Las demandas de los fumigados

Un proyecto de ley paralizado motiva el reclamo de los
pueblos del campo para evitar ser rociados de agroquímicos. Sospechas sobre los
“intereses particulares” de los legisladores.

Las organizaciones ambientalistas intentar poner en la
agenda legislativa la reforma de la ley de fitosanitarios. Con ese objetivo,
entregaron a los senadores –que tienen archivado ese proyecto– dos tandas con
decenas de miles de firmas recolectadas en el marco de la campaña “Paren de
fumigarnos” para exigir nuevos límites al uso de productos agroquímicos.

“Esta es una oportunidad única de demostrar que se pueden
modificar las cosas atendiendo a nuestra salud antes que al interés económico
de unos pocos”, sostuvieron desde el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat),
una de las organizaciones que reclaman una nueva ley de agroquímicos pensada
desde la óptica de los principios precautorios de salud y no en base a la
lógica del sector productivo.

El miércoles 10 se realizó la segunda entrega de firmas de
ciudadanos santafesinos e instituciones gubernamentales y no gubernamentales
que piden que se trate el proyecto de modificación a la ley 11.273 de
fitosanitarios, se establezca un límite de 800 metros para las fumigaciones
terrestres –respecto del ejido urbano– y que se prohíban definitivamente las
fumigaciones aéreas.

Luego de la entrega de las firmas hubo un foro de debate
(“Impactos de los agrotóxicos en la salud y el ambiente”) con la exposiciones
de Andrés Carrasco, investigador del Conicet y de la UBA, y de Damián Verzeñassi,
de la Facultad
de Ciencias Médicas de la UNR.

En la actividad también disertaron Carlos Manessi y María
Gottardi, del Cepronat, Viviana Peralta, la vecina de San Jorge que impulsó la
causa por la cual la Justicia
provincial sentó jurisprudencia mediante el conocido Fallo San Jorge, María
Fernanda Simoniello, de la cátedra de Toxicología, Farmacología y Bioquímica
Legal de la Facultad
de Bioquímica de la UNL.
También hubo un panel sobre agricultura alternativa.

Nuevas denuncias

“El pueblo clama por una ley que lo proteja de los
agroquímicos”. Así titularon su último comunicado las organizaciones nucleadas
en el Movimiento de Pueblos Fumigados, quienes llevan adelante –en todo el
territorio provincial– la campaña “Paren de fumigarnos”.

“Apenas comenzado el ciclo de fumigaciones para la campaña
2012/13 se registraron, en menos de diez días, tres denuncias penales contra
fumigaciones de diversa índole, en algunos casos causando intoxicaciones, sin
perjuicio de los efectos a largo plazo que no pueden cuantificarse
inmediatamente, de los cuales dan cuenta infinidad de advertencias científicas
de todo el mundo, de nuestro país y de nuestra provincia”, agregan en el
documento.

Entre otros hechos, enumeran la presencia de un avión
realizando fumigaciones –sin autorización municipal– en la zona noreste de
Sastre el 26 de septiembre. El 29 de septiembre, vecinos de Totoras denunciaron
fumigaciones cercanas a la zona urbana que afectaron en forma aguda a cinco
vecinos, una mujer y sus cuatro hijos menores. El 3 de octubre vecinos de
Firmat detectaron un vehículo terrestre tipo “mosquito” realizando fumigaciones
en cercanías de la zona urbana, lo que produjo la intoxicación de, al menos,
seis personas, tres de ellos menores.

“Los hechos denunciados son una muestra de muchos otros que
se suceden cotidianamente y que, o bien son admitidos resignadamente por la
sufrida población o no son registrados por las fuerzas policiales por no ser de
su competencia, tal como alegan en algunas comisarías, lo cual no hace sino
reafirmar la urgente necesidad de una ley 
que ponga límites razonables a este genocidio en curso, que antes de
matar de cáncer, provocará batallas campales tal como hemos venido
advirtiendo”.

Amparados en el artículo 41 de la Constitución Nacional
–que trata sobre derechos ambientales–, las organizaciones exhortan a los
legisladores a “defender el interés general” y a valorar “la escalada de la
resistencia del pueblo contra el ataque de una minoría que pretende adueñarse
también de sus vidas, poniendo en riesgo irresponsablemente las mismas bases de
convivencia social”.

¿Interés general o privado?

La reforma de la ley de agroquímicos había sido votada en
2009 por la Cámara
de Diputados pero perdió estado parlamentario porque el Senado nunca la trató.
En noviembre de 2011 –a pocos días de dejar su banca– el representante del
departamento Rosario, Juan Carlos Zabalza, reingresó el proyecto, aunque hasta
el momento la Comisión
de Salud y Medio Ambiente no le dio dictamen.

La mora obedece a diferencias al interior de cada uno de los
bloques respecto del espíritu de la nueva ley de agroquímicos. Los senadores no
pudieron encontrar todavía un punto de acuerdo que sintetice la necesidad de
preservar el ambiente y la salud con los requerimientos del sector productivo.
Aquellos que son proclives a que todo siga como hasta ahora señalan que los
reformistas no pueden probar con rigor científico sus denuncias respecto de los
daños que causa el uso de agroquímicos.

En la vereda de enfrente, los ambientalistas aluden a un
supuesto interés particular de parte de los senadores para frenar el
tratamiento del proyecto. Por ello, entregaron una petición formal en la Cámara alta requiriendo “la
lista de senadores y senadoras con participación personal, familiar o
societaria en emprendimientos de carácter comercial con fines de lucro
relacionados con actividades agropecuarias o que pudieran verse afectadas por
la nueva ley regulatoria del uso de agroquímicos”.

El argumento es sencillo: “Los senadores con intereses
personales, societarios o familiares se encontrarán en claro conflicto de
intereses”, sostienen desde el Movimiento de Pueblos Fumigados de Santa Fe.
Justifican el requerimiento en la ley nacional 25.188 y su correlativa
provincial (13.230) de Ética en el Ejercicio de la Función Pública,
que establece en su articulado los deberes de todas las personas que se
desempeñen en la función pública, entre ellas “velar en todos sus actos por los
intereses del Estado orientados a la satisfacción del bienestar general,
privilegiando el interés público sobre el particular”.

Publicada en Pausa #103, miércoles 10 de octubre de 2012