Un puerto a la deriva

¿Cuáles son los intereses que se juegan en el punto de
localización para el nuevo puerto?

Por Hugo Kofman (*)

A fines de 2012, el ministro Ángel Sciara anunció la
licitación para la construcción del Nuevo Puerto de Santa Fe, que operará con
“gestión privada” al menos durante 33 años. Las presentaciones se cerrarían el
25 de abril de 2013 (1) y todo aparenta que en tres años los santafesinos
tendremos un puerto de ultramar sin los problemas del viejo puerto inaugurado
hace más de un siglo.

Sin embargo, Sciara también reconoce que para garantizar que
los barcos puedan operar y maniobrar, “los cálculos de los expertos dicen que
es necesario efectuar dragado y ‘cortar’ una isla”.

Luego revela que “la demora desde 2003 a 2009 era por donde
se localizaba, hasta que hubo un decreto del gobernador Jorge Obeid que
definió, políticamente y con el apoyo de las fuerzas sociales, una de las tres
localizaciones previstas como alternativa; el famoso punto G. Ahí se zanjó el
problema”.

En realidad no hay mucha gente enterada de ese conflicto, ni
se sabe de importantes  fuerzas sociales
que hayan intervenido. Tampoco nos informaron cómo fue ese debate, cuáles eran
las distintas opciones y sus fundamentos.

En noviembre de 2012, desde el Centro de Estudios y Acción
Popular (CEAP) presentamos a la
Cámara de Diputados un documento de análisis sobre el tema,
incluyendo aspectos financieros vinculados al préstamo del Fonplata, y una
radiografía del Ente Administrador Puerto de Santa Fe. El organismo es
presidido por un representante del gobernador, con un Consejo con mayoría de
entidades empresarias, y una fuerte incidencia de la Bolsa de Comercio de Santa
Fe. En el año 2006 fue el Ente quien eligió el punto G para emplazar el nuevo
puerto, con la participación protagónica de Gustavo Víttori, el silencio de las
autoridades de la
Universidad Nacional del Litoral, que eran parte del Grupo de
Inspección, y el apoyo del ex gobernador Obeid.

El análisis técnico del documento del CEAP fue aportado por
el profesor Mario Amsler, titular de la cátedra de Hidráulica Fluvial de la Facultad de Ingeniería y
Ciencias Hídricas de la UNL,
quien nos remitió a un libro publicado por la UNL en el año 2000. Queda en claro en ese estudio
que el punto G, cercano a la desembocadura del río Colastiné frente a la isla La Paciencia, es totalmente
inapropiado para la construcción del nuevo puerto. Corresponde al antiguo cauce
del río Paraná, que es hoy un brazo secundario con intensa sedimentación, lo
que obligará a permanentes dragados. Tiene estrecho margen de maniobra para los
barcos, los accesos que se deben construir sobre las islas son sumamente
costosos por el carácter inundable de la zona, e implica un fuerte impacto
ambiental.

En 2006 los expertos de la Facultad de Ciencias
Hídricas de la UNL
discreparon con el Ente portuario, con los mismos fundamentos del profesor
Amsler, y propusieron otro lugar de emplazamiento para el nuevo puerto: en las
cercanías del Túnel Subfluvial, donde el río tiene un calado profundo y una
gran amplitud de maniobra. A estas ventajas naturales, se suma el acceso ya
existente de la ruta 168, que abarataría notablemente el costo de la obra. De
hecho sus opiniones no fueron tenidas en cuenta y se retiraron del convenio de
asesoramiento. 

¿Por qué entonces la obstinación del Ente en sostener el
punto G para emplazar el nuevo puerto?

Una respuesta posible fue publicada en el diario Uno en
2007. En 2003, tres años antes de la elección del lugar, una “sociedad anónima”
a la que se vinculó a la dupla Caputto-Víttori, había comprado grandes
extensiones de tierra a precios irrisorios en la zona del punto G, para
especular con su futura valorización. La denuncia derivó en múltiples
declaraciones de legisladores y en un pedido de informes encabezado por el
entonces diputado Antonio Bonfatti.

Para poner paños fríos, el entonces gobernador Jorge Obeid
propuso expropiar las tierras a “valores históricos”, lo que aún no se
concretó. Además, Nahuel Caputto se vio obligado a dirigir una nota  al Ente manifestando su “voluntad de ceder”
las tierras que había comprado en la zona del punto G, pero no nos consta que
eso se haya efectivizado. Las dudas sobre el lugar de emplazamiento y las
amenazas de denuncias judiciales sobre posible “tráfico de influencias”
quedaron en nada, y todo siguió su curso de acuerdo al plan trazado por Gustavo
Víttori.

Lamentamos que el ministro Sciara no nos haya respondido a
un pedido de audiencia en el cual ofrecíamos aportar información que
consideramos significativa respecto a un proyecto de gran magnitud que puede
adolecer de graves fallas técnicas con un enorme impacto económico para la
provincia. Aunque no estaría de más que revele cuáles son los “expertos” que
consultó y que lo convencieron que la mejor alternativa era cortar una isla y
el dragado permanente.

Mientras tanto, el Ente sigue haciendo negocios millonarios
para pocos, con la tierra pública del puerto, favorecido por una decisión de la
propia Legislatura provincial que en 2012 lo eximió de pagar el préstamo de
Fonplata y nos hizo cargo a todos de la deuda. Se soslaya así la promesa de que
las recaudaciones del MasterPlan  se
destinarían a la financiación del nuevo puerto. Queda así en evidencia que el
proyecto impulsado por el entonces gobernador Obeid, sin cuestionamientos de la
oposición, era un verdadero plan maestro de los negocios inmobiliarios para la
apropiación privada de bienes públicos a precio vil.

Quizás no esté de más recordar que el presidente del Ente
portuario, Marcelo Vorobiof, tiene intereses privados en el negocio inmobiliario
como accionista minoritario del Grupo Pilay (2). Y que su hijo, Fernando Vorobiof, fue
recientemente favorecido por el gobierno provincial, a través de la concesión
de una “zona franca” de comercio exterior en la zona de Villa Constitución a
una Unidad Temporaria de Empresas que integra a través de Worcap SA.

Salvo que se traten de casualidades.

(1) La licitación se postergó hasta el 25 de julio;
luego se volvió a prorrogar, por falta de oferentes, y se realizará el 28 de
noviembre.
(2) Si bien integra el directorio de esa empresa, el 28
de octubre pidió licencia hasta el final de su mandato.

(*) Docente de la
UNL.

Publicada en Pausa #112, miércoles 24 de abril de 2013