De la licitación de la Circunvalación Oeste a las demoras en los barrios para inundados, el paso a paso de las razones, los errores, las indiferencias y las negligencias que convirtieron la creciente del Salado en la inundación de Santa Fe de 2003.

Hay ciclos de sequía de 10 años y ciclos de lluvia de 10 años. En 2003 culminaba uno húmedo: casi dos años antes se había creado un Comité de Emergencia Hídrica, que seguía el proceso de crecientes precipitaciones en la provincia, cuyo máximo arrancó por noviembre de 2002. En su mesa se sentaban, entre otros, el ministro de Obras Públicas Edgardo Berli, el director de Hidráulica Ricardo Fratti, el director de Vialidad José D’Ambrosio y la secretaria de Promoción Comunitaria, Adriana Cavutto. Ese Comité recibió a las 11.30 del 29 de abril un mapa realizado por personal técnico de Hidráulica con el trazado casi perfecto de hasta dónde llegaría el río Salado en su paso por Santa Fe. El primer muerto registrado oficialmente por causa de la inundación es hallado a las 21.00 del 29 de abril, en el Parque Garay.

Entre las 12.00 y las 21.00 hay una diferencia de nueve horas y 158 muertos.

Te dicen que llueve

Las notas en la prensa repetían la palabra “lluvia” casi todas las semanas a partir de enero de 2003. En Villa Minetti, donde el Salado entra en Santa Fe desde Santiago del Estero, habían caído 750 milímetros entre noviembre de 2002 y enero de 2003: equivale a la lluvia de todo un año. Al 10 de febrero eran de 184 milímetros las lluvias en Santa Fe, casi el doble de la media del mes. Los barrios Alfonso, Cabal, Chalet, San Lorenzo, El Arenal y Nueva Pompeya, inundados. El 10 de marzo la defensa sufrió un socavón –que fue arreglado– a causa del primer pico de creciente del Salado. Ese mismo día, el río entró por primera vez a través de un paso de 15 metros entre el final abrupto de la defensa oeste y el Hipódromo. Una lengua avanzó un centenar de metros. Más de la mitad de los hoyos del golf del Jockey Club se anegaron. Vialidad Provincial construyó una pequeña defensa para desviar el agua: un organismo del Estado tenía conocimiento práctico y reciente de cuál era la puerta al Salado.

Al 13 de marzo, en San Agustín II, Las Lomas, Cabal y La Tablada, las casas tenían un metro hundido en el agua de la lluvia. Comenzaron las evacuaciones. Al mismo tiempo, en la Legislatura, el senador Alfredo Esquivel solicitaba al Ministerio de Obras Públicas datos sobre la defensa oeste, las medidas ejecutadas para evitar su colapso y las previstas para los habitantes que vivían cerca del talud.

El 24 de abril, El Litoral tituló con sencillez que “Media provincia está bajo agua”. Las lluvias llegarían a los 300 milímetros en apenas un día en varias localidades al norte (cercano) de nuestra ciudad. La marea del segundo pico se preparaba, su onda llegó a Santa Fe el 27 de abril y alcanzó su tope el 30.

Menem presidente

La defensa más que una defensa era una ruta: se llamaba Circunvalación Oeste. Su proyecto y ejecución estuvo bajo la órbita de Vialidad Provincial. Comprendía tres tramos. Contra los rudimentos de la hidrología, la obra –licitada durante el primer gobierno de Carlos Reutemann el 12 de mayo 1994, en favor de Victorio Américo Gualtieri, el constructor emblema del duhaldismo– se levantó de sur a norte, a contrapelo de la pendiente del Salado. Su inauguración fue el 8 de agosto de 1997: en la foto cortaron la cinta el gobernador Jorge Obeid, el senador Reutemann, el diputado Julio Gutiérrez, Gualtieri el constructor, el sempiterno ex ministro de Hacienda de la dictadura y, en ese entonces, diputado provincial Juan Carlos Mercier, el intendente Horacio Rosatti, el diputado Oscar Lamberto.

Con esa obra, junto al terraplén de la avenida Mar Argentino, se convirtió a la ciudad en un recipiente gigantesco. El río jamás superó la altura de esa defensa, que embalsó el agua y que llevó a que el 30 de abril hubiera una diferencia de 2.50 metros. Era más alto el Salado adentro que afuera de la ciudad, por eso el agua comenzó a escurrir recién el 30, con las tardías explosiones en esos taludes.

