cada año, tienen mil propuestas normativas, de las cuales el 20% llegan a ley. Cuentan con el apoyo de Exxon y de empresas farmacéuticas, por ejemplo, para impulsar leyes parecidas a la SB 1070. De hecho, uno de los principales legisladores miembro del grupo de lobby es el senador de Arizona Russell Pearce, el redactor de la SB 1070.

La principal fuente de trabajo en los estados del norte mexicano es la maquila, hija dilecta del Tratado de Libre Comercio. Trabajo industrial basura, valor agregado inexistente, intoxicación de la balanza comercial por los vaivenes de exportaciones e importaciones e ingresos garantizados sólo para las transnacionales. Del otro lado de la frontera, los migrantes sobreviven en todo tipo de trabajos de baja calificación: para el trabajo rural, aportan cerca de 400 mil niños en las cosechas manuales –así se abarata la lechuga y el rabanito–, los cuales, entre otros aspectos, son los más afectados por el uso de pesticidas. La Agencia de Protección Ambiental norteamericana regula la aplicación de agrotóxicos usando como modelo un adulto varón de 70 kilos.

El Tratado fue firmado en 1994, por el presidente Carlos Salinas de Gortari. En ese año, el 69% de los mexicanos era pobre. Catorce años después, 57.7 millones de mexicanos, el 51.3% de la población, no llegaban a tener ingresos para satisfacer lo que aquí se llaman necesidades básicas. Según la Encuesta

Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares de México, en 2010 la indigencia –no llegar ni para comer–fue del 18.8%: 21 millones de personas, 6 millones más que en 2006. Ese año, el porcentaje de pobreza fue el más bajo desde el Tratado: 42.6%; más que un éxito, un indicador del grillete.

Publicado en Pausa #81, todavía a la venta en los kioscos de SF.