Avanzan los juicios por el genocidio en Entre Ríos

Por María Agustina David

Año 1976. Marzo. Por aquel 24, nuestra historia dio un giro de 180 grados. Se desataba un período negro, que se valía del silencio y de la muerte. Comenzaba el “Proceso de Reorganización Nacional”. El terrorismo de Estado, planificado para callar voces, corromper derechos humanos y desaparecer decenas de miles de ciudadanos, se desempeñó con ayuda de los Estados Unidos, Francia y de la Iglesia católica, sin cuya acción u omisión difícilmente hubiera podido sostenerse. Una generación perdida. Ideologías que se desvanecen, suspendidas las actividades y los grupos políticos. Quema de libros, censura. Exiliados. Detenidos, torturados, desaparecidos. La mentira y el terror se complementaron, se unieron y trabajaron de la mano para crear un clima de miedo, de inseguridad. La violencia se volvió homicidio y hasta el día de hoy los victimarios convocan al silencio. Sin embargo, la memoria se rehúsa a ceder, y nuestros tiempos quieren y necesitan justicia.
El 21 de marzo pasado, comenzó uno de los diez juicios por crímenes de lesa humanidad que se vienen desarrollando desde octubre del pasado 2011. Por primera vez el teniente general retirado Eduardo Albano Harguindeguy, ministro de Interior en la dictadura cívico-militar, es juzgado por delitos de lesa humanidad perpetrados en la provincia de Entre Ríos. Este es el primer juicio que se desarrolla contra Harguindeguy, quien fue el encargado de escoltar al dictador Videla en el Ministerio del Interior durante cinco años, desde 1976 hasta 1981, período en el que se produjo la mayoría de los crímenes del terrorismo de Estado. Junto con otros ocho imputados más –entre ellos el general retirado Ramón Genaro Díaz Bessone, exjefe del Segundo Cuerpo de Ejército, con jurisdicción en Entre Ríos; el exjefe del Regimiento de Concordia, Naldo Miguel Dasso; el exjefe del Regimiento de Gualeguaychú, Juan Miguel Valentino; exmilitar Santiago Kelly del Moral; los expolicías provinciales Marcelo Alfredo Pérez y Juan Carlos Mondragón; y los exagentes de la Policía Federal Francisco Crescenzo y Julio César Rodríguez– Harguindeguy enfrenta acusaciones por desaparición forzada de personas, allanamiento ilegal, detención y privación ilegítima de la libertad y torturas, en el marco de una asociación ilícita, en perjuicio de 29 víctimas, aunque no todos los represores están imputados por todos los hechos ni dentro de todas las áreas.
El proceso reúne tres causas por delitos de lesa humanidad. En Concordia, las víctimas de los hechos fueron: Sixto Francisco Salazar, Julio Alberto Solaga y Juan José Durantini. Tanto Salazar como Solaga continúan desaparecidos. El centro clandestino de detención funcionó esencialmente en el Regimiento de Caballería. En Concepción del Uruguay, son víctimas de los hechos que se investigan Cesar Manuel Román, Juan Carlos Romero, Víctor Alberto Baldunciel, Juan Carlos Rodríguez, Roque Minatta, Hugo Mario Maffei (fallecido) y José Pedro Peluffo, todos estudiantes secundarios y militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). A su vez, Carlos Atilio Martínez Paiva, Carlos Horacio Valente (fallecido) y Juan Domingo Santamaría conformaban el grupo de militantes de la Juventud Peronista (JP) y fueron también llevados a la misma delegación. Secuestrados por el Ejército en Gualeguaychú, y llevados a la Delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay son Jorge Orlando Felguer y Hugo Emilio Angerosa, como también son víctimas Cesar Rubén Arrigo, Carlos María Urquiza, Héctor Raúl Respaud, Carlos Julián Cáceres, Jorge Guillermo Aldaz, Juan Eduardo Casaretto, quienes formaban parte de la Comisión Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza.

En un juicio que desde sus comienzos tuvo repercusiones, (un día antes de que lleguen a Concepción del Uruguay los jueces que llevan adelante la causa, apareció una pintada en las afueras del edificio en donde vive Roque Edmundo Minatta que dice “Minatta / Román… zurdos son boletas”) se siguen dando testimonios que logran desenmascarar algunas de las dudas sobre la época más oscura del país y se siguen buscando respuestas sobre los acontecimientos sucedidos y sobre nuestros desaparecidos, que conforman el silencio acordado de los represores.

En la última sesión, el pasado 21 de junio, el Tribunal Oral Federal resolvió posponer hasta nuevo aviso las declaraciones de los testigos que habían sido convocados, debido a la falta de concurrencia de quienes estaban citados para dar declarar en esa fecha y de las posibles consecuencias que podían darse debido al paro nacional de camioneros. Asimismo, el Tribunal anunció que el 5 de julio se realizará la inspección judicial en el Regimiento Nº 6 de Concordia a las 12 horas y adelantó que se está evaluando la posibilidad de indagar al padre Andrés Servín en la Gruta de Lourdes, en la que trabaja. Mostrándose optimista, la abogada de la querella María Isabel Caccioppoli considera de suma importancia los posibles nuevos aportes a la verdad, cuando comiencen a darse los testimonios de Gualeguaychú, teniendo en cuenta que el recorrido de muchos detenidos comenzaba en Concordia y que de allí eran trasladados al sur de la provincia.
Queda entonces a la expectativa ver cómo se resuelve este caso, cómo la justicia esclarece la memoria y cómo los victimarios obtienen, por lo menos y mínimamente, un castigo por robarnos a nuestros jóvenes, nuestros altavoces, que hasta el día de hoy siguen escondidos en lo más íntimo del recuerdo de los represores.

Especial para periodicopausa.blogspot.com