La memoria vive en la plaza

Los 37 años de la dictadura cívico militar fueron recordados
con múltiples actos, signados por las posiciones frente al kirchnerismo.

Por Ezequiel Nieva

Los organismos de derechos humanos tienen en claro que hay
sectores reaccionarios que sobredimensionaron la multiplicación de las
actividades por el Día de la
Memoria con el objetivo de debilitar el reclamo de justicia y
verdad por los crímenes de la dictadura. Y aunque en muchas ciudades del país
–Santa Fe no fue la excepción– hubo diferentes convocatorias, marcadas por la
posición de cada sector respecto del gobierno nacional, hay un objetivo común
que atraviesa a todo el campo democrático: que no se detenga el proceso
reiniciado a partir de la derogación de las leyes de impunidad que permitió
encarcelar a más de 400 represores en todo el país.

Esa tarea “se ha convertido en una lucha popular”, según
definió Celina Queca Kofman, de Madres de Plaza de Mayo, en el acto central
realizado el 24 de marzo en Santa Fe. “Todos unidos, sin diferencias,
entendimos que es necesaria la hermandad, la solidaridad, seguir el ejemplo que
dieron nuestros hijos en su lucha revolucionaria. Debemos estar unidos y tener
muy claro quién es el enemigo”, advirtió Queca.

En un mensaje dirigido a quienes buscaron desviar la
atención sobre el tema de fondo, la referente de las madres santafesinas
definió: “El enemigo no es el que piensa distinto o el que milita en otro
partido político. Lo tenemos en claro desde aquella noche negra del 24 de
marzo. Por eso el homenaje no se hace solamente con discursos; son muy
importantes los actos por la memoria”.

La insistencia de los organismos de derechos humanos, que no
cesó ni siquiera durante los quince años de impunidad que van desde los
indultos de 1990 a la reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2004, permitió
que se pudieran realizar los juicios por los delitos de lesa humanidad
cometidos durante la última dictadura. En Santa Fe, las madres encabezaron ese
proceso. En el acto del Día de la
Memoria, Queca Kofman celebró los juicios que les “nos costó
tanto conseguir, después de tantos años de impunidad, y sin embargo los hemos
logrado”.

Más allá de la satisfacción que supone alcanzar un objetivo
que apenas una década atrás parecía imposible, el movimiento de derechos
humanos no cede en la exigencia de que se acelere la actuación de la Justicia. Antecedentes
recientes –como las muertes antes de llegar a juicio de los represores
procesados Juan Orlando Rolón y Domingo Marcellini– justifican ese recelo.

No más privilegios: los organismos exigen prisión efectiva
en cárcel común para los represores condenados. Un día después del acto, el
lunes 25, se conoció la decisión del Tribunal de Casación de revocar la
libertad condicional dictada por el Tribunal Oral Federal a favor del represor
Roberto Martínez Dorr, que volvió a quedar detenido.

Avances y deudas

En Santa Fe hubo distintas actividades para conmemorar los
37 años del golpe de Estado. Una marcha hacia Plaza de Mayo el sábado 23, donde
se realizó el primer acto. Esa noche, también en la plaza, una vigilia con
números artísticos. También esa noche hubo recitales por la memoria en el
Anfiteatro del Parque del Sur, donde además se proyectaron documentales. El 24
a la mañana hubo una actividad en el Panteón de la Memoria, en el Cementerio
Municipal y, por la tarde, el acto convocado por el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia en Plaza de
Mayo.

En el acto del 23, donde confluyeron partidos y
organizaciones de izquierda junto a organismos opositores al gobierno nacional,
se suscribió al documento de Hijos La
Plata, que contiene fuertes críticas al kirchnerismo y que
incluye el reclamo de justicia por las violaciones a los derechos humanos
cometidas en la actualidad. A las demandas históricas, agregan críticas por la
política de protección de testigos de causas de lesa humanidad, cuestionan “la
criminalización de la protesta social”, la vigencia de la ley antiterrorista y
la “militarización de los barrios pobres”.

