Concluye el quinto juicio por el terror

Roberto
José Martínez Dorr, represor de la última dictadura, recibirá su sentencia la próxima
semana. Sectores del PJ piden su desafiliación y lanzan nuevas acusaciones.

“Morrongo”
Martínez Dorr, ex comisario de la Policía provincial, está siendo juzgado por
secuestro y tortura contra Froilán Aguirre, un joven de 17 años que militaba en
la UES y que en septiembre de 1976 fue detenido junto a un compañero que
después apareció muerto. El ex policía tiene 63 años y está detenido desde principios
de 2008: los primeros 29 meses en el pabellón para represores en la cárcel de
Las Flores y, desde mediados de 2010, bajo el régimen de prisión domiciliaria
por razones de salud.
La
querella –representada por el abogado Horacio Coutaz, secretario de Derechos
Humanos de la provincia– pidió 20 años de cárcel común para Martínez Dorr, inhabilitación
absoluta y perpetua, accesorias legales y costas por considerarlo “autor de los
delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravado por
tratarse de un perseguido político” contra Froilán Aguirre. “Asimismo,
solicitamos se revoque el beneficio de prisión domiciliaria y se disponga el
traslado al penal que corresponda”, pidió Coutaz.
El
caso por el que se juzga a Martínez Dorr ocurrió durante el primer año de la
última dictadura y es el quinto proceso en llegar a juicio oral en Santa Fe.
Froilán Aguirre fue emboscado por un grupo de tareas el 8 de septiembre de 1976
en el hospital Iturraspe, cuando aguardaba reunirse con un compañero que luego
fue asesinado. Entonces Martínez Dorr era oficial auxiliar del Comando
Radioeléctrico del departamento La Capital. Ya en democracia llegó a ascender a
comisario, hasta su retiro en la década del 90.
Una
treintena de testigos fueron citados por la Justicia Federal durante el proceso.
La víctima declaró que, tras su secuestro, fue llevado a un centro clandestino
de detención conocido como “La casita” de Rincón. Luego, Aguirre estuvo casi un
mes en la Comisaría Primera donde permaneció detenido durante 29 días y donde
pudo reconocer a “Morrongo” como uno de los miembros de la patota que lo
secuestró y luego lo torturó.
El
tribunal que tiene a su cargo el juicio está presidido por María Ivón Vella
junto a los vocales José María Escobar Cello y Roberto López Arango, de la
ciudad de Paraná. El fiscal general es Martín Suárez Faisal, quien estuvo a
cargo del Ministerio de la Acusación en todos los juicios de lesa humanidad que
se realizaron en Santa Fe. La defensa fue ejercida por el abogado oficial
Germán Artola.

Mientras
avanzaba el juicio contra Martínez Dorr, desde distintos sectores del
kirchnerismo pidieron la expulsión del represor del Partido Justicialista,
luego de confirmar que aparece como afiliado. El diputado provincial Leandro
Busatto –con el apoyo del vicepresidente del partido Jorge Fernández, del Movimiento
Evita y de las agrupaciones Paco Urondo, Mesas de Trabajo y Jóvenes para la
Victoria, entre otros– anunció la determinación –en la que coincidieron los referentes
locales de la Corriente Nacional de la Militancia– de solicitar al Tribunal de
Disciplina y al Consejo Provincial del PJ la expulsión del ex policía Martínez
Dorr.
El
año pasado, el PJ provincial inició un proceso “de depuración” –tal como
definió Busatto– de sus padrones de afiliados con el fin de apartar de sus
filas a quienes estén imputados o procesados por delitos de lesa humanidad
cometidos durante la última dictadura. En 2011, el Tribunal de Disciplina del
partido desafilió a otros dos represores condenados en causas por derechos
humanos: los ex policías Eduardo Ramos y Mario Facino, sentenciados en el marco
de la Causa Brusa por secuestros y torturas (Facino fue condenado, en otro
juicio, por la desaparición de la militante Alicia López). La expulsión fue
refrendada por el último Congreso Provincial del PJ.
“Argumentos
de índole política, jurídica y ética llevan a exigir la inmediata expulsión del
represor Martínez Dorr”, explicó el diputado Busatto e indicó que el ex policía
también está vinculado a otros operativos llevados adelante por la patota de la
cual formaba parte, como el que finalizó con la muerte de Miguel Ángel Fonseca
y Luis Alberto Vuistaz, o las torturas a las que fuera sometido el ex
vicegobernador Eduardo Cuello.
“Es
una situación sorpresiva encontrar que estos nefastos personajes, que no tienen
absolutamente nada que ver con el sistema democrático y que han sido
responsables del mayor genocidio de la historia argentina, forman parte de la
vida interna de los partidos políticos, verdaderos instrumentos de la
democracia al servicio del pueblo”, añadió el legislador kirchnerista.
“Esto
debe generar un proceso de profunda autocrítica y favorecer una instancia de
revisión sobre los padrones de todos los partidos políticos, a fin de producir
una depuración, en los padrones de afiliados, de aquellas personas que con sus
actos han puesto de manifiesto su nula intención de vivir en democracia”. Para
el diputado y militante de Jóvenes para la Victoria, el pedido de desafiliación
es “una pequeña reparación histórica que pretende avanzar en la reconciliación
de nuestro partido con la sociedad argentina, con la memoria viva de aquellos
que ya no están y con los muchos compatriotas que aún persiguen justicia”.
El
documento de la Corriente Nacional de la Militancia de Santa Fe, dirigido a las
autoridades del PJ, sostiene que el partido “es una institución profundamente democrática
y participativa con un fuerte contenido republicano” y agrega que la expulsión de
Martínez Dorr es “una situación ética inclaudicable”.
“Esto
nos obliga a realizar una pormenorizada autocrítica por haber albergado a este
siniestro personaje en el seno de nuestro partido”, concluye el pedido, que lleva
las firmas de Jorge Fernández, Leandro Busatto, Martín Gainza –jefe de la
Regional Litoral de la Ansés–, Humberto Galarza –jefe UDAI Santa Fe–, Gerardo Crespi
–secretario general departamental del Partido Justicialista–, del Movimiento
Evita y de las agrupaciones Néstor Kirchner, Paco Urondo, Mesas de Trabajo, Arturo
Jauretche, Compromiso Peronista, Fogoneros y Jóvenes para la Victoria.