El tramo III estaba planificado, pero nunca se hizo. Iba hasta calle Estado de Israel, al norte del Hipódromo, donde la cota natural impedía el ingreso del río. El tramo II terminaba en una pared, a 15 metros del Hipódromo. En el proyecto se aclaraba que, en caso de emergencia, era necesario hacer un cierre provisorio desde el fin del tramo II hasta Blas Parera. Nunca se hizo, pese a los avisos de la prensa y al ingreso de agua el 10 de marzo.

La trampa costó $24.715.351 de la época. Según la licitación debía costar $17.579.807; Gualtieri fue extendiendo contratos y realizando ajustes que produjeron la diferencia. El tramo III estaba tasado en $781.869: apenas el 3,16% del costo total pagado. Ese tramo se podría haber construido provisoriamente en 37 días. Un cierre hasta Blas Parera, siguiendo por Gorostiaga, se hubiera concretado en 20. Ese cierre había probado su eficacia en abril de 1998, cuando hubo otra creciente del Salado y el agua no entró a la ciudad. Pasaron casi 50 días entre el primer pico y el segundo, que arrasó la ciudad.

Mientras tanto, el 19 de abril el gobernador Carlos Reutemann se sacaba una foto con Carlos Menem, candidato a presidente, ganador en la primera vuelta de las elecciones que se realizarían el 27 de abril. La provincia, el país, la ciudad vivían en el páramo post 2001: el 31 de enero de 2003 el Indec había informado que el 63,7% de los santafesinos era pobre y el 33,8%, indigente. La mayoría de esas personas vivía en barrios que ya estaban tapados por las lluvias o que luego se inundarían por el Salado. El 27 de abril, la televisión local mostró cómo eran llevados a votar montados en palas mecánicas y camiones: no podían llegar a las escuelas. El 28 de abril la Secretaría Electoral de la Nación recibió las urnas, trasladadas por el Ejército. Todas las correspondientes al norte de la ciudad y la provincia, siguiendo el valle del Salado, llegaban dentro de bolsas plásticas con trazas de barro seco.

Un día antes de la votación, Reutemann declaró ante Cable & Diario que los barrios del oeste de la ciudad –los enumeró– iban a tener serios problemas con la creciente. Después, olvidó lo que sabía.

La furia

El río Salado ingresó el 28 de abril. Siguió su derrotero natural, buscando las zonas bajas, ya que el terraplén terminaba en una pared trapezoidal. Entró por calle Gorostiaga y avanzó hacia el sur, fluyendo por los cortes del viejo terraplén Irigoyen, del terraplén de las vías que van a la Estación Mitre y de los canales que atraviesan el acceso a la autopista, sobre Iturraspe. Es lógico: los barrios buscan interconectarse a medida que crecen, empujados hacia lo bajo por los precios de la vivienda en lo alto.

La autopista era otro embalse: tenía un puente que cruzaba el Salado de apenas 155 metros. El valle allí alcanza los 2000: tal era el ancho del frente de agua en 2003, pugnando por fluir a través de esa pequeña luz. En 1998, la concesionaria (Aufe) había pedido un estudio sobre ese puente al Instituto Nacional del Agua, que recomendó una ampliación a 400 metros. La obra no se hizo. El desnivel en el pico de la crecida fue de casi un metro al norte del puente respecto del sur del puente. Así, la ciudad tenía más caudal para devorarse por la boca de Gorostiaga, 2400 metros al norte.

El avance del río cubrió los barrios del centro oeste, hasta Villa Oculta y Barranquitas. Desde las vecinales pedían que no se mandaran bolsas de arena, sino lanchas. A las 16.20, el ministro Berli le comunicaba a LT10 que estaban intentando un cerramiento de la defensa, pero que si no se lograba “había tiempo suficiente para organizar una evacuación tranquila”. El caudal del río arrastraba los gaviones de piedra que se tiraban. El cerramiento se abandonó; la evacuación ni se hizo. El torrente iba horadando la punta del tramo II.

