Chicos entre la violencia y la trata

El caso Candela Rodríguez despertó una ola de debates cuyos últimos gritos todavía se escuchan. Una de las aristas que se discutió fue la de las formas que tiene el Estado y las instituciones que colaboran para actuar frente a la desaparición de personas (sobre todo menores) y el emergente, cada vez más sólido, de la trata de personas. En la provincia de Santa Fe funciona el Registro Provincial de Información de Niños, Niñas y Adolescentes Desaparecidos, creado mediante la ley 12.545 en el año 2006 y reglamentado por decreto 781 del 8 de mayo de 2007. Según el subsecretario de Derechos Humanos de Santa Fe, Dr. Horacio Coutaz, en la provincia una gran cantidad de las desapariciones de menores que se denuncian son resueltas y otro porcentaje menor está vinculado a la trata de personas.

El Registro toma intervención ante toda denuncia de fuga de hogar, pedido de paradero o desaparición efectuada en sede policial, judicial o ante el mismo Registro.

La mayor cantidad de casos de desaparición de menores en la provincia está vinculada a adolescentes que se van de sus hogares por motu propio, generalmente por problemas vinculados a la violencia familiar. Según el subsecretario de Derechos Humanos, “los casos se cierran pronto, porque se logra encontrar a la criatura rápidamente”. De todos modos, el funcionario también dijo que en esas situaciones se concreta un seguimiento del caso para tratar de identificar el motivo por el cual se fue el menor, y para evitar que vuelva a pasar. Pero el dato más llamativo es que en la provincia “el porcentaje de casos de desapariciones vinculados a la trata es mínimo”.

Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos hicieron saber que no existe una sola estrategia de abordaje e intervención sino que la misma se adecua a cada situación. Por este motivo se aclaró que se identifican tres etapas fundamentales ante una situación de ausencia o desaparición, que permiten pensar cada caso como un proceso dinámico. La primera estaría dada por “condiciones de posibilidad” que generan la ausencia, la segunda viene dada por la propia ausencia y necesidad de localización y la tercera por el hallazgo que implica la necesidad de un seguimiento. El trabajo cotidiano del Registro, más allá de la búsqueda y localización, apunta también al monitoreo una vez que se dio con el paradero del niño/a o adolescente, ya que “es necesario incidir en aquellos factores y variables que actúan como condición de posibilidad para que se materialice la desaparición”.

Desde el inicio de 2009 se implementó un “Protocolo de Intervención ante denuncias de pedidos de paraderos de niños/as y adolescentes” que procura que el Registro asuma un rol central en la búsqueda de desaparecidos. De esta forma, se pretende articular y cooperar con todas las esferas y organismos estatales y no estatales que tengan capacidades y recursos orientados en esta problemática.

Según el Protocolo, frente a toda denuncia que se recibe, el equipo de trabajo se comunica con los familiares para coordinar una entrevista, que puede realizarse en la sede de la Secretaría o en el domicilio familiar. Se establece contacto con la autoridad policial y judicial, con referentes educativos, sanitarios, barriales o cualquiera que tenga vinculación con el niño, niña o adolescente o su vínculo familiar, con el objetivo de poder contar con información que favorezca la búsqueda. Vale aclarar que todo el proceso se lleva adelante en un marco de confidencialidad. La información recabada se pone en conocimiento de las autoridades intervinientes a los efectos de que se realicen las acciones necesarias para la localización. Una vez hallado el niño, niña o adolescente se realiza una entrevista para conocer sus motivaciones, necesidades y demandas y se acuerda la estrategia a seguir respecto de su integración a su entorno cercano.

Del análisis efectuado por la Subsecretaría de Derechos Humanos sobre las causas de las desapariciones se desprende la siguiente diferenciación: 1) Impedimentos de contacto entre hijos y padres o madres facilitados o impulsados por una situación de no convivir en el mismo espacio; 2) niños, niñas o adolescentes que se retiraron sin autorización de instituciones dependientes de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia; 3) situaciones de conflictos familiares entre las que se cuentan mayoritariamente violencia familiar; 4) un porcentaje minoritario de casos se enmarca en situaciones de explotación sexual o laboral y son abordadas a través del “Programa Integrando Redes”. La diferenciación conlleva el establecimiento de diferentes estrategias de intervención. De todos modos, esas líneas de acción ponen el acento en el derecho que les corresponde a los menores de ser oídos y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta en aras de la protección integral.

