20 imputaciones sin eco

Poco conocido para el público, un informe de 2007 del
Concejo revela los detalles de la última inundación. El silencio de la Justicia.

Por Juan Pascual

Un informe con 25 denuncias presentadas ante la Justicia, 67
pedidos de obras que no fueron atendidos, 2.200 testimonios escritos, 327
recortes periodísticos, 98 versiones taquigráficas de entrevistas a ciudadanos
que se acercaron a declarar y tres constataciones realizadas con escribano en
lugares clave. Eso presentó el 31 de agosto de 2007 la Comisión Investigadora
de la Inundación del Concejo Municipal. Y luego instó al Concejo para que se
destituyera al entonces intendente Martín Balbarrey, quien no solo logró
finalizar su mandato sino que fue candidato a la reelección el mismo año.
Cuatro meses antes, el 28 de abril, la ciudad se inundaba otra vez.

Los concejales autores de la investigación, Jorge Henn,
Marta Fassino, Marcelo Ferreira y Carlos Pereira, acumularon un total de 20
imputaciones contra el accionar de la Municipalidad. Aquí presentamos un breve
resumen.

1. La Municipalidad fue indiferente a todos los informes
científicos previos que alertaron sobre la vulnerabilidad ante lluvias
intensas.

En 2005 el PROCIFE (Programa Interinstitucional ante la
Emergencia, formado por el CERIDE, el Instituto Nacional del Agua (INA), las
Universidades Nacionales del Litoral, de Rosario y Tecnológica Regional Santa
Fe, y la Universidad Católica de Santa Fe) elevó al Municipio un primer informe
que señalaba a Santa Fe como “una de las ciudades del mundo que presenta mayor
criticidad hídrica”, tanto fluvial como pluvial.

Las lluvias de ese 2007 no fueron excepcionales: una o dos
veces por año esos registros se dan en la zona Litoral, con aguaceros que
depositan entre 300 y 500 mm de agua. Desde el 26 de marzo al 4 de abril, los
días de las lluvias, cayeron 437 mm de agua. Pero ya el 29 marzo, con poco más
de más de 150 mm caídos, habían vastas zonas anegadas: la ciudad no estaba en
condiciones de soportalos.

2. Todos los espacios de gestión del riesgo hídrico
posteriores a la inundación del Salado fueron armados en 2004 y desmantelados
antes de fin de ese año, a pesar de que el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo había invertido recursos.

Con el decreto 194 del 11 de mayo de 2004 se conformó la
Unidad Municipal de Planificación Urbana y Territorial, con el fin de “revertir
condiciones de vulnerabilidad de la ciudad”. Su oficina estaba en el Predio
Ferial y contaba con fondos del PNUD; cesó en sus funciones a fines de 2004 y
todavía hoy –de acuerdo al testimonio de Sergio Buchara, ex coordinador en Santa
Fe del PNUD– no se sabe qué destino tuvo el material donado por el PNUD:
insumos, muebles, computadoras, fotocopiadoras, máquinas fotográficas,
impresoras, scanners, hormigoneras, equipamiento de albañilería, herramientas
para clasificadores de residuos, motos, entre otras.

El Comité de Dirección de la Unidad Municipal sólo tuvo una
reunión. El PROCIFE elaboró un único documento y nunca más fue convocado. Se
había planteado la necesidad de un Consejo de la Sociedad Civil: jamás se
conformó.

3. La Municipalidad no desarrolló un Plan de Ordenamiento
Territorial en función del riesgo hídrico, a pesar de que así los solicitaban
dos resoluciones del Concejo, en 2003 y 2005.

La primera, del 22 de mayo de 2003, solicitaba un Plan “para
la determinación de criterios urbanísticos básicos para encarar el proceso de
reconstrucción”. Como fue incumplida, en 2005 se insistió con otra resolución,
tampoco atendida. Por ello fueron interpelados en 2006 el secretario de
Planeamiento Carlos Giobando y el director del Instituto Municipal de la
Vivienda Alfredo Migone. Allí Giobando reconoció que “Santa Fe no tiene un Plan
de Ordenamiento Territorial”.

