Por un nuevo modelo de justicia

Trata, violencia doméstica, problemas con la ley: la
adecuación de las normas y de los procedimientos judiciales a la realidad de la
infancia fue tema de un Congreso Mundial.

El grooming –captación de menores a través de internet por
parte de redes de trata– es una de las principales preocupaciones relativas a
la seguridad de niños y niñas en tanto es muy difícil de prevenir o controlar.
El acceso de adolescentes y jóvenes a los circuitos de la prostitución no
responde solo a factores económicos sino culturales e incluso psicológicos. Hay
una necesidad de recrear el Estado y transformar su ingeniería institucional,
sobre todo a nivel local, para así poder hacer reales los postulados de las
leyes que protegen a los más chicos.

Esas son algunas de las conclusiones del V Congreso Mundial
por los derechos de la infancia y la adolescencia, realizado la semana pasada
en San Juan, del cual participó el Foro de la Infancia de Santa Fe.
Allí, expertos de todo el mundo reflexionaron acerca de las realidades de los
niños y adolescentes y su relación con el cambio social. El objetivo fue
formalizar un registro de cómo la infancia es afectada por las configuraciones
de la familia, las políticas públicas, las instituciones educativas, los medios
de comunicación y la industria cultural.

Trata y abuso de menores

En la primera jornada disertaron especialistas de nuestro
país y también de Guatemala, Armenia, Portugal, España y Marruecos. Se destacó
la conferencia de la relatora especial de Naciones Unidas sobre la Trata de Niños y Niñas, la Prostitución y la Pornografía Infantiles,
Dra. Maalla M’Jid Najat, médica en pediatría, quien se dedicó en las últimas
dos décadas a la protección de niños vulnerables.

La especialista explicó que la trata de personas es un
flagelo que tiene origen en diversos factores: económicos, sociales, culturales
y psicológicos. Agregó que en diferentes países se diseñan políticas y
protocolos que constantemente se actualizan y que configura un gran problema la
aplicación de esas políticas de manera completa, coordinada y con evaluaciones
permanentes. Por eso, remarcó que es fundamental “definir quién es responsable
de qué”.

“En la trata de personas es tan importante la atención caso
por caso como el posterior seguimiento de las víctimas rescatadas”, dijo Najat.
“El grooming (acciones deliberadas por parte de un adulto para establecer lazos
de amistad con niños o niñas en internet, con el objetivo de obtener una
satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o
incluso como preparación para un encuentro sexual) es actualmente el principal
problema relativo a la seguridad de los menores en internet y es extremadamente
difícil de erradicar, prevenir o controlar”.

En algunos países hay grupos especiales de policías que se
infiltran en esas redes para detectar posibles grupos de trata, pero es un
trabajo arduo que lleva meses de preparación y formación. Del mismo modo, la
especialista explicó que existen consejos de niños que generan mecanismos de
protección para otros niños y también les enseñan a los policías el lenguaje
que se usa en la web para que puedan interpretar y espiar mensajes referidos al
abuso de menores.

Según Najat, acotar el flagelo de la trata a factores
meramente económicos sería tener una visión muy parcializada del tema porque
también es un problema psicosocial. Si bien es innegable que la pobreza agudiza
la problemática, la relatora de Naciones Unidas opinó que es un deber de todos los
gobiernos apoyar en forma integral y sostenida a las familias más vulnerables
para que tengan las herramientas necesarias para transformarse en responsables
de defenderse a sí mismos.

“En no pocos países”, continuó al especialista “la
explotación sexual de niños y niñas es tolerada y permitida. Por lo tanto
también es un problema cultural en el que los medios de comunicación juegan un
papel preponderante, no solo en la sensibilización de la sociedad y la
visibilización de los casos, sino también en recordarles a sus dirigentes
políticos sus compromisos electorales”.

Conocer para proteger

La abogada Mary Bellof, especialista en criminología e
infancia y  Fiscal General de Política
Criminal y Derechos Humanos, repasó los avances en las políticas de promoción
de los derechos de la niñez. “La idea de que los niños tienen que ser cuidados
y protegidos es traducida en la
Convención de los Derechos del Niño (CDN). Antes de la CDN había normas
internacionales de protección a la infancia, había un deber de los adultos de
cuidar a los niños, pero no existía el mínimo registro del niño en sí: es decir,
sus afectos, sus pensamientos, su persona”.

“Ese tipo de protección”, siguió Bellof “desconocía al niño
que protegía. Se mezclaba la idea de protección con la idea de que si esa
protección no existía era seguro que en un futuro esos chicos iban a ser delincuentes.
A consecuencia de esa idea, los niños no fueron protegidos, sino todo lo
contrario”.

