Un mes y nadie se va

Continúan las ocupaciones en Las Delicias y Santa Rita
II. Aspectos jurídicos y sociales del
conflicto.

Por Sergio Ferreyra

La ocupación de viviendas en los barrios Santa Rita II y Las
Delicias lleva más de un mes. Mientras el gobierno no puede solucionar el
conflicto y sigue anunciando iniciativas habitacionales, la CGT entró de lleno
en la discusión. Una resolución judicial ordenó el desalojo, pero fue frenada
por una apelación que presentó uno de los procesados por el conflicto.

Las 264 casas continúan ocupadas pero en algunos casos, como
en barrio Las Delicias, se siguen registrando movimientos de ocupantes que
abandonan o llegan al lugar. Cinco integrantes de la Corriente Clasista y
Combativa (CCC) fueron procesados por la toma en Santa Rita II, todos como
coautores del delito de usurpación, previsto y contemplado en el artículo 181,
inciso 1 del Código Penal. Pero también hay otras consecuencias menos visibles
como, por ejemplo, el abandono escolar, a raíz del desarraigo, de niños que
llegaron junto a sus familias al barrio Las Delicias.

Desalojo frenado

La jueza que interviene en la causa, Sandra Valenti, del
Juzgado Correccional Nº 6, dispuso en primera instancia que el desalojo “se
puede hacer en tanto y en cuanto se cumplan los requisitos que establece la
comisión permanente del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales para los desalojos por la fuerza, vinculados a asegurar a las
mujeres y a los niños, entre otras cuestiones”. En el caso de las familias que
no tengan viviendas, para poder desalojarlas se les deberá proporcionar un
lugar porque están en situación de calle. La jueza aclaró: “El gobierno deberá
adoptar las medidas necesarias para asignar a las familias un lugar provisorio
de conformidad a lo dispuesto; es decir, que se proporcione otra vivienda,
reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda”. Por su parte, el
fiscal Rubén Díaz confirmó que la resolución especifica que en el caso de tener
que usar la fuerza pública, la tarea deberá ser coordinada entre el Ministerio
de Seguridad y la Dirección de Vivienda, en horas diurnas y jornadas de buen
tiempo, con cantidad proporcional de policías a personas a desalojar, agentes
de seguridad identificados, registro audiovisual, agentes femeninos para las
mujeres e intervención de la Subsecretaría de la Niñez para los menores.

Previo al procesamiento de cinco integrantes de la CCC, la
resolución judicial recibió una apelación. La CCC fundamenta que “no hubo
usurpación”. Sebastián Saldaña (uno de los procesados) señaló: “El gobierno
permitió la ocupación firmando la primera acta acuerdo, por lo que no hay
delito de usurpación. Es claro que el gobierno, propietario de las 180
viviendas, permitió la ocupación firmando la primera acta acuerdo. Según ese
documento, las familias podían permanecer en las casas hasta tanto se les
asignara un terreno y se les dieran materiales para que comenzaran una
construcción”. El abogado que representa a las familias que ocuparon, Domingo
Rondina, explicó: “La existencia del acta acuerdo evidencia que hubo un permiso
de ocupación por parte del Estado posteriormente a la toma de viviendas
efectuada por la fuerza”.

Borrar con el codo

Valenti advirtió “una situación confusa o por lo menos
desprolija por parte del órgano estatal que condujo a incrementar el conflicto
generado, y refiere a que el mismo día que se firmó el acta acuerdo en la que
ofrece un programa de acceso a un lote con infraestructura más una canasta de
materiales para promover la autoconstrucción, en forma simultánea presentaba la
denuncia judicial, lo que claramente se presenta como contradictorio, denotando
un contrasentido ético y una falta de coherencia en las decisiones adoptadas”.

En diálogo con Luis Mino, por la emisora Aire de Santa Fe,
Domingo Rondina sostuvo: “La arquitecta (Alicia) Pino (directora provincial de
Vivienda)  dijo que fue engañada por la
gente para firmar esa acta. Es una funcionaria de primer nivel, una persona
formada, con muchos años de experiencia en la función pública, que no fue sola
al predio, sino acompañada por otros funcionarios, la Policía, un escribano
público y ella después dice que no va a cumplir el acta porque la firmó
engañada por la gente. O sea, un grupo de cinco menesterosos enganchó y engañó
a toda la Dirección de Vivienda en una negociación”.

También Rondina aclaró que la Justicia no autorizó a la
Municipalidad de Santa Fe a ser querellante de la causa porque entendió que “no
está directamente afectada”.

Quién es quién

Otra de las órdenes que dio la jueza Valenti fue la
realización de un relevamiento para determinar la real situación de las
familias ocupantes y saber cuáles son las que están en situación de calle.