4. Nunca se elaboró un plan de construcción de los desagües
troncales, si bien había un Plan Director elaborado en 2001 por el Instituto
Nacional del Agua.

Una infraestructura de drenajes con 50 años de atraso
requería, según el INA, una inversión en obras troncales de 135 millones de
dólares (a precios de 2001), para cubrir las necesidades de casi 30 cuencas
pluviales de la ciudad. Recién después de la inundación se comenzaron a
ejecutar dos obras: los desagües troncales de calle Entre Ríos y calle Lavaise.

Mientras se gastaron más de 10 millones de pesos en refulado
para la formación de la Playa Grande, en la Costanera, el Municipio no había
resuelto la profundización y ampliación de los reservorios del oeste, una obra
de igual valor.

5. Los drenajes carecían del mantenimiento y limpieza
básicos. Esa llegó a ser la causa directa de la inundación de parte de la
ciudad.

Entre 2003 y 2007, un total de 19 vecinales distintas
presentaron sucesivas notas dando cuenta del pésimo estado de los drenajes en
sus barrios. Sólo en 2006 el Concejo sancionó 33 resoluciones solicitando obras
de mantenimiento, reacondicionamiento y limpieza de desagües y cunetas. Ninguna
fue cumplida.

En los desagües y reservorios colapsados se encontró maleza,
tubos con hasta un metro de barro en su interior, tapaduras por obras mal
hechas; caños rotos nunca reparados y minibasurales. Los problemas de
mantenimiento fueron determinantes para que se inundaran los barrios que drenan
hacia la Setúbal, como Sargento Cabral o Guadalupe Oeste.

6. Tras el cierre del anillo de defensa (la construcción del
Tramo III en el oeste, la parte que faltaba en 2003 por la que entró el
Salado), no se elaboraron los estudios técnicos para determinar la capacidad de
bombeo necesaria.

Las bombas no alcanzaban para evacuar el escurrimiento. Y la
mayor parte del sistema no funcionó durante los primeros días de las lluvias.
Antes del 28 de marzo (cuando la precipitación se intensificó) la gran cantidad
de agua ya presente en los reservorios demostraba que las bombas no habían sido
puestas en marcha.

7. El 60% del sistema de bombeo (27 bombas de 45) no estaba
en condiciones al comienzo de la inundación.

Como en el caso de los drenajes, las vecinales ya habían
presentado notas solicitando bombas para zonas que fueron efectivamente
inundadas. Los mismos empleados municipales a cargo de las casabombas
informaron desde enero de 2007 sobre la falta de bombas y sobre el deficiente
mantenimiento. Frente a la falta de respuesta de los sucesivos responsables en
la jerarquía administrativa, llegaron a notificar directamente, y con carácter
de urgencia, al intendente.

La casabomba 2 carecía de una de sus dos bombas: su propia
zona (Santa Rosa de Lima y 12 de Octubre) comenzó a inundarse el mismo 28 de
marzo. El 29 el agua llegó a sus tableros eléctricos y quedó fuera de servicio.
Las casabombas 5 y 6, sobre el nuevo Tramo III, estaban instaladas pero la EPE
no les había llevado electricidad: no operaron hasta el 31 de marzo, cuando la
EPE acercó un generador.

En las casabombas de La Guardia las bombas habían sido
retiradas hacía mucho tiempo. A fuerza de reclamos, el 29 de marzo los vecinos,
en un piquete de la ruta 168, lograron que el gobernador de Entre Ríos les
proveyese una bomba: justo pasaba por la ruta. En Colastiné había instalaciones
para cuatro bombas: dos no funcionaban y las otras dos estaban por debajo de lo
necesario. En Alto Verde había tres bombas; ninguna funcionó. Situaciones
idénticas se dieron en el Terraplén French, el Callejón Roca y el Centenario.

