El fin de la hegemonía del PJ, la consolidación del Frente Progresista en base a promesas incumplidas y las complicidades de la Justicia en la década de la impunidad.
Fue la mayor catástrofe de la historia de la ciudad. Por supuesto, rebotó en la política local y provincial.
La inundación de 2003 marcó el principio del fin de las carreras de Carlos Reutemann y Jorge Obeid. Aunque los dos se acomodaron para seguir en la función pública, debieron ceder cuotas de poder en el PJ, que se fragmentó en liderazgos cada vez más pequeños.
Fue el preámbulo del advenimiento del Frente Progresista, que sacó rédito de esa crisis –y de la de 2007– con promesas que después no cumplió.
Y fue la prueba contundente de que el Poder Judicial no está a la altura de las circunstancias: apenas tres funcionarios de segundo rango procesados en una causa que lleva 10 años de trámite.
Una Justicia a medida
Por cinco lustros, el PJ dominado por Reutemann y Obeid tejió una densa trama que atraviesa a todo el Poder Judicial, constituido de arriba hacia abajo en base a favores y canjes. Esa construcción se expresó en la causa penal que investiga las responsabilidades políticas de la catástrofe.
Con la Justicia en manos amigas, Reutemann se recluyó en el Senado, donde cultivó su perfil ultra conservador. Primero se alineó con el gobierno nacional, durante el mandato de Néstor Kirchner, pero abandonó el espacio en 2008 cuando estalló el conflicto por las retenciones.
Alineado con las patronales del agro, demostró en su actividad legislativa que sus intereses corresponden a los grupos de poder concentrado: votó en contra de la ley de medios, se fue del recinto para no votar el matrimonio igualitario; ahora rechazó la reforma judicial invocando la independencia de poderes, pero en la provincia trabajó en sentido inverso.
Sin embargo, hasta la actualidad los kirchneristas de la provincia no han esbozado crítica pública alguna de relevancia sobre las actuaciones y responsabilidades de Reutemann, Obeid, y sus hombres, respecto de la inundación.
El cambio de color político, en 2007, no se tradujo en una renovación de la Justicia. Obeid había puesto el candado con la designación de Agustín Bassó como procurador de la Corte. El Frente Progresista no impulsó cambios radicales: avanzó en la reforma penal, estableció un sistema de concursos que, aunque discutido, es mejor que la elección a dedo, pero dejó intacta la Corte.
El máximo tribunal de la Justicia provincial siguió presidido –bajo el mandato de Hermes Binner– por Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez. Desde su cargo, Bassó no propició que avance la causa inundación: todo lo contrario. La designación de Jorge Barraguirre como procurador, tras la muerte de Bassó, le dio nuevos aires a la causa. Pero su resolución sigue siendo incierta y lejana.
Entre tanto, el Lole –reelecto por escaso margen en 2009 y con mandato como senador hasta 2015– sigue alejado de la política santafesina aunque no da señales de querer largar la manija. ¿Lo hace solo por los fueros? ¿Es su forma de evadir una eventual citación a Tribunales? Los inundados están seguros que sí.
Una década de cambios
El primer turno electoral fueron las provinciales de septiembre de 2003, que se hicieron unificadas con las legislativas nacionales. Reutemann ganó como senador nacional pero su candidato en la provincia, Alberto Hammerly, quedó segundo entre los lemas del PJ superado por la fórmula Obeid-Bielsa. En esa compulsa se impuso la estrategia del presidente Kirchner por sobre el armado del Lole, quien sin embargo logró ubicar a su candidato Martín Balbarrey como nuevo intendente.
Con las aguas del Salado aún escurriendo de los barrios del oeste, el PJ logró ese año imponer su hegemonía ante radicales y socialistas, que compitieron por separado. Fue la última vez que se utilizó la ley de lemas, de la que se valió el justicialismo para retener la provincia: en esas elecciones, Obeid sacó menos votos que el socialista Binner, pero la sumatoria de los sublemas lo favoreció y volvió a la Casa Gris.
En 2005, por primera vez desde la elección del intendente Muttis, el PJ perdió en la ciudad. En el debut del sistema de internas abiertas, simultáneas y obligatorias, Jorge Henn se impuso como concejal al obeidista Meahuod. Fue, también, la aparición formal del Frente Progresista a nivel provincial.
En 2007, después de una nueva inundación que afectó a medio centenar de localidades, se produjo un doble cambio de signo político: en las que fueron las primeras elecciones generales sin ley de lemas, la alianza entre socialistas, radicales y las otras fuerzas que conforman el Frente Progresista ganó la provincia y la ciudad.
En la campaña Binner había prometido hacer justicia con los inundados pero, al mismo tiempo, planteaba que su gestión sería hacia adelante y que para mirar hacia atrás estaba la Justicia. Los inundados le pidieron que reforme la Corte: por 2003, pero también por las muertes sin castigo de 2001 y la profusa serie de favores entre jueces, fiscales y funcionarios políticos.
Una manifestación de ese entramado: en 2006 el juez Jorge Patrizi elevó la causa a juicio, desligó a Reutemann y luego fue ascendido a camarista; el fiscal Ricardo Favaretto también tuvo premio: subió a juez de Instrucción.
Binner no sólo dejó intacta la Corte de mayoría reutemista; también reconoció, tardío, que tras las elecciones de 2007, antes de asumir como gobernador, le ofreció al Lole que designara a algún funcionario de su espacio en el Ministerio de la Producción: una ofrenda política hacia quien, según el socialista, sigue liderando el PJ santafesino.
Promesas al aire
El Frente Progresista se valió de las inundaciones para imponerse en la provincia. Sin embargo, no hubo mayores avances en las obras pendientes, no hubo reparación material y tampoco cambios en la Justicia.
En 2009, Binner lanzó un plan para reparar e investigar los daños de la inundación. “Las soluciones brindadas aún no lograron reparar los efectos ni individual ni colectivamente. Más allá de las causas de los daños, todavía no se han brindado las respuestas requeridas por la sociedad para restablecer un sentimiento de justicia y paz social”.
El gobierno reconoció que se deben satisfacer “los requerimientos colectivos de información, prevención y mejora de las zonas afectadas y, principalmente, los reclamos de justicia y verdad”. Aunque a la vez se advirtió que “el Estado afronta una litigación masiva llevada a cabo por miles de víctimas que entienden que existe responsabilidad de la provincia en los hechos”.
Ese plan proponía “una respuesta reparadora colectiva” que incluía la “re-elaboración o reconstrucción de la verdad oficial respecto de lo acontecido” antes, durante y después de la inundación. En ese momento el gobierno prometió hacer público y accesible el expediente de la causa judicial. A primera vista parecía un acercamiento a los “buenos tiempos” de la campaña electoral. Pero eso también fue solo una promesa.
Publicado en Pausa #112, disponible en los kioscos de Santa Fe y Santo Tomé.
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