El aborto y la salud

En enero el Iturraspe registró el primer caso oficial. La lucha de las mujeres y el cambio de paradigmas.

Hace cinco años, el 17 de mayo de 2007, falleció en el Hospital Iturraspe Ana María Acevedo, una joven de 20 años oriunda de Vera. Tenía cáncer de mandíbula pero no pudo ser sometida al tratamiento de quimioterapia porque tenía un incipiente embarazo. A pesar de haberlo solicitado y de estar amparada en el artículo 86 del Código Penal de la Nación, se le negó una práctica de interrupción de embarazo. Cinco años pasaron, cinco años en los que el caso de Ana María Acevedo se convirtió en bandera de lucha de los movimientos de mujeres y de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Hoy en el Hospital Iturraspe sigue latente el caso pero, a partir de éste y de las últimas medidas adoptadas por la Nación y la provincia, la discusión sobre el acceso de las mujeres a la salud tiene otro rango. Por primera vez, en enero de este año, el Iturraspe registró en sus estadísticas un caso de aborto no punible. De hecho, en 2011 se realizaron, en la provincia, 17 interrupciones de embarazos bajo el amparo de excepciones de la ley vigente. Las autoridades locales afirman que anteriormente se  realizaban estas prácticas en el marco de lo que establece la ley, pero sólo se reseñaban en la historia clínica de las pacientes, por lo que no figuraban en los registros ministeriales.

Es sábado y el hall central del Iturraspe, frío y solitario, dista mucho del movimiento habitual del edificio. La farmacia permanece abierta al público y la guardia atiende las emergencias. En el primer piso se encuentra la oficina del Consejo de Administración. Allí nos reciben Joaquín Gorrochategui, representante del Estado y presidente del Consejo, y Leonardo “Niky” Martínez, trabajador social y asesor de la Dirección del Hospital.

—A partir del caso de Ana María Acevedo, ¿qué cambió en el hospital en relación con el aborto no punible

Niky: Lo primero para señalar es cómo marcó una coyuntura institucional importante. Generó internamente una cantidad de situaciones que, a lo largo de estos cinco años, hubo que ir retrabajando. Fundamentalmente, sobre lo que tiene que ver con la salud de la mujer y la inclusión de los movimientos sociales, que tuvieron un protagonismo importante. Nos hemos dado todo un trabajo para ir resignificando algunas cuestiones que quedaron muy estereotipadas, yo no diría que en toda la institución pero sí en algunos sectores.

—¿Cómo se resignificó esto?

Niky: Lo que pensamos fue cómo podíamos capitalizar todo este movimiento para ir sincerando algunas cuestiones que tienen que ver con la atención de la salud de la mujer. Y, en eso, cómo podemos también incorporar la agenda que van marcando los movimientos sociales. Pensamos como un objetivo empezar a hacer un acercamiento y ver cómo generamos espacios de encuentro para que las diferentes miradas puedan interactuar y para que en la toma de decisiones puedan estar, de algún modo, representados todos estos sectores.

—¿Qué acciones concretas se hicieron?

Niky: Aquí se trata de una definición institucional y política de trabajar en esa dirección. Después, poder instaurar procesos de trabajo donde las decisiones que tienen que ver con la mujer no estén circunscriptas a un determinado profesional: que vayan circulando diferentes discursos disciplinares y la voz de los protagonistas, que son los “pacientes”, instaurando un procedimiento que da lugar a que aparezcan diferentes discursos e interactúen. El tema no sólo se centra en la salud desde el punto de vista biológico sino también subjetivo y social: que aparezca el discurso de qué le sucede a la mujer, qué quiere la mujer que viene a atenderse acá. Una última instancia, a la que le estamos terminando de dar forma, consiste en realizar un diagnóstico de qué pasa con las mujeres que vienen a parir en nuestro hospital para, a partir de ahí, generar espacios en los que se puedan tomar decisiones con los equipos del hospital, con los de los centros de salud, e incorporar la mirada de los movimientos de mujeres a partir de algunas organizaciones con las que estamos trabajando en conjunto. Esto lo estamos haciendo con el Programa de Género de la UNL y de la Asociación Palabras.