En la mañana del 29 de abril, el intendente Marcelo Álvarez se apersonó en LT10 para narrar las acciones del Estado sobre lo que ya era una catástrofe. Primero dijo que los barrios del centro oeste ya no se podían salvar y recomendó la autoevacuación, no sin antes afirmar que el 90% de los habitantes no debía preocuparse porque la Municipalidad iba a disponer camiones y todas las unidades del transporte público para la evacuación de mujeres y niños. Eso nunca sucedió. A las 8.00, el periodista Juan Trento, desde su móvil, vio cómo el paso del río terminó de desgastar la débil punta de mampostería del terraplén, para llevarse trozos completos de la defensa. “Lo que ingresa a la ciudad es un verdadero mar. Es una catarata que trae una cantidad de agua imposible” relató a la audiencia y al intendente sentado en el estudio. La brecha de 15 metros aumentó, de golpe, a 200. El río era un aluvión, llegando a un caudal de entre 3500 y 4000 m3 por segundo: por segundo, el Salado llenaba un espacio de 4 metros de profundidad, 50 metros de largo y 20 metros de ancho. El intendente acababa de decir que “Al vecino que habla de la zona sur: le digo que no tenemos problemas en la casabomba 1. Todo el barrio Centenario, la villa del Centenario, Chalet, San Lorenzo, El Arenal, no va tener ningún tipo de inconveniente. El suroeste de la ciudad no va a tener problemas”. Quienes lo escucharon, se quedaron tranquilos. La mayor cantidad de muertos reconocidos oficialmente –23 en total, la mayoría ahogados– murió en esos barrios: el río los tomó por sorpresa en la noche del 29. También de allí son la mayoría de las 158 víctimas que relevó la Casa de Derechos Humanos. El 15 de mayo se halló el cuerpo del último muerto reconocido por el Estado, Juan Domingo Martínez. No se implementó ni antes, ni durante, ni después, ningún tipo de protocolo de relevamiento de víctimas: fue necesaria la inmediata intervención y experiencia de los organismos de derechos humanos en esa tarea.

Cerca de las 15.00 del 29, el agua llegó al Hospital de Niños. Habían pasado tres horas desde que el Comité de Emergencia conociera el pronóstico de la zona total a inundarse. Los santafesinos se habían convocado para defender el Hospital con bolsas de arena: cerca de las 11.00, su responsable se había comunicado con Fratti, quien recomendó la construcción de un perímetro de defensa. La improvisada muralla tendría que haber alcanzado los 2.50 metros para salvar al nosocomio.

Entre los que huían por su vida y aquellos que hombreaban bolsas, envuelto en un grueso y elegante sobretodo marrón, Reutemann se mostró en el lugar, atiborrado de cámaras. Los vecinos le gritaron “Hay gente que se está muriendo en Santa Rosa de Lima arriba de las casas” y lo embadurnaron de puteadas.

Por la noche del 29, la ciudad no durmió. Algunos morían, otros seguían escapando, otros circulaban por las avenidas dentro del cuerpo de una serpiente de faros prendidos en una ciudad sin luz, llevando canoas, piraguas y lanchas para el rescate.El 30 de abril el agua fue de sur a norte. Toda certeza, derrumbada; lo real convertía a nuestra ciudad en un delirio. Taponado por la Circunvalación y la Mar Argentino, el río subió al parque del Sur y llegó casi hasta el puerto. Recién por la tarde, Reutemann autorizó las voladuras que rompieron el embalse. Como en otras ocasiones, recibió “amenazas” de quién sabe quién y, en ello, justificó la demora en al menos un día para practicar esa solución de emergencia.

Lo que sí se hizo de manera expeditiva fue aplicar la ley de Seguridad Interior: el 1º de mayo a las 20.00 la ciudad se encontraba legalmente militarizada. Las noches serían dominadas por el sonido de los helicópteros armados, con sus haces de luz pintando las casas y el miedo. Los días, por el zumbido de las hélices y los rostros de los desamparados que deambulaban por avenidas, cercanías de los campos de refugiados y el Rectorado de la UNL, donde se exhibían padrones que se confeccionaban a destajo en ATE: las listas de desencontrados, el eufemismo para no decir desaparecidos. Las familias se habían roto en la huída, no había un organismo oficial que centralizara los censos en los centros de evacuados y autoevacuados, la angustia era una sustancia sólida en la atmósfera de la calle.

Dos conferencias de prensa se sucedieron: primero Reutemann montó un escenario donde, fibrón en mano, hacía trazados sobre afiches blancos. Lo único relevante de fueron dos infantiles declaraciones: “Yo no sabía” y “A mí nadie me avisó”. Al otro día, el 4 de mayo, el rector de la UNL, Mario Barletta, convocó a los periodistas para mostrar cómo la universidad había producido estudios para Vialidad de la Provincia en los que se advertía sobre la posibilidad de un escenario como el que estaba viviendo Santa Fe. Justamente por existir un contrato con el Estado provincial, la universidad negó la presentación de esa documentación en sede judicial. Finalmente, Reutemann negoció una tregua con los medios y el resto del arco político. El espacio público se aplacó en nombre de una supuesta necesidad superior de volver a la normalidad. La tregua continúa: ninguna fuerza partidaria de la provincia ha movido un dedo en pos de sanción judicial alguna.