Gustavo Leone, secretario de Hábitat, indicó: “El
relevamiento es el que determinará qué familias están en situación de calle; en
segundo lugar, nosotros estimamos que gran parte de estas familias tenían una
localización previa, es decir que no estaban viviendo en vía pública, sino en
pensiones, con sus familiares, y otros hasta alquilaban. A partir del
relevamiento, vamos a detectar todas las situaciones en las cuales los
ocupantes tienen posibilidades de retornar a la situación previa, que a lo
mejor no es la más conveniente, pero que sí tienen una salida habitacional”.

El relevamiento consta de 12 puntos tendientes a conocer el
lugar de residencia de las familias antes de que tomaran el plan y bajo qué
condiciones de hábitat estaban. También se contempla el acceso a la educación y
a la salud de sus integrantes.

Al cierre de esta edición, los trabajadores sociales de la
provincia todavía no se habían hecho presentes en Las Delicias y tampoco habían
sido notificados del desalojo, según Hernán Apaza, integrante del movimiento
Madreselva, que brinda apoyo y organización comunitaria en ese barrio. “Estamos
esperando que nos vengan a relevar para que se conozca la necesidad y la
emergencia habitacional y social. Somos los primeros interesados en que el
Estado se entere de esta situación y no la tome como novedad, porque no lo es”,
sostuvo el militante y agregó: “Ayudamos también a tratar de solucionar
cuestiones que tengan que ver con la de cualquier barrio, hoy agudizadas porque
no hay luz, no hay agua, hay viviendas que no tienen artefactos sanitarios,
aberturas, faltan chapas del techo, falta el cableado, faltan elementos
necesarios para desarrollar una vida digna”.

Según un relevamiento de la CCC, el 96% de las familias que
ocuparon las casas de Santa Rita II “no tienen dónde ir”.

“Queremos dialogar, pero evidentemente el camino que toman
es el de criminalizar el reclamo, el de culpabilizar a las familias por el
problema del déficit habitacional que ellos mismos generaron y del que no se
hacen cargo”, consideró Saldaña.

CCC o CGT

La provincia firmó un convenio con la Confederación General
del Trabajo (CGT), en el que se establece que “una vez consolidado el desalojo,
la CGT se hará cargo de terminar el plan habitacional. Asumirá la mano de obra
y la provincia el monto económico que se requiera para ello”. Previamente, pero
luego del desalojo, se hará un relevamiento del estado general del plan y de
cada vivienda en particular.

Según el convenio, la provincia autoriza a la CGT para que
“disponga lo necesario para la total terminación de las 180 viviendas y de la
infraestructura indispensable para su habitabilidad”, cuya construcción se
interrumpió por la rescisión del contrato con la firma Construcciones
Industriales y Civiles SRL.

En cuanto a la asignación de las viviendas, se respetarán
los cupos previstos por leyes nacionales y provinciales vigentes: 20% para la
Uocra, 5% para discapacitados, 10% para policías, 50% para demanda general
–serán sorteadas entre trabajadores sindicalizados de gremios que pertenecen a
la CGT– y 15% restante para ex combatientes y bomberos.

Mientras tanto, anuncian nuevos planes

En medio de lo que acontece en Las Delicias y Santa Rita II,
el gobierno anunció dos iniciativas habitacionales. En primer lugar, terminarán
viviendas en Recreo (40 por 317.289 pesos) y Monte Vera (29 unidades con
servicios por 211.739 pesos). En ambos casos, la provincia aporta los fondos y
los gobiernos locales la mano de obra. En segundo lugar, se anunció la firma de
un convenio entre el gobernador Antonio Bonfatti, el intendente José Corral y
el coordinador del movimiento Los Sin Techo, José Luis Ambrosino, para trabajar
en conjunto para remplazar 100 ranchos por módulos habitacionales básicos, en
un área que incluye a los barrios Villa Oculta, Villa del Parque y
Barranquitas.

La organización ya tiene censadas las áreas señaladas. El
gobierno provincial aportará los recursos y la Municipalidad cederá terrenos
que hoy le pertenecen. También se acordó la identificación y definición
conjunta de tareas de regularización dominial en Los Hornos y Villa Elsa. El
plazo de vigencia del acuerdo es de dos años, prorrogable automáticamente por
dos años más. Las unidades habitacionales que se construirán serían iguales a
las que utilizan Los Sin Techo: 36 metros cuadrados a un costo estimado de 43
mil pesos la unidad. Según datos del movimiento, hay alrededor de 2.500 ranchos
y se generan unos 400 nuevos por año.

Publicada en Pausa #93, miércoles 9 de mayo de 2012