2012, un año de vacas flacas

Mientras baja la coparticipación, suben los gastos. El año empezó con conflictos gremiales y las cuentas públicas en rojo. La receta: reforma impositiva y emisión de letras del Tesoro.

Por Ezequiel Nieva

Con las cuentas públicas en rojo, la provincia encara un 2012 incierto. Si se toman como parámetro los dos primeros meses, será un año económico difícil. El comportamiento incierto de la recaudación, una inédita disminución en la coparticipación nacional y las negociaciones salariales obligaron al gobierno a salir en busca –por cuarta vez en lo que va de la gestión del Frente Progresista– de una reforma tributaria que ayude a “equilibrar” las cuentas. Al presupuesto de 34.000 millones de pesos, sancionado en noviembre por la Legislatura, el Ejecutivo deberá sumar los casi 3.000 millones que implica la política salarial de 2012.

El ejercicio 2011 cerró con 1.650 millones de déficit. En enero el gobierno echó mano al Fuco (Fondo Único de Cuentas Oficiales; en lenguaje vulgar, “la caja”) para pagar salarios. Con poca liquidez, la provincia desaceleró la obra pública. Si los docentes hubiesen aceptado el aumento del 21% –como hicieron los estatales de UPCN y ATE–, la política salarial hubiese insumido 2.700 millones de pesos más en un presupuesto anual de gastos de 33.789 millones; cualquier mejora para el sector, necesaria para destrabar un conflicto con seis días de paro en las primeras tres semanas de clases, engrosará esa cifra. En un año de vacas flacas, el Ejecutivo ya retocó alícuotas de Ingresos Brutos y avanza hacia la suba del impuesto Inmobiliario. También emitirá letras del Tesoro para cancelar obligaciones de urgencia.

La cuestión del gasto

Mientras la oposición machaca sobre el incremento del gasto, con especial énfasis en la estructura política, el gobernador Antonio Bonfatti gestiona en diferentes ámbitos las herramientas necesarias para mejorar los ingresos de la provincia. El inicio de su mandato estuvo signado por un fuerte debate sobre el gasto público. A la extendida polémica se sumaron sus dos antecesores, Jorge Obeid y Hermes Binner.

Cuando el ex mandatario justicialista entregó el mando al socialista, dejó 1.600 millones en caja; cuatro años después, Binner cerró con un déficit del mismo monto. Obeid lo explicó en los siguientes términos: “Mala gestión. Y no lo digo con alegría. Ojalá hubieran gestionado bien; la provincia no tendría que estar ahora viendo de dónde saca plata para pagar los sueldos o para seguir con la poca obra pública que está haciendo. El problema del socialismo es que llegaron al gobierno sin saber bien qué hacer; entonces se dedicaron a hacer lo que sugería el funcionario de turno y a gastar, gastar y gastar. La solución no es aumentar los impuestos sino controlar el gasto”.

Binner le retrucó: “Todo lo que se invirtió fue en cuestiones sociales”. Y le achacó a su antecesor la privatización del Banco de Santa Fe, que “le costó a los santafesinos mil millones de dólares”, según recordó. “Creo que no es en el derroche donde podemos encontrar las razones del déficit sino en la inversión en cuestiones sociales”. Dispuesto a seguir en el centro de la escena, Binner reiteró sus reclamos por la deuda previsional de la Nación con la provincia que, según indicó, supera los 8.000 millones. “Si la Nación quiere poner de rodillas a Santa Fe, por más fuerte que sea la provincia, la va a hacer doblegar”, vaticinó el socialista.

Principio de acuerdo

Con condiciones, el PJ parece dispuesto a conceder al gobierno de Bonfatti una reforma tributaria. El senador Alberto Crosetti, del departamento Belgrano, admitió que su sector no va a poner “palos en la rueda” si se discute una suba en el impuesto Inmobiliario Rural. El legislador opositor confirmó que hay predisposición para avanzar en la reforma, entre otros motivos, porque lo recaudado por ese tributo se coparticipa en un 50% a municipios y comunas. “Intendentes y presidentes comunales reclaman mayores ingresos porque no pueden gobernar en esta situación. Y sabemos que los recursos de la provincia son escasos”, sostuvo.

También José Baucero, senador por San Javier y jefe de uno de los dos bloques justicialistas, anticipó su aval: “El justicialismo está dispuesto a discutir. No es fácil hablar de la modificación de impuestos porque de una u otra manera eso impacta en la economía de los santafesinos. Es verdad que hay una situación económica difícil en el Ejecutivo, que para nosotros es producto de la mala administración de la gestión Binner. Hoy Bonfatti tiene que pagar las consecuencias, hacerse cargo de esta situación y, por ese motivo, tocar los impuestos”.

La única voz disidente fue la del representante del departamento Castellanos, Alcides Calvo, quien sostuvo que si no se achica primero el gasto no está dispuesto a votar un aumento de impuestos. El senador justicialista opinó que bajo el mandato de Binner el gasto creció en forma “desmedida”. “Dejó una provincia comprometida y endeudada”, dijo sobre el ex mandatario. “Es incomprensible el desmesurado incremento de gastos de funcionamiento, que deberá reducirse antes que cualquier aumento de impuestos”, exigió.