—¿Cómo se trabaja con la guía de atención pre y post parto?

Joaquín: El Ministerio ya había adherido al protocolo nacional con anterioridad al fallo de la Corte. El trabajo que venimos haciendo tiene que ver con un proceso de democratización interna que no se hace sobre la base de leyes nuevas, sino sobre leyes que ya estaban establecidas. La norma del aborto no punible está vigente desde 1921. Ahora podemos pensar en abrir esto hacia la sociedad, establecer planteos e incorporar a la institución miradas, actores, obligaciones que implican un proceso de democratización. En lo que tiene que ver con el protocolo, nosotros hacemos discusiones internas. Frente a un caso singular, el primer paso es el encuadramiento legal, ver si está dentro o fuera de lo que establece la ley, y luego se avanza directamente en una terapéutica, en pensar clínicamente el caso. Ya no nos vamos a lo que son las convicciones religiosas, morales. Aunque esos fantasmas pesan, centramos la discusión en otra cuestión.

—¿A qué se refieren cuando dicen que se privilegia el aspecto clínico?

Joaquín: Tratamos de garantizarle a la mujer toda su salud en términos de derecho, teniendo adelante no sólo un cuerpo sino un sujeto social. Eso me parece que es lo más importante, hacer la reconstrucción de toda su trayectoria, de su contexto, de sus determinantes sociales y, en función de eso, ver cómo podemos intervenir ahí los distintos actores de la red.

Niky: A diferencia de lo que uno imaginaría, que la decisión la toma una persona sentada en un escritorio, la idea es abrir el juego. En la medida en que uno empieza a trabajar sobre todo el sistema de salud, las posibilidades de resolución ya no quedan alojadas solamente en un hospital de gran complejidad, sino que se abren espacios en otras instituciones. Es una práctica de salud y las instituciones de salud nos tenemos que hacer cargo. Esa es una cuestión importante que sale de la acordada de la Corte: esto es un problema de salud, no jurídico. En la medida que empezamos a ver esto, se comienzan a abrir cada vez más espacios en instituciones que antes se sacaban el problema y decían “mandémoselos a un hospital de mayor complejidad”; lo empiezan a abordar.

Las guías técnicas

Las guías de atención pre y post parto orientan la realización de un análisis técnico para el trabajo clínico, referido a cómo proceder en las primeras consultas y durante el resto del proceso. Incluyen el derecho a la anticoncepción y al acceso a la salud. Los responsables del Hospital Iturraspe señalan que el Ministerio de Salud de la Provincia ya venía actuando acorde a lo enunciado en el fallo de la Corte Suprema. Las guías se vinculan con entender la atención como una cuestión de salud de las mujeres y no como una mera práctica.
Con mayor o menor celeridad, autoridades de las provincias de La Pampa, Tierra del Fuego, Formosa, Misiones, La Rioja, Santiago del Estero, Neuquén, Buenos Aires, Entre Ríos, Chubut, Salta y Córdoba acompañaron la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Las otras todavía no adhirieron.

Discutir e intervenir

—¿Cómo responden los profesionales del hospital?

Joaquín: Lo que hemos hecho, para poder sentarnos en una mesa, es el debate de ideas, establecer en términos de derecho lo que significa el aborto no punible. Sabemos que hay distintos actores por fuera de la institución que actúan en las conciencias, con relaciones de poder sobre actores que están adentro, tratando de establecer una mirada sesgada, una interpretación restrictiva que deja afuera a toda la amplia gama de sujetos que tienen derechos. Eso se empieza a ganar a través del debate, tratando de ocupar posiciones que construyan valores simbólicos, políticos.

—¿Los profesionales tienen la libertad de no intervenir?

