Los chicos y los miedos

Los detiene la Policía. Les pegan. Los estigmatizan. Y ahora, además, quieren cerrarles El Refugio, uno de los pocos espacios de contención con los que cuentan los chicos que trabajan como limpiavidrios en la zona de bulevar. El conflicto –que unos abordan desde el punto de vista de la seguridad y otros desde una perspectiva de inclusión que ayude a superar las situaciones de marginalidad– recalará el miércoles 26 en Tribunales. Citadas por la jueza Beatriz Forno de Piedrabuena, las partes –la provincia, como responsable del espacio, y el procurador Hugo Benuzzi, quien presentó un amparo pidiendo su cierre– deberán intentar un acuerdo mediante el mecanismo de audiencia conciliatoria. Pero, más allá del resultado de la audiencia, la institución que funciona en Ituzaingó al 1800 (pleno barrio Candioti) seguirá abierta: el fiscal de Estado Jorge Barraguirre advirtió que el Poder Judicial no tiene competencia para ordenar medidas como las requeridas por Benuzzi, quien se presentó ante los medios como portavoz del reclamo de “muchos vecinos” de la zona que exigirían que El Refugio “no se convierta en un depósito de chicos”. La Vecinal Candioti Sud rechazó los argumentos del procurador (ver aparte).

Las dudas sobre la legitimidad del planteo de Benuzzi fueron expuestas por el ministro de Desarrollo Social Pablo Farías, quien recordó un caso reciente en el que se vieron involucrados una decena de policías de la Seccional 3ª. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 29 de agosto. Dos agentes –Juan Darío Gutiérrez y José Carlos Acosta– detuvieron a tres chicos de entre 15 y 17 años. Los trasladaron al patio de la comisaría y allí los tuvieron durante una hora y media; a las tres de la mañana de ese lunes los dejaron libres. El procedimiento no quedó registrado en los libros de la Seccional. Una semana más tarde, los responsables de El Refugio hicieron público el caso y refirieron que los menores habían sido golpeados. Circuló una versión fuerte, sobre torturas con picana; el jefe de la Policía la descartó –luego haría lo propio la Justicia– pero ordenó una investigación interna. El 14 de septiembre la jueza de Instrucción Susana Luna, a cargo del caso, procesó por el delito de privación ilegítima de la libertad a cinco de los diez involucrados, quienes fueron desvinculados de los cargos de tortura y tormento. El resto de los imputados recibió falta de mérito.

“Me llama mucho la atención que esto suceda después de que se produjeron los apremios ilegales con los niños”, dijo Farías a Radio Nacional. Así, el ministro –de cuya órbita depende la institución– cuestionó el amparo presentado el 6 de octubre por el procurador Benuzzi. Tres semanas antes se había cerrado la primera etapa de un caso que sacudió a la Policía y en el que están procesados cinco agentes: el subjefe a cargo de la Seccional, comisario Marcelo Alejandro Fabro, de 39 años; los suboficiales Javier Alejandro Manibardo, de 31 años, y Roberto Edgardo Foffani, de 20 años; además de Gutiérrez y Acosta, ambos de 30 años. “Respecto de las torturas, vejámenes y apremios ilegales que fueran imputados, entiendo que en esta etapa del proceso no se han reunido elementos de convicción suficientes que permitan el procesamiento de los inculpados, como así tampoco su sobreseimiento”, detalló la jueza Luna. Los cinco procesados recuperaron su libertad el 14 de septiembre, junto a los cinco sobreseídos: dos miembros de la 1ª Zona de Inspección, un cabo que estaba como sumariante a cargo, una suboficial y el celador de la comisaría.

En 2009 los chicos de El Refugio pintaron un mural en las paredes de la institución, junto a la Escuela Moreno. Ahora los acusan de vándalos.

El Refugio es un espacio generado dentro de la Subsecretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Surgió entre 2005 y 2006, bajo el segundo mandato de Jorge Obeid, como respuesta a la escalada de denuncias por hechos delictivos atribuidos a los chicos que pasaban la noche en la Plaza España y que de día monedeaban en el barrio. El Refugio se convirtió en un lugar de contención y fue sostenido luego del cambio de gestión. Su objetivo final es socializar a los jóvenes en situación de riesgo; allí se les da la oportunidad de dormir bajo techo, asearse y comer. Y –si bien no es una condición obligatoria– también se los orienta para que no abandonen sus estudios, en un trabajo en conjunto realizado con las autoridades de la escuela IV Centenario.