En el acto del 24 se leyó un documento que matiza elogios y
críticas al gobierno nacional, elaborado en conjunto por Madres de Plaza de
Mayo, Hijos Regional Santa Fe, Familiares de Detenidos Desaparecidos por
razones políticas, la
Liga Argentina por los Derechos del Hombre y las asociaciones
de ex presos políticos. Adhirieron gremios como Amsafé, ATE, Adul, CTA y Sadop.
También los partidos Pares y SI, que integran el Frente Progresista. Y la
totalidad de las agrupaciones kirchneristas de la ciudad, además de
organizaciones estudiantiles y sociales.

La primera parte del documento refiere a los motivos del
golpe de 1976 planificado “por la clase dominante en contra de los
trabajadores” con el objetivo de imponer un nuevo esquema social y económico.
La historia de la dictadura según la perspectiva de quienes la enfrentaron:
trabajadores, estudiantes, curas del Tercer Mundo, organizaciones sociales y
gremiales. “Quebramos el círculo de la propiedad privada de la historia”,
sostiene el documento.

Luego menciona los avances en las causas contra los
represores con especial hincapié en sus cómplices civiles. Se destaca el procesamiento
del empresario Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, y de su gerente
Alberto Lemos. Pero a la vez se mencionan las materias pendientes: “Tenemos que
ir por los que aún no están en el banquillo de los acusados: los cómplices
civiles, representantes del poder económico y de la Iglesia, que calló hasta
cuando se los llevaron a ellos mismos, y de los que conformaron la Triple A”. Además, se
recuerda que aún resta la restitución de 400 jóvenes –en aquel entonces, bebés–
apropiados por la dictadura.

Queca Kofman, de Madres de Plaza de Mayo, pidió a las fuerzas políticas que dejen de lado sus diferencias: “El enemigo está en otra parte”.

La importancia de los juicios atraviesa todo el documento.
“Cada genocida preso es un criminal menos que camina por nuestras calles y es
un aporte a la defensa de la democracia, porque esos sectores jamás dejaron de
estar al acecho y se subieron a todos los intentos desestabilizadores que se
vienen produciendo desde que se retiraron del poder”. Por ello se remarcó la
democratización de la
Justicia planteada por la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, aludiendo a los sectores enquistados en ese poder que sienten
“simpatía por los genocidas”.

Más allá de las menciones positivas a determinadas políticas
de Estado del kirchnerismo, como la derogación de la Obediencia Debida
y el Punto Final y la reforma de la Corte Suprema, también hubo reproches en el acto
central que coincidieron con los expresados un día antes. Entre ellos, los que
están relacionados con la persecución y las muertes de miembros de la comunidad
Qom y del Mocase, en Santiago del Estero, sobre la necesidad de que se derogue
la ley antiterrorista que habilita a que se espíe a militantes sociales y
políticos y por las falencias en la protección de testigos que terminó con la
desaparición de Jorge Julio López.

Una nueva identificación

Tres días antes del aniversario del golpe de Estado, el
Equipo Argentino de Antropología Forense identificó el cuerpo de Oscar
Wilkelman entre los ocho asesinados durante la represión clandestina en Santa
Fe. Esos ocho cuerpos fueron enterrados como NN en un campo del Ejército en San
Pedro. Victoria Winkelman y la agrupación Hijos Regional Santa Fe dieron a
conocer la identificación.

En memoria de Silvia

A tres años del asesinato de Silvia Suppo, una de las
testigos que declaró en la causa Brusa, sus familiares y los organismos de
derechos humanos reclaman que la
Cámara de Apelaciones resuelva el planteo interpuesto luego
de la decisión del juez federal Reynaldo Rodríguez de dar por cerrada la
instrucción de la causa. “Hace falta de una investigación profesional y
completa del crimen”, pidió su hija, Marina Destéfani.

Silvia Suppo, detenida en la GIR durante la dictadura cuando era menor de
edad, fue asesinada el 29 de marzo de 2010 en Rafaela. Los organismos de
derechos humanos plantearon la hipótesis de crimen político por encargo y
rechazaron los argumentos de la
Policía, que lo definió como un asesinato en ocasión de robo.

