Drogas: debate sobre jurisdicción

Quieren cambiar la ley para que la provincia se haga cargo
del “narcomenudeo”. ¿Quién actúa: Nación o Provincia? Las dudas de la Justicia.

Mientras la Policía Federal realizaba en Funes el “mayor operativo”
antidrogas en la historia de la provincia (se secuestraron 300 kilos de
cocaína, con una quincena de detenidos), el Senado de la provincia votaba, por
unanimidad, un proyecto por el cual se traspasa a la órbita de la Justicia local la
competencia sobre pequeñas causas vinculadas al narcotráfico.

El objetivo del proyecto de Rosconi es desfederalizar los delitos
vinculados a la venta y distribución de estupefacientes en menor cuantía. 

El acuerdo político entre la mayoría justicialista y la
minoría oficialista allanó el camino para la media sanción de la iniciativa,
por la cual Santa Fe adhiere a la ley nacional 26.052 que otorga competencia
provincial a los delitos menores de estupefacientes previstos y penados por la
ley 23.737. El proyecto fue girado a la Cámara de Diputados donde su suerte es incierta,
por las dudas que plantearon desde la Justicia y por las dificultades que se observan
en esa cámara por la dispersión de sub-bloques.

En la sesión del jueves 5, el Senado dio media sanción a la
adhesión de la provincia a la ley nacional 26.052. La propuesta, impulsada por
el justicialista Eduardo Rosconi, busca darle competencia de la Justicia provincial en el
combate al llamado “narcomenudeo”.

El proyecto de Rosconi –al que luego adhirieron con sus
firmas los otros diez senadores del PJ– fue presentado hace 15 meses. Después
de un largo debate en comisiones, y en medio de la sostenida polémica entre
Nación y Provincia por el combate a la inseguridad y las economías delictivas,
el proyecto fue aprobado por unanimidad ya que los representantes del Frente
Progresista también se sumaron.

El objetivo es desfederalizar los delitos vinculados a la
venta y distribución de estupefacientes en menor cuantía. La intención, según
Rosconi, es otorgar competencia a la Justicia provincial para que persiga “acciones
delictivas donde se comercie, entregue, suministre y facilite drogas
fraccionadas en dosis destinadas directamente al consumo, a los fines de cortar
el camino de la venta de droga y buscar a los adictos para recuperarlos, no
para meterlos presos”.

Desde la
Fiscalía

Para el fiscal general de la provincia, Julio De Olazábal,
al proyecto que pretende desfederalizar delitos menores vinculados al
narcotráfico “hay que trabajarlo en serio” ya que, en la actualidad, las
provincias “no están preparadas” ni para investigar ni para perseguir a las
bandas que trafican drogas.

Si bien no rechazó de plano la iniciativa, De Olazábal se
mostró muy cauto. “Hoy las provincias no pueden investigar causas menores de
drogas. Si la Legislatura
está convencida de esta propuesta, tendrá que dedicar fuertes recursos para
hacerlo seriamente”, opinó el funcionario judicial.

De Olazábal planteó algunas dudas sobre la viabilidad del
proyecto. Para el fiscal, la provincia “debería fortificar mucho su presencia,
su constitución en el campo de las investigaciones. No es un campo donde uno se
pueda arriesgar a hacerse cargo y, luego, si uno fracasa, retroceder. Es un
campo muy importante”.

Según el fiscal general, “a esta idea hay que meditarla
mucho. Si la Legislatura
está convencida que es la provincia la que tiene que hacerse cargo de la
investigación, tendrá que dedicar fuertes recursos para que esa investigación
se pueda hacer en serio. Pasar la responsabilidad de investigación sin recursos
es arriesgarse a un fracaso muy serio”, argumentó.

De Olazábal: “Pasar la responsabilidad de investigación sin
recursos es arriesgarse a un fracaso muy serio”.

“Investigar el narcotráfico tiene complejidades jurídicas
además de prácticas”, continuó el funcionario. “Inicialmente, le correspondería
investigar el narcotráfico a las provincias, pero intervino la Nación porque es un tema
muy complejo. Las provincias no están preparadas para investigar lo que se
denomina el ‘chiquitaje’. Además, personalmente pienso que separar la
investigación de lo que es una unidad (fabricación, comercialización y tráfico
de drogas) no es conveniente”.

Sin desautorizar a los legisladores –oficialismo y oposición
coincidieron en la votación–, De Olazábal les pidió responsabilidad. “Yo
comprendo a los legisladores. Ellos están soportando un reclamo de la
ciudadanía. Pero creo que hay que meditar. Si se llega a tomar esta decisión,
hay que hacerlo en serio. Si no, nos va a ocurrir lo mismo que pasó cuando las
escuelas pasaron a las provincias: todo se vino abajo”.

Rechazo oficial

El gobernador Antonio Bonfatti pidió “no tomar una decisión
apresurada” en torno al proyecto. “En primer lugar, de implementarse esta ley
debe hacerse en un tiempo prudencial, hasta que se ponga en marcha el nuevo
sistema procesal penal”, opinó.

Menos “prudente”, el ministro de Justicia Juan Lewis
consideró “inconveniente” transferir a la provincia la competencia de las
causas referidas al narcomenudeo y dijo que habría que lograr “que la Justicia Federal
trabaje”.

Publicada en Pausa #121, miércoles 11 de septiembre de 2013

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