Benuzzi pidió la clausura de El Refugio con el siguiente argumento: “Si la provincia no contiene a estos menores como corresponde, el hogar debe cerrarse. Este lugar hoy no cumple con los fines para los cuales fue creado”. El vecino aludió a arrebatos sufridos por su familia y supuestamente cometidos por chicos que se alojan en la institución. Pero en la Justicia, según reveló la fiscal María del Carmen Bertone, no reconoció a ninguno de ellos. En su presentación, Benuzzi pide que se haga lugar al amparo “hasta tanto se establezcan medidas de mayor responsabilidad, control y contención de los menores por parte de los organismos competentes”.

Para la provincia, el Poder Judicial no tiene competencia para ordenar el cierre. El fiscal de Estado rechazó la acusación del particular, según el cual hay funcionarios que incurrieron “en omisión de adoptar las medidas necesarias” para brindar seguridad en el barrio. En la audiencia del miércoles 26, Barraguirre le explicará a la jueza Forno de Piedrabuena “de primera mano” todas las actividades que se realizan en El Refugio. “Cerrar este tipo de instituciones es una política del perro que se muerde la cola”, dijo a LT10. “Si se va a poner en consideración esa política, cerremos todas las cárceles”, agregó.

El ministro Farías acotó que, hasta el episodio protagonizado por los policías de la Seccional 3ª, en el barrio “no había mayores inconvenientes” con los chicos de El Refugio. “Las cuestiones por las cuales nos comunicamos en su momento con este señor (Hugo Benuzzi) fueron hace dos años y ya fueron superadas”, declaró el funcionario, para quien la denuncia resultó “totalmente sorpresiva”. “Quizás tenga alguna vinculación con los apremios ilegales”, especuló.

A pedido de la Fiscalía de Estado, la Justicia citó a las partes a una audiencia conciliatoria para resolver el conflicto desatado por el recurso de amparo. La intención de la jueza Forno de Piedrabuena será “intentar una conciliación o requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito”. Así, la magistrada hizo lugar al amparo presentado por Hugo Benuzzi y conminó al Ejecutivo a dar una respuesta. Barraguirre indicó que la intención de la provincia es ampliar el panorama “sobre el funcionamiento de la institución, sus objetivos y logros de gestión”.

Desde la Subsecretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia explicaron: “La Convención de los Derechos del Niño constituye la síntesis más acabada del nuevo paradigma para interpretar y enfrentar la realidad de la infancia, confirmando el status del niño como sujeto de los derechos fundamentales de la persona humana”. También se refirieron a las garantías que debe aportar el Estado y la responsabilidad que le cabe como tutor en la “recuperación y reintegración” del menor en la trama social. Y añadieron que es fundamental el papel de la comunidad en el proceso de inclusión “por motivos de solidaridad” y “en ejercicio de la democracia participativa”.

Barraguirre se pronunció en igual sentido: “Hay convenciones internacionales suscritas en la Constitución que obligan a este tipo de políticas públicas. Todas las preocupaciones que puedan tener algunos sectores sociales, vinculadas a la prioridad de la seguridad, son políticas auto frustrantes. Si no construimos ciudadanía, las políticas de seguridad tienden a fracasar; la única manera de procesar los conflictos sociales que genera la marginalidad y el delito es reinsertando a la gente”, argumentó.

Benuzzi le dio la primicia del amparo al diario El Litoral y luego inició un raid mediático; en el programa de cable Sin Mordaza declaró: “Quiero aclarar que no hay ninguna mirada discriminatoria. Lo que se intenta es que el Estado, que está rotundamente ausente, les brinde a los chicos una atención adecuada y las herramientas para progresar como personas”. El procurador explicó que el recurso está dirigido contra el gobierno de la provincia, en primer término, pero también contra el Ministerio de Desarrollo Social, El Refugio y el Ministerio de Seguridad, ante la supuesta “omisión de los funcionarios dependientes de esos ministerios para tomar medidas necesarias tendientes a que estos chicos sean contenidos como merecen y que sus derechos no sean vulnerados”. El denunciante también habló del “derecho que tenemos los vecinos del lugar a transitar libremente por esa zona, porque hoy no se puede estar tranquilo”.

Publicado en Pausa #85, disponible en los kioscos de SF