Niky: Tuvimos un instrumento importante a nivel ministerial: la lista de objetores de conciencia. En nuestro hospital ningún profesional firmó como objetor de conciencia. Fue relevante en términos de gestión. Cuando nos sentamos a discutir situaciones de este tipo, si se toma una definición hay que ir adelante con una práctica y alguien lo tiene que hacer. Me parece interesante pensar esto lejos de los estereotipos, porque la singularidad de cada caso hace que se deba analizar y reflexionar de un modo particular.

—¿Por ejemplo?

Niky: Tuvimos que debatir situaciones que tenían que ver con mujeres que planteaban la interrupción del embarazo pero también, en otros casos, nos tocó sentarnos por situaciones planteadas por un profesional. Al interactuar con la mujer, con su contexto, interviniendo diferentes actores del sistema de salud, notábamos que se trataba de la mirada sesgada y clasista de un profesional de la salud. Por eso hablamos de pensar la singularidad lejos de los estereotipos. Entonces, la toma de decisiones ya no queda a cargo de una determinada función jerárquica o de un determinado comité: se sientan todos los profesionales o no profesionales que intervienen en el proceso de atención de una persona para tomar la decisión y armar una estrategia de abordaje que contemple la historia que la persona tiene antes de llegar al hospital y después.

—¿Cuántas prácticas se realizaron en el año?

Joaquín: El último caso fue en enero, con una menor que tenía 13 años y había sido abusada. Estaba encuadrada dentro de lo que establece la ley y se hizo un proyecto terapéutico para intervenir entre los servicios de acá y del Protomédico, el lugar en que se atendió en primera instancia. Lo significativo fue también el sinceramiento de poder volcar una práctica de interrupción del embarazo dentro de lo que es un aborto no punible.

Niky: En el proceso vamos fortaleciendo algunas cosas. Por ejemplo, siempre el énfasis lo poníamos en ver cómo resolvíamos la situación y ahora nos damos cuenta que nos quedaba un bache: no sabíamos cuál era el registro concreto que se estaba dando. Ahora sabemos que cada vez que se da una situación de estas, hay que codificar con el diagnóstico que es acorde a una interrupción de embarazo por aborto no punible.

La lucha de los movimientos

La Multisectorial de Mujeres realizó un acto en conmemoración de Ana María Acevedo. Fue en bulevar y Avenida Perón, frente al mural que la recuerda. En ese marco, Lucila Puyol, integrante del equipo legal de la organización, destacó: “Queremos volver a poner en discusión el tema central de qué fue lo que sucedió con Ana María”.

Lucila Puyol describió cómo fue el calvario que pasó Ana María: “Era una joven de 20 años, mamá de tres niños, enferma de cáncer, que fue operada en el hospital Cullen de un rabdomiosarcoma maxilar, se le extirpó una parte del tumor y fue derivada al Iturraspe para el tratamiento de quimio y radioterapia. Ahí le detectaron un embarazo incipiente y decidieron no realizar el tratamiento adecuado para el cáncer, por proteger el feto. Una situación que de ninguna manera está contemplada en nuestra legislación si es que ella, Ana María o su familia, no lo piden expresamente. El artículo 86 del Código Penal dice claramente en el inciso primero que el aborto no será punible, será legal, cuando éste sea practicado por médico diplomado para salvar la vida o la salud de la mujer. La familia de Ana María pidió que se le hiciera un aborto legal para que se le iniciara el tratamiento, pero hubo una negativa del hospital a realizarle la práctica. Es más, le dijeron que el aborto no es legal en la Argentina y que iban a ir todos presos, cuando claramente en el Código hay dos incisos que contemplan cuatro causales: para salvar la vida o la salud de la mujer, y cuando sea producto de la violación o del abuso deshonesto sobre una mujer discapacitada”.