La abogada añadió: “En los 90 los derechos de prestación
(alimentos, escolaridad, hogar) quedaron fuera de toda discusión. Durante la
crisis de los 90 se discutía más cuál era el Estado que queríamos tener que
cuál era el Estado que iba a soportar la CDN. Con la llegada de la CDN (sancionada en 1990 por
Naciones Unidas) se pone en crisis el paradigma de tutelarismo clásico. La CDN llega con la esperanza de
querer cambiar las cosas. Tal es así que generó cambios legales en todos los
países de América Latina”.

“En la
Argentina se cambiaron casi todas las leyes de protección de
niños y adolescentes y se mejoró mucho el sistema judicial en ese sentido. Se
pasó de la idea de protección del adulto, sin conocer a los menores, a la
protección del niño enmarcado en los derechos humanos y en los últimos 25 años,
en este país, se generaron una serie de decisiones políticas pro derechos
humanos. Se entendió que no se podía proteger a quienes no se conoce, cambiando
de esa forma las leyes del tutelarismo clásico”, recalcó.

Recrear el Estado

No obstante, Bellof admitió que el derecho penal juvenil se
terminó fagocitando la CDN. Y
propuso “empezar a abrirnos de la retórica legalista”. Según la fiscal, ese
“reduccionismo legal y penal dificultó el avance de la implementación de la CDN. Por ejemplo: la mamá
de sectores populares iba a la autoridad administrativa o juez de menores, que
si el problema era el hijo varón, le pedía que lo interne porque no sabía qué
hacer. Y si el problema era su hija, denunciaba fuga de hogar para que el
Estado intervenga y se la devuelva. El juez de menores ayudaba en ese sentido a
la familia”.

“Con la CDN”,
distinguió Bellof “la mamá volvía al juez para que internen a su hijo, pero el
juez le explicaba que como la ley cambió, ahora ya no se puede hacer eso. A las
semanas, la madre volvía al Juzgado con una denuncia penal contra su hijo. Lo
que faltó en los países de América Latina –exceptuando la Argentina– es que no se
transformó la ingeniería institucional (no sólo edificios e infraestructura,
sino también la formación en una lógica distinta, de cómo hablar con un niño,
cómo tratarlo) que no acompaña la legalidad, por lo que se deben recrear los
mecanismos de garantías y eso se realiza recreando el Estado”.

La abogada planteó otras críticas: “No hemos sido capaces de
construir mecanismos de garantías para que los niños conozcan sus derechos. La
política pública es lo que se debe recrear y para eso también se debe generar
una teoría fundacional que contenga esos mecanismos de garantías. Saldremos del
momento de la retórica cuando se recree el Estado y se construyan mecanismos de
garantías a través de políticas públicas. No podemos poner de ninguna manera a
los niños en el lugar del adulto, así que ningún enfoque que tenga esta idea
puede ser protector de los derechos de los niños”.

Declamación e ineficacia

La delegación santafesina del Foro de la Infancia –integrada por
el director del Centro de Día Casa de Juan Diego, Gustavo Vogel, por la
estudiante de Abogacía Julia Pesaresi y por el licenciado en Trabajo Social y
psicopedagogo Osvaldo Marcón– expuso sobre “Justicia juvenil: responsabilidad
de los adultos”.

La organización propuso una concepción de Justicia juvenil
“amplia e integral” que abarque la garantía del goce de todos los derechos
–económicos, políticos y sociales– a niños, niñas y adolescentes. “Enfocamos la
problemática de los menores en conflicto con la ley penal desde un marco
multicausal y sus graves consecuencias subjetivas y socio familiares”,
explicaron.

“Entendemos las conductas penales juveniles como una
complejidad, por lo tanto no podemos ni debemos acotar su abordaje al ámbito
judicial. Asumir al niño como sujeto titular de derechos y considerar aquellos
específicos a su condición de persona en crecimiento, nos enfrenta a la
responsabilidad que debemos asumir todos los actores involucrados: niños,
familia, Estado y comunidad”.

“La CDN
y las leyes locales concordantes son necesarias pero insuficientes para
provocar el cambio social. Cambiaron las leyes, pero no la realidad. Las ONG
observamos con preocupación que los caracteres tutelares fueron superados solo
normativamente, mientras que las intervenciones llevadas a cabo están en disidencia
con respecto a este nuevo rol asignado a los adultos como responsables,
perpetuándose la crisis en la interrelación con los jóvenes”.

“Estado ausente o semipresente con políticas públicas más
declamativas que efectivas, escasez de recursos, trabajo a demanda y sin
prevención: son todos ejemplos concretos del rol actual de muchos estados,
principalmente locales. Este avasallamiento de los derechos se incrementa
peligrosamente cuando los jóvenes entran en contacto con el sistema judicial,
último eslabón de intervenciones fraccionadas, incongruentes, que no evitan la
judicialización ni hacen de ésta una oportunidad. En esa instancia judicial el
deterioro subjetivo socialmente construido es éticamente inadmisible”.

Publicada en Pausa #104, miércoles 24 de octubre de 2012