Dinosaurios en cana

Desde la sanción de las leyes de impunidad –Punto Final en
1986; Obediencia Debida en 1987– hasta su derogación en 2003, los medios
masivos santafesinos ignoraron de un modo notorio el reclamo de justicia y
verdad de los organismos de derechos humanos. Los crímenes de la dictadura, en
la ciudad, parecían no haber existido nunca.

Ni siquiera el episodio que terminó con la carrera judicial
de Víctor Hermes Brusa –destituido tras un jury por haber arrollado a un
nadador y huir sin prestarle auxilio, intentando echar a andar, una vez más, el
andamiaje del ocultamiento y la impunidad–, de amplia repercusión mediática,
permitió que se reinstale el reclamo del movimiento de derechos humanos.

Brusa formó parte de un grupo de tareas en la dictadura; en
la ciudad nadie desconocía el dato. El ex juez federal fue denunciado ante la Conadep en 1984 y, sin
embargo, hizo carrera bajo los sucesivos gobiernos democráticos hasta el
precipitado final ocurrido en aguas de la Setúbal.

Recién en 2009 –tras un largo proceso encarado por víctimas,
familiares, abogados que trabajaron en forma voluntaria y, ya en la última
parte, con el apoyo de los gobiernos nacional y provincial– se realizaron los
primeros juicios por delitos de lesa humanidad en la provincia.

Hasta ahora, fueron nueve los represores sentenciados en la
ciudad de Santa Fe en cinco juicios. Desde 2009, la Justicia Federal
condenó a 19 represores en la provincia.

Los seis primeros fueron en el marco de la Causa Brusa, en Santa
Fe, donde fueron juzgados Brusa (recibió 21 años de prisión) y los ex policías
Héctor Romeo Colombini (23 años), Eduardo Ramos (23 años), Juan Calixto
Perizzotti (22 años), Mario Facino (20 años) y María Eva Aebi (19 años).

Publicada en Pausa #100, miércoles 29 de agosto de 2012