El
de Martínez Dorr es el quinto juicio por crímenes de lesa humanidad en Santa Fe.
El primero fue la Causa Brusa –entre septiembre y diciembre de 2009– en la que el
ex juez federal Víctor Hermes Brusa recibió la pena de 21 años de prisión por
ocho hechos de apremios ilegales. También fueron condenados cinco ex policías:
Héctor Romeo Colombini (23 años), Eduardo Ramos (23 años), Juan Calixto
Perizzotti (22 años), Mario Facino (20 años) y María Eva Aebi (19 años).
En
ese primer juicio, el tribunal definió a los delitos investigados –secuestros y
torturas– como “hechos cometidos en el marco de un plan sistemático y
generalizado de represión por parte del Estado”. El fundamento se incorporó en
cada uno de los fallos posteriores, como agravante, ya que los jueces
consideraron que los hechos constituyen delitos de lesa humanidad y son
imprescriptibles.
En
abril de 2010 el represor Horacio Américo Barcos –quien durante 21 años, entre
1976 y 1997, se desempeñó como personal civil de inteligencia adscripto al
Ejército– fue  condenado a 11 años de prisión
luego de que el Tribunal Oral Federal de Santa Fe lo encontrara culpable de
haber secuestrado y torturado al matrimonio conformado por Amalia Ricotti y Alberto
Tur en mayo de 1978. Fue la segunda sentencia por crímenes de lesa humanidad.
Barcos deberá purgar 15 años de prisión porque el tribunal unificó la condena
con una anterior que ya pesaba sobre el imputado por el delito de extorsión (un
hecho de 1997, en Buenos Aires: un empresario de la construcción lo llevó a la
Justicia por actas apócrifas que Barcos –dirigente de la Uocra– elaboró en su
contra).
El
tercer juicio fue por el asesinato de la militante de Ligas Agrarias Alicia
López y se realizó entre junio y agosto de 2010. Mario Facino, ya condenado en
la Causa Brusa, recibió su segunda sentencia: 23 años de prisión. El ex jefe de
la Comisaría 4ª fue hallado culpable de los delitos de privación ilegal de la
libertad, tormentos agravados y homicidio. El caso ocurrió en 1976. Facino
cumple prisión domiciliaria en San José del Rincón, donde fue tres veces
presidente comunal.
El
cuarto juicio fue a fines de 2011. En diciembre, el Tribunal Oral Federal
condenó a perpetua al primer interventor de la provincia durante la dictadura,
el ex coronel José María González, quien derrocó al gobernador constitucional Carlos
Sylvestre Begnis. Fue condenado por el homicidio doblemente calificado de Mario
Marini, secuestrado junto a su esposa Ana María Cavadini y su hijo Germán el 9
de diciembre de 1975, por el allanamiento ilegal de la vivienda de la familia y
la privación ilegítima de su libertad. Es, hasta ahora, el primer y único
militar enjuiciado por delitos de lesa humanidad. González vive en Buenos Aires
y goza de prisión domiciliaria.

En
la sesión del 22 de marzo, el diputado provincial Gerardo Rico ingresó un
proyecto de ley que propone una pensión mensual vitalicia para madres de
desaparecidos o asesinados por el terrorismo de Estado en Santa Fe. “Es una
medida reparadora y compensatoria por la cual el mismo Estado asume un reconocimiento
a la inquebrantable dignidad de estas mujeres”, argumentó el legislador y dirigente
del Movimiento Evita. El proyecto establece una pensión mensual no contributiva
y vitalicia equivalente a tres pensiones mínimas provinciales. “Es algo que nos
debemos como santafesinos”, dijo Rico.

Publicada en Pausa #91, miércoles 11 de abril de 2012