Una de cal y una de arena

En la ciudad se restaurará un dañado mural realizado por el
artista panameño Gonzalo Palomino, en los años de la dictadura, en la Casa del Obrero Estudiante.
La decisión fue refrendada por el Concejo Municipal, días antes del nuevo
aniversario del último golpe de Estado. Al mismo tiempo, en Barrancas
(departamento San Jerónimo), aparecieron pintadas agresivas en el Mural de la Memoria, que había sido
realizado por jóvenes de esa localidad (foto).

En la sesión del jueves 21, el Concejo santafesino aprobó una
iniciativa de Vanesa Oddi cuyo objetivo es recuperar la memoria del pintor
panameño Gonzalo Palomino, quien llegó a Santa Fe en 1977, huyendo de la
dictadura de su país. En la Casa
del Obrero Estudiante, el artista pintó un mural que ahora será puesto en
valor. Perseguido por los represores locales, Palomino intentó huir a Chile
pero desapareció antes.

Casi al mismo tiempo, Barrancas amaneció con las paredes del
Mural de la Memoria
–confeccionado en 2012– pintarrajeadas con la leyenda: “24 de marzo, día de la
venganza terrorista”. El diputado provincial Leandro Busatto señaló: “Cada
tanto aparecen en distintos lugares de la provincia estas manos anónimas y
cobardes que, desde las sombras, pretender apuñalar la democracia con su
mensaje de odio y rencor”.

Las condenas

Desde la derogación de las leyes de impunidad, la Justicia condenó a 404
represores por delitos de lesa humanidad en todo el país. En Santa Fe, la
primera sentencia fue en diciembre de 2009: la causa Brusa. A partir de
entonces siguieron las causas Barcos y Facino (en Santa Fe), Pascual Guerrieri
y otros represores (Rosario), la causa González, (Santa Fe), las causas Díaz
Bessone y Gil y Saint Amant (Rosario), la causa Martínez Dorr (Santa Fe) y el
proceso contra el ex personal civil de Inteligencia Juan José Luis Gil, por
amenazas. Continúa en proceso oral la causa Sambuelli, en la ciudad de Santa
Fe.

Las señales del terror

Cuatro edificios emblemáticos de la ciudad, donde
funcionaron centros clandestinos de detención, fueron señalizados por el
gobierno provincial: la ex Guardia de Infantería Reforzada (GIR), donde ahora
funciona la Jefatura
de Policía de Santa Fe, las comisarías 1º (en el centro) y 4º (en barrio Roma)
y el edificio del ex D2 de Inteligencia, en la Recoleta.

El acto central fue el sábado 23 en la ex GIR. Allí
confluyeron militantes de derechos humanos y autoridades provinciales y
municipales. La actividad se desarrolló en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 37 años del
último golpe de Estado. En los cuatro edificios se descubrieron placas que
recuerdan las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura
entre 1976 y 1983.

Patricia Traba, sobreviviente de la GIR y querellante de la causa
Brusa, dijo en su discurso: “Aquí estamos, a 37 años del golpe, dejando marcas
para las nuevas generaciones, uniendo voluntades para el Nunca Más, venciendo
la desesperanza en cada derecho conquistado, en cada avance de la Justicia, para seguir
construyendo, opinando y soñando con la patria justa que siempre quisimos”.

Celina Queca Kofman, de Madres de Plaza de Mayo, sostuvo:
“La vida le ganó a la muerte y hoy estamos acá para recordar, para seguir
luchando por la plena vigencia de los derechos humanos, por un país para todos
como soñaron nuestros hijos. La señalización no es sólo para mantener viva la
memoria sino la fuerza y la lucha por la profundización de la democracia”.

El ministro de Justicia de la provincia, Juan Lewis, recordó
que en 2013 se cumplen 30 años de la recuperación de la democracia. Y añadió:
“Han sido años de reconstrucción que hoy nos encuentran más consolidados como
país y con la voluntad de seguir trabajando en este sueño colectivo de una
Argentina más igualitaria, sin impunidad”. “Las generaciones que no tuvieron
que padecer los horrores de la dictadura podrían pensar que todas las
libertades de las que hoy gozamos son un hecho natural, casi podrían no
advertir su valor. Por eso es importante la memoria. Estos lugares, donde hoy
se expresa la institucionalidad, en otros tiempos fueron sitios de horror y de
la negación de derechos”, agregó el ministro de Justicia y Derechos Humanos.