Según el organismo, en el período comprendido desde su creación hasta el 31 de agosto de este año se recibieron 4.927 denuncias en toda la Provincia, de las cuales 73 continúan en trámite.

Del total provincial de denuncias recibidas, 2.231 corresponden a la zona norte de la provincia y sólo 13 continúan en trámite. La zona norte comprende a los nodos Santa Fe, Rafaela y Reconquista (que incluye los departamentos: 9 de julio, Castellanos, Garay, General Obligado, La Capital, Las Colonias, San Cristóbal, San Javier, San Jerónimo, San Justo, San Martín y Vera). Del total mencionado, 2.675 casos corresponden a la zona sur de la provincia y 56 continúan en trámite. La zona sur está conformada por los nodos Venado Tuerto y Rosario (que incluye el sur del departamento San Martín, parte de San Jerónimo, Belgrano, Iriondo, San Lorenzo, Caseros, Rosario, Constitución, y General López).

El caso de Fernanda Carolina Godoy es una de las tantas denuncias que se paralelas a lo que ocurría con Candela Rodríguez en Buenos Aires. Fernanda tiene 16 años, se había ausentado de su hogar el 5 de agosto. La encontraron en la casa de su novio en la esquina de Larrea y San Juan, barrio Nueva Pompeya, tres semanas después de su desaparición. La adolescente dijo que se fue de su domicilio por propia voluntad y que siempre estuvo ahí. En esa oportunidad, la madre de la menor dijo ante los medios: “Estoy agradecida con la policía por que la encontraron sana y salva, pero estoy indignada con la familia del novio que nunca me avisó esto”. Sin embargo, surgieron dudas acerca de porqué la policía nunca dio antes con el paradero de la menor, ya que todo el tiempo que estuvo desaparecida habría estado en la casa de su novio.

“Los nuevos soportes de la comunicación pueden ayudarnos a combatir o, al menos, a restringir el alcance de la denominada criminología mediática cuya expansión, sobre todo televisiva, contribuye a la conformación de un Estado gendarme que se contrapone al modelo de Estado inclusivo”.

El diagnóstico es del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni. El juez mentó así una práctica que degrada el oficio y confunde los roles: el periodismo justiciero.

Casos como el de Candela Rodríguez permiten apreciar el lado más crudo del problema. Su cobertura desnudó las peores miserias profesionales de decenas de colegas. Hubo quienes eligieron no sumarse al show del periodista fiscal. Pero el tono que prevaleció, en las horas posteriores al hallazgo del cuerpo, llevó a algunos memoriosos a rescatar una vieja sentencia de Raúl Scalabrini Ortiz: “Más delito que el delito es la publicidad morbosa del delito”.

“Un crimen, un robo, un asalto, un adulterio con homicidio, son sucesos sin repercusión social, despreciables y previstos en el equilibrio colectivo. El delito mayor es darles una divulgación indebida, repartirlos por todos los ámbitos, redactados por plumas expertas en sensacionalismo, bajo títulos pomposos, como si se quisiera que todos los hombres tomaran por modelos las fechorías que relatan”. Así lo planteó Scalabrini Ortiz hace 60 años; vaticinó el estilo periodístico que se impondría.

En Buenos Aires, por mercado y por recursos, el desarrollo de los medios audiovisuales se diferenció del resto del país. Los móviles, los helicópteros y el sistema de interacción que le permite al vecino convertirse en fuente directa de noticias se conjugaron para dar paso a un escenario donde la competencia es tan feroz que ni siquiera se respeta el dolor genuino de protagonistas y víctimas. En

Santa Fe la situación es otra. Los canales rara vez pueden transmitir en vivo desde exteriores; las radios cuentan con uno o dos movileros por turno y el llamado “periodismo ciudadano” aún no impactó en los medios. Las 73 familias que esperan saber qué pasó con sus chicos (ver nota principal) no tuvieron que sufrir el acoso de los colegas que juegan a ser fiscales o jueces en lugar de dedicarse, con responsabilidad, a ser periodistas.

Sería saludable que esa decisión –ser serios a la hora de comunicar novedades– surja de una convicción democrática y no que sea producto de un mero problema de escala económica.

Publicado en Pausa #83, todavía a la venta en los kioscos de SF