Reclamos por la educación sexual

Por Ileana Manucci


Casi 20 años después de la sanción de la Ley Provincial 10.947, que en su artículo 1 dice que “a partir del ciclo lectivo 1993, se implementará en todos los establecimientos educacionales oficiales, dependientes del Ministerio de Educación, el tratamiento de la Educación Sexual de manera programática, procurando la integración progresiva de la temática de la sexualidad en los educandos, a partir de una visión integral de la persona humana”; y luego de seis años de la Ley Nacional sobre el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, diferentes instituciones comienzan a levantar la voz del reclamo por su rápida, necesaria y correcta implementación en los establecimientos escolares de Santa Fe.
Una de las asociaciones civiles que llevó esta demanda al Ministerio de Educación de la provincia fue Vox. Desde la organización, que trabaja por los derechos de gays, lesbianas, travestis y transexuales, denunciaron que las guías sobre educación sexual integral enviadas por la Nación para el trabajo en las aulas están “guardadas en un galpón” y cuestionaron al gobierno provincial por “obedecer las órdenes de la jerarquía eclesiástica”. Guillermo Lovagnini, referente de Vox, criticó a la administración de Hermes Binner por no avanzar en la implementación de la ley y, en particular, a la ex ministra de Educación Élida Rasino y a la actual ministra Letizia Mengarelli. “Estamos hartos de que sigan posponiendo la aplicación de una ley que la provincia tiene desde 1992 pero que nunca se puso en marcha, así como la promulgada a nivel nacional en 2006. Hay una supuesta mesa de diálogo, pero no se avanza en nada concreto”, dijo Lovagnini.
La organización pide la plena vigencia de esta normativa con el argumento de que su aplicación ayudaría a disminuir la cantidad de embarazos no deseados, reducir las enfermedades de transmisión sexual y mejorar el conocimiento de la sexualidad para avanzar con más plenitud. El militante de Vox puso como ejemplo las cifras de embarazos no deseados registradas en la ciudad de Rosario, donde las estadísticas indican que, a partir de 1995, el 28% de los partos registrados en las maternidades públicas son de menores de 19 años y el 1,2% de menores de 14 años.

La incorporación curricular busca darle lugar al conocimiento responsable y consciente de las prácticas sexuales y de sus derechos propios.

Siguiendo esta línea, el Programa de Género de la UNL presentó un informe sobre los derechos de la salud de las mujeres a raíz de un relevamiento realizado el año pasado en el Hospital Iturraspe, con mujeres de entre 14 y 41 años, el cual arrojó el dato de que el 39% de los embarazos allí registrados no habían sido deseados. Al indagar sobre el motivo de esta situación, las encuestadas lo adjudicaron a la falta de planificación, ya sea porque no era una situación esperada, como la falla o falta de un método anticonceptivo. Desde el Programa señalaron un desconocimiento, en gran parte de las entrevistas, respecto de los derechos sexuales y de salud reproductiva, algo directamente relacionado con la escasa o nula información y educación.
Vox, además, denuncia las presiones de la Iglesia Católica para que la educación sexual esté fuera de las aulas, así como también advierte que en algunas ciudades del centro-norte provincial, como Reconquista, Sunchales y Rafaela, se reparte en escuelas públicas otros materiales de estudio –en lugar de la guía elaborada por el Ministerio de Educación de la Nación– que promueven el no uso del preservativo y sostienen que la homosexualidad es una enfermedad.
El reclamo de Vox también hace hincapié en la necesidad de avanzar en la capacitación docente, ya que, según consignaron, hay apenas nueve capacitadores destinados a los casi 60 mil docentes de la provincia.
Por otro lado, en la sesión del 28 de junio de la Cámara de Diputados de la provincia, se aprobó un pedido de informes que presentó el diputado Eduardo Toniolli, respecto al estado en que se encuentra la implementación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. “La necesidad de este pedido de informes al Ejecutivo Provincial surge luego de las reiteradas consultas que realizan diversos establecimientos escolares, docentes y organizaciones sociales vinculadas a la militancia por los derechos de género y diversidad, respecto a la puesta en vigencia de la Ley de Educación Sexual Integral que fue sancionada nacionalmente en el año 2006”, manifestó Toniolli.
La semana pasada, en una jornada organizada por el Inadi, docentes, abogadas y militantes que trabajan en los barrios de la ciudad advirtieron sobre la falta de respuesta por parte del Estado en organismos como la Subsecretaría de Niñez de la provincia, las comisarías, los tribunales de familia y centros de acceso a la Justicia, ante las dificultades que enfrentan las mujeres para ejercer sus derechos en justicia, educación, salud, trabajo y seguridad.“Hay una jovencita que está esperando su sexto hijo, con total resignación porque no tiene ni idea de cómo cuidarse”, contó una de las asistentes. También se plantearon las dificultades para la aplicación de los programas de educación sexual en las escuelas. “Esto sucede por las viejas concepciones, aún arraigadas en muchos lugares y personas, que asocian la educación sexual con la genitalidad y creen que con ella se fomenta el inicio temprano de las relaciones sexuales. Pero es todo lo contrario: la educación sexual permite postergar la iniciación genital, además de propiciar que, cuando esa iniciación llegue, sea de manera responsable y con toda la información necesaria para cuidarse y cuidar al otro”, explicó Cristina Zurutuza, directora de Género del Inadi nacional y coordinadora del debate.

Publicado en Pausa #97, disponible en los kioscos de SF y Santo Tomé