Al 30 de marzo el 50 % de las casabombas del oeste se
hallaba fuera servicio. La Provincia instaló bombas móviles, traídas de Buenos Aires,
Corrientes, Córdoba y Chaco: en la ciudad no había una reserva de bombas
móviles.

8. No hubo Plan de Contingencia, pese a las afirmaciones del
intendente. Las vecinales no lo conocían, no tuvo difusión a la población ni
ofreció encuadre organizativo en los centros de evacuados.

En 2005, el intendente presentó a los medios un Plan de Contingencias
para Emergencias Hídricas, elaborado por el especialista de la Cruz Roja
Internacional, Pedro Zuccarini, luego designado titular de la Oficina Municipal
de Gestión del Riesgo Hídrico. Sólo se trataba de un borrador: así lo
manifestaba el mismo Zuccarini en sus encuentros con las vecinales, mientras
que Balbarrey afirmaba que el Plan estaba “ya elaborado”. La presidenta de la
Federación de Asociaciones Vecinales de Santa Fe, Mónica Ledesma, afirmó
mantener apenas dos reuniones con Zuccarini. Una docena de vecinales se
reunieron una sola vez con Zuccarini, en un clima que describieron como de
“confrontación”.

Los representantes de la Vecinal Colastiné Norte señalaron,
como ejemplo, que en el borrador del Plan “el punto de concentración es
precisamente uno de los puntos bajos que es junto a ASOEM, una zona que se
inunda”.

Ninguna de las entidades que figuraban como centros de
evacuados sabían que habían sido designadas como tales. Ni siquiera el
Ministerio de Educación había sido notificado sobre las 30 escuelas que
figuraban en el borrador como lugares para cobijar los inundados.

9. Las alertas que dio el intendente Balbarrey no se
correspondían con las que estaban planteadas en el (virtual) Plan de
Contingencia.

De acuerdo a la Ordenanza 11178, Balbarrey decretó el 29 de
marzo Alerta Azul durante la inundación. El Plan de Contigencias
Zuccarini/Balbarrey carecía de tal alerta: correspondían los alertas Amarillo o
Naranja.

10. No había un funcionario específico para afrontar la
inundación.

Desde diciembre de 2006 la ciudad se hallaba en emergencia
por la crecida del Paraná: para ese entonces Zuccarini se encontraba
definitivamente “desaparecido” de sus funciones, sin que todavía se haya podido
establecer si había renunciado, abandonado el cargo o tomado licencia. Cuando
la crecida llegó al punto en que fueron necesarias evacuaciones, Balbarrey
designo a Horacio Ruiz, el secretario de Asuntos Hídricos, como responsable
directo, con atribuciones que por su especificidad se encontraban fuera de su
cartera.

11. Hasta el 30 de marzo, dos días después de iniciada la
crisis, la Municipalidad nunca dio directivas sobre cuándo o cómo realizar las
evacuaciones, ni especificó con qué se podían hacer los traslados. 

La mayoría de los inundados apeló a sus propios medios para
evacuarse, echados por el agua que ya había entrado a sus casas. Aun así,
cuando la Municipalidad intervino contribuyó al caos: trasladaron personas a
zonas inundables y produjeron separaciones de familias. Tampoco hubo trato
especial para personas con mayores dificultades: ancianos, niños,
discapacitados, enfermos crónicos.

12. A pesar del anuncio oficial de evacuación para el oeste,
la Municipalidad no proveyó suficientes medios de movilidad o información
precisa sobre los destinos para los evacuados.

A tal efecto, Balbarrey comprometió en su anuncio el apoyo
logístico de Ejército, Gendarmería y Prefectura. Sin embargo, de los
testimonios no se desprende que se haya visto participación del Ejército o
Gendarmería. Sólo se avistaron algunas lanchas aisladas de Prefectura. Monica
Fessy, de barrio Chalet, declaró que “los anfibios que nosotros vimos eran
tracción a sangre: los carros de la gente que trabaja cirujeando”.

13. La mayoría de los centros de evacuados se abrieron y
coordinaron por acción y decisión de entidades intermedias de la ciudad,
directivos de las escuelas o presión de los vecinos inundados.

