Las víctimas aumentan y los reclamos se hacen cada vez más fuertes. El anuncio de la creación de Casas de Amparo en la provincia, un viejo reclamo, se recibió con expectativa.
Por Ileana Manucci
La violencia de género fue, sin dudas, uno de los temas del año, que tuvo amplia repercusión en la agenda mediática a nivel nacional por sus cifras crecientes y alarmantes. Según un relevamiento hecho por una integrante del equipo de género de la concejala rosarina Norma López (FPV), y presentados por el Inadi Santa Fe, en el país hubo 195 asesinatos de mujeres en los primeros 10 meses de 2012. En este triste ranking, Buenos Aires está a la cabeza con 59 muertes y Santa Fe ocupa el segundo puesto con 22 [al momento de la edición impresa del artículo, hoy ya suman 26], aunque proporcionalmente, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes de cada una, nuestra provincia sube al tope de la lista.
La mayoría de estas mujeres tenía entre 15 y 25 años; 83 fueron ahorcadas, violadas y golpeadas; 44 atacadas con armas de fuego y armas blancas y 18 incineradas. En la Argentina, las estadísticas oficiales sobre los casos de violencia contra la mujer brillan por su ausencia, pero se estima que alrededor del 50 o 60% de las mujeres han sido en algún momento de su vida víctima de violencia física. “Pero si sumamos los hechos de violencia que constituyen los maltratos, los insultos, el control excesivo y los celos humillantes, casi el 90% de las mujeres hemos sido, somos o seremos víctimas de hechos de violencia”, afirmó Marta Fassino, coordinadora del Programa Mujer y Diversidad Sexual de la Municipalidad.
En 2012, el gobierno provincial atendió 391 situaciones de violencia de género y dio protección a 1.564 personas, entre mujeres, niños y adolescentes, en un abordaje conjunto realizado por la Dirección Provincial de Políticas de Género y la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Ante esa situación desesperante, desde el año pasado un grupo de mujeres y hombres viene denunciando el crecimiento de los femicidios en la ciudad y reclamando al municipio la instauración de un sistema de Casas de Refugio para mujeres víctimas de violencia. La falta de políticas y de respuestas es uno de los grandes escollos a superar para frenar la violencia machista. Los casos que día a día aparecen en los medios, de mujeres asesinadas, quemadas, violadas por sus parejas, se reproducen gracias a la impunidad, a las sanciones que se aplican pero que no se cumplen, porque nadie las controla.
María Claudia Albornoz, una de las impulsoras del petitorio por los refugios presentado al gobierno local, se manifestaba sobre la importancia de que esos espacios fueran, cuanto antes, una realidad: “Lo primero que hay que hacer, lo más urgente, es sacarla de la casa. Pero después hay que hacer todo un trabajo en función de que la mujer logre autonomía económica y, por supuesto, de que se penalice al violento, porque sino parecería un contra sentido: dejás al violento en la casa y sacás a la familia, a la mujer, y esto pasa porque la mayoría de las veces las leyes no se cumplen. Muchas mujeres hacen la denuncia, la policía saca al agresor de la casa y extienden un recurso para que no se acerque; pero eso funciona en algunos sectores, en los barrios más carenciados no, ya que el hombre se queda cerca, espera que el patrullero se vaya y regresa. La impunidad está metida en todos lados, el violento va, viene y siempre termina haciendo de las suyas”.
Los reclamos y petitorios, luego de casi un año, tuvieron sus resultados. El 28 de noviembre, el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi, junto a su par de Desarrollo Social, Mónica Bifarello, presentaron la “Red Provincial de Casas de Amparo. Espacios de protección para mujeres víctimas de violencia”. En toda la provincia, se prevé contar con 172 plazas en 13 casas de amparo, tres de las cuales se encontrarán en la capital provincial, con una capacidad de 35 plazas. El resto de las casas se ubicarán en Reconquista, Villa Ocampo, Rafaela, Zenón Pereyra, San Javier, Rosario, María Susana y Venado Tuerto, aunque se evitó dar, públicamente, las direcciones específicas de las mismas para resguardar a las víctimas que allí se alojen. Para conformar y mantener en funcionamiento esta red, las autoridades informaron que se invirtió más de 4.500.000 pesos en 72 localidades.
Bifarello destacó el trabajo conjunto efectuado con los municipios y comunas, con los cuales se realizaron los convenios e instancias de capacitación mediante el Programa Integral de Capacitación y Acompañamiento Técnico en Políticas de Género, ya que esos ámbitos locales son los niveles iniciales de intervención a quienes llegan primero los problemas y denuncias. A estos equipos de los gobiernos municipales, además, se les entregó una Guía de Atención para situaciones de violencia de género, para que puedan conocer el mecanismo por el cual se llega a la atención y asistencia en las Casas de Amparo. También se están articulando acciones con sindicatos, empresas y organizaciones de la sociedad civil para capacitar en oficios a las mujeres y permitirles tener una salida laboral que les otorgue autonomía.
Los refugios buscarán ser un recurso efectivo para resguardar la vida, la salud y la integridad emocional de mujeres, niñas y niños, en situación de violencia familiar y sexual. Los mismos no serán un hogar permanente para estas familias y por esto es que se trabajará en un marco de atención multidisciplinaria, que permitirá a las víctimas comenzar una nueva etapa en sus vidas, con el aprendizaje de un oficio, una mayor capacidad de autonomía y en ambientes libres de violencia.
Publicado en Pausa #108, a la venta en los kioscos de Santa Fe y Santo Tomé.