Una transformación demorada

Por Ezequiel Nieva

Desde que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
planteó la democratización de la
Justicia como una de las metas de su segundo mandato, en
Santa Fe comenzó un tibio debate sobre el tema. El kirchnerismo presentó un
proyecto en la Cámara
de Diputados para crear por ley un Consejo de la Magistratura elegido
por el pueblo e integrado por jueces, defensores, fiscales, abogados, empleados
judiciales, académicos y ciudadanos en general. En el gobierno creen que la
mejor decisión para democratizar la
Justicia es “pluralizarla e independizarla del poder
político”. Y desde la Corte
provincial, donde dicen coincidir con el espíritu de las reformas que impulsa la Casa Rosada,
reconocieron que hay ciertos privilegios para quienes forman parte de la
corporación judicial. “Habilidades y competencias de origen por sobre otras
personas”, fue la expresión utilizada por la presidenta de la Corte, María Angélica
Gastaldi.

El planteo

En su discurso ante el Congreso por la apertura de las
sesiones ordinarias, la presidenta remarcó su objetivo de “democratizar el
acceso” a la Justicia.
“El Poder Judicial no puede ser un lugar donde solamente acceda quien es
‘conocido de’ o ‘pariente de’. Todo ciudadano que reúna las calidades, los
requisitos y apruebe los exámenes que se establezcan, está en condiciones”.
Opinó que el mecanismo desde ser más transparente: “ingresar al Poder Judicial
no puede ser un privilegio”.

La presidenta no sólo se refirió a la estructura de la Justicia sino además a su
funcionamiento: “Muchas veces no sabemos cuáles son las causas. No sabemos por
qué salen algunos fallos y otras causas están años en la Corte. Debe haber
acceso a la información en todo lo que hace a la Justicia, que todo el
mundo sepa cuáles son las causas”.

Cristina no ahorró críticas, por eso los ataques que recibió
luego estuvieron enfocados en lo que, para la oposición, es un “avance” sobre
el Poder Judicial. La primera mandataria sostuvo: “No sabemos qué causas están
en la Corte y
en los distintos tribunales. Tenemos que establecer un sistema para saber
cuánto tiempo están las causas (en trámite). Porque una de las cuestiones
fundamentales es que algunas causas salen enseguida y otras no salen nunca”.

Bajo un Cristo gigante, la Corte Suprema de Justicia de la provincia, junto al gobernador Antonio Bonfatti, en el Salón de Actos de Tribunales.

Según la presidenta, con los avances de la informática ya no
hay excusas para que la actividad de los jueces no sea pública. La
visibilización de sus funciones permitiría tener un panorama más claro sobre
los aciertos y las fallas de cada uno de los poderes. “A los políticos” les
dijo Cristina a los legisladores, sumándolos a su descargo “nos cuentan las
costillas a todos. Y está bien porque estamos en el poder público, pero el
poder público son los tres poderes y los tres tenemos que tener la misma
transparencia”.

Voto popular

Las palabras de la mandataria rebotaron en la provincia. Los
diputados del Movimiento Evita, Eduardo Toniolli y Gerardo Rico, ingresaron un
proyecto de ley en la
Legislatura en el que proponen la creación de un Consejo de la Magistratura
provincial elegido por el pueblo.

Toniolli, presidente de la Comisión de Derechos y
Garantías, explicó que el organismo coordinaría el proceso de selección de
jueces, fiscales y defensores aunque “no sería un órgano disciplinario ni
podría disponer destituciones, debido a limitaciones impuestas por la Constitución
provincial”. “La participación de algunos actores del ámbito judicial en el
proceso de selección se limita a aportar jurados para los concursos” criticó el
diputado “Y la ciudadanía, en general, directamente no está contemplada”. El
proyecto propone que la selección de los consejeros de los estamentos y de los
consejeros que no pertenezcan a ninguno de ellos se realice por voto popular.