Ningún evacuado sabía adónde dirigirse para ser cobijado.
Los diez primeros centros, abiertos el 28 de marzo, fueron supervisados por el
Municipio, que al otro día ya había perdido el control de las aperturas. Recién
el 31, Promoción Comunitaria de la Provincia comenzó a aportar datos fidedignos
sobre la cantidad y situación de los centros.

Varios lugares abiertos por la Municipalidad tuvieron que
ser evacuados porque, luego, se inundaron, como el de Vecinal Pompeya y el de
la Escuela Zaspe. Barrios enteros, como 21 de Octubre, no contaban con un
centro de evacuados específicamente asignado. Centros como los de las escuelas
570, 471 o 440 se abrieron aun cuando no contaban con electricidad, debido a
los cortes que se producían por la crisis.

14. Una vez en funcionamiento, la Municipalidad no dotó de
organización a los centros de evacuados. Carecían de responsables designados o
de referentes aptos y formados para situaciones de crisis y su estado sanitario
era deplorable.

Estudiantes, docentes, comisiones deportivas, comunidades
religiosas, organizaciones en general de la sociedad civil fueron las que
afrontaron con su autogestión la situación en los centros. El propio personal
de asistencia social de la Municipalidad admitía ante los medios, el 29 de
marzo, que no tenían directivas de las autoridades.

La situación sanitaria era insostenible, dándose numerosos
casos de convivencia con gran cantidad de animales. Los centros estaban
sobrepasados: el Predio Ferial tenía estipulada una capacidad de 500 personas;
lo habitaron unas 2000. La elaboración de listados de evacuados corría por
cuenta de los improvisados ciudadanos que se hicieron cargo de la situación.
Tampoco hubo un organismo que centralizara la información.

15. La asistencia a los centros fue insuficiente: la comida
fue poca, muy mala y dada fuera de horario; colchones y frazadas tampoco
alcanzaron. La mayor parte corrió por cuenta de la Provincia, no del Municipio.
Los teléfonos designados por la Municipalidad para pedir ayuda prácticamente no
funcionaron. Faltó también la recolección de residuos, la limpieza, la entrega
de baños químicos.

En los 172 centros que se abrieron la atención se
caracterizó por el desorden y la precariedad. Fueron los propios e improvisados
organizadores de los centros quienes se encargaron de hacer las gestiones por
ayuda. El ciclo comenzaba reclamando (infructuosamente) a los teléfonos de la
Municipalidad. En muchos casos, se preparaba la comida con mercadería propia y
utilizando la infraestructura de los establecimientos. Cuando eso era
imposible, según los testimonios la comida llegaba a las “2 de la madrugada” o
a “las 5 de la tarde”. Era tan mala que en muchos casos los evacuados se
negaban a comerla, en el Colegio Nacional se entregó pollo podrido. En la
Escuela San Cayetano, por ejemplo, se entregaron sólo 100 colchones para 700
evacuados. En todos los casos se producían colapsos de higiene por falta de provisión
y vaciado de baños químicos. Lo mismo sucedió con la recolección de residuos.

16. La falta de debida autoridad política en los centros de
evacuados afectó la convivencia, dándose numerosos conflictos. Sin embargo, la
situación no era mejor en el centro más grande a cargo de la Municipalidad: el
Predio Ferial.

El Predio fue el único centro cuya vigilancia requirió de la
presencia de la Tropa de Operaciones Especiales. También allí se registró un
intento de abuso sexual. Al principio, estuvo dirigido por integrantes de
centros de estudiantes universitarios. Tras varios días se hizo responsable del
lugar Elsa Roa, en nombre de la Municipalidad, junto a 20 hombres del Sindicato
de la Carne. Según declaraciones de los evacuados a los medios, el nuevo grupo
echó a los estudiantes a fuerza de amenazas, empellones y gestos de portar
armas. Sobre el caso del intento de abuso sexual, ni la menor afectada ni su
familia fueron retirados del lugar o asistidos por las autoridades.

