Mocovíes en disputa por su tierra

Por Ezequiel Nieva.

“Acá vivimos desamparados”, dijo Aurelio Valdez, uno de los integrantes de la comunidad denominada Kilómetro 491: una escisión de la comunidad mocoví Com Caia de Recreo. Las 30 familias de “la 491” se asentaron a mediados de 2010 en el campo San José, un predio de 327 hectáreas a la vera de la ruta 11, a la altura del kilómetro 491. Por ley, esas tierras son de los mocovíes, pero el gobierno provincial aún no entregó los títulos de propiedad y, por lo tanto, no pueden ser utilizadas para actividades productivas que favorezcan el sustento. Las negociaciones están en un punto muerto: los legítimos dueños no solucionan sus internas; la provincia no avanza en el objetivo de dejar asentado en términos legales que las tierras son de la comunidad y que su uso no debe regirse por las lógicas del mercado sino por el principio de la propiedad comunitaria. La división al interior de los mocovíes impidió completar en forma fehaciente el censo que exigió Fiscalía de Estado para incorporar a Com Caia en el Registro Especial de Comunidades Aborígenes, creado mediante el decreto 1.175/09, cuyo objetivo es el reconocimiento público y gratuito de los pueblos originarios como personas jurídicas de derecho público. A ese beneficio accedieron, a fines de junio, comunidades de Cayastá, Calchines, Campo del Medio, Calle Ancha, Colonia Mascia, Los Pasuscanos, 2 de Febrero y Aim Moqoi. El registro es el primer paso para lograr la restitución de las tierras: una disposición incorporada en la Reforma Constitucional de 1994 que en los últimos años empieza a cumplirse. En Recreo la cosa está detenida.

Seis kilómetros al norte del ejido urbano de Recreo, en el límite con la comuna de Candioti, se ubica el campo San José: casi 330 hectáreas de tierras fiscales que pertenecieron al Ejército y que desde 2008, en cumplimento de la ley provincial 12.086 –que dispone la restitución a los pueblos originarios–, fueron adjudicadas por el decreto 2.046/08 a la comunidad Com Caia.

El predio es codiciado; su ubicación es estratégica: sobre una ruta nacional y cruzado por la circunvalación oeste, todavía en obra. Pese a que linda con el río Salado, son terrenos no inundables por su altura y porque la circunvalación funciona como defensa. En la zona más productiva del departamento La Capital, una treintena de ranchos de nylon de silo bolsa y ramas flacas se recorta en el horizonte. No tienen chapas, ni siquiera cartones. Los días de viento las paredes parecen velas de un viejo barco.

Delante de los ranchos hay una construcción precaria pero de material. Es el salón de “la 491”. Tres banderas decoran el mástil que precede la construcción: la argentina, la multicolor de los pueblos originarios y una que simboliza la paz, compuesta por una paloma blanca sobre fondo azul. Dos arcos de fútbol, también realizados con ramas de árboles, completan el paisaje; el resto es campo vacío.

Entre junio y julio los miembros del asentamiento cortaron dos veces la ruta 11 para reclamar energía eléctrica, agua potable y atención médica –las necesidades más urgentes– y para poner sobre relieve el problema de fondo: la propiedad de la tierra. “Los cortes los iniciamos por promesas incumplidas”, explicó Aurelio Valdez. “Cansados de promesas tuvimos que hacer un corte para poder dialogar con las autoridades, no con el director de Pueblos Originarios (Raúl Britos) que estuvo tres años mintiéndonos”.

“Britos nos dijo que íbamos a tener luz antes del Mundial (2010), dijo que íbamos a poder ver acá los partidos y cuánto hace ya que pasó el Mundial. Ahora, por el último corte nos trajeron un transformador”. Resuelto en forma precaria el reclamo de la luz, ahora piden ayuda para terminar el salón de la comunidad –falta el piso–, en el que muchos chicos del asentamiento pasan el invierno al calor de un viejo televisor. “Si viene un médico, como prometió el ministro (de Desarrollo Social Pablo) Farías, bienvenido sea”, agregó Valdez.