La muerte de Acevedo resultó en la apertura de una causa judicial, que hoy tiene seis procesados: quien entonces era director del Iturraspe, Andrés Ellena, los ex jefes de Oncología y Ginecología, César Blajman y Raúl Musacchio, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones leves dolosas; además, la directora del Samco de Vera, Sandra Barbieri, y José Manuel García y Jorge Venanzi, de Radioterapia del Iturraspe, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El expediente está en manos de la jueza Sandra Valiente. Recientemente se designó un nuevo fiscal, Gerardo Alesso. Puyol anhela que el proceso avance hacia una acusación: “Así lo esperamos porque consideramos que hay elementos suficientes”.

—En estos cinco años, ¿cambió en algo el tratamiento que se les da a las pacientes en los hospitales públicos en relación con el aborto no punible?

—Algunas situaciones han cambiado, en algunos efectores de salud hay una mayor toma de conciencia. Nos parece que ha sido muy importante el movimiento de mujeres a nivel local y nacional para poner el tema de Ana María Acevedo como una bandera de lucha del movimiento, para que nunca más mueran mujeres. Lo decimos desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Pero además, y especialmente, que no mueran por lo que ya está contemplado en la ley, que son las causales del aborto legal. Creemos que eso está, que se está trabajando, en algunos lugares con los comités de bioética u otros espacios. Además, el fallo de la Corte Suprema de Justicia (ver aparte) fue contundente, es un fallo que dice claramente que las provincias deben adecuar su legislación y los protocolos y la provincia de Santa Fe está trabajando en el tema.

—¿Perciben un cambio cultural de los profesionales de la salud a la hora de atender casos de estas características?

—Sí, en algunos casos lo ha habido. Hemos tenido algunos avances en cuanto a la realización de talleres y congresos. De todas maneras, hay una parte muy fuerte que tiene que ver con los sectores fundamentalistas, de las distintas iglesias, en especial de la católica, en la cual se inscriben muchos profesionales que terminan poniendo las creencias personales por sobre el respeto a la vida. Además, existe el respeto a la laicidad que debe tener cualquier Estado. Nuestro Estado es laico y hay diferentes creencias, no puede ser que el tema del aborto esté puesto en términos de creencias o en términos personales por sobre los derechos.

En relación con lo que todavía está pendiente, Paula Condrac, otra integrante de la multisectorial expresó: “Vamos por una ley de despenalización del aborto. El fallo de la Corte es absolutamente claro, es un fallo fundamental, en muchas provincias todavía hay mucha resistencia a aplicar protocolos. Otras, como la nuestra, han sido de avanzada. En Santa Fe se están aplicando los abortos no punibles y esto salva vidas de mujeres”.

También del acto participó Marta Fassino, coordinadora del Programa Mujer y Diversidad Sexual de la ciudad. Sobre el caso Acevedo opinó: “Como mujeres, nos movilizamos para conmemorar a esta víctima de los prejuicios. No queremos más víctimas de los fundamentalismos religiosos, no queremos más víctimas de los prejuicios”.

Las mujeres y los varones presentes ante el mural gritaron: “¡Ana María Acevedo, presente!”.

Aval de la Corte

El 13 de marzo de 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que los abortos en gestaciones producto de cualquier tipo de abuso sexual nunca resultarán punibles y añadió que, por ello, no será necesaria la intervención de la Justicia para autorizarlos.

El máximo tribunal falló en el caso de A.G. –una chica de 15 años, embarazada luego de que su padrastro la violara–, puso  fin a las interpretaciones que hacían algunos jueces del inciso 2 del artículo 86 del Código Penal, respecto de la excepción sólo para mujeres con discapacidad mental, y exhortó a implementar protocolos hospitalarios para incluir la práctica. En la resolución, dirigida a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se conmina “a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de un delito sexual”.

A través de la resolución ministerial Nº 612, la provincia de Santa Fe adhirió al Protocolo para la atención integral de personas víctimas de violaciones sexuales del Ministerio de Salud de la Nación. También por resolución ministerial se creó el Registro de Objetores de Conciencia. En el Nodo Rosario se dio la mayor cantidad de negativas: más del 70%.

La adhesión al Protocolo supuso la adopción de una Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, enmarcada en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

Ir al informe especial
Que sea ley