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Por Gonzalo Andrés y Ezequiel Nieva
La conformación de un sistema de medios públicos provinciales es una posibilidad cada vez más cercana. El proyecto tiene media sanción en la Legislatura, resta que el mayoritario bloque de senadores del PJ lo convierta en ley. La votación por unanimidad en la Cámara baja permite suponer que será un trámite, aunque las quejas de los gremios de prensa sobre aspectos puntuales –como el encuadramiento legal de los trabajadores– podrían derivar en modificaciones que demoren la sanción definitiva de la ley.
En la sesión del jueves 27 la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto por el cual se crea el Servicio Público de Comunicación Audiovisual. Si el Senado lo avala, la provincia comenzará a diseñar su propio sistema de medios públicos. Con 40 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara baja aprobó la iniciativa, a la que se le incorporaron algunas observaciones surgidas del bloque kirchnerista y basadas en el proyecto que ingresó hace casi dos años el diputado Marcelo Brignoni.
El vocero oficialista fue el jefe del bloque socialista Raúl Lamberto. Explicó que el objeto de Radio y Televisión Santafesina Sociedad del Estado (RTS) es regular el servicio de los medios públicos en la provincia, destacó la autolimitación del gobierno en lo relativo a las decisiones centrales del sistema –se regirá a través de un directorio plural– y también celebró que el espíritu de la ley consiste en la promoción de los derechos ciudadanos en el ámbito público y en la integración territorial a través de la comunicación.
“Esta ley intenta lograr una idea diferente de medios públicos, que difundan contenidos santafesinos en un marco plural e igualitario”, remarcó el socialista. Mencionó como antecedente inmediato las producciones de Señal Santa Fe, del Ministerio de Innovación y Cultura, y señaló la importancia de descentralizar la generación de contenidos –en ese sentido valoró la elección de la figura jurídica de Sociedad del Estado, puesto que separa su funcionamiento de las decisiones del gobierno de turno– para “que no haya una dependencia tan marcada del poder central”.
Además de la producción audiovisual local, RTS difundirá a artistas santafesinos de distintas disciplinas y hará hincapié en las producciones en castellano: el 70% de la música que pasarán deberá ser de autores argentinos y de ese total el 30% de músicos oriundos de la provincia. Lamberto explicó que la intención es lograr productos “competitivos y modernos”. En el campo audiovisual, el 70% de los contenidos deberán ser de origen nacional y de ese total, como mínimo, el 20% diario deberá ser producto de realizadores nacidos o domiciliados en la provincia con no menos de dos años de residencia efectiva.
Cómo funcionará RTS
De sancionarse la ley, Santa Fe será la primera provincia que le da marco legal a las señales que el Plan Técnico de Frecuencias de la Nación prevé para cada distrito. La posibilidad surgió a partir de la sanción, en 2009, de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La norma votada por el Congreso habilita a las provincias a contar con un canal de televisión de aire, una radio AM y otra FM, más todas las repetidoras necesarias. Se estima que para cubrir todo el territorio RTS necesitará 30 repetidoras.
El ingreso de trabajadores se hará a través de concursos públicos. Habrá un defensor del público, que dependerá de la Legislatura –igual que el defensor del pueblo– y se conformará una comisión bicameral que evaluará la marcha de los medios públicos. “Habrá un importante control en el poder legislativo”, afirmó Lamberto.
El directorio de RTS se conformará con siete miembros “altamente calificados”, según se puede leer en la ley. Cuatro surgirán del ámbito legislativo –dos de cada cámara, representando las dos primeras minorías–, habrá otros dos directores designados por el Poder Ejecutivo –uno será el presidente de la empresa pública, con mandato de tres años– y el restante representará a los trabajadores. El personal de RTS será encuadrado según las normas del derecho público, en el ámbito del Estado, pero sus tareas se determinarán de acuerdo a los convenios colectivos vigentes para cada actividad. Para los gremios del sector, el artículo que refiere a la situación de los trabajadores es “confuso”.
