Por primera vez, un militar en el banquillo

El coronel retirado José María González es el primer militar juzgado en la ciudad por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. El jueves 27 de octubre comenzó la etapa de audiencias en el Juzgado Federal Nº 1. Si se cumple el cronograma preliminar, la sentencia se conocería el 17 de noviembre. González –primer interventor de la dictadura en la provincia y autor material del golpe de Estado que derrocó al gobernador constitucional Carlos Sylvestre Begnis– está acusado por el secuestro y asesinato de Mario Marini, militante del peronismo revolucionario, y por la privación ilegal de la libertad contra su esposa, Ana Cavandini, el 9 de diciembre de 1975. Si bien los hechos ocurrieron tres meses y medio antes del golpe, en la causa son investigados en el marco de un plan sistemático del que formaron parte el Ejército, la Policía y la Triple A y, por lo tanto, son considerados delitos contra la humanidad por haber sido perpetrados contra perseguidos políticos. El ex militar –quien “gobernó” la provincia durante un lapso de tres semanas– está imputado en su carácter de jefe del Comando de Artillería 121, jefe de Guarnición de Ejército en Santa Fe y jefe del Área 212 de la Sub Zona 21 del Ejército Argentino. Entre el 24 de marzo y el 16 de abril de 1976, González estuvo al mando de la administración provincial. Lo sucedió el vicealmirante Jorge Aníbal Desimoni. González continuó como jefe del Área 212 –desde donde se diseñó y ejecutó la represión ilegal en la ciudad y la región– hasta octubre de 1976, cuando lo reemplazó el coronel Juan Orlando Rolón. Ahora González está siendo juzgado por la desaparición de Marini, pero también está procesado por el asesinato de otros 22 militantes políticos en la llamada Megacausa 16/08 –a cargo del juez federal Reinaldo Rodríguez– que aún no llegó a juicio El Tribunal Oral Federal está integrado por los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Lilia Carnero. Los fiscales son Martín Suárez Faisal y Patricio Octavio Longo, la querella quedó a cargo de los abogados Lucila Puyol y Guillermo Munné, quienes representan a Ana María Cavadini. El abogado defensor del acusado es Carlos Triolo. Además de Ana María Cavadini –víctima y querellante– en las audiencias declararán 24 testigos. El juicio es por la “privación ilegal de la libertad” del matrimonio Cavadini-Marini, secuestrados en su casa de calle Jujuy 3618, donde se encontraban junto a su hijo de apenas un año. Las pruebas contra el represor “Estamos juzgando a un genocida”, declaró el abogado querellante Guillermo Munné el jueves 27. “Conducía las fuerzas estatales que operaban criminalmente siguiendo un plan contra los militantes políticos. Era responsable del Ejército, al que pertenecía, pero también de la Policía Federal, de la Policía de la provincia, del Servicio Penitenciario y de los cuerpos de inteligencia civiles” agregó Munné. En la primera audiencia, el acusado –de 82 años– se limitó a seguir la lectura de la requisitoria de elevación a juicio por parte de la Fiscalía y los querellantes. El presidente del Tribunal lo habilitó para hacer su descargo. González repitió lo mismo que otros represores ya condenados: “Jamás impartí una orden ilegal. Jamás recibí una orden ilegal. Desconozco los hechos que se me imputan”. Y se negó a responder preguntas. Cavadini relató cómo un grupo de tareas del Área 212 irrumpió en su casa y secuestró a su marido, a ella y su pequeño hijo. “Estaban vestidos de civil”, describió la mujer. “Revisaron la casa, apagaron las luces y esperaron que llegara mi marido. Ya había anochecido. Cuando llegó Mario, se abalanzan sobre él, lo golpean y lo amarran”. Según su testimonio, eran seis contra uno. Tras el operativo, ella y el bebé fueron llevados a la Comisaría Primera. Nunca más volvió a ver a su esposo. La investigación judicial reveló, cuatro años atrás, una prueba clave que apareció en el archivo de los Tribunales Federales: el acta del operativo, del 9 de diciembre de 1975, que acredita la emboscada por un grupo de tareas “adscripto al Área 212 que actuaba bajo el control operacional del Ejército”. El documento reconoce que Marini fue detenido a las 21:30. Supuestamente, se fugó a las 21.55. El objetivo de la querella es demostrar la falsedad de esa versión.
Publicada en Pausa #86, miércoles 2 de noviembre de 2011