Pagos atrasados del Estado y desatención absoluta de la Iglesia acucian al emblemático centro de día.
Por Milagros Argenti
El centro de día La Casa de Juan Diego contiene a un promedio de 25 jóvenes en situación de calle. Para ello, el gobierno aporta $9.828 mensuales, que rara vez llegan en tiempo y forma. Esto pone en duda el interés del Estado por resolver las carencias de uno de sus sectores más vulnerables. Y la Iglesia no se queda atrás.
La casa de Junín 2141 abre de 8:30 a 12:30 para que 25 varones y ocho mujeres de 12 a 30 años se alimenten, terminen la primaria y hagan talleres. También se ocupa de sus familias: la atención llega a 84 personas. La diaria no es fácil: hay drogadicción, delincuencia, prostitución. Según el director, Gustavo Vogel, “Juan Diego es una lucha permanente entre los chicos, que intentan instalar la calle acá adentro, y nosotros, que buscamos instalar otra cosa, para que puedan pensar una alternativa”.
La provincia pone $2.300 para alimentos y $19.656 bimestrales. Con eso, los empleados cobran un irrisorio promedio de $1.400 y se pagan servicios por $800. Se suman los inestables $3.000 de colaboraciones particulares. Vogel es gráfico: “administramos miseria para la miseria”. Así, al salario de un funcionario de segunda línea, Juan Diego lo percibe en dos meses. Cuando lo percibe. Este año, el único depósito puntual fue el de julioagosto, los primeros cinco meses se abonaron en junio, y aún no cobraron septiembre-octubre. Según Vogel, “es imposible planificar, y eso te mata, porque generás expectativas, le exigís a los chicos que se pongan las pilas y cuando el pibe te lo demanda, no tenés respuesta”.
El subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Cristian Allende, atribuye el retraso inicial a los problemas financieros de la provincia, y asegura que el de ahora se subsanará en los próximos días. También afirma que los atrasos no son sistemáticos. Las cuentas indican otra cosa.
Hay una necesidad acuciante de personal. “Estamos buscando gente todos los días, casi de favor”, lamenta Vogel, y agrega: “no disponemos de un psicólogo que pueda abordar los problemas con otras herramientas”. Además, como no hay plata, sólo funcionan de mañana. El resto del día, los pibes están en la calle. “Somos como un hospital de campaña: los chicos vienen y más o menos se recomponen pero después vuelven a la misma mierda, la guerra”.
“Nosotros no estamos en condiciones de resolver la necesidad de recursos de cada institución”, asevera Allende. “Eso tiene que ver con su organización interna. Una ONG es una asociación civil que se plantea realizar actividades y autofinanciarlas”. En efecto, las ONG son “no gubernamentales”. Quien sí podría hacerse cargo es la institución que les da origen. La asociación civil depende de la Iglesia Católica. El propio arzobispo, José María Arancedo, nombra a su presidente (hoy, el diácono Raúl Caselli). Pero el aporte monetario de la Iglesia santafesina para Juan Diego es igual a cero. En su último documento, “Reflexiones de los obispos al acercarnos a la Navidad”, la Conferencia Episcopal Argentina alude a una “angustia generalizada en nuestro pueblo por la vida de los jóvenes”. “La enorme cantidad que no estudia ni trabaja es una de las hipotecas sociales más desafiantes para los argentinos”, dice. El titular del Cuerpo es Arancedo. Las contradicciones entre palabra y acción saltan a la vista. A Vogel la situación lo supera. “Si en 2013 no tengo un psicólogo, un psiquiatra, un terapista ocupacional y un abogado, no abro la casa o renuncio”, afirma. “Es que siento que estoy engañando a los pibes. Siempre les planteamos que tenemos que avanzar cada día más y no lo estamos cumpliendo. Cuando ellos no avanzan, se tienen que ir de la casa: cuando no avanzamos nosotros, me voy yo”.
Hay más diferencias con la provincia. Según Allende, “ahora no cabe el paradigma de intervención tutelar de antes, donde a un pibe se lo encerraba en una institución, se lo educaba, se le daba un taller y lo atendía un psicólogo; es integral, para que encuentre lo que necesita en su territorio”. Así, los centros de día deben trabajar en red con el circuito estatal: “está la comisaría del barrio, el centro de salud del lugar, y los equipos interdisciplinarios de la Municipalidad, los CAF o la Dirección de Niñez”. Para Vogel, “desde la teoría todos estamos de acuerdo. Pero la práctica cada vez dista más de la teoría. Es increíble el grado de vulneración de derechos”. “La discusión queda entrampada en si nos dan o no dos pesos mugrientos, cuando tenemos que hablar de qué está pasando realmente con los pibes. Nadie se da una idea del esfuerzo que hacen por salir de su situación. A cualquiera le llevaría tres años de terapia algunas de sus vivencias, y sin embargo ellos siguen. Muchos quisieran acceder a una terapia, y no la tienen. Es de eso que hay que hablar”.
Publicado en Pausa #108, a la venta en los kioscos de Santa Fe y Santo Tomé