En el decreto que reglamentó las señalizaciones se define a
los sitios de la memoria como “valiosos testimonios” de la historia reciente y
se indica que “Señalizar y hacer visible, en toda la provincia, la función que
tuvieron estos lugares en el marco del plan sistemático de terror y exterminio
desplegado por la última dictadura cívico-militar expresa en el espacio público
la decisión del Estado democrático de dar a conocer y condenar estos hechos
para que nunca más vuelvan a repetirse”.

Pensiones

El Ejecutivo provincial reglamentó la pensión para madres de
víctimas del terrorismo de Estado. El beneficio, establecido por la ley 13.330,
impulsada por el diputado del Movimiento Evita Gerardo Rico, ya puede comenzar
a tramitarse y equivale a dos veces el haber mínimo de pensión vigente. El
gobernador Antonio Bonfatti lo comunicó el miércoles 20 a un grupo de madres de
Santa Fe, en la Casa Gris.

El mandatario señaló: “Sólo la verdad, la memoria y la
justicia ayudan a restañar las heridas que dejó el terrorismo de Estado, por
eso nuestra colaboración permanente con la Justicia Federal
en los juicios por delitos de lesa humanidad. Pero consideramos que también es
nuestro deber acompañar a las madres más allá de la lucha que llevan adelante
desde hace más de 30 años y que representa un legado enorme en la lucha por los
derechos humanos”.

“Esta pensión no repara el dolor que tenemos por la
desaparición injusta de nuestros hijos, sabiendo cómo murieron en los campos de
tortura. Pero alivia la situación de algunas madres que realmente quedaron
desprotegidas”, sostuvo Celina Queca Kofman, de Madres de Plaza de Mayo. “El
único consuelo es que los represores vayan a la cárcel con cadena perpetua y
cárcel común. Las madres pedimos juicio y castigo a todos los culpables, esa
sería la reparación total”.

Rico saludó la decisión oficial y dijo que las madres “son
las que afrontando las peores condiciones: dejaron sus hogares y su vida
cotidiana para denunciar la desaparición de sus hijos e hijas”. Según el
diputado provincial “no se subsanarán las ausencias pero será un reconocimiento
a las madres desde el mismo Estado”.

En Santo Tomé

En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el gobierno santotomesino rindió
homenaje a las víctimas locales del terrorismo de Estado con el descubrimiento
de una placa con los nombres de las 13 personas desaparecidas oriundas de la
localidad, o que se encontraban en ella en el momento de su detención forzada.

Se trata de Norberto Aldo Partida, María Graciela Eier, Aldo
Anselmo Eier, Ana María Fonseca, Miguel Ángel Fonseca, Roberto Daniel Suárez,
Carlos Miguel Pepe, Franklin Goizueta, Nora Gladys Meurzet, Norma Ester
Meurzet, Isauro César Argüello, Ricardo Adrián Pérez y María Georgina Cubas de
Pérez.

“Durante la última dictadura militar los genocidas
argentinos cometieron todo tipo de delitos: persiguieron, secuestraron,
mataron, desaparecieron, torturaron, violaron y saquearon. La ciudad de Santo
Tomé no fue ajena a tanto dolor”, sostuvo Valeria Silva, representante de
Hijos.

A través del acto se comienza a saldar una deuda histórica
que tiene la ciudad ya que, a 37 años del 24 de marzo de 1976, Santo Tomé no
contaba hasta hoy con ningún testimonio físico que recordara a sus propios
desaparecidos.

Del acto participaron el intendente Fabián Oliver, el
secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Horacio Coutaz, el diputado nacional
Antonio Riestra, concejales, y funcionarios santotomesinos junto a las  organizaciones de derechos humanos,
agrupaciones políticas, entidades intermedias, establecimientos educativos,
familiares de personas desaparecidas durante la última dictadura.

Publicada en Pausa #110, miércoles 27 de marzo de 2013