Refugiados

El éxodo fundió al este y el oeste. La máxima población desplazada fue de 139.886 personas, o 36.886 hogares, o un 28.6% de la ciudad. Los que podían, iban a una casa seca u ocupaban espacios por su cuenta. Esos eran los autoevacuados, no recibieron atención oficial. Los que no podían, porque no conocían a nadie en una casa seca, se quedaron en los techos o terminaron en los campos de refugiados donde –mal y tarde– el Estado era el responsable de proveer la alimentación (generalmente incomible), la coordinación y el cuidado (que recayó en las organizaciones de la sociedad civil y los voluntarios). Al 6 de mayo, el Ministerio de Salud de la Nación computó el máximo de campos de refugiados abiertos: 475 lugares atiborrados de inundados. Sumaban 75 mil personas. Cepal calculó un total de 126 mil raciones repartidas entre el 28 de abril y fines de julio. Por unidad, cada ración tuvo un precio promedio de $4.60. Si la inflación entre 2003 y 2013 fue del 400%, siendo benignos, cada ración de esa escasa mugre con la que se quería alimentar a los evacuados valdría hoy $18.40. La mayor cantidad de los campos se estableció en las escuelas: 140 habían sido inundadas (el 55% de los establecimientos de la  ciudad) y 110 recibieron inundados. Por destrucción o por asistencia, todo el sistema educativo local estuvo a los pies del Salado.

Entre el 11 y 14 de junio la Defensoría del Pueblo de Santa Fe relevó siete campos de refugiados. Tres de esos lugares eran los más abyectos –La Florida, la Belgrano y el Predio Ferial–; en los tres siempre operó el Estado como principal organizador, en lugar de tener la sociedad civil la coordinación. Las conclusiones fueron elevadas al ministro de Gobierno Carlos Carranza. En ellas se señala la falta de colchones y frazadas, la ausencia de responsables estatales identificables, las deficientes estructuras sanitarias y la grave exposición general al frío. En algunos campos, “la luz central permanece encendida durante todo el día, provocando trastornos en el sueño de los niños” y la asistencia psicológica estaba suspendida.

Aquellos que volvían a su casas recibieron un mínimo kit de limpieza. Para las reparaciones, se destinó un resarcimiento de $1200.

El 2 de julio se reanudaría el ciclo lectivo, dentro de la política unificada del gobierno de sostener la “vuelta a la normalidad”. Eso no quería decir que no hubieran más refugiados: para el fondo del lecho del abandono, unos 700, se levantaron campamentos de carpas traídas desde Italia en La Tablada, cerca del Mercado de Abasto, y en La Florida, cerca del Hospital de Niños. La importación de tecnología de outdoors no significó mucho. Con la primera lluvia, esos campamentos se volvieron a inundar. En La Tablada murieron dos personas: Axel Gabriel Leguiza, de asfixia, el 15 de junio, y un bebé sin nombre por demoras en la atención del parto, el 21 de julio. Todavía, en ese entonces, había 2.200 evacuados repartidos en 31 centros. La Tablada y La Florida continuarían casi por un año.

La chiquita indecente

La prensa de Buenos Aires acudió rauda. Los envíos de mercadería se contaron por miles de toneladas. En el medio de la conmovedora demostración nacional de solidaridad, el 15 de mayo renunció la responsable de (no) coordinar las evacuaciones y los campos de refugiados, la secretaria de Promoción Comunitaria Adriana Cavutto. La razón: “acopio indebido de donaciones” de los empleados de su Secretaría, constatadas por allanamientos y detenciones (como la de la coordinadora de Unidad Alimentaria, Sonia Aguirre, encargada de los depósitos de elementos para los inundados), dictadas por el juez Diego de la Torre a partir de denuncias hechas por vecinos que veían cómo se iban para cualquier lado las donaciones del principal centro oficial de acopio, el Batallón GADA, en Guadalupe.

Cepal estimó los daños totales en 233 millones de pesos y calculó que la reconstrucción demandaría 393 millones. La Nación destinó 500 millones a tales fines. Gran parte de esos fondos fueron dirigidos a 234 localidades de la provincia que no sufrieron absolutamente nada por el Salado, como Murphy, Maggiolo o Hugues, en la punta sur de la bota. También, con ese dinero se financió la construcción de las nuevas avenidas 27 de febrero (que apenas un día tuvo una cantidad de agua similar a la que resiste cualquier calle cuando llueve fuerte) y Alem (que nunca estuvo bajo agua).

Una inconclusa obra vial para el transporte de cargas abre esta impudicia. Una obra vial para el transporte de cargas la cierra. Cinco años después, en 2008, los barrios que se iban a construir para los inundados que no tenían adónde volver todavía no estaban, ni remotamente, terminados.

Publicado en Pausa #112. Abril de 2013.