El titular del Sindicato de Prensa de Rosario, Edgardo Carmona, criticó ese aspecto y planteó una duda: si los trabajadores de prensa serán contratados como periodistas o como empleados públicos. “Gracias a la conformación de RTA (Radio y Televisión Argentina), donde están Canal 7, Télam y Radio Nacional, hemos logrado que los trabajadores estén perfecta y claramente encuadrados en los convenios colectivos de cada actividad: prensa, locutores, televisión, con los convenios y derechos que cada uno de estos trabajadores tienen. Son trabajadores que paga el Estado, pero no son empleados públicos. Son empleados de sociedades anónimas donde el capital es ciento por ciento del Estado, pero su convenio y su actividad están regulados por la ley de contrato de trabajo”.
Carmona también criticó la “sobreabundancia” política en el directorio: “Exigimos que quede escrito en la ley, con absoluta claridad, la representación que nos corresponde por nuestra incumbencia profesional y la de todos los sindicatos de la actividad privada con participación en los medios públicos. La media sanción sobreabunda en la representación política a través del Poder Ejecutivo y el Legislativo, con seis miembros sobre siete”.
El otro órgano que crea la ley es el consejo consultivo, integrado por representantes de universidades y escuelas relacionadas a la comunicación –periodismo, locución, cine–, de los trabajadores, de los pueblos originarios y de las cámaras privadas que producen contenidos. Los gremios de prensa –y algunos diputados– rechazaron ese punto también, con el argumento de que nada tienen que hacer en ese lugar –el consejo consultivo de los medios públicos– las cámaras que reúnen a los productores privados. La diputada Claudia Saldaña, del Frente para la Victoria, votó en contra del capítulo del proyecto que reglamenta la conformación del consejo consultivo.
Coincidencias políticas
“Es un gran avance y un gran desafío”, definió Lamberto durante la sesión. “Queremos lograr un medio que permita integrarnos culturalmente”, se entusiasmó el jefe del bloque de diputados provinciales socialistas. El kirchnerista Brignoni logró introducir algunos puntos de su proyecto, ingresado a la Cámara luego de la sanción de la ley nacional de medios. El diputado del bloque Encuentro destacó la idea de entender la comunicación como un derecho público y no como un negocio privado y elogió que “Binner haya entendido ese mensaje”. Sus mayores loas fueron al ex presidente Néstor Kirchner y a la actual mandataria Cristina Fernández por impulsar la ley nacional pese a la resistencia de los medios concentrados: “Demostraron que la democracia y la política están por encima de los intereses particulares”. Antes de la votación, el diputado oficialista Antonio Riestra, del partido Pares aliado del socialismo, sostuvo: “Estamos avanzando en el camino de la democratización de la información. Esta ley viene a saldar una vieja demanda, un reclamo histórico de numerosas organizaciones sociales, políticas y gremiales y que lograron que podamos dejar atrás una norma de la dictadura”.
Por Martín Becerra (*)
Es un buen comienzo por varios motivos: en primer lugar porque el proyecto en general se inscribe en el ideal de que los medios de gestión estatal deben cumplir un servicio público para evitar su manipulación comercial (algo que en la historia de Canal 7 sucedió cuando fue gestionado por Gerardo Sofovich, por ejemplo) o su utilización gubernamental-partidaria, lo cual restringe la representación de la diversidad política y social de lo público (esté identificado o no electoralmente con el gobierno de turno) y erosiona la legitimidad de la emisora.
Sin embargo hay que remarcar algunas falencias:
1. Las funciones asignadas a las emisoras públicas provinciales son adecuadas, aunque tienen un déficit en el mandato de pluralismo informativo que una emisora de servicio público debería promover y garantizar.
2. Si bien existe un buen diseño institucional de los medios públicos provinciales (a imagen y semejanza del diseño, aún no concretado, a nivel nacional), sin embargo la integración del directorio es excesivamente político-partidaria, con muy poca (casi nula) injerencia de la sociedad civil.
3. La designación de miembros del directorio podría realizarse mediante un procedimiento público.
4. Los mecanismos de auditoría social y política de los medios públicos podrían ser más estrictos.
5. En cuanto a topes publicitarios, el Estado debe diferenciarse de los privados, autolimitándose en anuncios para poblaciones vulnerables, por ejemplo: los medios públicos deberían abstenerse de emitir publicidad para niños, deberían dejar claro que no se interrumpirán películas ni documentales con publicidad comercial.
(*) Doctor en Comunicación Social, docente de la Universidad Nacional de Quilmes.