Cuando levantaron el salón, de unos 60 metros cuadrados, el objetivo era que funcionara un dispensario “para que los médicos puedan atender a los chicos y a los ancianitos”, contó Valdez. “Después del corte falleció un abuelo. A veces mandamos buscar las ambulancias y no vienen. La Policía de Candioti hace un esfuerzo y con las patrullas ellos nos llevan. Eso no es justo, acá vivimos desamparados del todo”.

Para solucionar el reclamo de fondo primero debe concretarse la asamblea de la comunidad para confeccionar el censo. El último relevamiento realizado por Com Caia incluyó a 189 familias; los miembros del asentamiento rechazaron ese censo, realizado por el cacique Pedro Coria, argumentando que los habían excluido: son unas 120 personas que permanecen en el campo San José y que encontraron en la toma una suerte de reaseguro que les garantiza no quedar afuera de la titularización definitiva.

“Queremos que se haga la asamblea y que se postulen los se quieran postular. Nosotros queremos cambiar a los que están al frente de la Com Caia”. La dureza de los términos de Aurelio Valdez contrasta con su carácter calmo. La división interna es un problema a superar. En Recreo aún se recuerdan las épocas en que los mocovíes lucharon unidos por objetivos comunes, como la escuela bilingüe inaugurada a mediados de los 90.

“Cansados de promesas tuvimos que hacer un corte para dialogar con las autoridades”, dijo Aurelio Valdez, de la comunidad Kilómetro 491.

El campo San José es casi un botín de guerra. Desde el segundo mandato de Jorge Obeid –cuando se sancionó la ley 12.086– el senador por el departamento La Capital, Juan Carlos Mercier, viene fogoneando un proyecto para que allí se radique un parque industrial. En 2008 el Concejo Municipal de Recreo apoyó la iniciativa y convocó a una consulta popular para decidir el destino final del predio. El Inadi alertó sobre la cuestión –argumentaron que la idea de Mercier colisionaba con el principio constitucional de restitución de tierras y que era un acto de discriminación– y el intendente de Recreo Mario Formento debió parar la consulta.

Mientras tanto, en complicidad con Coria, la semillería Denis Stamatti –que tiene radicada una de sus sucursales en Recreo Sur– alquiló el campo para producir soja. La difusión pública de la maniobra tuvo rebotes en el ámbito legislativo provincial y desactivó el negocio que mantenía Coria con la empresa. “Nosotros tuvimos que pararnos frente a las máquinas mientras estaban por levantar la cosecha. Nos paramos y llegamos a un acuerdo: él (Stamatti) dijo que si lo dejábamos levantar la cosecha iba a dejar de cooperar con Coria y no iba a volver más a sembrar”, recordó Valdez. “Y no insistió más”.

En una pequeña parcela del que antes fue territorio sojero ahora hay pequeñas huertas. Los miembros del asentamiento trabajan con asesoramiento del INTA y apuntan a extender y diversificar los cultivos: además de las hortalizas que producen quieren incorporar agricultura extensiva –mediante el viejo sistema de producción que, en lugar de basarse en la maximización del rendimiento del suelo a corto plazo, busca un uso armónico con el entorno y sustentable en el tiempo– y más adelante, resuelto ya el trasfondo legal, hacienda y gallinas.

Según Valdez, el decreto de adjudicación “no solucionó nada”. “Nosotros queríamos trabajar la tierra. Sembramos cada uno su huerta, tenemos voluntad de trabajar, es necesario. Ya estamos trabajando, a fuerza de pala y azada. Lo estamos haciendo porque todos tenemos nuestras necesidades. Tiene que ser el mismo pueblo originario el que debe trabajar la tierra, no gente blanca como ellos metían. Y recibir cada cual su parte por su trabajo”.

En ese aspecto, la ley 12.086 es clara: “Las tierras adjudicadas no podrán ser vendidas ni dadas en garantía y no podrán ser usadas, explotadas o alquiladas por personas que no sean aborígenes”. El reclamo de los mocovíes es que la tierra tenga la asignación específica para la cual fue adjudicada.

Publicado en Pausa #82, todavía disponible en los kioscos de SF