Los límites de las intenciones

La falta de recursos específicos y la inexistencia de datos
oficiales ponen en duda el interés del Estado por actuar más allá de los
discursos contra la violencia de género.

Por Milagros Argenti

La
Dirección Provincial de Políticas de Género tiene un
presupuesto anual en 2013 de un millón de pesos y opera en segundo nivel: su
función es acompañar a los municipios y comunas para que puedan hacerse cargo
de las situaciones que vayan surgiendo en primera instancia. No obstante, según
su titular Mercedes Martorell, “si una mujer llega demandando asistencia, se la
recibe y se la contiene”. Entonces, en la práctica, la repartición toma también
las emergencias. Además, se encarga de toda la problemática de género (no sólo
del tema violencia) y del extenso colectivo LGBTTTI (lésbico, gay, bisexual,
travesti, transexual, tansgénero e intersexual).

Para Martorell el presupuesto “es acotado”, aunque aclara
que los proyectos que se van generando son financiados por el Ministerio de
Desarrollo Social. En sus sedes de Santa Fe y Rosario la Dirección cuenta con 25
empleados. “Es poco”, volvió a admitir Martorell, pero manifestó su convicción
de que eso irá cambiando a medida que se realicen nuevos concursos. Además,
reiteró que la idea es fortalecer los equipos jurisdiccionales, que actúan en
cada territorio.

Y por casa, cómo andamos

En esta capital, el Área de Mujer y Diversidad Sexual cuenta
con la coordinación de su titular, Marta Fassino, una colaboradora y, desde
hace dos meses, otras dos profesionales. Asimismo, según Fassino, hay equipos
territoriales en los ocho distritos de la ciudad y otro central que los asiste.
Pero la repartición no tiene recursos propios: está sujeta a las prioridades de
la subsecretaría de Acción Social.

El organigrama municipal establece que las “áreas” no tienen
presupuesto asignado, por lo que habría que modificar esa norma o bien hacer de
Mujer y Diversidad Sexual una dirección (como hizo la gestión Corral, por
ejemplo, con Derechos Ciudadanos). La cuestión sería tomar la decisión
política, según la sincera importancia que otorgue el Ejecutivo local a las
problemáticas abordadas por la dependencia de Fassino.

Sin datos no hay políticas

Tal como sucede a nivel nacional, la provincia de Santa Fe
no tiene un registro sobre las denuncias por violencia de género. Tampoco la Municipalidad. Hay
una gran dispersión de los datos entre las Fiscalías, las comisarías, la Defensoría del Pueblo.
“Esta carencia indica que a los gobiernos no les importa lo que nos pasa”,
afirma María Claudia Albornoz, de la Coordinadora de Mujeres. “Yo siempre hago un
contrapunto: el fútbol. Cuántas horas de Gabinete, dinero, policía se invierten
para que los muchachos no se maten en la cancha. Eso te muestra claramente en
quiénes está puesta la preocupación. Por eso para nosotras es fundamental saber
cuántas mujeres denuncian: porque la contundencia de esos datos obligaría a
generar políticas públicas”.

Desde la entidad vienen reclamando que la Municipalidad habilite
un 0800 específico, y que se refuercen los refugios para las mujeres agredidas:
lugares que las acojan para no tener que volver a sus viviendas, donde serán
nuevamente golpeadas. Según Martorell, en la provincia hay 12; dos de ellos en
esta capital, más un tercero en construcción. Pero, reconoce, normalmente están
saturados.

