Ampliación de los derechos civiles

El Congreso se sacudió la modorra y comenzó a discutir proyectos que responden a reclamos de agrupaciones feministas y del colectivo LGBT. Avances en la ley de género.

En 2010, con la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, el Congreso Nacional pareció sacudirse un poco la modorra y entrar en una etapa progresista, en el sentido menos manoseado del término. Los movimientos LGBT, feministas y de derechos humanos, vienen desde entonces renovando sus energías y, en muchos casos, aunando esfuerzos bajo la bandera de la igualdad y la diversidad.

En este 2011 la batalla legislativa giró en torno a la Ley de Identidad de Género. Gran cantidad de fallos de la justicia venían allanando el camino para que este tema sea colocado en la agenda parlamentaria. A nivel nacional, resonó el caso de Florencia de la V, primera persona trans de América Latina en obtener el reconocimiento de su identidad sin necesidad de aprobación médica o psiquiátrica. En nuestra ciudad, el caso de Alejandra Ironici convirtió a Santa Fe en la primera provincia del país que, como Estado, acompaña el reclamo de una persona transexual que solicita el cambio de nombre en su DNI y partida de nacimiento.

El Fiscal de Estado santafesino, Jorge Barraguirre, se expidió de manera positiva ante el reclamo hecho por la solicitante y puso bajo responsabilidad de actuación al Estado al señalar que tiene el deber de ayudar a una persona cuando se  considere que su dignidad peligra.

El 18 de agosto se dio inicio en la Cámara de Diputados de la Nación al postergado debate sobre identidad de género que, tres meses más tarde, obtenía el dictamen favorable para pasar al recinto y ser votado. “Negarnos la identidad no tiene que ver sólo con una cuestión cosmética de mostrar el DNI y que figure nuestro nombre de género, sino con lo que significa para numerosos aspectos de nuestras vidas cotidianas, como por ejemplo en el ingreso a un establecimiento educativo, donde nos exigen ir como varones, porque eso dice nuestro documento. La Constitución consagra el derecho a la educación y como ciudadanas queremos que se cumpla, que se nos garantice el acceso y permanencia en los establecimientos respetando nuestras identidades”, afirmaba Lohana Berkins, activista trans, en una conferencia en la UNL.

En la última sesión del año, finalmente la Ley de Identidad de Género obtuvo media sanción con el respaldo mayoritario del cuerpo de diputados. El proyecto en su artículo 1 especifica que “toda persona mayor de 16 años podrá solicitar la rectificación del nombre, el sexo e imagen en todos los registros públicos en los que figuren tales datos y no coincidan con su género autopercibido”, además establece que el trámite se realizará ante el Registro Nacional de las Personas y no fija requisitos específicos, salvo la propia solicitud del interesado, no siendo necesario someterse a diagnósticos médicos, psiquiátricos, ni a cirugía alguna.

“Es una iniciativa que permite respetar la dignidad de las personas transexuales –declaró la diputada Vilma Ibarra–, que contempla nuestra Constitución y los tratados de derechos humanos que a ella se han incorporado. Estamos discutiendo la diferencia entre sexo y género, donde el género es mucho más abarcativo, de acuerdo con lo recogido en fallos que sentaron jurisprudencia y de acuerdo con planteos de las organizaciones de derechos humanos. A veces la identidad de género no coincide con el sexo que le fue asignado en la partida de nacimiento”. La votación en general consiguió 167 votos a favor del proyecto mayoritario, 17 en contra y siete abstenciones.

Desde el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género se mostraron felices y conformes. “Esto es una bisagra hacia un futuro mejor para las personas trans, porque hablamos de derechos fundamentales como el derecho a la identidad, a la educación, al trabajo, a la salud y a la cultura. Este es el proyecto de ley más avanzado en identidad de género en el mundo, y nos representa justamente porque es producto del consenso y del trabajo de lxs militantes de nuestro colectivo”, concluyeron.

El debate abierto

Otra de los proyectos polémicos que lleva años intentando ingresar al Congreso es el de la legalización del aborto, que en este 2011 pudo ser discutido en una de las comisiones. El proyecto de Interrupción Legal de Embarazo fue elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, se presentó por primera vez en la Cámara de Diputados en 2008, pero perdió estado parlamentario, en marzo de 2010, sin haberse discutido. A las dos semanas, se volvió a presentar con 33 firmas y pronto sumó nuevos apoyos, llegando con 50 firmas a la Comisión de Legislación Penal. Fue de esa comisión de donde salió el primer dictamen favorable que hacía pensar en que el proyecto, finalmente, comenzaba su camino hacia la Cámara baja. Pero casi inmediatamente luego de la finalización del debate, diputados contrarios a una reforma cuestionaron la validez del dictamen.

Patricia Bullrich (Coalición Cívica), Omar De Marchi (Demócrata de Mendoza) e Ivana Bianchi (Peronismo Federal) presentaron sus impugnaciones, donde sostuvieron que el dictamen no alcanzó las firmas necesarias ya que, según argumentaron, había 14 legisladores en la sala y las seis firmas obtenidas no representaban la mitad más uno. De esta manera, el proyecto que consagra el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente un embarazo en el primer trimestre de gestación y más allá de ese plazo cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer, si el embarazo es producto de una violación o si hay malformaciones fetales graves, perderá estado parlamentario y deberá presentarse nuevamente en 2012.

“Sabemos que la discusión no empezó el 1º de noviembre, porque en la sociedad se viene debatiendo hace tiempo, y tampoco termina ahí –declararon desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito–. Los debates en el Congreso, cuando se modifican temas de fondo, han sido siempre complejos y no han estado exentos de trampas y jugadas orientadas a obstruirlo, como ocurrió durante el tratamiento de matrimonio igualitario y la ley de medios. Hemos dado un paso importante”, concluyeron.

Relevamiento de la vida trans

En el seminario “Debates por el derecho a la identidad de género”, organizado por la delegación Santa Fe del Inadi y realizado en la UNL, el interventor del Inadi Pedro Mouratian comentó que el organismo se encuentra trabajando “con un relevamiento para el cual firmamos un convenio con el Indec en donde se va a hacer un análisis cuanti y cualitativo respecto de las necesidades de la comunidad trans”. Comenzará con una prueba piloto en La Matanza, municipio del conurbano bonaerense. “A partir de ese estudio creemos que van a ir saliendo algunas cuestiones básicas que tendremos que ir abordando de forma transversal con el resto del Estado nacional”, señaló Mouratian, que se refirió a la situación laboral actual de la comunidad: “El 95% de la población trans está en situación de prostitución, pero también es cierto que el 77% estaría  dispuesta a dejar esa realidad por un trabajo que le permita vivir con dignidad”.

Publicada en Pausa #88, miércoles 7 de diciembre de 2011