Cifras de los muertos del Estado

Como todos los años, la Correpi difundió su informe sobre los muertos por represión en
democracia. Aquí, un detalle estadístico de los casos en el país y en la provincia.





Por Juan Pascual

El Estado nacional y los estados provinciales son las únicas entidades en las que depositamos el uso de la fuerza. El control público de la violencia se traduce, de forma cotidiana, en cómo las diferentes agencias represivas hacen uso de ese poder. La policía federal, las policías provinciales, las fuerzas armadas, los servicios penitenciarios, la gendarmería, la prefectura y, también, la seguridad privada –en la medida en que esa práctica está autorizada– están compuestas por hombres y mujeres que todos los días tienen en sus manos una posibilidad: la de usar el arma y terminar con una vida.
Desde mediados de los 90, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) publica informes anuales que dan cuenta del indicador más duro sobre el funcionamiento del monopolio de la violencia legitimada: la cantidad de muertos por la represión de las agencias del Estado. En la actualidad, esta estadística no oficial es la única fuente disponible y sistematizada sobre el tema. Incluye no sólo los casos de gatillo fácil, sino que, además, contempla las muertes en presidio (dado que, tras las rejas, la seguridad de los internos es absolutamente dependiente de los carceleros) y otras formas de represión (ver aparte).
Ofrecemos aquí una lectura de los números, para que cada uno saque sus conclusiones.

Los últimos datos
Santa Fe es la provincia donde la represión del Estado más muertos produce. Esa es la primera conclusión relevante para nuestra región del informe que la Correpi publicó el 17 de noviembre. La segunda, que durante las gestiones del kirchnerismo se produjeron el 58% de las muertes bajo responsabilidad del Estado, en tiempos de la democracia reciente (2224 casos sobre 3773 contabilizados desde 1983). La tercera, que más allá de la política de no represión a la protesta social, en el gobierno de CFK ya suman 17 los caídos por reclamar sus derechos (ver aparte).
La provincia de Buenos Aires es la que mayor cantidad de casos acumula en términos absolutos –1759 desde 1983, mientras que Santa Fe suma 465 y se encuentra en segundo lugar, luego Córdoba con 278 y la Ciudad de Buenos Aires con 270–, pero en términos relativos nuestra provincia sube al primer puesto. Si se considera la cantidad de muertos de acuerdo a la cantidad de población, según el censo de 2010, en Santa Fe hubo un muerto por represión cada 6.869 personas, mientras que en Buenos Aires la proporción es uno cada 8.882, en Córdoba uno cada 11.902 y en la Ciudad de Buenos Aires uno cada 10.704.

Endurecimiento
Con los asesinatos de Yanina García, Juan Delgado, Claudio “Pocho” Lepratti, Graciela Acosta, Miguel Pacini, Ricardo Villalba, Rubén Pereyra y Walter Campos, Santa Fe fue el tercer distrito con más efectos letales en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. En todos los casos, el uso de la fuerza corrió por cuenta de la policía de la provincia; no hubo ninguna interpelación legislativa o judicial a ninguna autoridad política por los hechos. A esta masacre, Carlos Reutemann le agregaría otra, en 2003, con la inundación de Santa Fe como resultado del ingreso del Salado por la brecha de un terraplén inconcluso. Estas muertes no están contabilizadas por la Correpi (no se trata de represión, sí de negligencia o abandono de persona) y tampoco tuvieron efecto político alguno en términos institucionales.
Parados en 2003, el informe arroja datos que permiten observar cómo evolucionó la represión en nuestra provincia. Entre 2003 y 2007, durante la gestión de Jorge Obeid, Correpi registró 94 casos de muerte por acción de Estado, mientras que desde 2007 hasta la actualidad, los casos llegan a 122 (en la gestión Binner, 112, en la de Bonfatti, 10). En la comparación relativa, con base en el censo 2010, durante el gobierno de Obeid hubo un muerto cada 33.984 santafesinos, mientras que en los gobiernos socialistas la cifra asciende a un muerto cada 26.184 personas. El aumento en la violencia letal del Estado se registra también en las otras provincias. En Buenos Aires hubo 380 casos entre 2003 y 2007, y 591 desde ese año hasta la actualidad. Lo mismo pasa en la Ciudad de Buenos Aires: de 56 en el primer período a 83 en el segundo.

Hombres jóvenes en la jaula
Desde 2003 a la actualidad, el 95% de las víctimas de la violencia de Estado en Santa Fe son hombres, el 64% tiene menos de 35 años, el 58% murió dentro de una cárcel o una dependencia policial. Por sí misma, la cantidad de detenidos ahorcados llega a un 10% del total. En lo que refiere al gatillo fácil, el porcentaje de muertos asciende al 30%. No se registra ningún caso de muerte en protesta social.
Dos fuerzas represivas reúnen casi todas las imputaciones: la policía de la provincia aparece en el 51% de los casos y el Servicio Penitenciario en el 43%. En un 3% intervino la seguridad privada.
El 41% de las muertes se dio en Rosario, el 29% en Santa Fe y el 15% en Coronda: el 85% de las víctimas se acumulan en apenas tres localidades. Vale aclarar que en las tres hay centros de reclusión: la Unidad Nº11 de Piñero (a 19 kilómetros de Rosario), la cárcel de Coronda y la de Las Flores, en nuestra ciudad.