Denuncias y desidia

Las agrupaciones feministas alertan también sobre la desidia
del sistema policial y judicial. Cuando ya se hartaron de ser vejadas
físicamente y psicológicamente, y se animan a buscar ayuda, las mujeres son
revictimizadas por individuos uniformados o trajeados. El recorrido que deben
hacer para conseguir una asistencia mínima del Estado es perverso. Por lo
general, llaman al 911 o acuden a la comisaría más cercana, pero la mayoría de
las veces no les toman la denuncia. Los efectivos policiales minimizan las
situaciones, destratan a las damnificadas o incluso defienden a sus agresores.
Ni siquiera la propia Comisaría de la
Mujer se ocupa: según la página web del gobierno provincial,
sus funciones son “brindar asistencia policial, asesoramiento jurídico y
atención psicológica a las víctimas de violencia”; pero esa oficina recibe casi
exclusivamente casos de abuso sexual. Lo demás es derivado a las Fiscalías de
General López al 2700. Así, las víctimas se trasladan hasta el sur de la
ciudad, en estado de shock y frecuentemente preocupadas por aquellos hijos que
quedaron en compañía del agresor. Tras declarar, la denunciante es revisada por
un médico policial que evalúa su situación y mide (literalmente, con una regla)
sus heridas y moretones, para ver si el caso amerita preocupación. Si esa
prueba es superada, la mujer debe ir a los Tribunales de Familia, en Tucumán al
2800, donde se sortea el juez que le tocará en suerte. Usualmente la recibe un
secretario, porque el magistrado en cuestión está ocupado o ausente. Más
adelante –y aunque muchas veces sigue sin conocer a la víctima– el juez
asignado decide si aquélla debe volver a su casa, o si cabe determinar una
medida para que el agresor permanezca a 200 metros de ella. Si convive con su
agresor, la mujer debe esperar por un oficial de Justicia. Una vez llegado,
éste debe conseguir un policía que saque al violento, por la fuerza, de la casa
conyugal. Logrado el desalojo, el uniformado se retira. Y aquí la Justicia demuestra su
complejo de omnipotencia: un hombre que golpea a su pareja no se amedrenta por
un papelito que le ordena no acercarse. Simplemente cumple los 200 metros
reglamentarios dando la vuelta a la manzana, aguarda 10 minutos y vuelve cuando
se va la policía. Luego, más enfurecido que antes, patea la puerta. Si logra
derribarla, los golpes y el derrotero judicial de la víctima arrancan de nuevo.

“Es una tremenda contradicción: el sistema genera violencia
y que a la vez es obligado a atenderla”, acierta Martorell. “Los sistemas no
están preparados. Por fin se entendió que la violencia no es una cosa privada
sino pública, pero al Estado, y sobre todo a la Justicia, le está
costando crear los instrumentos de atención. Es necesario generar procesos de
transformación de esta realidad tan cruda. Pero esto es a largo plazo, y
mientras tanto el padecimiento es enorme”.

Compromiso desigual

Los funcionarios y empleados de las áreas que se ocupan de
la violencia de género, como las agrupaciones que trabajan el tema, no tienen
días ni horarios. Son en su mayoría mujeres dispuestas a atender a sus pares
las 24 horas. Planifican, se capacitan, hacen lo propio con otros, luchan a
diario para sembrar las semillas de una cosecha que muy probablemente no vivan
para recoger.

Es en buena parte gracias a su compromiso que en los últimos
años hubo avances: la vigencia de esta problemática en la sociedad y en los
medios, la sanción de una ley nacional pertinente y la reciente adhesión de la Provincia, la
desnaturalización de la violencia doméstica por parte de las mujeres (y el
valor que están tomando para denunciarla) hablan en ese sentido. Pero aún hay
un gran desajuste entre este proceso de concientización y las respuestas
estatales. Porque esas áreas trabajan denodadamente, pero se ven arrolladas por
el día a día, que cada vez es más complejo, y que requiere del diseño de
políticas públicas. Por ejemplo, a través del diagnóstico serio que permitiría
la confección de una base datos y mediante la asignación de recursos propios.

La pregunta es si los estratos más altos del gobierno
provincial y municipal –los que tienen, en definitiva, la capacidad de
decisión– van a seguir utilizando la popularidad de esta problemática para la
foto o si están dispuestos a trascender los discursos para ponerse a la altura
de las circunstancias.

Publicada en Pausa #116, miércoles 26 de junio de 2013