Un grupo autoconvocado, ante la ausencia de respuestas del Estado, reclama la creación de refugios para mujeres víctimas de violencia.
Unos 29 femicidios se registraron en la provincia durante 2011 y, según el Inadi, en estos primeros meses de 2012 ya hubo un centenar de casos de violencia hacia la mujer. Aunque está próxima la inclusión del femicidio en el Código Penal, con agravamiento de penas, la situación de desprotección de miles de mujeres ante la violencia que sus parejas ejercen sobre ellas, sigue estando lejos de resolverse.
En noviembre del año pasado, un grupo de mujeres y hombres autoconvocados, entregaron a la Municipalidad un petitorio en el cual se solicitó que se “arbitren las medidas que fueren necesarias a los fines de instaurar un sistema de Casas de Refugios para mujeres víctimas de violencia”.
María Claudia Albornoz forma parte de este grupo y explica que esta movida nació luego de que expresara en su Facebook la rabia e impotencia que había sentido al acompañar a una vecina a realizar una denuncia, y la poca, o nula, respuesta por parte de los organismos del Estado. “La acompañé a diferentes lugares, ratando de buscar una solución una respuesta, y la verdad que fue una mañana nefasta, porque la mujer se volvió a la casa con un papelito con dos números de teléfonos, nada más”, cuenta María Claudia. “Volvió a su casa, donde corría peligro, donde temía que su pareja la quemara viva… Después que hago un comentario en la red sobre esto, mucha gente comenzó a sumarse, a opinar y ahí se habló por primera vez de la necesidad de los refugios. Así nació un grupo de Facebook llamado Queremos refugios para mujeres víctimas de violencia en Santa Fe. Después de algunos intercambios, decidimos juntarnos y el 25 de noviembre, el Día de la No Violencia contra la Mujer, hicimos nuestra primera salida a la calle, entregando calcos en la peatonal”.
—¿Cómo hicieron el petitorio?
—El tema era urgente, todos los que estábamos trabajando en ámbitos adonde nos llegaban estos casos veíamos que era desesperante la situación de muchas mujeres. Decidimos hacer un petitorio para llevar a la Municipalidad, que creemos que es la que debe hacerse cargo de esto, porque tiene incidencia y responsabilidad en el ámbito de la ciudad. Se hizo una redacción con muy buena fundamentación jurídica, fuimos y lo entregamos.
Las argumentaciones son claras: “los refugios, más allá de las urgencias que resuelven las más de las veces, se constituyen en condición de posibilidad del inicio de cualquier proceso legal por parte de las mujeres víctimas de violencia. El acceso real a espacios de reflexión y ayuda psicológica que les permitan entender la dinámica de la violencia y las posibles opciones para su solución debe ser siempre el paso previo al inicio de cualquier proceso judicial. El Estado debe proveer lugares seguros para las mujeres y sus hijas e hijos”.
—¿Qué respuesta tuvieron?
—Nos atendieron Adriana Molina y Marta Fassino, tuvimos una entrevista con ellas y se armó un expediente en función de esto. También tuvimos un encuentro con la directora de Políticas de Género del Ministerio de Desarrollo Social, Mercedes Martorell, quien nos dijo que ya estaban trabajando, junto con el municipio, para tener plazas, no los refugios, donde alojar a estas mujeres con sus hijos. Pero hasta el momento no hemos tenido respuestas claras sobre el petitorio, por eso en los próximos días vamos a volver a la Municipalidad a exigir que las políticas se cumplan.
Los refugios, como lugares físicos, sólo resuelven una parte de la problemática. Albornoz plantea la necesidad de que se habilite un número telefónico, como el que ya existe en Rosario, adonde se pueda acudir en un primer momento. Luego, resulta indispensable el acompañamiento de un equipo interdisciplinario que pueda atender las necesidades que irán surgiendo en diversos ámbitos. “Lo primero que hay que hacer, lo más urgente, es sacarla de la casa. En Buenos Aires inclusive hay una especie de guardia, que va a la casa y saca a la mujer, porque se sabe que corre un riesgo muy alto”, explica Albornoz, “Pero después hay que hacer todo un trabajo en función de que la mujer logre autonomía económica y, por supuesto, de que se penalice al violento, porque sino parecería un contra sentido: dejas al violento en la casa y sacas a la familia, a la mujer, y esto pasa porque la mayoría de las veces las leyes no se cumplen. Muchas mujeres hacen la denuncia, la policía saca al agresor de la casa y extienden un recurso para que no se acerque; pero eso funciona en algunos sectores, en los barrios más carenciados no, ya que el hombre se queda cerca, espera que el patrullero se vaya y regresa. La impunidad está metida en todos lados, el violento va, viene y siempre termina haciendo de las suyas”.
Ausencia estatal
La falta de políticas y de respuestas es uno de los grandes escollos a superar para frenar la violencia machista. Los casos que día a día aparecen en los medios, de mujeres asesinadas, quemadas, violadas por sus parejas, se reproducen gracias a la impunidad, a las sanciones que se aplican pero que no se cumplen, porque nadie las controla.
—¿A dónde acude hoy una mujer víctima de violencia?
—Lo más efectivo es recurrir directamente a Fiscalía o al Centro de Asistencia a la Víctima, de la de Defensoría del Pueblo; a las comisarías comunes no se puede ir porque allí las mujeres son revictimizadas,
se reproduce una situación muy violenta. La ausencia del Estado la vemos claramente cuando buscamos datos, estadísticas, registros sobre la problemática y no los hay. Poder medir esto tiene que ver con poder resolver, las estadísticas sirven para eso, para visibilizar una situación y hacer algo. Acá hay mucho discurso sobre el tema, pero en la realidad no pasa nada; las direcciones o secretarías de la mujer existen pero nunca hay presupuesto, entonces ahí entendemos que realmente todo es discurso, porque aunque en esos lugares hay profesionales idóneas y comprometidas, si no se les da presupuesto real para llevar a cabo políticas, se cae todo. Es claro que el tema no se está abordando seriamente y eso, te diría, hasta le sale más dinero al Estado.
—¿En qué sentido?
—Es un problema de salud y, si uno lo pone en términos económicos, le sale muy caro a la salud pública atender a una mujer golpeada, violada, destruida psicológicamente; todo lo que tiene que hacer el sistema de salud para recuperar a esa mujer es mucho y carísimo. Por supuesto que deberíamos erradicar la violencia machista porque es una situación de desigualdad y de injusticia, pero si también lo llevamos al terreno económico, es más barato prevenir que curar. Lo mismo pasa con el aborto: a la salud pública le sale más caro atender a una mujer que abortó clandestinamente que si pudiéramos, como país, tomar una decisión madura y tener un aborto legal, seguro y gratuito. El patriarcado ha calado muy hondo y Argentina es un país muy machista, por eso resulta vital que existan políticas en serio para erradicar la violencia, porque estás situaciones son cada vez más duras y difíciles de remontar para las mujeres.
Publicada en Pausa #92, miércoles 25 de abril de 2012
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