Menos cárcel, más Rosario
En la comparación entre la última gestión peronista y los años de Binner y Bonfatti surgen datos de relevancia. Primero, el aumento de la letalidad con los menores de 35 años: de un 47% sobre el total en el período 2003-2007 a un 72% desde 2007 a la actualidad. Por otro lado, la muerte en detenciones menguó: del 63% al 53%, mientras que los casos de gatillo fácil ascendieron del 28% al 32%. La dinámica de este cambio –más jóvenes, menos presos, más gatillo fácil– se refleja tanto en las principales fuerzas imputadas como en la localización de los hechos.
Agentes de la policía provincial fueron sindicados por el 42% de las muertes en el primer período y por 57% en el segundo; los penitenciarios descendieron del 57% al 38%. Respecto de las localizaciones, Coronda (donde está el mayor penal de la provincia) baja del 47% de los casos en el primer período a un 17% en el segundo. Cabe destacar que allí, en 2005, hubo un motín –para algunos, gresca entre detenidos de Rosario y Santa Fe, para otros, zona liberada, para muchos ambas cosas– en el que fallecieron 13 reclusos. Por otro lado, la cantidad de casos aumentó en Rosario de un 26% a un 52%. En Santa Fe los números se mantuvieron relativamente estables: 13% en el primer período, 16% del total en el segundo.

En general
Las muertes en democracia por la represión alcanzaron en 2012 a 3773 personas: 46% por gatillo fácil, 39% bajo custodia, 8% intrafuerza o familiar, 2% en movilizaciones. El 77% de las víctimas tiene 35 años o menos. En 2003 había 1508 registros de víctimas; en 2012 aumentaron a 3773. El año con más muertos fue 2010 (282) y 2009 (281). Luego viene el 2001, con 254. El principal problema, las policías provinciales: 58% cae bajo esas fuerzas; 26% corresponde a los servicios penitenciarios; 10% a la federal.

Los listados
Desde su primer informe, publicado el 28 de noviembre de 1996, Correpi incorpora en sus listados todas las muertes que sean responsabilidad de las agencias represivas del Estado (policía federal, policías provinciales, policía metropolitana, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario, fuerzas armadas), de la seguridad privada o de grupos políticos de choque, siempre y cuando se produzcan en circunstancias en que la víctima no reviste peligrosidad respecto de terceros o del homicida. Las fuentes de Correpi provienen del contacto directo con los familiares o amigos de las víctimas –tienen abogados que patrocinan casos–, las noticias periodísticas y otras organizaciones. Los hechos son clasificados como
-Gatillo fácil: muerte por abuso de la fuerza represiva.
-Muerte de detenidos: en cárceles o comisarías, por acción de la fuerza represiva, de otro detenido o por suicidio; la responsabilidad por la vida de un recluso corre por cuenta del Estado.
-En protesta social: asesinatos en la represión de una movilización.
-Causas fraguadas o consecuencias de otros delitos: muerte como resultado de otros delitos. Incluye la mayoría de las desapariciones.
-Intrafuerza o intrafamiliar: por voluntad o por accidente, un agente represivo asesina a un par o a un integrante de su familia.
Hay un doble sesgo dentro de la estadística. Por un lado, la “cifra negra”: montajes diversos que realizan las fuerzas y que, como tales, no quedan registrados. Por otro, se suman casos donde los familiares siguen denunciando a las fuerzas del Estado aun cuando la Justicia haya sancionado la inocencia de los sospechados. Más allá de estas imprecisiones, que se compensan, los informes de Correpi son los únicos sobre el tema con los que se cuenta en Argentina y, como tales, poseen reconocimiento tanto académico como periodístico.

Los 17 de CFK
Si bien ha pasado el tiempo en el que era normal, corriente y previsible ir a una marcha y ser recibido por las balas de goma, los gases, la montada o la motorizada, eso no quiere decir que los muertos por represión en la protesta social hayan mermado. Todo lo contrario.
Correpi contabilizó en democracia dos muertos en protestas en los gobiernos de Menem, Duhalde y Néstor Kirchner, respectivamente. De la Rúa llegó a 44 muertes (38 en el 19 y 20 de diciembre de 2001). Durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner son 17 los muertos por razón de su reclamo social. Los hechos tuvieron lugar en Mendoza y Buenos Aires (un caso en cada provincia); Formosa y Santiago del Estero (dos); Río Negro (tres); Ciudad de Buenos Aires y Jujuy (cuatro en cada territorio). Dentro de los casos emblemáticos están: los hermanos Mario y Roberto López, qoms de La Primavera, matados por la policía provincial formoseña en 2010, Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero ultimado en 2010 por una patota de la Unión Ferroviaria con apoyo policial, y Rosemary Churapuña, Bernardo Salgueiro y Emilio Canaviri Álvarez durante la toma del Parque Indoamericano, a manos de la Federal.

Actualización: una beba qom y su abuela murieron luego ser atropelladas por un gendarme.

Publicado en Pausa #107, a la venta en los kioscos de Santa Fe y Santo Tomé.