En varios centros se llegó al punto de agradecer, en función
de la buena organización, la retirada del personal oficial asignado, dada su
inoperancia, falta de recursos o intereses políticos espurios.

17. No se proveyó ayuda para reparar los destrozos
producidos en los centros de evacuados.

En particular, los daños se produjeron en las escuelas, cuyas
autoridades fueron fuertemente presionadas por el Ministerio de Educación para
desalojar a los evacuados y comenzar con el dictado de clases ya el 9 de abril,
pese a que todavía no se había retirado el agua de muchas zonas de la ciudad.
Por dar un caso, en el gimnasio de la Escuela Normal se quemó la bomba de agua
del tanque, las cañerías y desagües se taparon, se rompieron los pisos,
desaparecieron canillas. No recibieron ninguna ayuda de la Municipalidad para
recomponer el lugar.

18. Los pabellones para inundados por la creciente del
Paraná, construidos por el Municipio, se inundaron con las lluvias de marzo.

En diciembre de 2006 el agua del Paraná inundó la Vuelta del
Paraguayo, Bajada Distéfano, los asentamientos de la ruta 168, el barrio Nueva
Esperanza y las viviendas fuera del anillo de defensas en La Guardia y
Colastiné. Para ellos, se instalaron refugios de chapa a un costado de la ruta
168 y en la zona de Colastiné Sur. Con las lluvias de 2007 se inundaron.

19. No hubo comida y agua para los inundados que
permanecieron en sus viviendas.

Recién a partir el 3 de abril, por única vez, se repartió en
los barrios a quienes se quedaron en guarda de sus viviendas un bolsón de
víveres secos (obviamente, faltaban medios para su cocción) y “algo” de agua
potable.  La ayuda provino de Desarrollo
Social de la Nación. En el populoso Las Flores II estuvieron aislados cinco
días sin comida, agua, luz o asistencia médica. En el barrio 12 Octubre
directamente no recibieron nada “Ni durante ni después”.

20. No hubo organización de los regresos a las viviendas,
una vez retirada el agua, ni colaboración en la limpieza y desinfección.

En casi todos los testimonios se señaló que la provisión fue
escasa: “un litro de lavandina o desinfectante”. Y fue entregada tarde: recién
en mayo. En Santa Rosa de Lima y Las Flores, según las declaraciones, nunca
llegó nada.

Causas al cajón

La inundación de 2007 dejó cuatro muertos. El Estado los
reconoció, pero deslindó su responsabilidad. El procurador de la Corte Suprema
de Justicia Agustín Bassó, nombrado a pedido del ex gobernador Jorge Obeid,
cajoneó las cuatro presentaciones que se hicieron: dos de particulares, otra de
la Federación de Vecinales y la restante del Foro contra la Impunidad y por la
Justicia. No hubo procesados pese a la investigación del Concejo Municipal que
permitió detectar 20 irregularidades cometidas por el municipio, entonces a
cargo de Martín Balbarrey.

La presentación de la Comisión Investigadora llegó a ser
tramitada por la Justicia, pero los fiscales que responden a Bassó apenas
movieron el expediente, cajoneado desde 2008. La investigación compromete principalmente
a Balbarrey y a dos de sus funcionarios: el secretario de Asuntos Hídricos
Horacio Ruiz y el subsecretario de Gestión de Riesgo Pedro Zuccarini. Entre
otros cargos, se les atribuyó incumplimiento de deberes de funcionario público
y abandono de persona, pero los fiscales que trabajaron en la causa –Norberto
Nisnevich y Juan Pablo López Rosas– no los imputaron. Los ex funcionarios no
declararon ante la Justicia ni ante la comisión.

El último movimiento de Bassó fue requerir que la Cámara de
Apelación en lo Penal “arbitre las medidas necesarias para que la causa reciba
el tratamiento pertinente”. La cámara no arbitró ninguna medida.

Publicada en Pausa #90, miércoles 28 de marzo de 2012