Para Toniolli, la participación directa de la ciudadanía en
la elección de consejeros favorecerá “la democratización no sólo del acceso
sino también del funcionamiento” de la Justicia a la vez que dotará de mayor legitimidad
a los jueces y funcionarios judiciales, que en la actualidad son seleccionados
por un consejo en el que tienen primacía sus propios pares, aunque luego
requieren de acuerdo legislativo.

Cuidado con los amiguismos

El gobierno provincial rechazó la propuesta del Movimiento
Evita. Quien fijó posición fue el vicegobernador Jorge Henn, que celebró la
discusión sobre la democratización de la Justicia pero aclaró que “la designación y
remoción de los jueces es un debate central para alcanzar un Poder Judicial
independiente” y añadió que “lo que hay que democratizar es la administración
de la Justicia,
que no debe confundirse con elegir jueces amigos”. “La administración de
Justicia se democratiza en la medida que permite un mayor acceso de los
justiciables, en la medida de la extensión y eficiencia de sus servicios y en
la medida que controla los abusos de poder”, continuó. Una crítica solapada a
la relación que mantienen algunas instancias del Poder Judicial con el gobierno
nacional.

Para el Frente Progresista, hay una trampa en el planteo del
kirchnerismo respecto de la participación popular, ya que en todos los consejos
–en la Nación
y en las provincias– participan legisladores del oficialismo y de la oposición.
“La propuesta de  elección popular parece
por lo menos redundante; la voluntad popular, a través de sus representantes,
está presente tanto en la nominación como en la designación de los jueces”,
indicó Henn.

El vicegobernador criticó a las administraciones del PJ por
haber diagramado una Justicia a medida de sus intereses: “Los Consejos de la Magistratura en todo
el mundo han pretendido disminuir las designaciones políticas puras de los
jueces, cuyas características muchas veces fueron la manipulación partidista y
discrecional de los gobiernos de turno, sin evaluar elementos técnicos, éticos
y democráticos de los postulantes. Durante más de 20 años sucedió así en la
provincia de Santa Fe”.

La voz de la
Corte

En la
Corte Suprema de Justicia de la provincia también repercutió
el discurso de la presidenta. Su máxima autoridad, María Angélica Gastaldi, se
mostró de acuerdo con la democratización del Poder Judicial pero señaló que en
Santa Fe los funcionarios judiciales se designan por concurso desde hace más de
cuatro décadas.

En línea con los sectores que acusan al gobierno nacional de
querer interferir en el accionar de la Justicia, Gastaldi resaltó el carácter
contrafáctico de ese poder: “Para asegurar el equilibrio de los poderes, en
resguardo de la ciudadanía, no es extraño que en ciertos casos las decisiones
judiciales anulen los actos de los otros poderes del Estado, llegando incluso a
declarar la inconstitucionalidad de las leyes”.

La presidenta de la
Corte santafesina admitió que la posibilidad de ingresar al
sistema no es igual para todos. Después de su discurso de apertura del año
judicial, el jueves 7 de marzo, Gastaldi hizo algunas definiciones que, si bien
no tuvieron demasiada repercusión, ayudan a esclarecer la cuestión del acceso
del Poder Judicial en la provincia.

“Puede que en la Justicia Federal o en otras provincias los
problemas de ingreso existan, pero en Santa Fe hay un sistema de concursos muy
serio. Lógicamente, las diferencias sociales, el lugar donde uno nació, el
acceso a los niveles académicos, son todas condiciones que también influyen en
las posibilidades de unos y otros. Sin dudas, quien tiene el padre juez, la
madre abogada y los tíos en el foro, seguramente tiene habilidades y
competencias de origen por sobre otras personas”, dijo Gastaldi. Sobre la posibilidad
de avanzar hacia un sistema de elección popular del Consejo de la Magistratura, opinó:
“Mi visión es que toda la gente, también la humilde y sencilla, tiene que poder
comprender el derecho. Uno tiene que confiar también en las mentes sencillas.
Es mi forma de ver las cosas. Y creo que, más allá de las dificultades que
implica, se lo tiene que poner en práctica”.

OPINIÓN: Resistirán, por Ezequiel Nieva

Publicado en Pausa #109, miércoles 13 de marzo de 2013