El cuarto intento

El borrador de la reforma tributaria contempla un aumento significativo del impuesto Inmobiliario Rural y una suba mucho menor del Inmobiliario Urbano. La idea del gobierno es consensuar el proyecto con el PJ, que controla las dos cámaras, antes de remitir el texto final. El Inmobiliario representó en 2011 el 7% de la recaudación tributaria provincial, cuando en 2003 fue el 30%.

“La intención es consensuar”, explicó el radical Rodrigo Borla, senador por el departamento San Justo. “No queremos que vuelva a ocurrir lo mismo que en 2008 y 2009, cuando la oposición planteó el no a la reforma tributaria porque era un impuestazo y cuando aumentó el impuesto Inmobiliario (en 2010) fue lineal para todo el mundo: eso terminó siendo un impuestazo que perjudicó al ciudadano en forma directa para cubrir a muchas empresas, como las aceiteras. La actualización busca lo que venimos planteando hace cuatro años: que el que más tenga más pague y el que menos tenga menos pague”.

De sancionarse la reforma, el mayor beneficio será para municipios y comunas, ya que el impuesto Inmobiliario se coparticipa en un 50%. “Esta reforma significaría para la provincia 1.000 millones de pesos cuando el aumento salarial va a significar casi 3.000 millones de pesos. Y para municipios y comunas esta actualización significará unos 450 millones. El mayor efecto económico es para las comunas y las ciudades, fundamentalmente las más pequeñas”.

Será el cuarto intento de reforma en cuatro años: dos fueron rechazadas por los senadores del PJ, en 2008 y 2009; la otra se sancionó en forma acotada para constituir un fondo salarial especial, a principios de 2010, y solo consistió en una actualización del Inmobiliario. El punto de conflicto, otra vez, será el intento del gobierno de aplicar Ingresos Brutos a dos rubros de la economía que siguen exentos desde los 90: las constructoras, si su facturación anual superior al millón y medio de pesos más IVA, y las aceiteras, unas “15 o 16 megaempresas”, según Borla. En ambos casos, la alícuota sería diferencial: un 2%.

El proyecto incluye una mayor tasa de Ingresos Brutos para el sector financiero. La industria –en todas sus ramas– y la producción primaria seguirán exentas. “La idea es que no haya un efecto cascada al consumidor”, añadió el legislador oficialista. Las exenciones vigentes, en el sector industrial, representan unos 2.900 millones al año. El cálculo lo hizo Claudio Leoni, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales, uno de los sectores que no acordó aún su política salarial. De eliminarse esas exenciones bastaría para que la provincia mejore su propuesta salarial, pero la coyuntura económica y la triple negativa del PJ convencieron a Bonfatti de no avanzar en ese sentido.

Letras y retoques

En enero Bonfatti retocó las alícuotas de Ingresos Brutos a tres servicios vinculados a la producción rural: fumigación, roturación y siembra y cosecha de cultivos. Esas actividades comenzaron a tributar un 3,5% en lugar de la alícuota diferencial del 2,5%. También en enero se actualizaron las tasas que pagan las empresas más importantes. Los contribuyentes con ingresos de 30 a 40 millones anuales tributan ahora un 3,8% y, a partir de los 40 millones, un 4,2%.

Para los legisladores de 100% Santafesino, el “impuestazo” es inconstitucional. Así lo definió la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Marcela Aeberhard, quien sostuvo que el decreto 200/12 “está fuera de las normativas que regulan las políticas impositivas”. “No caben duda que una alícuota básica superior al 3,6% no tiene asidero legal y mucho menos constitucional. El decreto es nulo desde su origen. Existe un tremendo malestar entre los empresarios y comerciantes de la provincia que van a trasladar el problema de la suba en la cadena de elaboración a cada una de sus instancias, incluido el consumidor común”.

Desde la fuerza que lidera Oscar Martínez argumentan que Santa Fe adhirió a la ley nacional 23.548 de coparticipación federal, que establece los lineamientos básicos del impuesto a los Ingresos Brutos. La norma obliga a las provincias a una “armonización tributaria sin que ello implique un avasallamiento de sus potestades”. Al modificarse la ley, promulgada en diciembre de 1993, se estableció la alícuota básica del 3% y se añadió una autorización a los Ejecutivos provinciales para que puedan incrementar la alícuota hasta un 20%. Así, el gobierno no puede fijar tasar superiores al 3,6% sin autorización legislativa.

En paralelo a la “actualización” tributaria, la provincia emitirá letras del Tesoro por unos 800 millones, a un plazo de entre 45 y 60 días, para financiar obligaciones a corto plazo. Para ello, el Ministerio de Economía deberá conseguir autorización de las cámaras legislativas. El objetivo del gobierno es lograr liquidez para afrontar compromisos, por lo menos, hasta mayo, cuando la liquidación del impuesto a las Ganancias engrose los montos girados por la Nación a las provincias.

En el Ministerio de Economía sorprendió mal la disminución de la coparticipación nacional en febrero, luego de que la cifra de enero –tal como ocurrió en los últimos dos años– superara la inicialmente presupuestada. Mientras que en enero los ingresos, tanto provinciales como nacionales, estuvieron por encima de lo previsto en el presupuesto 2012, en febrero cayó abruptamente la coparticipación federal. “Recibimos unos 60 millones menos de lo presupuestado, lo cual nos desconcertó porque la recaudación provincial estuvo por encima de lo previsto y la base es la misma, la actividad económica”, explicó el ministro Ángel Sciara.

Publicada en Pausa #89, miércoles 14 de marzo de 2012